POLITICA
Fentanilo mortal: fotos y documentos del laboratorio que estaban montando los dueños de HLB en la Triple Frontera

El escándalo por la contaminación del fentanilo, que habría provocado la muerte de al menos 53 personas, ya tiene derivaciones fuera del territorio argentino. Las autoridades de Paraguay decidieron inspeccionar esta semana un complejo industrial ubicado en Ciudad de Este tras conocerse que los responsables de la empresa HLB Pharma y de la droguería Alfarma estaban montando un nuevo laboratorio. Los documentos oficiales, a los que accedió Infobae, revelan que en ese lugar hay 82 máquinas, valuadas en casi 84 millones de dólares, y que el emprendimiento “se encuentra en proceso de montaje”.
El procedimiento tuvo lugar esta semana en el Complejo Empresarial Global, un enorme predio de 40 hectáreas ubicado en Ciudad del Este. Al menos seis funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de Paraguay ingresaron al galpón donde está la maquinaria, sacaron fotos, y secuestraron documentación.
En el acta oficial, escrita a mano, se destaca que el local “se encuentra en proceso de montaje de panelería y equipamiento” pero también se aclara que “no se identificaron materias primas, insumos farmacéuticos, productos terminados ni evidencia de almacenamiento de los mismos”.
El documento lleva la firma de seis funcionarios de la DINAVISA y un responsable del predio que estuvo presente.

La inspección de oficio se hizo horas después que el diario La Nación reveló la posible existencia de un laboratorio en Ciudad del Este de los mismos dueños de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo, y Alfarma, las tres empresas investigadas por la Justicia argentina por la contaminación del fentanilo.
No encontraron un laboratorio en funcionamiento, y muchos menos rastros de fentanilo, pero sí encontraron maquinaria muy valiosa que habría sido importada desde China a la Argentina, y que luego se habría trasladado en camiones hacia Paraguay. “Se observa la existencia de equipamientos con potencial uso en procesos sujetos a regulación por parte de esta Dirección Nacional”, escribieron los funcionarios paraguayos en un acta acompañada por una docena de fotografías.

Por su parte, el Complejo Empresarial Global emitió un comunicado en que detalla que la maquinaria llegó a ese lugar entre junio de 2023 y abril de 2024. “Fueron enviados 25 despachos de internación, totalizando 82 maquinarias y equipos, declarados como líneas de producción para la elaboración de productos Biotecnológicos, propiedad Alfarma S.R.L. y fueran enviados a Zona Franca Global del Paraguay EN CARACTER DE DEPÓSITO y fueron consignadas a la empresa JUNO SA”, detalla ese mensaje.
Según público el diario ABC de Paraguay, la empresa JUNO SA estaría vinculada al senador Gustavo Alfredo Leite Gusinky, propuesto por el presidente Santiago Peña como embajador en Estados Unidos. Durante el gobierno de Horacio Cartes, Leite Gusinky fue ministro de Industria y Comercio y tenía contacto frecuente con empresarios argentinos.

De la documentación que intercambiaron las autoridades paraguayas y argentinas se destaca una nota firmada por uno de los dueños de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, donde figura que las 82 máquinas enviadas a Ciudad del Este costarían USD 83.905.103,60. Esa nota, fechada el 25 de febrero de este año, menciona equipos para producción de principios activos, una línea de producción desmontada para elaboración de biotecnológicos, y hasta máquinas para elaboración de barbijos.
“Dichas líneas de producción fueron consignadas a la empresa JUNO SA, RUC 80130596-9 y debido a las demoras en las gestiones propias, nos permitimos comunicarles que hemos designados TEMPORALMENTE a la Empresa OSAC INTERNACIONAL S.A. como consignatarios de las mismas a todos los efectos aduaneros y demás instituciones administrativas del Estado Paraguayo”, escribió García Furfaro.

El empresario fue allanado este viernes en su domicilio por orden del juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la investigación por las muertes derivadas del fentanilo contaminado. También se inspeccionaron las casas de sus hermanos, y varias empresas ligadas a la familia. En total fueron 19 procedimientos.
En la localidad de Moreno, en la sede de Cables Epuyen, una de las firmas del clan García Furfaro, se hallaron 29 palets con medicamentos de HLB Pharma, diclofenac y paracetamol, supuestamente derivados a ese lugar, “para resguardo y posterior análisis dispuestos por la ANMAT por presunto “desvío de calidad”.

