La fiscal federal Laura Roteta impulsó una investigación para determinar la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el caso del fentanilo contaminado.

La fiscalía busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa en la que ayer se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo contaminado.

En un duro dictamen, la fiscal le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), informaron fuentes con acceso al expediente. Está previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y reprime a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso “resultare la muerte de alguna persona”.

Según la fiscal, había fallas en todo el sistema productivo, tal como exhibió el peritaje del Instituto Malbrán. Sin embargo, la Anmat no frenó la producción del fentanilo contaminado.

Hoy, después de conocidas las órdenes de detención, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio. No así a la la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, que el viernes pasado fue respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en una entrevista con TN.

Roteta, que es la fiscal del caso, contó con un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre el ineficiente control que ejerció el Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Todo indica que después de estas presentaciones a la Anmat se le revocará su condición de querellante (parte acusadora) en el expediente.

El período en el que se investiga la actuación de la Anmat va de 2018 a la actualidad, informaron fuentes con acceso a la causa.

La PIA analizó 273 expedientes administrativos sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que fueron una prueba central para revisar la actuación de la Anmat, es el organismo regulador.

Un dato clave para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Pero recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento a [las observaciones por] las deficiencias” y presentar una serie de “acciones correctivas”. Fue en mayo cuando la agencia regulatoria dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo. Fallas que comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.

Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el documento oficial.

La Anmat, que depende del Ministerio de Salud, no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; tampoco dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.

La funcionaria a quien hoy el Gobierno separó de su cargo es Gabriela Mantecón Fumadó, que era la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

Tanto Bisio como Mantecón Fumadó eran funcionarias de carrera. Bisio fue designada en diciembre de 2023. Hasta ese momento, estaba a cargo de la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos de la Anmat. Mantecón Fumadó es una abogada que llevaba 20 años en la Anmat.

Con amplia mayoría, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada una nueva resolución para resucitar la comisión investigadora del caso $LIBRA, un escándalo que salpica al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

La resolución se aprobó con 138 positivos, 91 negativos y 7 abstenciones.

Los libertarios y sus aliados se las habían ingeniado para bloquear durante tres meses el funcionamiento de este cuerpo, pero la oposición logró extenderle la vida a la investigación hasta el 10 de noviembre próximo.

En rigor, la comisión investigadora se creó en abril pasado, pero el oficialismo aprovechó los defectos de la resolución que le dio nacimiento para empardarle en cantidad de miembros a la oposición, impidiendo así la designación de autoridades y el avance de la investigación. Ante esta situación de parálisis, la oposición presentó un nuevo proyecto con un mecanismo que le asegure la presidencia de la comisión.

El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero pasado, cuando el presidente Milei promocionó en su cuenta en X la criptomoneda $LIBRA, la cual se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a sus inversores. La polémica escaló cuando se reveló que Milei había mantenido reuniones previas con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y el americano Hayden Davis. El acceso al presidente fue franqueado por su hermana, Karina Milei, según los registros de audiencias de la Casa Rosada.

“Tenemos que seguir investigando porque necesitamos una explicación pública que el presidente no supo dar –enfatizó el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal)-. El presidente no explicó aún, de ninguna forma, por qué promocionó $LIBRA. ¿Quién le dio el contrato para que pueda postear eso? ¿Por qué se asoció a Hayden o a Julian Peh? ¿Cuáles son los viajes, las reuniones, y por qué estuvieron involucrados funcionarios? Tampoco se explicó, y deben explicar, si alguien cobró por las reuniones, por el posteo, por algo de todo esto”.

Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz retrucó que “no hay elementos para cuestionar la actitud del presidente Milei” y que el posteo que realizó para promocionar la criptomoneda “no era oficial” y que lo hizo “ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”.

Por otra parte, Mayoraz advirtió que los plazos para llevar adelante la investigación, originalmente de tres meses, ya están vencidos. “No hay ningún motivo para continuar con este circo –enfatizó-. El presidente ordenó una investigación, dejó en claro su posición y no tiene nada que ocultar. Lo que pretenden (los opositores) es encubrir todos los desastres que han hecho en el kirchnerismo cuando fueron gobierno. No tienen ninguna autoridad moral para señalar con el dedo al presidente en su conducta”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro embistió contra el bloqueo oficialista a la investigación.

“Ustedes bloquearon para garantizarle impunidad al presidente y a su círculo más íntimo que le llevó a unos marginales como Davis, Morales, Terrones Godoy, Novelli”, planteó.

Sobre el final, el diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria) buscó acorralar al oficialismo. “Nosotros lo que queremos saber es si Milei estafó o no”, acicateó.

“La respuesta es fácil -respondió el libertario Álvaro González-. Cuando la Justicia condena a alguien por estafa termina preso, con tobillera y saltando en un balcón (en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner)”.