Los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los tribunales de Nueva York acusaron al presidente Javier Milei de haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa” y que fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”.

La acusación contra Milei aparece en un escrito que los impulsores de la “class action” presentaron ante la jueza federal Jennifer Rochon para solicitar que se prolongue el congelamiento temporario de más de US$57 millones depositados en billeteras virtuales del “empresario” estadounidense Hayden Davis. Los promotores de la demanda pretenden mantener la medida hasta el final del proceso judicial.

El señalamiento explícito de Milei ante una Corte federal de Estados Unidos, cabe aclarar, no implicará problemas legales en el corto plazo para Presidente, pero conlleva un riesgo latente en el mediano o largo plazo. De triunfar en esta demanda colectiva civil, los demandantes podrían luego ampliar sus reclamos a Milei o, incluso, al Estado argentino, según indicaron abogados consultados por .

Firmado por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, el escrito de 25 carillas concentró sus dardos en Davis y su equipo de Kelsier Ventures, protagonistas visibles del lanzamiento y colapso del memecoin $LIBRA, el 14 de febrero pasado. Pero también apuntaron contra uno de los referentes de la plataforma Meteora, Benjamin Chow, al que acusaron de facilitar el “fraude” desde las sombras.

“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, afirmaron los letrados. “Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas”, sostuvieron, por lo que reclamaron que la jueza Rochen mantenga inmovilizados “los fondos de LIBRA”.

“La conducta inculpatoria de los acusados deja claro el riesgo inminente de un daño irreparable”, destacaron Burwick y Hoppin. “Davis prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo. En cambio, reembolsó cinco millones de dólares a un comprador —el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy—, a pesar de haber calificado públicamente como ‘descabellados’ los reembolsos a los inversores. Davis también se ha negado a ceder el control de los activos, ‘incluso si se trata de un tercero de confianza’, porque ha dicho que su ‘única ventaja es que tiene todo este dinero”.

El planteo de los abogados responde a un contrapunto que comenzó a gestarse semanas atrás. Tras ordenar el congelamiento de decenas de millones de dólares, el 27 de mayo, la Corte mantuvo una videoconferencia con todas las partes el 1° de julio. Allí fijó una audiencia para el 19 de agosto en que evaluará si mantiene su decisión o libera los fondos. Pero el 9 de julio, Davis presentó un escrito en el que atacó los argumentos de los actores, tras adelantar que buscaría recuperar el control del dinero para transferirlo a la Argentina.

En ese sentido, Davis pretendería girar 500 millones de tokens $LIBRA a la Argentina que se encuentran en una billetera de la plataforma Solana. ¿Su objetivo? Girarlo a la iniciativa “Viva La Libertad”, “sujeto a las medidas de seguridad y obligaciones de informar” que dispusiera la jueza Rochon, para demostrar así que su intención era ayudar al país, y cerrar la investigación penal en su contra que en Buenos Aires tramita en los tribunales de Comodoro Py.

Para los letrados que en Nueva York impulsan la “class action”, sin embargo, el resultado sería el opuesto. “La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ [para negociar] y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”.

“Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado con [$LIBRA], solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude”, recordaron Burwick y Hoppin. “Los demandados [por Davis y Chow] ahora piden a este tribunal que haga la vista gorda y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas como si fueran dinero en efectivo guardado en una bóveda bancaria. Se equivocan tanto en la ley como en los hechos”.

Ahora, la jueza Rochon deberá evaluar los pasos a seguir. Incluso, si retiene la “class action” en su juzgado o si lo remite a los tribunales federales en Texas, como reclamó Davis. Adujo que no tiene domicilio en Manhattan, ni mantuvo reuniones vinculadas al criptoactivo, ni tampoco estaba allí durante el lanzamiento o hizo publicidad, ni actividad alguna que amerite que la demanda colectiva continúe en Nueva York sin violar “la garantía del debido proceso”.

Burwick y Hoppin también se opusieron a ese planteo de Davis. Remarcaron que Chow vive en Nueva York y que, por tanto, Rochon es competente, por lo que debería ser ella quien debería mantener congelado el dinero que Davis recaudó la noche del 14 de febrero, tras el primer posteo del presidente Milei, y evitar así que el dinero desaparezca para siempre.