En el expediente judicial hay datos muy incipientes sobre la pista de Paraguay. Tal como reveló Infobae, Ariel García Furfaro tiene más de 30 viajes a ese país entre 2013 y 2025. Diez de esos viajes fueron en los últimos 18 meses.Y muchos de los vuelos fueron en aviones privados.
El último viaje a Paraguay de García Furfaro, un empresario con reconocidos vínculos políticos con el kirchnerismo, se registró el 15 de marzo pasado. Ese día, el empresario viajó en un Lear Jet 31, matrícula LV BFE, propiedad del clan.
En ese vuelo también fueron Damian Roberto García, hermano de Ariel, y otras tres personas: Ignacio Ménendez Azcarraga, un español que fue fotografiado a bordo de una Ferrari en la ciudad de Mónaco, Roberto Andres Carluccio, un director técnico de HLB Pharma, y Diego Gustavo Castrillon, el contador de los hermanos García.

No fue el único viaje en avión privado. El 15 de agosto de 2024, los hermanos García Furfaro también utilizaron otro avión privado, matrícula LV-KJH, a nombre de la empresa Warrant SA.En ese caso se dirigieron al aeropuerto de Ciudad del Este.
“Utilizó los aeropuertos Silvio Pettirossi (Asunción), Puerto Falcón (cerca de Asunción) y Guaraní (cerca de Ciudad de Este)”, explicó un funcionario del área de Seguridad de Paraguay que también investiga la trama de los vuelos.

Los cruces fronterizos, especialmente los que se hicieron en aviones privados, ahora son vistos con atención por la Justicia tras la misteriosa desaparición de unos 5 kilos de citrato de fentanilo. “En marzo la ANMAT hizo una inspección en la sede de HLB y Ramallo y dejó constancia de esa cantidad pero cuando se hicieron los allanamientos, a fines de mayo, ya no estaban. El argumento de la empresa es que se destruyeron porque estaban vencidos”, explicó una fuente de la investigación.
Con esa cantidad de fentanilo se podían producir unas 10 millones de ampollas.
En Paraguay no encontraron rastros de fentanilo pero la maquinaria almacenada puso en alerta a funcionarios de la Aduana y de ARCA. “Esas máquinas se importaron de China, con dólares que autorizaba el Banco Central, y solo se podrían haber utilizado en nuestro país”, destacó un funcionario. El laboratorio, según pudo saber este medio, tuvo varias sede posibles hasta llegar a Ciudad del Este. Antes se había proyectado en José C. Paz y en Moreno, donde los García Furfaro tenían estrechos vínculos políticos.
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para definir si va o no a un paro general contra la reforma laboral

Tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Senado, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) anticiparon que su Consejo Directivo se reunirá este lunes con la finalidad de resolver o no el llamado a un paro general.
El encuentro, encabezado por el nuevo triunvirato de co-secretarios generales, se da bajo presiones internas que ejercen los distintos sectores gremiales agrupados en la central. Quienes están a favor del paro quieren que sea por 24 horas y de carácter general el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley con media sanción.
La advertencia de la CGT a Javier Milei: “Si se logra la media sanción, profundizaremos el plan de lucha”
La reunión será el lunes a las 16 horas y en formato virtual, ya que según Infobae se proyectan variadas ausencias debido a viajes motivados por el feriado puente de Carnaval.
El Consejo Directivo tenía previsto reunirse para debatir el avance de la reforma laboral y tomar eventuales acciones, pero la presión interna hizo que se anticipara el llamado a deliberar y en un día feriado. Lo cual apunta a darle una magnitud al estado de urgencia en el que se encuentra la CGT.
Los sectores más antagónicos a la reforma laboral son los partidarios de llevar una protesta más dura que la exhibida por la central gremial el día en que el Senado trató y aprobó el nuevo estatuto, la cual se manifieste en un paro general de 24 horas. Algo con lo que se amagó a realizar pero se desactivo debido a que no se consideraran dadas las condiciones para una medida de fuerza de esa naturaleza.
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POLITICA
La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral

Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.
El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por las fuertes presiones internas para hacer una protesta más dura contra la reforma laboral, ya que para muchos sindicalistas no alcanza con salir nuevamente a la calle.
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles o jueves próximos, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.
“El triunvirato preferían no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.
Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.
El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.
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POLITICA
La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil

Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.
La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.
“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.
Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.
Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.
El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.
Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.
Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.
Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.
En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.
Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.
Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.
“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.
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