POLITICA
Axel Kicillof habló sobre la polémica incorporación de la familia Eskenazi a YPF
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el rol que tuvo la familia Eskenazi en YPF durante los años previos a la reestatización de la petrolera y consideró que su ingreso no tuvo efectos positivos sobre la actividad de la compañía. “El efecto no fue bueno”, afirmó al referirse al período en el que el grupo argentino adquirió, entre 2008 y 2011, el 25% de las acciones de la empresa que seguía bajo control de Repsol.
Kicillof, que en 2012 era viceministro de Economía y tuvo a su cargo la intervención de YPF tras su expropiación, defendió la estatización y calificó la medida como “una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”. En ese marco, cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que condena al Estado argentino a pagar más de US$16000 millones, y atribuyó el origen de la demanda a la cesión de derechos que hizo el síndico de la quiebra del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi, a un fondo buitre.
“YPF venía siendo manejada por Repsol desde 1999. Los Eskenazi -principalmente Enrique Eskenazi y su hijo Sebastían- entraron en 2007, consiguieron el control del 25% en 2009 y no cambió nada. Se mantuvo la misma actitud. La situación de la empresa no se revirtió. No se revirtió desde ahí a 2011″, precisó el mandatario.
Dijo además haber tenido una mínima relación con los miembros de la familia: “Ni los conozco. Me parece que me crucé alguna vez con el hijo [Sebastián]- Y en otra ocasión, me vi con el padre [Enrique] en el directorio de YPF, como representante del Estado previo a la expropiación”. Y aclaró: “En el gobierno, la presidente [Cristina Kirchner] ni nadie me habló de ninguna cuestión que favoreciera remotamente a estos socios”.
“Hay muchos que están diciendo ‘bueno, pero estos andaban…’. Yo lo que digo es ‘mirá, no tengo claro toda esa historia, no participé, pero no es lo que estamos discutiendo’”, sostuvo Kicillof en Radio con Vos y se centró en el rol que jugó Antonio Brufau entonces titular de la petrolera española y accionista mayoritario de Yacimientos Petrolíferos fiscales: “Él era quien manejaba la compañía. Yo hablaba con él como viceministro”.
“Al momento de charlar sobre la posibilidad de revertir la situación de la compañía, Brufau no hacía mención a esas personas [los Eskenazi] sino que se enfocaba directamente en las decisiones que tomaba Repsol. Me decía ‘mirá, nosotros somos un grupo privado así que invertimos si queremos y si no queremos no invertimos. Desarrollaremos Vaca Muerta o no la desarrollaremos. Eso lo determinamos nosotros”, reveló el gobernador.
Y evaluó: “Tuvieron bastante tiempo desaprovechado. La inversión en exploración y explotación de los recursos fue reduciéndose. La cantidad de equipos utilizados, la producción y reservas también”. “Si iban a hacerlo, lo disimulaban muy bien”, ironizó. Y acotó: “Sí existía un proceso, como me comunicó el propio Eskenazi, el propio Juan José Arangueren -entonces presidente de Shell- y el propio Brufau es que todos estaban viendo cómo hacer para que inversiones extranjeras pusieran a funcionar Vaca Muerta”.
“La recuperación de YPF tiene muchísimas aristas y su pérdida en una privatización ruinosa venía generando una calamidad en el plano energético. Repsol estaba fumándose YPF. Creo que el objetivo final era, con recursos cooptados, desde ingenieros, capacidades y áreas periféricas terminar exportándole petróleo de la Argentina a través de los pozos que empezaban a tener en otros lugares. Querían convertir a Argentina en un importador de energía y de petróleo y gas. Y de hecho, lo estaban logrando“, consignó Kicillof.
Para el jefe provincial, el fallo emitido desde la Justicia de Estados Unidos no solo es “peligroso” e “irresponsable” sino también “sospechoso”: “Acá no es relevante la letra chica de la Ley de Expropiación, ni el desempeño de YPF, estuvieran los Eskenazi o no. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es un fallo de una jueza de Nueva York, impulsada por una denuncia de los fondos buitres, cuya adquisición, incluso del juicio, tiene elementos polémicos. Discutimos un fallo que pretende ponerse arriba de la Constitución».
“Una jueza de Estados Unidos no le puede dar una orden al Estado argentino obre un proceso que está contemplado por la Constitución Nacional. Es ilegal por donde lo mires. Es un atropello a la soberanía argentina, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a la inmunidad soberana incluso”, sostuvo.
El gobernador bonaerense concluyó con su aporte a la temática con una mención al presidente Javier Milei, a quien considera como “parte del mecanismo que pone en riesgo a la soberanía energética”.
