POLITICA
Elecciones bonaerenses 2025: cómo le fue al PJ, a JxC y a LLA en las cinco elecciones provinciales de la última década
El peronismo se enfrenta en la elección de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre al que quizás sea su mayor desafío electoral. Atravesado por la interna entre La Cámpora y el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof, llega al cierre de alianzas de este 9 de julio y al de listas en dos semanas, con una unidad forzada por el fantasma de una derrota si van separados.
El PJ deberá competir con una alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que tiene muchas chances de imponerse por el arrastre de la buena imagen que aún conserva el gobierno nacional y la figura de Javier Milei en un segmento importante del electorado.
Con la decisión de desdoblar la elección, Kicillof tomó una decisión que fue leída como una ruptura con su jefa política, Cristina Kirchner, y a la vez, como una jugada arriesgada en la búsqueda de consolidarse como el líder de la principal oposición. Puede salirle bien, o puede salirle mal. Y en esta apuesta se juega sus chances de aspirar a competir por la presidencia en 2027.
El gobernador bonaerense adelantó la elección provincial – es la primera vez que se votará en forma desdoblada en la Provincia- en un intento de emanciparse de Cristina Kirchner y para no ser arrastrado por una posible ola violeta en las legislativas nacionales.
¿Qué se vota en esta elección bonaerense? Se renueva la mitad de la Legislatura Bicameral integrada por 92 diputados y 46 senadores. O sea, que se renovarán 46 diputados provinciales y 23 senadores. Si bien la Provincia está dividida en ocho secciones electorales, se eligen diputados provinciales en 4 secciones, mientras que en las otras 4, se votan senadores, en forma rotativa en cada comicio. Se usará la tradicional boleta papel partidaria.
Este año se votan diputados en la Segunda, Tercera, Sexta y en la Octava, y senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y en la Séptima. Cada una de esas Secciones es una elección por separado, con candidatos diferentes de cada fuerza en la boleta de cada Sección.
El escenario principal de la disputa será el Conurbano bonaerense por su cantidad de electores. Ahí son clave dos secciones electorales: la Tercera y la Primera. Cada una de ellas tiene casi 5 millones de vecinos habilitados a votar, cifra equivalente a los padrones sumados de las provincias de Santa Fe, Mendoza y San Juan. Sumadas concentran casi 10 millones de electores, el 71% del total de la Provincia.
La Tercera Sección está conformada por 19 municipios en los que está radicado el 36% de los 14 millones de electores que figuran en el padrón de PBA. Los partidos más poblados son La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela y Lanús, en ese orden. Entre estos seis partidos, suman casi 3.200.000 de bonaerenses que pueden votar.
Casi todos están gobernados por intendentes de Unión por la Patria. Solo dos municipios de esta Sección están en manos de opositores: Magdalena, donde gobierna la UCR, y Lobos, conducido por el PRO. En esta Sección, el peronismo – en sus distintas variantes – no perdió ninguna elección provincial de las cinco que tuvieron lugar en la última década.
En las últimas elecciones de 2023 para diputados y senadores provinciales, Unión por la Patria logró en la Tercera 1.770.941 votos (51,54%). Fue la única Sección en la que LLA salió segunda (en el resto de las secciones quedó tercera), al obtener 782.877 votos (22,79%), por delante de Juntos por el Cambio, que cosechó 726.652 votos (21,15%).
La mayor diferencia respecto de la segunda fuerza, Juntos por el Cambio, el peronismo la obtuvo en 2019, casi 30 puntos arriba: sacó casi el 60% contra el 30% de la alianza entre el PRO y la UCR, en la elección para senadores provinciales. La menor, en la legislativa de 2017, con casi 9 puntos porcentuales que consiguió Unidad Ciudadana (44%) sobre Cambiemos (35%) en la elección para diputados bonaerenses de ese año.
La otra Sección con un peso electoral decisivo es la Primera que abarca 24 municipios del norte y noroeste del Conurbano bonaerense donde viven 4,9 millones de electores, un número que supera al padrón de la provincia de Córdoba y al de Mendoza sumados. Los partidos de esta Sección con mayor cantidad de electores son Merlo, Moreno, San Martín, Tigre, Pilar, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas y Morón. Solo estos ocho partidos suman casi 2.600.000 habilitados para votar.
