POLITICA
Desfinanciada y con perspectivas de cierre: la disolución de Vialidad Nacional suma incógnitas sobre el mantenimiento de rutas
En medio de los reclamos de las provincias por la parálisis de la obra pública vial y el deterioro de las rutas, el Gobierno planea avanzar con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida −que, según pudo saber , se oficializaría antes del 8 de julio− genera incertidumbre respecto del futuro de los empleados y la continuidad de las tareas de mantenimiento de los caminos. Aunque hoy sigue en funcionamiento, gremios viales denuncian que no están recibiendo los fondos para ejecutar las reparaciones correspondientes.
Desde su creación, el organismo tiene a su cargo tareas de “estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales”. Según explicó a este medio Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), aunque son empresas privadas las que realizan las grandes obras de infraestructura, la entidad se encarga de realizar tareas de inspección durante el proceso y de conservación posterior.
“Nuestra tarea vertebral es el mantenimiento del camino. Ahí entra desde arreglar el bacheo, cortar el pasto, recalzar la banquina y señalizar hasta hacer pesaje para que no se destruya el camino por el sobrepeso de camiones”, detalló Aleña a . Vialidad también se encarga de despejar las rutas ante nevadas, derrumbes o aludes que puedan obstaculizar la circulación, y que son una constante en la zona cordillerana y patagónica.
“Es tristísima la posición de este gobierno con relación a Vialidad Nacional. No entiendo por qué la maldad de destruirla, de disolverla como la quieren disolver y sin aclarar quién se va a hacer cargo de todas estas cosas”, agregó la dirigente gremial.
Según informó , con la reestructuración impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Ministerio de Economía será el encargado de otorgar las concesiones de obras públicas viales. Sin embargo, persisten dudas respecto de cómo se procederá con el mantenimiento correspondiente a largo plazo y, en particular, hasta que finalicen los procesos licitatorios.
Sin definiciones certeras al respecto, crece la preocupación por el estado de las rutas y el consecuente riesgo para quienes transitan en ellas, en especial dado el deterioro que ya presentan gran parte de los corredores.
En febrero, diputados de Unión por la Patria se reunieron con representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) −uno de los gremios que nuclea a parte de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad− y denunciaron que alrededor del 70% de las rutas nacionales están en malas condiciones.
En la misma línea, la semana pasada, incluso legisladores aliados a la administración de Javier Milei reclamaron por la parálisis de la obra pública vial ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su informe de gestión. Este es el caso de la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada, quien afirmó que algunas rutas son “intransitables” por la cantidad de pozos que tienen. “Hay un informe que hizo Vialidad Nacional que dice que, de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe, solo el 20% está en buenas condiciones. El resto es un desastre”, sostuvo.
La legisladora destacó que el desgaste de las vías nacionales no solo dificulta la conexión de localidades y el traslado de la producción nacional a puertos u otras provincias, sino que también supone un riesgo para quienes transitan por ellas. De igual modo, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) advirtió al Gobierno sobre un aumento en los siniestros viales derivado de la falta de reparaciones.
“Aunque hace tiempo que junto a otras organizaciones empresarias venimos alertando sobre el mal estado de las rutas, la situación actual se ha vuelto verdaderamente crítica. Hoy estamos frente a una emergencia nacional, y eso se traduce en el aumento de incidentes viales, en muchos casos con pérdidas de vidas”, afirmó Cristian Sanz, presidente de la entidad.
Ante este escenario, los gobernadores reclaman la eliminación de fondos fiduciarios que se nutren de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) −que por ley el Gobierno debe destinar a obras, pero no lo hace− para que esos recursos sean destinados a las provincias. “Han presentado un proyecto de ley donde directamente no existimos”, reclamó ante este medio Aleña, quien cree que la atomización resultante podría ser perjudicial para la red vial.
