POLITICA
Axel Kicillof habló sobre la polémica incorporación de la familia Eskenazi a YPF
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el rol que tuvo la familia Eskenazi en YPF durante los años previos a la reestatización de la petrolera y consideró que su ingreso no tuvo efectos positivos sobre la actividad de la compañía. “El efecto no fue bueno”, afirmó al referirse al período en el que el grupo argentino adquirió, entre 2008 y 2011, el 25% de las acciones de la empresa que seguía bajo control de Repsol.
Kicillof, que en 2012 era viceministro de Economía y tuvo a su cargo la intervención de YPF tras su expropiación, defendió la estatización y calificó la medida como “una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”. En ese marco, cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que condena al Estado argentino a pagar más de US$16000 millones, y atribuyó el origen de la demanda a la cesión de derechos que hizo el síndico de la quiebra del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi, a un fondo buitre.
“YPF venía siendo manejada por Repsol desde 1999. Los Eskenazi -principalmente Enrique Eskenazi y su hijo Sebastían- entraron en 2007, consiguieron el control del 25% en 2009 y no cambió nada. Se mantuvo la misma actitud. La situación de la empresa no se revirtió. No se revirtió desde ahí a 2011″, precisó el mandatario.
Dijo además haber tenido una mínima relación con los miembros de la familia: “Ni los conozco. Me parece que me crucé alguna vez con el hijo [Sebastián]- Y en otra ocasión, me vi con el padre [Enrique] en el directorio de YPF, como representante del Estado previo a la expropiación”. Y aclaró: “En el gobierno, la presidente [Cristina Kirchner] ni nadie me habló de ninguna cuestión que favoreciera remotamente a estos socios”.
“Hay muchos que están diciendo ‘bueno, pero estos andaban…’. Yo lo que digo es ‘mirá, no tengo claro toda esa historia, no participé, pero no es lo que estamos discutiendo’”, sostuvo Kicillof en Radio con Vos y se centró en el rol que jugó Antonio Brufau entonces titular de la petrolera española y accionista mayoritario de Yacimientos Petrolíferos fiscales: “Él era quien manejaba la compañía. Yo hablaba con él como viceministro”.
“Al momento de charlar sobre la posibilidad de revertir la situación de la compañía, Brufau no hacía mención a esas personas [los Eskenazi] sino que se enfocaba directamente en las decisiones que tomaba Repsol. Me decía ‘mirá, nosotros somos un grupo privado así que invertimos si queremos y si no queremos no invertimos. Desarrollaremos Vaca Muerta o no la desarrollaremos. Eso lo determinamos nosotros”, reveló el gobernador.
Y evaluó: “Tuvieron bastante tiempo desaprovechado. La inversión en exploración y explotación de los recursos fue reduciéndose. La cantidad de equipos utilizados, la producción y reservas también”. “Si iban a hacerlo, lo disimulaban muy bien”, ironizó. Y acotó: “Sí existía un proceso, como me comunicó el propio Eskenazi, el propio Juan José Arangueren -entonces presidente de Shell- y el propio Brufau es que todos estaban viendo cómo hacer para que inversiones extranjeras pusieran a funcionar Vaca Muerta”.
“La recuperación de YPF tiene muchísimas aristas y su pérdida en una privatización ruinosa venía generando una calamidad en el plano energético. Repsol estaba fumándose YPF. Creo que el objetivo final era, con recursos cooptados, desde ingenieros, capacidades y áreas periféricas terminar exportándole petróleo de la Argentina a través de los pozos que empezaban a tener en otros lugares. Querían convertir a Argentina en un importador de energía y de petróleo y gas. Y de hecho, lo estaban logrando“, consignó Kicillof.
