El Gobierno encara una semana adversa en el Congreso, donde comenzarán a definirse las pretensiones de la oposición de avanzar con proyectos incómodos para Javier Milei, que anticipan un veto. Una herramienta constitucional a la que el Presidente ya recurrió en 2024. Pero esta vez la utilizaría en el tramo final de la campaña electoral, con los eventuales costos políticos que eso supone.

Los proyectos en cuestión buscan garantizar fondos para las universidades nacionales y el Hospital Garrahan. Se discutirán este martes en diferentes plenarios de comisiones; podrían obtener dictámenes y quedar a tiro de una abrumadora mayoría que luego los apruebe la Cámara de Diputados.

Leé también: Abuso sexual infantil: tras un polémico fallo, avanza en el Congreso un proyecto para eliminar la prescripción del delito

Los emplazamientos para estos tratamientos -es decir, la aprobación de discutir los proyectos en comisión-, lograron en Diputados mayorías que superaron los 160 votos a favor, cuando el número indispensable es de 129 voluntades que acompañen.

Mientras tanto, de manera controvertida -se autoconvocó, aunque con mayorías reglamentarias-, el Senado prosperó con los dictámenes de los aumentos del 7,2% para las jubilaciones y el incremento del bono para los ingresos pasivos mínimos. Con menos acompañamiento, también avanzó con la prórroga de la ley de moratoria previsional, caída desde marzo de este año. Además de la declaración de la emergencia en discapacidad, que también prevé un aumento en las pensiones.

Leé también: Discapacidad y pensiones por invalidez: números de una crisis que deja a miles de familias cerca del abandono

Según el Gobierno, todas estas iniciativas ponen en riesgo el déficit cero. Por eso el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticiparon que serán vetadas, en caso de ser sancionadas. Y aun cuando la oposición fundamentó -con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)- que no generan desequilibrios fiscales, y que en la propuesta de aumento de jubilaciones se detalla la manera de financiarlo sin descompensar las cuentas públicas.

Los primeros debates

El martes, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -que el libertario José Luis Espert tiene blindada desde hace meses-, se discutirán ambas iniciativas para financiar las universidades públicas y los hospitales pediátricos.

A las 12, Espert deberá lidiar con las comisiones de Salud y de Familia, encabezadas por Pablo Yedlin (Unión por la Patria) y Roxana Reyes (UCR), respectivamente, para discutir la declaración de emergencia en pediatría. Y a las 16, se le sumará la comisión de Educación, conducida por Alejandro Finocchiaro (PRO), para tratar la situación de las casas de altos estudios.

Pese a las diferencias mostradas en la última sesión -la que se levantó en medio de un escándalo-, la oposición está unificada en la necesidad de avanzar y sancionar estas normas.

La que busca declarar la emergencia pediátrica por el término de dos años lleva la firma de diputados de Unión por la Patria. Uno de los artículos contempla los reclamos de los trabajadores del Garrahan y exige “la recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes”.

En cambio, en los proyectos referidos al financiamiento universitario, no solo están las propuestas de los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Danya Tavela (Democracia para Siempre), sino aquel presentado por los rectores de las facultades de todo el país, quienes aseguran que no pondrá en riego el déficit cero.

Leé también: Milei dio un discurso en el templo evangélico más grande de la Argentina: “La justicia social es un pecado capital”

Un debate de estas características ya se realizó durante el 2024, cuando el Congreso aprobó el financiamiento para las universidades, primero en Diputados y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por Milei. Días después el veto resultó blindado por 85 diputados, quienes impidieron conseguir los dos tercios del Cuerpo para rechazarlo.

La agenda en el Senado

Unión por la Patria logró -junto a los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri- dictaminar dos iniciativas, también cuestionadas por la Casa Rosada por su costo fiscal.

En la declaración por dos años de emergencia en discapacidad se plantea, entre otros puntos, una actualización de las pensiones correspondientes y los aumentos del 7,2% en las jubilaciones. Los dictámenes -cuestionados por La Libertad Avanza- están en condiciones de llegar al recinto esta misma semana para ser convertidos en ley, ya que cuentan con la sanción de Diputados.

El reclamo de los gobernadores

En la última semana los gobernadores le enviaron una fuerte señal al Ejecutivo. No solo pueden dañar al oficialismo en la construcción del quórum en ambas cámaras legislativas, sino que también buscan ser escuchados en sus propuestas de coparticipación de impuestos en la mesa -aún abierta- con la jefatura de Gabinete.

Por intermedio del amplio arco de la oposición en el Senado, que incluyó a sectores antagónicos como José Mayans (UxP) y Alfredo de Ángeli (PRO), presentaron su reclamo mediante un proyecto de ley listo para comenzar su tratamiento en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos que preside Víctor Zimmermann (UCR).

“Los proyectos presentados responden a una demanda histórica: terminar con el reparto discrecional de fondos fiduciarios nacionales -advirtió el senador radical Eduardo Vischi-. La propuesta contempla la eliminación de fideicomisos que actualmente operan por fuera del presupuesto y cuya asignación de recursos escapa a controles efectivos. En su lugar, los fondos se coparticiparían automáticamente entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con criterios preestablecidos”.

Leé también: En medio de la pelea con los gobernadores, la Casa Rosada busca que las provincias se hagan cargo del Procrear

“Contrario a lo que algunos sectores libertarios temen, la iniciativa no afecta las finanzas nacionales -agregó el legislador correntino-. Los fondos que se redistribuyen ya están afectados a funciones específicas que, en la práctica, ejecutan las provincias. Además, eliminamos estructuras opacas que dificultan el control y el uso eficiente del gasto público”.

“El espíritu de ambos proyectos es de carácter institucional y constructivo. No se trata de atacar a nadie, ni de generar conflictos. Se trata de construir un país más justo, con provincias fuertes y un Estado nacional que actúe con transparencia y responsabilidad”, concluyó Vischi.

Diputados, Jubilaciones, universidades