En esta Sección, las distintas versiones del peronismo perdieron en dos comicios provinciales, en los que quedaron detrás de lo que era Cambiemos y, luego, Juntos por el Cambio. En 2017, la alianza de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica (CC) se impuso a Unidad Ciudadana (el partido creado por Cristina Kirchner por fuera del sello del PJ) en las elecciones de medio término para senadores bonaerenses por 5 puntos porcentuales: 41,4% a 36%.
La otra elección fue la de 2021, también para senadores provinciales, pero la diferencia fue mínima. Juntos sacó 39,20% contra 39% del Frente de Todos.
La mayor diferencia la tuvo en 2023, cuando Unión por la Patria se impuso por 18 puntos porcentuales a Juntos: 44,36% (1.504.238 votos) a 26,46% (897.328 votos. En tercer lugar, quedó LLA con casi el 24,78% (840.345 sufragios).
En las restantes Secciones Electorales, el peronismo también quedó primero en 2023 para el tramo de legisladores provinciales, con excepción de la Sexta, donde se impuso Juntos por el Cambio con el 33,14% (142.538 votos), seguido de UxP con el 32,71% (140.692 votos), y La Libertad Avanza 31,24% (134.384 votos).
Las bancas en juego en la Legislatura
Como cada sección electoral tiene un número diferente de municipios que la conforman, va rotando la cantidad de diputados y senadores que se votan en los 135 partidos de la Provincia. Por ejemplo, en 2015, se eligieron diputados provinciales en 78 municipios y senadores en los restantes 57. En la elección siguiente del 2017 fue al revés: se eligieron diputados provinciales en 57 partidos bonaerenses y senadores provinciales en 78.
En los comicios del 7 de septiembre, en la Tercera Sección Electoral hay en juego 18 bancas de diputados provinciales; en la Segunda Sección Electoral, 11 diputados; en la Sexta, 11; y en la Octava, 6 diputados provinciales. En tanto en la Primera Sección, se eligen 8 senadores; en la Cuarta, 7; en la Quinta, 5; y en la Séptima, se renuevan tres senadores.
Si bien la Tercera y la Primera aportan el 70% de los votos, están subrepresentadas, ya que en ellas se elige el 30% de los cargos en la Legislatura bonaerense.
Unión por la Patria pone en juego, en total, 19 diputados bonaerenses de los 37 que tiene actualmente, y 10 senadores de sus 21 integrantes en la Cámara alta.
El PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en Diputados y 4 de los 9 con los que cuenta en la Cámara alta provincial. La posibilidad de retener parte de esas bancas dependerá de los términos del frente que concrete con el LLA en estas elecciones en la Provincia.
En la bancada de La Libertad Avanza bonaerense terminan su mandato 5 diputados de 13 integrantes actuales, incluyendo a los cinco integrantes de la Cámara baja que responden a Patricia Bullrich y rompieron el bloque para formar el PRO Libertad.
En el Senado, deberían dejar su banca 2 de los 7 senadores que suma LLA en sus dos vertientes: los que entraron con Milei en 2023 y los que ingresaron por el PRO en 2021 y se referencian en la ministra Bullrich.
El bloque Unión Renovación y Fe – un desprendimiento del bloque de LLA que lidera Carlos Kikuchi– renueva una sola banca de sus actuales 9 integrantes.
El bloque Acuerdo Cívico + UCR + GEN, alineado con Facundo Manes y Margarita Stolbizer, pone en juego 6 escaños en Diputados de los 7 que tiene hoy. El espacio no cuenta con senadores bonaerenses.
La UCR-Cambio Federal – que integran radicales del sector de Maximiliano Abad, ex dirigentes del PRO y seguidores de Emilio Monzó – arriesga 4 bancas de las 8 que tiene en Diputados, y 7 bancas de las 8 que integran esa bancada en el Senado.