Para el jefe provincial, el fallo emitido desde la Justicia de Estados Unidos no solo es “peligroso” e “irresponsable” sino también “sospechoso”: “Acá no es relevante la letra chica de la Ley de Expropiación, ni el desempeño de YPF, estuvieran los Eskenazi o no. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es un fallo de una jueza de Nueva York, impulsada por una denuncia de los fondos buitres, cuya adquisición, incluso del juicio, tiene elementos polémicos. Discutimos un fallo que pretende ponerse arriba de la Constitución».
“Una jueza de Estados Unidos no le puede dar una orden al Estado argentino obre un proceso que está contemplado por la Constitución Nacional. Es ilegal por donde lo mires. Es un atropello a la soberanía argentina, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a la inmunidad soberana incluso”, sostuvo.
El gobernador bonaerense concluyó con su aporte a la temática con una mención al presidente Javier Milei, a quien considera como “parte del mecanismo que pone en riesgo a la soberanía energética”.
“Yo no estoy en su cabeza. Pero Milei, en el lugar en el que está, con la responsabilidad que tiene, hoy parecería ser parte del mecanismo que poner en riesgo la soberanía energética, a la empresa más importante del país, que además viene dando resultados a lo largo de diferentes períodos. La quiere romper o regalar. Y YPF no se vende, no se entrega y no se regala. Eso es lo que decimos nosotros”, concluyó.
Como reconstruyó , la primera vez que los Eskenazi fueron noticia fue a fines de 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner sorprendió al mundo petrolero con la elección del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, para convertirse en el socio local de la española Repsol en YPF.
A pesar de que de un día para el otro se convirtieron en uno de los dueños de la entonces mayor empresa de la Argentina (YPF en ese momento estaba muy lejos de perder el liderazgo en manos de Mercado Libre), los Eskenazi prácticamente no contaban con ninguna experiencia en el negocio de la energía.
El grupo venía de dos otros dos rubros:la construcción y las finanzas. Enrique Eskenazi -el hombre que fue el encargado de desarrollar y liderar todos los negocios de la familia hasta su muerte en enero de este año- era ingeniero químico de profesión y, después de recibirse en la Universidad Nacional del Litoral y completar sus estudios en EE.UU, sus primeros pasos en el mundo corporativo los dio en el grupo Bunge & Born. En 1980 ingresó como gerente en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA y, al poco tiempo, el ingeniero logró dar el salto de ejecutivo a dueño y se convirtió en accionista controlante de la constructora.
A partir de la década del 90, ya al frente de su compañía, Eskenazi padre lideró un proceso de transformación y expansión de sus negocios incursionando en otros sectores estratégicos, como el de los servicios urbanos, la agroindustria y el sector financiero, lo que derivó en la conformación de un holding de negocios. Llamativamente, para bautizar al grupo, el empresario no eligió ponerle su apellido y, en cambio, optó por el de uno de los socios fundadores a los que les había comprado la constructora.
Su salto a las ligas mayores de los negocios, llegó en 2008, cuando el grupo español Repsol le vendió un 14,9% de las acciones de YPF a instancias de Néstor Kirchner y sin que los Petersen tuvieran que hacer prácticamente ningún desembolso.
La relación de Eskenazi con la familia Kirchner se había iniciado a mediados de los 90, cuando el grupo se alzó con el control del Banco de Santa Cruz, a cambio de un poco más de US$10 millones, que en ese momento enfrentaba una delicada situación financiera. Su ingreso al mundo financiero se había concretado unos años antes, cuando en 1995 compró el Banco de San Juan. “Kirchner nos respeta porque sabe que le agarramos un banco que estaba hecho puré y hoy da dinero”, solía repetir Eskenazi, según consignan Pablo Fernández Blanco y Esteban Rafele en el libro Los patrones de la Argentina.
El vínculo cercano con la administración kirchnerista de la provincia le abrió las puertas a otros negocios y rápidamente se convirtieron en uno de los mayores contratistas de la obra pública en Santa Cruz. Ya con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el grupo siguió sumando bancos provinciales y se alzó con el control del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos, y en forma paralela fue ingresando a otros negocios como los seguros (son dueños de la compañía Qualia), los servicios de parquizaciones (Mantenimientos y Servicios) y el vino (con la bodega sanjuanina Santa Sylvia), que hoy están en manos de Sebastián y Matías Eskenazi, de los cinco hijos que tuvieron Enrique Eskenazi y su mujer Hazel Sylvia Toni Storey.