“Las conexiones internacionales de los demandados demuestran un mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas”, subrayaron. “Se sabe que Hayden Davis viaja al exterior y Charles Thomas Davis [por su padre] tiene conexiones comerciales en Medio Oriente. De igual manera, los demandados de Meteora tienen conexiones con Singapur, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Y la notificación a Chow se ejecutó en Vietnam. Este riesgo de deslocalización es particularmente grave debido a la naturaleza de los activos digitales en cuestión”, advirtieron.

En una operación coordinada entre la justicia de Paraguay e Interpol, el exsenador argentino Edgardo Kueider fue detenido en Asunción junto a Iara Guinsel. Ambos cumplían arresto domiciliario en Paraguay y fueron trasladados a la Argentina. La detención se produjo un día antes de una audiencia preliminar en la causa que los investiga por contrabando de divisas y posible lavado de activos. El juez Rolando Duarte estuvo a cargo del operativo en la capital paraguaya.

La extradición de Kueider fue solicitada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa Securitas. Esta investigación judicial se centra en una red de coimas que involucraría a funcionarios y exfuncionarios acusados de recibir pagos de la empresa de seguridad privada Securitas para facilitar contrataciones públicas. Si bien Kueider no formó parte de la causa originalmente, fue incorporado posteriormente ante la sospecha de que el dinero de los cohechos podría haber sido el origen de sus inversiones inmobiliarias.

La conexión de Kueider con esta causa surge de la sospecha de que parte del dinero obtenido de manera ilícita podría haber sido utilizado para financiar sus inversiones.

El juez paraguayo Rolando Duarte explicó el proceso tras la detención de Kueider y su acompañante. “Una vez detenidos o puestos a disposición del juzgado, se realiza lo que se denomina la audiencia identificatoria. En esa audiencia se le consulta si se quieren someter al proceso de extradición. Si se someten al este proceso, se inicia el procedimiento de entrega. Si no se someten, empieza lo que formalmente se conoce como un proceso de extradición”, detalló Duarte a ABC Color. El magistrado agregó que se les garantiza el derecho a la defensa l Código Procesal Penal y el Tratado de Extradición entre Paraguay y Argentina.

El pedido de extradición llegó a Paraguay en enero de 2025 Inicialmente, el Ministerio Público paraguayo solicitó que se complementara la información proporcionada por la justicia argentina, ya que existían cuestiones formales que debían respetarse según los tratados internacionales. Una vez subsanadas estas cuestiones, la Fiscalía General del Estado paraguaya solicitó formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva de los ciudadanos.

En su última entrevista con , Kueider insistió en que no existen pruebas en la causa de Arroyo Salgado y cuestionó el accionar de la jueza. “Si la justicia de Arroyo Salgado continúa con esta acusación, ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado que no tengo nada con la causa de Securitas”, afirmó.

Sobre el regreso del exfuncionario a la Argentina, Kueider expresó su anhelo de ver a sus hijos, algo que no pudo concretar debido a la prohibición de salir del país impuesta por la jueza Arroyo Salgado.

Kueider enfrentará el proceso judicial sin fueros, debido a su expulsión del Senado. Esto implica que podría quedar detenido, en un penal o en prisión domiciliaria, una vez que ingrese a la Argentina.

El exsenador criticó duramente el proceso de desafuero en el Senado, y argumentó que no se respetó su derecho a la defensa y que no se le permitió presentar pruebas. “En el Senado no se respetó el derecho de defensa, no se cumplió el reglamento, no se me dio oportunidad de ir y dar mi descargo, no hubo presentación de prueba. Fue una decisión política demagógica”, declaró Kueider.

Kueider también apuntó contra algunos senadores, como Luis Juez, y contra la presidenta del Senado, a quienes acusó de facilitar su expulsión. “La jueza Arroyo Salgado pide minutos antes del inicio de la sesión el desafuero sin ninguna condena ni procesamiento. No es el hecho de que me hayan expulsado, sino la manera en la que me expulsaron”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.