En su lugar, el gremio exige al gobierno de Javier Milei que cumpla con el envío de los fondos que recauda ese impuesto a Vialidad para poder continuar con las tareas de manera centralizada. “Tienen 400.000 millones del impuesto al combustible del año pasado guardado en una cuenta y no lo transfieren para que podamos trabajar”, indicó a .
Además, según una presentación judicial realizada este año, la Dirección solo recibió el 20,96% de los fondos que deberían haber sido transferidos durante el primer bimestre de 2025.
De acuerdo al escrito presentado, la retención denunciada no solo genera perjuicios en materia de obras públicas, sino también en las condiciones laborales de los trabajadores operativos del organismo, cuya continuidad también está en riesgo.
Según publicó , la planta de empleados será mantenida de manera temporal, pero en el gremio denuncian que solo se les abonará el sueldo básico, sin los adicionales que hoy cobran por sus funciones. Además, aunque todavía no recibieron una comunicación formal del Ejecutivo, estiman que los trabajadores con contrato serán desvinculados.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que abogados dependientes de Corredores Viales S.A. intervinieron en juicios ejecutivos sin defender adecuadamente al Estado y, en tres causas, cobraron honorarios prohibidos por ley, situación que derivó en la transferencia de $66.227.732,57 desde fondos públicos a cuentas personales de los profesionales implicados. El perjuicio fiscal atribuido por estos y otros procesos auditados por el organismo supera los 4.664 millones de pesos entre todos los juicios revisados.
Corredores Viales S. A. es la empresa estatal que administra los corredores viales bajo la tutela del Estado. Con más de cuatro mil empleados, gestiona diez tramos viales a lo largo de aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. Su cobertura abarca las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, e incluye el Acceso Riccheri, que conecta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus funciones principales se encuentran el mantenimiento y la operación de rutas, el cobro de peajes y la prestación de servicios al usuario, como auxilio y control de cargas.
Ante la situación que detectó la SIGEN, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo.
La muestra auditada incluyó el 53,17% del monto total de litigios donde la empresa figura como parte, abarcando 23 causas activas al 31 de diciembre de 2024. El monto reclamado en los cinco principales procesos ejecutivos en revisión se aproxima a 2.500 millones de pesos. En uno de los expedientes, la empresa ICF S.A. inició un reclamo de $590.572.807,38, que terminó convertido en una liquidación final reconocida judicialmente de $1.206.120.939,69.
Las actuaciones que actualmente son objeto de investigación en la justicia federal se refieren a intervenciones realizadas por profesionales que integraban la estructura jurídica de la empresa con anterioridad al inicio de la actual intervención.
Según estableció este medio de fuentes judiciales y del propio informe de la SIGEN, dichos profesionales ya se encontraban desvinculados de Corredores Viales S.A. al momento de iniciarse la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 244/2025, por lo que los hechos investigados corresponden a gestiones previas a la actual administración de la empresa.
Una vez iniciada la intervención y tras tomar conocimiento de las situaciones referidas, la actual conducción de Corredores Viales S.A. adoptó diversas medidas con el objetivo de esclarecer los hechos, resguardar los intereses de la empresa y colaborar con las autoridades competentes.
Deficiencias en la defensa del Estado
El informe de la Sindicatura General de la Nación señala que la actuación de los abogados internos de Corredores Viales S. A. fue “inadecuada para la defensa de los intereses de la sociedad” en al menos cuatro procesos ejecutivos. Los auditores verificaron que los representantes estatales presentaron allanamientos sin autorización expresa, omitieron oponer defensas y no invocaron la inembargabilidad de fondos públicos, como exige la Ley 24.624. Además, evitaron responder los traslados de las liquidaciones hechas por la contraparte.
En los expedientes COM 023443/2023, COM 025440/2023, COM 004033/2024 y COM 004144/2024 —relacionados con el impago de facturas MIPyME— los profesionales de Corredores Viales S. A. no invocaron la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que determina que no deben prosperar acciones ejecutivas contra el Estado Nacional o sus entes y, ante cualquier reclamo, corresponde primero la intimación de pago.