Para financiar la compra de YPF, Petersen Energía -una sociedad conformada en España y controlada por el grupo argentino- recibió un préstamo de US$1018 millones de un consorcio de bancos internacionales y otro por US$1015 millones de Repsol, en un esquema conocido como “vendor’s loan”, mientras que los Eskenazi pusieron un poco más de US$100 millones.
Para cancelar el préstamo con Repsol, los españoles le permitieron a la familia que fueran usando hasta el 90% de las utilidades de la petrolera. A la hora de explicar la operación, el entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que Eskenazi había sido elegido “por su experiencia en mercados regulados”.
En 2011, el grupo Petersen sumó un 10% adicional de YPF, aunque un año después el gobierno de Cristina Kirchner decidió avanzar con la estatización de la petrolera. Esta medida fue el puntapié inicial en el juicio que hoy tiene la Argentina con Buford Capital, el fondo que compró a la justicia española la quiebra de Petersen Energía y con ella los derechos a litigar contra la Argentina
actualidad política, axel kicillof, ignacio amiconi
POLITICA
Semana negra para el PJ: un posible quiebre en el Senado, el enojo entre gobernadores del norte y las derrotas en el Congreso
El peronismo afrontó su peor semana política desde que comenzó el año. Perdió dos votaciones clave en el Congreso -la reforma laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados-; y votó dividido en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.
Las malas noticias continuaron ayer, cuando la Cámara de Casación Penal rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin horarios y cantidades pautadas, además de poder utilizar la terraza y que se le saque la tobillera electrónica que lleva puesta desde el momento en que quedó detenida.
La única novedad positiva fue que en el Senado el interbloque con diferentes sectores del peronismo votó en unidad. Una rareza en estos tiempos de múltiples fragmentaciones que afectan al peronismo. Fue un hecho circunstancial. La unidad política se quebró hace tiempo. El peronismo del interior tiene cada vez más diferencias con el kirchnerismo. El entrelazado dirigencial en el Senado subsiste porque peor es estar fragmentados.
De todas formas, durante la votación uniforme contra la reforma laboral pudieron achicarse algunas diferencias internas que, en muchos casos, tienen más que ver con posicionamientos ideológicos y formas de construir poder, que con la postura en temas esenciales de la discusión de fondo que ha propuesto dar Javier Milei.
La semana que viene puede haber novedades en el Senado. Existe la posibilidad de que, finalmente y después de varios cortocircuitos, el interbloque del peronismo se rompa definitivamente. Miércoles y jueves serán días importantes para el futuro del armado que aglutina a las diferentes ramas del Justicialismo. Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) están analizando cuál es el momento para quebrar un lazo que ya no tiene sustento.
Aún no hay acuerdo uniforme entre ellos. La idea principal que tienen es seguir unidos como bloque, pero hay diferencias en la cúpula que tensionan todas las negociaciones. La principal es que existe un fuerte enojo de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz con el riojano Ricardo Quintela. ¿El motivo? En los días previos a la votación de la reforma laboral, según aseguran fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones, el “Gitano” llamó a Jalil para decirle que si no votaban en contra, iban a intervenir los PJ de sus provincias.
“El Gitano pasó de enfrentar a CFK, a ser su vocero. Justo con Jaldo y Sáenz que fueron quienes les prestaron avales cuando intentó competir con ella por la presidencia del PJ Nacional”, advirtió a Infobae un dirigente muy cercano a los gobernadores. La referencia es la feroz pelea que Quintela y CFK tuvieron por la renovación de autoridades del partido y que terminó con la imposibilidad del riojano de poder competir.