En tanto, la Coalición Cívica pone en juego una de sus 3 bancas en la Cámara baja bonaerense; y el Frente de Izquierda arriesga sus dos lugares (una del MST y otra del PTS).
La elección histórica de bancas
Cambiemos/Juntos fue la fuerza que ganó la mayor cantidad de diputados provinciales en las elecciones de 2015 (19 bancas), 2017 (23 escaños) y 2021 (22 lugares en la Cámara baja).
El peronismo, en tanto, se impuso en cantidad de bancas de diputados provinciales en 2019 (obtuvo 22 escaños), cuando el Frente de Todos ganó la elección nacional, y en 2023 (consiguió 15 bancas), cuando Milei le ganó a Sergio Massa en la presidencial.
Los libertarios consiguieron sus primeras tres bancas de diputados bonaerenses en 2021 con Avanza Libertad, que lideraba José Luis Espert, hoy candidato a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre por el oficialismo de la LLA. Ese año, ese espacio salió tercero.
En 2023, con el triunfo de Milei a nivel nacional, LLA obtuvo 13 escaños en la Cámara de Diputados, tras quedar también en tercer puesto, detrás de Unión por la Patria (18 bancas) y Juntos (15 diputados).
Para senadores provinciales, se repitieron los resultados, con ligeras variaciones en la cantidad de escaños. Cambiemos/Juntos ganó más bancas en 2015 (32 senadores), 2017 (39) y 2021 (35 bancas en el Senado).
El peronismo sólo ganó más bancas en 2019 (36 escaños) y 2023 (29 senadores).
En 2021, Avanza Libertad consiguió 3 bancas en el Senado y LLA debutó en la Cámara alta bonaerense dos años después, al quedar tercera, y lograr 18 senadores propios.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
POLITICA
El bloque libertario conducido por Bullrich admite ahora que sumó a último momento el cambio en las licencias, pero dice que “no se entendió”
Tras la nota de que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio de último momento en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.
Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.
Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.
Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.
Este sábado, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bacada conducida por Bullrich.
Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.
El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera».
El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».
Según las fuentes del bloque que hablaron con , el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.
La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir , el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.
En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.
En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.
Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.
Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.
Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.
Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.
El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.
Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.
Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.
nota de LA NACION,Paula Rossi,Reforma laboral,Senado de la Nación,Conforme a,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Denuncian aprietes. Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo del Senado,,Tratado comercial. Las relaciones cárnicas: de Roca-Runciman a Milei-Trump,Reforma laboral,,¿Al cine le quedan dos años? Cómo impactan los cambios de la ley laboral en la financiación de las películas argentinas,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Reforma laboral. Qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
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Aplausos y abrazos: la emoción de los familiares de víctimas cuando se aprobó la Reforma Penal Juvenil en Diputados
La media sanción del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados generó una reacción inmediata en los palcos, finalizado el momento de la votación. Es que sobre uno de los laterales estaban presentes familiares de víctimas de la inseguridad y de crímenes cometidos por adolescentes, que aplaudieron la decisión en un clima de emoción y abrazos.
Al aprobar el proyecto de ley, la mayoría de los diputados le dedicaron un fuerte aplauso a los representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, y de los allegados directos de familiares asesinados que asistieron al debate.
Entre los presentes, asistieron Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Adriana Mónica Álvarez, la familia Sperani, Laura Fernández, Romina Monzón, Virginia y Guillermo Bargna, así como a Marcos Rodríguez, todos familiares de víctimas y referentes de asociaciones.
Durante la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, destacó la relevancia de la presencia de estos invitados, al subrayar que es una de las pocas ocasiones en que el oficialismo autoriza el acceso de público a los balcones en un día de debate clave.
“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, dijo el jefe del bloque libertario. En ese instancia, oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para darles un primer aplauso por unos minutos.
También en sectores del peronismo y la oposición “dura” hubo acompañamiento. Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), la diputada Cecilia Moreau saludó a los familiares y recordó el impulso al Observatorio de Víctimas durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara.
“Tuvimos la suerte de ser nosotros, cuando Sergio Massa presidía la Cámara, quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”, expresó. Al momento de la votación, los legisladores del Frente Renovador apoyaron varios artículos de la iniciativa en la votación en particular.
