POLITICA
Acuerdo con LLA: Pro se reúne para autorizar a Ritondo a conformar un frente opositor en la provincia de Buenos Aires
Se avecinan horas de nerviosismo y Pro se tambalea como nunca antes. A cinco días de que finalice el plazo para inscribir las alianzas para las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, las autoridades de la fuerza que lidera Mauricio Macri se reúnen este mediodía en la sede partidaria para autorizar a Cristian Ritondo a firmar un frente opositor a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Dado que los resultados preliminares de las conversaciones para cerrar un acuerdo de convergencia con La Libertad Avanza (LLA) indican que la negociación está encaminada, Ritondo confía en que saldrá del cónclave con el visto bueno para avanzar con el entendimiento con los representantes de Javier Milei en el distrito bonaerense.
La Asamblea partidaria, que preside Néstor Grindetti, le dará las facultades para pactar de manera orgánica frentes opositores al kirchnerismo, sin especificar con qué fuerza o circunscribirlo al espacio de Milei.
“Hoy lo que va a pasar es salir aprobado que la mesa ejecutiva puede llevar a cabo un frente electoral. Hay una actitud de Pro de escuchar a los bonaerenses que nos piden que vayamos juntos”, dijo Ritondo al ingresar al búnker partido.
Los Milei impusieron las condiciones, más allá de que accedieron a firmar una alianza con Pro y descartaron la fórmula de la fusión o adhesión, una idea que era resistida por Mauricio Macri. Por caso, el nombre de la coalición será “Frente La Libertad Avanza”. Y los violetas mantendrán su logo y color en las boletas.
En concreto, aún resta saber si Pro se mantendrá unido o saldrá partido de las conversaciones con LLA para aunar fuerzas en la provincia rumbo a los comicios del 7 de septiembre. Es que aún no hubo avances en la discusión de la letra chica del acuerdo en distritos clave gobernados por intendentes macristas, como Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín) o Diego Reyes (Puan) o María José Gentile (9 de Julio), entre otros.
Ritondo, que luce como un equilibrista en la cuerda floja, intenta superar los últimos escollos antes de sellar el entendimiento con los libertarios. Su prioridad es preservar los terruños de los trece intendentes amarillos y conseguir puestos potables en las nóminas de legisladores provinciales para los representantes de las diferentes tribus del partido de Macri. “Nos pidieron quince legisladores provinciales; eso no se lo vamos a dar y ellos lo van a entender”, advierten desde el búnker de LLA.
Entre Pro y LLA controlan 17 municipios. La discusión para confluir en las listas es compleja. Por un lado, los jefes municipales pretender tener el manejo de la lapicera a la hora de armar la nómina de concejales. Es que el resultado de la compulsa en esa categoría puede asegurarles o complicarles la gobernabilidad en sus distritos. Y quieren inocularse ante posibles deslealtades de sus nuevos socios.
En paralelo, deben negociar los puestos en las nóminas legislativas en las ocho secciones electorales. En la provincia se ponen en juego 46 bancas de Diputados y 23, del Senado.
“No hay definiciones concretas. Tenemos buena voluntad, pero no hay avances”, remarca el intendente de uno de los distritos de Pro. Las tratativas más tirantes se dan en los lugares donde gestionan dirigentes que responden a Jorge Macri, como Vicente López o Junín.
Los amarillos no descartan planes alternativos en sus distritos en caso de que no lleguen a un entendimiento con LLA. Por caso, podrían reeditar Juntos por el Cambio y buscar acuerdos locales con el radicalismo o los peronistas no K, como Britos o Fernando Gray y Joaquín de la Torre.
Entre los distritos más relevantes que gobiernan macristas y libertarios están Vicente López, San Isidro, Tres de Febrero, Junín y General Pueyrredón, cabecera de la quinta sección, donde se renuevan cinco bancas del Senado. El municipio gestionado por Guillermo Montenegro es uno de los distritos más poblados del interior bonaerense. Esa zona suele permear más el mensaje de la derecha o del antiperonismo que en el conurbano bonaerense.