De la situación conflictiva entre los gobernadores del norte provino la denuncia pública del mandatario salteño, cuando aseguró que el kirchnerismo estaba amenazando gobernadores y legisladores. El futuro de Rejal, que responde a Quintela, es incierto. Como también es la posibilidad de sumar a un nuevo bloque a la salteña Flavia Royón.
Por el momento, no hay gestiones del sector kirchnerista para evitar la ruptura que, de concretarse, puede abrir la puerta a un proceso de desbande que está latente desde hace más de un año. Y la posibilidad de que eso suceda, en un 2026 clave para la construcción de un nuevo proyecto, es alta.
El quiebre simbólico más importante de las semana que pasó tal vez haya sido el que tuvo lugar cuando se debatió el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque allí quedaron bien expuestos los perfiles ideológicos de cada tribu. El sector más de izquierda, como La Cámpora o Patria Grande, de Juan Grabois, votó en contra, mientras que la mayoría de los diputados del peronismo del interior y el massismo votaron a favor.
La iniciativa para que un sector del bloque votara a favor del acuerdo la tomó el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. El santafesino planteó su apoyo a la iniciativa durante la primera reunión de bloque que hubo en la previa de la votación. En un primer momento tuvo pocas adhesiones, pero para el segundo encuentro ya había ganado el respaldo de varios diputados del interior.
La postura inicial de Rossi la terminó complementando Germán Martínez, presidente del bloque justicialista, quien buscó un acuerdo integral pero, al tercer encuentro previo de todo el bloque, advirtió que la división estaba marcada y había que votar por separado como espacio. Finalmente, se sumaron distintos legisladores, de diferentes campamentos, que aportaron un número importante para que el acuerdo se retifique,
Entre algunos dirigentes del PJ federal hay cada vez más contactos cruzados, buscando acercar posiciones con dirigentes que están fuera de los límites de Unión por la Patria (UP), pero que, según muchos piensan en ese universo, serán necesarios para sumar fuerzas contra Milei en el 2027. La dinámica parlamentaria será importante este año para descubrir por donde van a contribuir al armado político c
En el peronismo hay muchos caminos paralelos que se recorren al mismo tiempo. Cristina Kirchner está dando una batalla milimétrica contra la Justicia Federal para que le den mayores libertades dentro de su prisión en San José 1111. Hasta ahora, no lo ha logrado. Sus limitaciones se van acrecentando al mismo ritmo que baja su nivel de influencia dentro del esquema justicialista.
La campaña “Cristina libre” es, mayoritareamente, un ejercicio semanal del kirchnerismo duro. Un sector que se ve obligado a encontrar un nuevo lugar en el mapa de poder, aunque para todas las tribus resulte difícil, a esta altura del calendario, posicionarse con exactitud debido a la horizontalidad del debate. Hay un puñado de nombres que han dado señales claras de su intención electoral y un bloque enorme de dirigentes que quieren empujar un cambio de ciclo. Hay ruido y hay movimientos.
Por otro camino transita Axel Kicillof, que cada vez juega más con su potencial candidatura presidencial y que está haciendo un nuevo esfuerzo por posicionarse tras el sube y baja de poder que implicaron el triunfo de septiembre y la derrota de octubre del año pasado. En el mientras tanto, dio un paso adelante al consensuar con el cristinismo su desembarco al frente del PJ Bonaerense. Camina hacia adelante. A su tiempo y a su modo, pero con una única dirección.
Detrás del acuerdo de cúpula por la conducción partidaria quedaron cerca de treinta distritos donde el PJ no se pudo ordenar e irá a elecciones internas. Un mano a mano que en el peronismo esquivan con frecuencia por temor a que se desbarranquen las dañadas estructuras que se edificaron durante las tres gestiones kirchneristas. Si no hay síntesis, entonces que se resuelva por los votos. Eso sucederá en varios municipios bonaerenses donde las expresiones territoriales de CFK y Kicillof no pudieron darse la mano.