“Yo no estoy en su cabeza. Pero Milei, en el lugar en el que está, con la responsabilidad que tiene, hoy parecería ser parte del mecanismo que poner en riesgo la soberanía energética, a la empresa más importante del país, que además viene dando resultados a lo largo de diferentes períodos. La quiere romper o regalar. Y YPF no se vende, no se entrega y no se regala. Eso es lo que decimos nosotros”, concluyó.
Como reconstruyó , la primera vez que los Eskenazi fueron noticia fue a fines de 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner sorprendió al mundo petrolero con la elección del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, para convertirse en el socio local de la española Repsol en YPF.
A pesar de que de un día para el otro se convirtieron en uno de los dueños de la entonces mayor empresa de la Argentina (YPF en ese momento estaba muy lejos de perder el liderazgo en manos de Mercado Libre), los Eskenazi prácticamente no contaban con ninguna experiencia en el negocio de la energía.
El grupo venía de dos otros dos rubros:la construcción y las finanzas. Enrique Eskenazi -el hombre que fue el encargado de desarrollar y liderar todos los negocios de la familia hasta su muerte en enero de este año- era ingeniero químico de profesión y, después de recibirse en la Universidad Nacional del Litoral y completar sus estudios en EE.UU, sus primeros pasos en el mundo corporativo los dio en el grupo Bunge & Born. En 1980 ingresó como gerente en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA y, al poco tiempo, el ingeniero logró dar el salto de ejecutivo a dueño y se convirtió en accionista controlante de la constructora.
A partir de la década del 90, ya al frente de su compañía, Eskenazi padre lideró un proceso de transformación y expansión de sus negocios incursionando en otros sectores estratégicos, como el de los servicios urbanos, la agroindustria y el sector financiero, lo que derivó en la conformación de un holding de negocios. Llamativamente, para bautizar al grupo, el empresario no eligió ponerle su apellido y, en cambio, optó por el de uno de los socios fundadores a los que les había comprado la constructora.
Su salto a las ligas mayores de los negocios, llegó en 2008, cuando el grupo español Repsol le vendió un 14,9% de las acciones de YPF a instancias de Néstor Kirchner y sin que los Petersen tuvieran que hacer prácticamente ningún desembolso.
La relación de Eskenazi con la familia Kirchner se había iniciado a mediados de los 90, cuando el grupo se alzó con el control del Banco de Santa Cruz, a cambio de un poco más de US$10 millones, que en ese momento enfrentaba una delicada situación financiera. Su ingreso al mundo financiero se había concretado unos años antes, cuando en 1995 compró el Banco de San Juan. “Kirchner nos respeta porque sabe que le agarramos un banco que estaba hecho puré y hoy da dinero”, solía repetir Eskenazi, según consignan Pablo Fernández Blanco y Esteban Rafele en el libro Los patrones de la Argentina.
El vínculo cercano con la administración kirchnerista de la provincia le abrió las puertas a otros negocios y rápidamente se convirtieron en uno de los mayores contratistas de la obra pública en Santa Cruz. Ya con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el grupo siguió sumando bancos provinciales y se alzó con el control del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos, y en forma paralela fue ingresando a otros negocios como los seguros (son dueños de la compañía Qualia), los servicios de parquizaciones (Mantenimientos y Servicios) y el vino (con la bodega sanjuanina Santa Sylvia), que hoy están en manos de Sebastián y Matías Eskenazi, de los cinco hijos que tuvieron Enrique Eskenazi y su mujer Hazel Sylvia Toni Storey.
Para financiar la compra de YPF, Petersen Energía -una sociedad conformada en España y controlada por el grupo argentino- recibió un préstamo de US$1018 millones de un consorcio de bancos internacionales y otro por US$1015 millones de Repsol, en un esquema conocido como “vendor’s loan”, mientras que los Eskenazi pusieron un poco más de US$100 millones.
Para cancelar el préstamo con Repsol, los españoles le permitieron a la familia que fueran usando hasta el 90% de las utilidades de la petrolera. A la hora de explicar la operación, el entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que Eskenazi había sido elegido “por su experiencia en mercados regulados”.
En 2011, el grupo Petersen sumó un 10% adicional de YPF, aunque un año después el gobierno de Cristina Kirchner decidió avanzar con la estatización de la petrolera. Esta medida fue el puntapié inicial en el juicio que hoy tiene la Argentina con Buford Capital, el fondo que compró a la justicia española la quiebra de Petersen Energía y con ella los derechos a litigar contra la Argentina
actualidad política, axel kicillof, ignacio amiconi
POLITICA
La Justicia cerró la denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez por la filtración del video de Tamara Pettinato
Fabiola Yañez finalmente pudo festejar una victoria en el plano judicial. La Justicia la sobreseyó en la causa que le había iniciado el expresidente Alberto Fernández por la filtración de los videos de Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Fue una victoria fortuita. Un tribunal consideró que la acción penal estaba extinguida por el paso del tiempo.