En el comando proselitista de Milei se ilusionan con concretar una avanzada sobre Kicillof y los municipios dominados por Cristina Kirchner tras el triunfo de Manuel Adorni en la Capital.
Como pretende que su modelo libertario encuentre eco en la gran fortaleza del peronismo, el Presidente propició una alianza con Macri en Buenos Aires, pese a la comedia de enredos que protagonizaron Pro y LLA en el territorio porteño. La convergencia con Milei le abre al macrismo un camino de supervivencia. “Hay que pasar el 2025”, repiten los acuerdistas.
POLITICA
El fiscal pide investigar a Chiqui Tapia y Faroni como parte de una red que habría desviado millones de la AFA
La fiscalía le pidió al juez federal, Marcelo Aguinsky, investigar la existencia de una red internacional de intermediarios que operó entre 2021 y 2025 que habría canalizado más de US$300 millones de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario argentino.
Los involucrados son el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la administradora de TourProdEnter LLC, Érica Gillette, vinculada al empresario, Javier Faroni, al jefe del área comercial y marketing de la AFA, Leandro Petersen, al controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik, al operador financiero ligado a la AFA, socio de Odeoma Gestión, Marcelo Fabián Ramón Saracco, y al socio español de Odeoma Gestión SL, Melchor Amoedo Merlín.
Leé también: La Justicia citó a declarar a Javier Faroni, el empresario investigado por presuntos desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.
Según la investigación hubo desvíos de fondos a empresas offshore y actividades privadas, entre ellos un giro de TourProdEnter por US$11.587 a Carbello SRL, dedicada a compra de caballos de salto, y giros de Faroni a Horses Services (transporte de caballos) y Equestrian (compra y venta de caballos).
La fiscalía pidió determinar la relación de las personas denunciadas con las sociedades nacionales e internacionales involucradas y habló de un “denominador común”, mientras que el juez considera que núcleo de la investigación es la AFA.
Los detalles de la ampliación de la denuncia por irregularidades con fondos de la AFA que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia
Como anticipó TN la Coalición Cívica, que había hecho denuncias sobre la mansión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para pedir la ampliación de la investigación sobre “una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”.
Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió. Los dirigentes piden investigar los posibles delitos de lavado y administración fraudulenta.
Según la denuncia “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal”.
De acuerdo a la presentación de la CC “este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios”.
AFA, Claudio Tapia, Javier Faroni
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el último recurso de la defensa y clausuró la posibilidad de modificar las condiciones de detención de Cristina Kirchner durante el receso de enero. Los jueces ratificaron que el planteo sobre la modalidad de arresto en el domicilio de Constitución carece de la urgencia necesaria para justificar la habilitación de la feria judicial.
La Sala de Feria de la Casación fundamentó su negativa en el incumplimiento de los requisitos exigidos para un tratamiento excepcional en enero. Los magistrados evaluaron que la defensa no aportó elementos objetivos que demostraran la urgencia del caso.
El voto de la mayoría, conformado por Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, resultó breve y contundente. El texto de la resolución sostiene: “Por no tratarse de un tema de feria conforme la Acordada Nº 07/09 (punto 6) de esta Cámara Federal de Casación Penal, en tanto la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento, devuélvanse las presentes actuaciones vía pase digital a la Secretaría General de esta Cámara para ser remitidas a la Sala que corresponda una vez finalizada la Feria Judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío”.
Cristina Kirchner intentó un recurso de reposición para que el mismo tribunal revisara su fallo anterior. Ledesma y Yacobucci rechazaron la presentación in limine, sin dar lugar a trámite alguno.
La solicitud de la exmandataria apuntó a flexibilizar las reglas de su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Fuentes judiciales indicaron que la defensa pidió el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo.
El reclamo incluyó la solicitud de que ciertos visitantes frecuentes, como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, ingresen sin necesidad de autorización judicial previa para cada encuentro. La defensa exigió también la eliminación de los cupos de visitas y el número de personas permitidas en cada reunión. Otro punto del pedido refirió al levantamiento de la restricción horaria impuesta para su permanencia en la terraza del inmueble.