En otro camino, van los gobernadores, que tantean la posibilidad de empujar un armado federal, que reestructure lo que supo ser el Frente de Todos en el 2019, y que sea la columna vertebral de una nueva propuesta electoral. Es muy reciente, pero el momento de que la rosca de construcción política tome más velocidad está cada vez cerca. Porque los acuerdos transversales, como los que se analizan negociar en el corazón del peronismo, necesitan tiempo.
En el PJ hacen lo posible para resistir la embestida libertaria tras el recambio de las dos Cámaras y la sensación triunfalista que le dejó al oficialismo la victoria electoral que pintó gran parte del país de violeta. Hacen lo que pueden, en esta instancia donde son minoría y el Gobierno mantiene fuerte sus alianzas provinciales.
Esta semana los legisladores que responden a los dos gobernadores peronistas aliados a Milei se pusieron en la vereda de enfrente al Gobierno. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo jugaron en contra de la reforma laboral. Algunos justicialistas que conviven con la desconfianza impregnada en la piel creen que lo hicieron solo porque el número para la aprobación estaba asegurado con las manos del PRO, la UCR y los aliados provinciales. Todo es posible.
El peronismo de UxP tiene el deber de mirar hacia Tucumán y Catamarca para ver cómo hacen convivir esas lógicas provinciales cercanas a la Casa Rosada con una construcción opositora para el año que viene. Es uno de los desafíos que tienen por delante los articuladores que flotan por las distintas terminales del armado político. Ganarle a Milei será una tarea extremadamente complicada, aunque varios pastores de las catástrofes anuncien la caída en desgracia del modelo libertario.
La semana de sinsabores que tuvo el PJ puede repertirse en el corto plazo si el Gobierno logra sancionar los dos proyectos que trató en estos últimos días. La capacidad de buscar acuerdos amplios con las fuerzas del centro será más importante que la búsqueda de sumar gente a la calle. Un recurso que ha pasado de moda. El peronismo necesita abrirse, flexibilizarse y acomodarse al nuevo tiempo. Es una realidad que algunos ya digirieron y otros aceptan a regañadientes.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
POLITICA
El Gobierno asegura que tiene los votos para una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias
El Gobierno asegura que tiene los votos para lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo activó gestiones para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados esta semana, pero la iniciativa se postergó y planean retomar la discusión en marzo.
La intención de la Casa Rosada era dictaminar el proyecto en comisión el miércoles y tratarlo en el recinto al día siguiente. El envío de la iniciativa se incluyó en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.
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“No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”, agregan. En Balcarce 50 sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas -como los legisladores de Provincias Unidas- y argumentan que tienen un piso de 131 votos. El oficialismo apunta a darle media sanción a partir de marzo.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones. Participaron representantes del comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, y se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
La nueva ley que impulsa el Gobierno no deroga formalmente la vigente -sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso-, sino que busca modificar su esquema de actualización y financiamiento. El texto propone reemplazar el mecanismo de indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión.
El Ejecutivo está dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos asignados en 2025. Lo mismo aplica para una instancia de evaluación en junio para analizar eventuales diferencias entre los aumentos otorgados y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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La negociación se produce en paralelo a la apelación presentada por la Casa Rosada contra la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley actual. El recurso fue interpuesto ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
La mesa chica de Balcarce 50 busca evitar una nueva escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo y quiere cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace a la actual. Nación ya reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de tensiones judiciales e insiste con que intentará modificarla este año.
Gobierno, universidades
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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Más temprano la titular de la cartera de Seguridad Nacional brindó datos sobre el hecho
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
“Del otro lado tenemos esto”: la reacción del Gobierno a la manifestación en contra de la reforma laboral
La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
Reforma laboral: la Policía Federal detuvo a 71 personas durante los incidentes en las afueras del Congreso
La entrada El Gobierno denunció por terrorismo a 17 manifestantes, tras los incidentes en el Congreso se publicó primero en Nexofin.
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