La causa penal comenzó en agosto de 2024, en pleno escándalo por la demuncia de violencia de género. Fernández contratacó contra su ex pareja cuando se conocieron los videos de Tamara Pettinato que habían quedado almacenados en su teléfono. En realidad, fue una denuncia para intentar frenar otro tipo de filtraciones.
“Dicha información está contenida en el teléfono, que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, se quejaba por entonces el ex presidente. Se refería a los videos de Pettinato.
Fernández también se había quejado sobre el accionar de los medios de comunicación, por la difusión de los videos, aunque nunca accionó judicialmente. “No es mi intención iniciar acciones legales respecto de todos los medios periodísticos, por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas”, se quejaba por entonces.
La causa avanzó y llegó hasta el Tribunal Oral Criminal 4. En junio de este año, ese tribunal le ordenó a la querella que notifique a los abogados de Yañez, que en este expediente fue representada por una defensora oficial. Un mes después, según el fallo al que accedió , la querella requirió algunas medidas de prueba, pero “nunca respondió la intimación relativa a la notificación de la querellada Yáñez”.
La defensa de la ex primera dama aprovechó la “demora” y pidió la prescripción por el plazo previsto en el artículo 422 del Código Procesal Penal. Esa norma estipula que “se tendrá por desistida la acción privada cuando: el querellante o su mandatario no instaren el procedimiento durante sesenta días”.
Los abogados de Fernández cuestionaron la interpretación de ese artículo y plantearon que no debe no utilizarse “como mecanismo para frustrar el debate” o para “lesionar el derecho del querellante a obtener una respuesta jurisdiccional razonada”.
El tribunal finalmente le dio la razón a la defensa de Yañez y dictó su sobreseimiento. “Sólo para cubrir la exigencia de autosuficiencia, dado que la propia querella ya ha admitido que el plazo se encuentra cumplido si se comienza a contar a partir del 07/07/20255, advierto que, en rigor, la parte no ha instado el procedimiento debidamente desde el 25/06/2025, fecha desde la que han transcurrido más de sesenta días hábiles”, dice el fallo.
Fabiola Yañez regresó a la Argentina hace dos semanas para intentar llegar a un acuerdo con Alberto Fernández. Esa jugada generó cortocircuitos con su abogada, Mariana Gallego, que decidió renunciar a su defensa en el expediente civil, donde la pareja discute la cuota alimentaria, y en otra causa que tramita en la ciudad de Buenos Aires por amenazas e impedimento de contacto.
Apenas unas horas después, Yañez designó a otras dos abogadas en ambas causas: Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa. No fue una sorpresa. “Ya habían comenzado a negociar un acuerdo por afuera del expediente civil. Por ahora ese acuerdo está totalmente descartado porque plantea condiciones ilógicas”, dijeron cerca del ex presidente.
La pelea de fondo sigue siendo la causa por violencia de género, que quedó en suspenso tras el apartamiento del juez Julián Ercolini. Esa decisión todavía está en vilo. Este miércoles, el abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un recurso extraordinario y ahora la decisión quedó en manos de la Corte Suprema.
El fiscal que instruyó el expediente, Ramiro González, pidió en agosto del año pasado elevar la causa a juicio oral, pero el expresidente planteó una serie de nulidades que deben resolverse. Por ahora, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, el candidato que propuso Fernández en su momento para la Procuración.
Esa jugada generó cortocircuitos con su abogada, Mariana Gallego,,Nicolás Pizzi,Alberto Fernández,Conforme a,Alberto Fernández,,En TV. Fabiola Yañez rompió el silencio, tras su regreso al país: “Estoy acá por el bien de mi hijo”,,Causa seguros. Citan a indagatoria a un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández,,Recuperó la custodia policial. Fabiola Yañez regresó al país y busca colegio para su hijo
POLITICA
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados continuó esta mañana con el debate del proyecto de ley que envió el Ejecutivo nacional en su capítulo laboral.
Con la presencia del Secretario de Trabajo, Julio Cordero, la comisión discutió los números relativos a la actividad formal e informal y la propuesta del Gobierno nacional para el mercado laboral para la segunda mitad de la administración Javier Milei. Luego de varias diferencias entre lo que oficialismo y la oposición entienden que es la situación del mercado laboral en la Argentina, el funcionario señaló que “hace dos meses” que están trabajando en “una reforma laboral junto a los que firmaron el Pacto de Mayo“.