Al no solicitar la aplicación de la inembargabilidad de fondos públicos, los jueces en varias sentencias desestimaron los allanamientos de la defensa estatal y, en todos los casos, impusieron costas procesales íntegramente a cargo de la sociedad anónima estatal.
Transferencias millonarias
La SIGEN acreditó que, tras condenas y costas a favor de las contrapartes, abogados empleados de CVSA solicitaron y habrían recibido honorarios regulados a su favor, logrando transferencias directas de fondos públicos a sus cuentas personales.
Según la documentación obtenida por los auditores, se acreditaron transferencias de: $25.462.774,63 y $6.713.368,29 (COM 025440/2023), $14.134.860 (COM 023443/2023), $7.439.400 y $12.527.329,65 (COM 004144/2024), sumando exactamente $66.227.732,57.
De acuerdo con el informe de la SIGEN, al que accedió Infobae, estas percepciones infringen el Decreto N° 34.952/47, reglamentario de la Ley N° 12.954, y el artículo 7° del Decreto N° 1204/01, que prohíben a abogados estatales percibir honorarios si no provienen de la parte contraria, y no del propio organismo estatal. También la Ley N° 27.423 impide el cobro cuando el profesional está bajo relación de dependencia, salvo circunstancias que no aplicaron en estos casos.
La actual intervención de Corredores Viales S.A. también tomaron cartas en el asunto y realisaron las siguientes actuaciones:
-Constitución de la empresa como parte querellante en la causa penal que investiga los hechos, mediante presentación efectuada durante el mes de mayo de 2025 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
-Aporte de documentación y elementos de prueba mediante diversas presentaciones judiciales realizadas durante el año 2025, con el objeto de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
-Solicitud de una medida cautelar de no innovar, requerida por la empresa para impedir que se hicieran efectivo los cobros de honorarios pendientes, la cual fue concedida por el juzgado interviniente y permanece vigente en la actualidad, habiendo sido recientemente ampliada.
-Entrega de equipos informáticos y colaboración con medidas de prueba, lo que permitió que el juzgado dispusiera la realización de pericias informáticas previstas para el mes de marzo de 2026.
-Impulso de actuaciones disciplinarias ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal respecto de los profesionales involucrados.
-Inicio de acciones civiles por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa.
-Inicio de sumarios administrativos internos.
Las actuaciones mencionadas dan cuenta de que los hechos investigados acaecieron con anterioridad a la actual intervención de Corredores Viales S.A. y que la misma ha impulsado activamente su esclarecimiento y la adopción de medidas judiciales, administrativas y disciplinarias destinadas a proteger los intereses de la empresa y del Estado.
La empresa continúa colaborando plenamente con la investigación judicial en curso y reafirma su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la correcta administración de los recursos públicos.
Otras irregularidades
Ninguno de los expedientes auditados mostró evidencia de autorizaciones expresas para los allanamientos ni para la transferencia de honorarios. El informe final advierte sobre la afectación directa al patrimonio de Corredores Viales S.A. y recomienda delimitar responsabilidades administrativas para determinar la existencia de perjuicio fiscal, además de ordenar la recuperación de las sumas y dar intervención a la Oficina Anticorrupción.
Junto a estas deficiencias, la SIGEN identificó otras irregularidades: una demora de 18 meses por parte de CVSA para iniciar el reclamo tendiente al recupero de $1.111.920 (expediente CIV 044888/2023), la omisión de informar el inicio de juicios a la Procuración del Tesoro de la Nación, según la ley 25.344, en al menos nueve expedientes y la falta de registro preciso de movimientos procesales y montos económicos en el Sistema único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ Web). Solo en dos de veintitrés causas auditadas existían datos completos sobre etapa y estado procesal, y en cinco procesos ejecutivos no se ingresó información sobre montos o erogaciones.