La resolución original de la semana pasada contó con dos votos contra uno. La Sala de Feria se compuso en ese momento por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Los dos primeros se opusieron a habilitar la feria, mientras que Borinsky votó en disidencia a favor de tratar el planteo.
El juez Borinsky argumentó en soledad que el caso ameritaba la intervención del tribunal durante el receso. Su voto expresó: “Se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de CFCP, en cuanto dispone que ‘se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. En el fallo de este miércoles, que ratificó la negativa ante el recurso de reposición, solo firmaron Ledesma y Yacobucci.
Los recursos de la expresidenta se resolverán tras la finalización de la feria judicial en febrero y la Sala de Feria dejará de intervenir en el caso. El expediente pasará a la Sala IV, encargada habitual de los planteos de la exmandataria, e integrado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Fuentes judiciales recordaron que Barroetaveña y Hornos votaron en contra de solicitudes similares en instancias anteriores.
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POLITICA
El Gobierno redefine su agenda en el Congreso y analiza correr la reforma del Código Penal para priorizar la laboral
Con el calendario legislativo comenzando a tomar ritmo tras el receso de verano, el Gobierno nacional afina su estrategia parlamentaria y reordena prioridades.
En ese marco, dentro del oficialismo gana fuerza la idea de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal y enfocar todos los esfuerzos políticos en la sanción de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
Según admiten fuentes del entorno presidencial, la decisión aún no está cerrada y la última palabra la tendrá Javier Milei.
Sin embargo, en las filas libertarias consideran que avanzar en paralelo con dos iniciativas de gran volumen y alto impacto político podría diluir las chances de éxito. Por ese motivo, el análisis predominante apunta a enviar el nuevo código recién para el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
Reforma laboral: los gobernadores endurecen su postura y ponen condiciones para acompañar a Javier Milei
El razonamiento interno se apoya en antecedentes recientes. A fines del año pasado, el Ejecutivo resolvió postergar la discusión de la reforma laboral para concentrarse en cerrar acuerdos que permitieran la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Esa estrategia, sostienen en Balcarce 50 en diálogo con Infobae, resultó efectiva y ahora buscan replicarla en un contexto político todavía frágil en el Congreso.
La reforma laboral aparece como uno de los pilares centrales de la denominada “segunda etapa” del gobierno de Milei.
El proyecto apunta a modificar aspectos estructurales del régimen de trabajo, con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y flexibilizar ciertas regulaciones que, según el oficialismo, desalientan la contratación.
Para lograr su aprobación, el Ejecutivo necesita construir consensos con bloques dialoguistas y gobernadores, una tarea que demandará tiempo y dedicación exclusiva.
En ese escenario, el debate del Código Penal quedaría en pausa. Se trata de una iniciativa de enorme complejidad técnica y política, con más de 900 artículos, que propone un endurecimiento de penas para delitos considerados graves y una reorganización integral del sistema penal.
En el Gobierno reconocen que un proyecto de semejante magnitud requiere un tratamiento “más profundo y ordenado”, algo difícil de garantizar en un temario ya cargado durante las extraordinarias.
Reunion plenaria de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nacion. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
El texto del nuevo Código Penal fue elaborado por una mesa técnica integrada por funcionarios del área judicial y asesores presidenciales, con participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad.
Aunque su redacción se encuentra en una etapa avanzada, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso, lo que refuerza la hipótesis de que su discusión quedará para más adelante.
Mientras tanto, la mesa política del oficialismo retomará esta semana las reuniones formales tras el receso estival. Allí se terminarán de definir los detalles de la estrategia legislativa y el esquema de negociaciones con aliados clave.
El objetivo es claro: sumar voluntades suficientes para llevar la reforma laboral al recinto y convertirla en ley durante febrero.
De concretarse este plan, el decreto que oficialice la continuidad de las sesiones extraordinarias no incluiría el tratamiento del Código Penal dentro del temario.
“No se puede discutir todo al mismo tiempo”, repiten cerca del Presidente, convencidos de que la hoja de ruta legislativa debe adaptarse a las correlaciones de fuerza actuales en el Congreso.
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Reforma del Código Penal,Reforma Laboral,Senado,Sesiones extraordinarias
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