El presidente de Diputados, Martín Menem, también reconoció la participación de los invitados en la sesión.
La aprobación en Diputados del proyecto que había sido impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional y ahora senadora, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
El texto plantea la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y fue respaldado por legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, además de La Libertad Avanza.
El peronismo votó en contra de manera unificada, aunque durante la votación en particular, integrantes del Frente Renovador se diferenciaron y apoyaron la reducción de la edad de punibilidad.
El nuevo régimen no solo establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, sino que introduce alternativas para condenas menores a 10 años: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricción de acceso a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
Entre los familiares presentes, Romina Monzón —madre de Jeremías Monzón, adolescente asesinado recientemente— relató ante la prensa las circunstancias del crimen de su hijo, ocurrido menos de dos meses atrás.
“Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.
Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó conmoción pública tras la viralización de las imágenes del hecho, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores.
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Causa por desvío de fondos: la Justicia sospecha que al menos US$50 millones de la AFA nunca llegaron a los clubes
La Justicia federal avanza sobre un presunto desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostiene que al menos US$50 millones generados en el exterior nunca habrían llegado a los clubes.
Esa cifra surge del análisis de transferencias realizadas a través de una serie de sociedades que, según el expediente, no registran una actividad económica clara y habrían sido utilizadas para recibir y mover dinero recaudado fuera del país.
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El monto bajo sospecha se compone de transferencias a cinco firmas: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$ 3 millones), Velpasalt LLC (US$ 14,7 millones) y Dicetel (US$ 4,8 millones).
En conjunto, los investigadores estiman que esos US$50 millones forman parte de un circuito que está siendo reconstruido en sede judicial.
La causa es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona.
En una de las últimas resoluciones, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a las sociedades Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
TourProdEnter LLC, del empresario Javier Faroni, aparece señalada en el expediente como la empresa que administró y recaudó fondos de la AFA en el exterior, por un total aproximado de US$260 millones.
Según la investigación, esos ingresos se habrían generado a través de contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Parte de ese dinero es el que ahora se busca rastrear para determinar su destino final.
Desde el Banco Coinag aclararon que la entidad “no forma parte de la causa” y remarcaron que “las actividades del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. En la misma línea, señalaron que el oficio recibido “es un requerimiento normal que se contestará”.
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No obstante, en el expediente consta que una declaración testimonial del propio banco permitió establecer que se había utilizado una certificación contable falsa.
Según se determinó en sede judicial, ese documento (atribuido a un contador) fue presentado para la compra de vehículos y no había sido emitido por la entidad bancaria, extremo que quedó acreditado en la investigación.
El avance judicial no se limita al circuito internacional. En paralelo, el juez Armella ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución.
La medida se inscribe en la misma causa que investiga el funcionamiento de Sur Finanzas, una financiera acusada de montar un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas calificadas como “usurarias”.
Según consta en la causa, esos préstamos se habrían otorgado a cambio de derechos de televisación y el mecanismo habría contado con aval, permiso o recomendación de la AFA. En ese marco, la Justicia también requirió información sobre la relación entre Banfield y Sur Finanzas.
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El listado de personas físicas alcanzadas por los pedidos de información bancaria incluye a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano a Claudio “Chiqui” Tapia; su madre, Graciela Vallejo, presidenta formal de la compañía; Agustín Vallejo; y otros nombres mencionados en el expediente como Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa. También figura Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield.
Además, los investigadores analizan documentación vinculada a la transferencia del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo FC de Brasil.
De acuerdo con lo incorporado al expediente, se investiga si esa operación se habría concretado mediante una operatoria con criptomonedas y si existió una presunta falta de declaración en la Argentina, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad de los fondos.
Mientras tanto, la causa sumó en las últimas horas una batería de nuevas medidas, entre ellas acciones procesales sobre Javier Faroni, titular de TourProdEnter.
El objetivo, según fuentes judiciales, es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los fondos generados por la Selección y otros activos de la AFA efectivamente ingresaron al sistema local y llegaron a los clubes o si quedaron en estructuras intermedias en el exterior.
AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
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