Corredores Viales S.A. opera como sociedad anónima con capital estatal, bajo la órbita del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. Al cierre de 2024, la entidad tenía 85 causas judiciales activas, siendo demandada en el 98% de los casos. El monto total inicial reclamado alcanzaba $4.664.856.784,14.
En todos los expedientes auditados, la falta de defensas eficaces, controles jerárquicos y supervisión sobre los abogados estatales produjo los perjuicios observados. La SIGEN recomendó adoptar medidas urgentes para asegurar una gestión jerárquica eficiente y la estricta observancia de la normativa vigente en materia judicial.
Un informe adicional de la Sindicatura —publicado por Infobae y en investigación en el juzgado federal de Lijo—, detectó severas irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa encargada de administrar rutas estatales, con pérdidas superiores a $30.000 millones en 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, en un contexto de deficiencias administrativas y controles internos débiles.
El desorden administrativo derivó en la intervención de Corredores Viales S.A. resuelta por el presidente Javier Milei, y en la denuncia penal instruida por Lijo. En paralelo, el Gobierno inició la privatización de la empresa, con el objetivo de su disolución.
La empresa fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el Decreto 794/17, como una alternativa a la Dirección Nacional de Vialidad. Su función inicial era administrar corredores estratégicos mediante peaje, pero con el tiempo —según informes oficiales— se transformó en un organismo costoso, opaco y deficitario.
Los informes de la SIGEN provocaron una rápida reacción pública. Jorge Zatloukal, director ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), reclamó la disolución de Corredores Viales S.A. y la devolución de sus funciones a la Dirección Nacional de Vialidad.
Zatloukal afirmó: “Corredores viales S.A. debe ser disuelta: es una estructura cara y sin funciones, un agujero negro por donde se escurren miles de millones”. En ese sentido, agregó que es necesario restituir las funciones de mantenimiento a Vialidad Nacional, organismo que sí cuenta con una estructura adecuada.
El representante de CONADUV destacó la crítica situación de las rutas y la ausencia de contraprestación al pago de peajes, subrayando: “Las rutas están en pésimo estado, no hay contraprestación por el peaje abonado” y remarcó la ausencia de un ente regulador, lo que expone a los usuarios y al interés público: “La indefensión de los usuarios y el descuido del interés público es total”.
Finalmente, Zatloukal advirtió: “Algunas empresas que estuvieron mencionadas en los famosos cuadernos se van quedando con concesiones”, una situación preocupante debido a que la investigación judicial sobre esas adjudicaciones todavía no concluyó.
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POLITICA
Trastienda: cómo se gestó la decisión de Karina Milei de desmarcarse públicamente del abogado de la AFA
“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica. Y se va a terminar arreglando políticamente; no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”.
La frase, explosiva, de Gregorio Dalbón, abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salió en vivo en televisión a las 12.21 de este miércoles después de que terminara de declarar Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, a la que ARCA denunció por supuestamente retener de manera ilegal impuestos y aportes previsionales.
En paralelo, los hermanos Milei participaban a esa hora de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Chile. Pero el pronunciamiento no le pasó inadvertido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ella es esquiva a las declaraciones públicas, pero esta vez eligió responder.
En el Gobierno los dichos de Dalbón no se interpretaron como un hecho aislado sino como parte de una serie de ataques que se acumularon en los últimos días para desgastar a la administración libertaria.
Las palabras del mediático abogado -que defendió a Cristina Kirchner en algunas causas pero que ya no es reconocido por el kirchnerismo como patrocinante oficial- se sumaron a los días revueltos para la gestión de los hermanos Milei.
El ingreso de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, promocionado por Karina, levantó suspicacias (además de por la interna con el estratega Santiago Caputo) por cómo el Gobierno se relacionaría con la AFA desde entonces. El ministro admitió conocer a Claudio “Chiqui” Tapia y a Toviggino pero aseguró no tener amistad con ellos ni buscar beneficiarlos.