El funcionario de la cartera laboral negó que se retrasaran las firmas de las paritarias y explicó que “hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”. Y frente a las críticas de la falta de homologación de las paritarias, hizo referencia a que desde su secretaría “hay un diálogo permanente, esta es una secretaría de puertas abiertas donde buscamos un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios”.
A la hora de explicar los acuerdos de incrementos de 1%, Cordero los justificó al señalar que “al modificarse la matriz económica que permite que los argentinos cuenten con una moneda estable, que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación”.
Pero mientras de los bloques de la oposición expresaron en diferentes momentos las estadísticas de cierre de empresas, el incremento de la informalidad laboral, la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado en general y el industrial en particular, el funcionario replicó que “desde hace dos meses” su secretaría trabaja en una reforma laboral que se buscará implementar en la segunda mitad de la administración de Milei.
“Nosotros lo que vemos es que hay responsabilidad del sector gremial cuando se sientan en la mesa porque se dan cuenta que la empresa tiene que ser sostenible en el tiempo. Los gremios que protegen a sus trabajadores son los que entienden que la empresa siga abierta”. Y avanzó en la primera explicación del cambio que propone al señalar que los números paritarios —criticados especialmente desde el bloque de UP— finalmente “tienen que contemplar a la empresa que más lo necesita por sus trabajadores en la región del país más desfavorecida porque los convenios son por actividad”.
A partir de este momento, Cordero fue anunciando el plan de reforma laboral en donde dijo que la secretaría que comanda “trabaja en los convenio por empresa que permitiría una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima” y agregó que esa negociación —que señaló que determinadas empresas no podían cubrir— “generan un diferencial salarial siempre hace arriba”.
“Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, consideró.
Por el lado de los sectores “patronales”, Cordero sólo señaló que están en conversaciones con las cámaras empresariales para que “no trasladen a precios esos aumentos y que los trabajadores puedan contar con este diferencial”.
Esta idea en la que anunció el Gobierno que trabaja, apoyada por el PRO y la UCR por lo menos en lo que se refiere a los convenios por empresa, introduce el concepto de salario dinámico, un sistema que busca vincular la remuneración de los trabajadores con su productividad individual y no colectiva, como sucede hasta ahora.
En este esquema, lo que propone la secretaría que conduce Cordero, que sería lo que pide el presidente Javier Milei, es reducir los pisos de los salarios básicos por convenios y permitir que cada una de las empresas negocie el incremento con su representación sindical interna.
La presentación de Cordero giró sobre este ítem y, además, sobre una defensa de la quita de las multas a las empresas que no cumplen con la legislación laboral que impuso la Ley Bases. “Las personas siempre tienen sus derechos laborales, las multas iban para el Estado, no para el trabajador. Existen multas e intereses gravosos cuando sale un expediente respecto de una persona que fue contratada de manera informal. Haber eliminado multas apunta a un desarrollo que lleve a la conclusión de la informalidad. Por supuesto que falta, pero lo que se hizo fue el comienzo, es una base”.
POLITICA
“El gobierno desconoce el valor de la salud, la educación y la ayuda del Estado”: Ciudadanos Unidos cerró su campaña con críticas a Milei
Ciudadanos Unidos, la pata porteña de la alianza de gobernadores que apuesta a romper la polarización y reivindicar una agenda de desarrollo federal, cerró su campaña esta tarde en el barrio de La Boca con críticas a la falta de obra pública, el atraso de las jubilaciones y los recortes en salud y educación pública. También denunciaron presuntos vínculos de dirigentes de La Libertad Avanza con el narcotráfico.
La semana pasada, los candidatos locales recibieron finalmente el respaldo oficial de los fundadores de Provincias Unidas, que originalmente se mostraban reticentes a brindar apoyo, en un acto conjunto en Obras Sanitarias.
El acto de esta tarde se realizó en una fábrica recuperada del sur de la ciudad y estuvo encabezado por los candidatos a diputados Martín Lousteau y Piera Fernández, referente universitaria, y al Senado Graciela Ocaña y Martín Ocampo. En el público se encontraban, además de militantes del espacio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, la legisladora porteña Manuela Thourte y la excandidata Lula Levy. También estuvieron presentes las diputadas nacionales Mariela Coletta y Carla Carrizo.