A eso se sumó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también del círculo de la hermana presidencial, quedó en el centro de los focos públicos por llevar a su esposa Bettina Angeletti a Nueva York en el avión oficial que se dirigía a la Argentina Week en esa ciudad. Dalbón, antes de su llamativa declaración de este miércoles, denunció a Adorni por malversación de fondos públicos.
Los sobresaltos que se acumularon en las últimas horas permearon para que dirigentes opositores hablaran de falta de transparencia y acuerdos con la “casta”, dos temas sensibles para el mileísmo, que dijo en campaña que justamente eso venía a combatir.
Según le contaron a altas fuentes de Balcarce 50, los Milei definieron juntos salir a cortar el tema. “Así marcamos postura. Nos están tirando con lo de Adorni, con lo de Karina… Esta es una forma de marcar que no vamos a aflojar», resumieron a para explicar la réplica de los hermanos.
En el círculo más cerrado del poder libertario volvieron a achacarle estas cuestiones a intentos de sectores opositores -tanto políticos como empresariales- de desgastar al Gobierno. “Son los tiros que les quedan”, intentó explicar una encumbrada fuente oficial.
A las 12.53 los Milei saludaron a Kast en plena asunción para felicitarlo por el nuevo mandato. A las 13.38, llegó la respuesta de Karina Milei, la funcionaria más poderosa del esquema libertario y principal aludida por los comentarios del abogado de la AFA. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y, si son culpables, tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin“, sentenció la hermana presidencial en X.
De acuerdo a lo que pudo averiguar de fuentes al tanto en la Casa Rosada, la decisión de salir a responder fue tanto de Karina Milei como del Presidente quien, apenas un minuto después del tuit de su hermana, arengó: “Palabras de El Jefe. Fin”.
Los hermanos Milei estaban en suelo chileno todavía cuando ultimaron esta aclaración. Recién a las 14.54, según la página especializada FlightRadar, el avión ARG01 de Presidencia despegó rumbo a Buenos Aires. Llegó a la Argentina cerca de las 16.30.
Inmediatamente, los funcionarios más importantes del Gabinete replicaron el mensaje de Karina Milei, donde orbita por estas horas la mayor cuota de poder del esquema libertario.
Mahiques no solo se subió al tuit, sino que también volvió a negar que su arribo al Gobierno sea para mejorar la situación judicial de Tapia y los suyos.
Dijo el ministro que el Gobierno “respecta estrictamente” el debido proceso y la independencia judicial, como así también afirmó que la Casa Rosada “seguirá poniendo toda la información necesaria a disposición de la Justicia” para colaborar con las investigaciones. “Como siempre esperamos que, de existir delitos, se investiguen con seriedad y se juzgue a los responsables derecho”, marcó.
En todas las entrevistas que dio desde que arribó al cargo, el ministro aseguró que no es amigo de Tapia ni de Toviggino. Dijo también que ninguno de los dos lo promocionó para vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa) y que nunca ejerció ese cargo aunque fue anunciado como tal. Además, negó que su padre, el camarista Carlos Mahiques, haya festejado el año pasado su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia investiga si es de Toviggino.
En la Casa Rosada este miércoles tampoco le escatimaban dardos a Dalbón. “Es un delirante”, se escuchó en una de las secretarías de Balcarce 50 alineadas con Karina Milei.
En su exposición ante los medios, el abogado -que en todo este tiempo defendió a la AFA sobre todo a través de su cuenta de X– también acusó al estratega Santiago Caputo de querer “quedarse” con la asociación del fútbol. La denuncia por la que fue a declarar Toviggino se inició por una denuncia de ARCA que comanda Andrés Vázquez, ladero del asesor.
A pesar de las internas que reflorecieron la semana pasada con el cambio en la cúpula de Justicia, hoy el estratega se abroqueló detrás de la hermana presidencial y replicó el mensaje contra Dalbón en su cuenta.
Incluso, la presencia del abogado generó rispideces dentro del esquema de defensa de la AFA. Toviggino, a través de su representante legal en esta causa, Marcelo Rochetti, salió a despegarse de las declaraciones contra Karina Milei.
Rochetti dijo a que no coincide “en absoluto” con los dichos de Dalbón. “En lo personal, no tengo nada que decir ni sobre Santiago Caputo ni sobre Karina Milei, a quienes guardo profundo respeto. Lo que tenga que decir lo voy a hacer en la causa”, comentó Rochetti y enfatizó: “Pablo Toviggino tampoco comparte esas declaraciones”.
declarar Pablo Toviggino,en el avión oficial que se dirigía a la Argentina Week en esa ciudad,https://t.co/SNoorGvclL,March 11, 2026,pic.twitter.com/1jYIa4Zcwj,March 11, 2026,https://t.co/1zWXsbItgv,March 11, 2026,Paula Rossi,Karina Milei,AFA,Conforme a,,AFAgate. Toviggino le pidió al juez que le aplique la ley de “inocencia fiscal” y dijo que no cometió ningún delito,,Lo acusan de malversación. Denunciaron a Adorni en la Justicia por el viaje de su esposa a Nueva York,,»Duermen en la misma cama”. Un asesor de Milei insultó a quienes critican a Adorni y defendió el viaje con su mujer a Nueva York,Karina Milei,,La interna de LLA. Valenzuela dijo que “está todo perfecto” con Karina Milei, pese a su desembarco frustrado en el Gobierno,,Inusual posteo. Karina Milei se metió en el caso AFA y le respondió al abogado de la entidad: «Si son culpables tendrán que pagar»,,Análisis. El abrazo de Milei con la casta
POLITICA
La AFA ante la Justicia: Toviggino denunció «una persecución penal arbitraria e irrazonable» y le pidió al juez que le aplique la «ley de inocencia fiscal»
“La denuncia de ARCA y la imputación formulada en este proceso es un ejemplo latente de una persecución penal arbitraria e irrazonable”. Con esa frase, Pablo Toviggino abrió el descargo que presentó ante la Justicia en la causa que investiga presuntas irregularidades tributarias en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
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Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
En el escrito, el actual tesorero de la entidad sostuvo que no existió delito y pide su sobreseimiento. Según su defensa, la acusación se basa en una interpretación equivocada del régimen tributario vigente: distintas resoluciones del Ministerio de Economía habrían suspendido la exigibilidad de ciertas obligaciones fiscales para entidades sin fines de lucro, como la AFA, hasta el 31 de julio de 2026.
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“La decisión de no depositar aún parte de las obligaciones adeudadas, lejos de constituir un delito, es una herramienta financiera válida“, aseguró en el texto.
Y sumó: “La conducta del contribuyente fue una respuesta directa a la normativa vigente que impedía la ejecución de las deudas.”
“La AFA tenía, y todavía tiene, plazo hasta el 31 de julio de 2026 para el depósito de tales tributos”, señaló Toviggino en su descargo. Y agregó: “La AFA tiene, y siempre tuvo, voluntad de pago”.
En la misma línea, el tesorero de AFA indicó: “El lugar para debatir la fecha de pago de la deuda —que jamás se intentó evadir— no es este fuero penal”.
“No hubo ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas”, explicó el dirigente de AFA. Y añadió: “La causa penal se encuentra sustentada en una diferencia de criterio técnico entre el organismo recaudador y el contribuyente”.
“Sin un deber de ingreso jurídicamente exigible en el plano administrativo, no puede existir el presupuesto de la omisión penalmente relevante”, manifestó Toviggino. Y sentenció: “No puede sostenerse que un sujeto esté obligado bajo amenaza de pena a realizar una conducta que el propio Estado ha decidido no exigir”.
AFA
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