El presidente de la UCR nacional fue el encargado de abrir el acto. “Tenemos un presidente que desconoce el valor de la salud, de la educación, de los medicamentos accesibles para los jubilados, el valor que tiene la ayuda del estado cuando tenés en la familia a alguien con discapacidad, el valor que tiene poder llegar a fin de mes tranquilo y no estar ahogado por deudas”, comenzó.
Lousteau aseguró que la Argentina está atravesando una profunda recesión y que la economía tiene los “motores apagados”, motivo por el que -a su entender- el país está actualmente “al borde de una crisis”. “Estamos al borde de una crisis porque este gobierno no supo acumular dólares porque lo que hizo fue apreciar la moneda y hacer el dólar barato”, cuestionó y aseguró que es necesario fomentar la inversión pública para promover el desarrollo de los sectores exportadores que puedan generar “dólares genuinos”.
Para ello, reclamó por la reanudación de las obras de infraestructura y apuntó tanto contra la corrupción del kirchnerismo como contra los recortes de La Libertad Avanza. “No podemos pasar del desmadre de la obra pública en la que se revoleaban bolsos de millones de dólares arriba de los conventos a esto que es cero obra pública. Necesitamos obra pública para acelerar el crecimiento de la economía y para atender urgencias sociales”, sentenció.
También dedicó críticas contra la administración nacional por la baja de impuestos a los sectores de mayores ingresos y contra los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno como el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la difusión de la criptomoneda $LIBRA y los vínculos de José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. También apuntaron contra la candidata a senadora libertaria Patricia Bullrich por presuntos vínculos con una empresa involucrada en dicho esquema de corrupción.
En este contexto y como hicieron a lo largo de su campaña, los candidatos buscaron enviar un mensaje de esperanza y plantarse como la principal alternativa a la administración nacional. “Hay otra manera de hacer las cosas que nos incluya y en la que nos hablemos y no nos gritemos, hay otra manera porque el futuro se construye y no se destruye. Por eso, iniciamos este camino de Ciudadanos Unidos”, afirmó Ocaña.
La dirigente de Confianza Pública cuestionó la poca atención que los distintos gobiernos han puesto sobre los jubilados y ratificó que, de acceder al Congreso, impulsará “la obligatoriedad de la cobertura de los 50 medicamentos que se utilizan para atender las patologías crónicas de la tercera edad”. Subrayó, a su vez, que avanzarán contra las jubilaciones de privilegio, incluso de manera retroactiva -es decir, con aquellas ya vigentes hoy día- para equilibrar la balanza respecto de los beneficiarios cuyo haber apenas alcanza los $400.000.
Fernández, en tanto, reivindicó la agenda de la salud mental y la defensa de la educación pública. Pidió avanzar en un gran acuerdo nacional educativo “porque la educación no puede depender de la coyuntura o el gobierno de turno”. Cuestionó el cierre de escuelas y el atraso de los salarios docentes y anunció su plan de impulsar en un plan nacional de infraestructura para la construcción de establecimientos educativos.
La dirigente universitaria subrayó, además, la necesidad de reformar la ley de salud mental y de capacitar a los profesionales en esta materia. Puso especial énfasis en la situación de los adolescentes, un sector en el que la ludopatía se expandió en el último tiempo. “Ocho de cada diez adolescentes hicieron apuestas en casinos online. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que regular a los operadores, pero también prohibir y penalizar la publicidad de apuestas online en los menores de 18 años”, sentenció.
A su turno, Ocampo abordó la agenda de seguridad y reivindicó su trayectoria como funcionario. “Me tocó ser ministro de seguridad y crear la policía de la ciudad. Creo que es la mejor policía de la Argentina. Quiero ir al Senado a llevar esa experiencia y políticas concretas”, expresó antes de poner el foco en el ciberdelito. Cuestionó la falta de políticas nacionales en esta materia de prevención de esta problemática y la ausencia de propuestas al respecto de parte de la ministra de Seguridad. Frente a este vacío, propuso la creación de una policía especializada en esta clase de delitos.
“La policía tiene que tener la capacidad incluso de verificar en redes dónde hay anzuelos y publicidades engañosas que nos hacen entrar en estafas. Este es un flagelo que encarece toda la actividad económica y el gobierno nacional está ausente”, planteó.
Con la exposición de sus propuestas y, entre chicanas a candidatos tanto de Fuerza Patria como del oficialismo nacional, Ciudadanos Unidos cerró su campaña luego de que, la semana pasada, recibieran oficialmente el respaldo de los fundadores de Provincias Unidas. El miércoles pasado, los candidatos locales compartieron un acto con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) en el que volvieron a pedir por una Argentina federal que priorice las economías regionales, la educación y la generación de empleo.
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