Apenas el Senado dio media sanción al proyecto de modernización laboral, estalló una controversia alrededor de una norma que regula las licencias por enfermedad y accidentes. Algunos diputados aliados manifestaron al Ejecutivo sus dudas y hoy a la tarde la CGT se reunirá para decidir un plan de acción. Por eso, el Gobierno aceptará que se introduzcan los cambios en la reglamentación o en una nueva ley.

Patricia Bullrich confirmó anoche en TN que se propondrá a los sectores críticos que en la reglamentación de la ley o en un nuevo proyecto que se apruebe por separado se diga que no sufrirán descuentos en sus salarios los trabajadores que necesiten licencias por sufrir enfermedades degenerativas o incurables.

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En Balcarce 50 dicen que tienen los votos para avanzar y sancionar la ley, como pretende Javier Milei, a más tardar el 26 o 27 de febrero.

¿Cuántos votos tiene el Poder Ejecutivo? A esta hora, en el punteo que lleva adelante Diego Santilli, ya estarían garantizados 131 votos, pero la mesa política está convencida de que sumará entre 138 y 140 votos.

Falta cerrar con algunos legisladores provinciales (Santa Fe y Córdoba), pero sobrarán votos para aprobar la norma. Y Milei podrá así consolidar un gran triunfo político.

En el Senado, el proyecto se aprobó con una mayoría holgada de 42 votos contra 30. En Diputados, el Ejecutivo ya tiene garantizado el quórum y algunos votos más.

El Gobierno le imprime ritmo de vértigo a su avanzada parlamentaria. El miércoles ya está convocado y se reúne el plenario de comisiones para sacar dictamen y llevar el proyecto al recinto.

¿Cuándo se hará el debate? El mismo miércoles se decidirá, en función del dictamen y de la negociación. Pero el debate se hará este jueves 19 o, a más tardar, el jueves 26.

La controversia estalló cuando trascendió el contenido del artículo 44 de la iniciativa, que a muchos legisladores les hace ruido.

La polémica por las licencias médicas

El proyecto modifica el sistema de licencias médicas por enfermedad y por accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia– por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.

Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante una carrera o un partido de fútbol.

En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos– el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.

Muchos senadores dicen que el artículo los sorprendió porque fue introducido a último momento, poco antes de la votación. La pregunta es si el Ejecutivo podrá sostenerlo en Diputados.

“No habrá cambios. En la mayoría de los países se aplica ese mecanismo. Si el trabajador falta al trabajo porque se enfermó o sufrió un accidente, el empleador le puede hacer un descuento. Además, es la forma de terminar con la industria del juicio”, aseguraron en la Casa Rosada.

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Hay, claro, varios diputados aliados que hacen saber que no votarán esa norma, que parece odiosa y que le resta derechos a los trabajadores. Y dan el ejemplo de quien sufre una enfermedad grave como un cáncer. Esos legisladores dicen que parece excesivo que el empleador le pueda descontar parte del salario.

El Gobierno propondrá que esas circunstancias sean incorporadas en la reglamentación, para atenuar el impacto de la reforma. Esa será la oferta para salvar el problema y que Javier Milei cuente con la sanción antes del 1 de marzo, cuando inaugurará el periodo de sesiones ordinarias.

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El Gobierno prepara denuncias contra los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras se desarrollaba el debate en el Senado.

Fuentes de Casa Rosada indicaron que las denuncias “se están terminando de formular”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron las figuras que se iban a utilizar eran las de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló esta mañana a A24 que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso.

Los funcionarios nacionales indicaron que todavía no está determinado si se inicará algún tipo de denuncia o acusación por terrorismo. Y es que uno de los puntos de mayor tensión durante la movilización de ayer fue la imagen de un grupo de personas preparando y arrojando bombas molotov a los efectivos policiales.

“Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas”, había tuiteado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer durante el desarrollo de los incidentes. En Seguridad Nacional marcan que todavía no se identificó a ninguna de las personas que participaron de estos hechos ni una confirmación exacta de a qué organizaciones responden.

“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, marcó la ministra esta mañana en una entrevista televisiva. Al ser consultada, Monteoliva marcó que se podría tratar de “una ala de la izquierda combativa, los que se autodenominan antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que podían tener las bombas molotov”. “Había un grupo de socialistas beligerantes. Los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, agregó.

En el Gobierno confirman que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). “Se corrieron, estaban negociando mientras los demás tiraban bombas molotov. Entendieron que no había que escalar el nivel de violencia”, afirmó un funcionario nacional a Infobae.

Monteoliva informó que se están resguardando todas las imágenes y que ya se solicitaron a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. La ministra atribuyó los hechos a “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir al personal y generar caos”, aunque no se presentaron pruebas ni se precisó la vinculación partidaria. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad consignan que hubo 20 detenciones durante el operativo de ayer que quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Este. De este grupo de personas, ayer a las 23 horas se liberaron a cinco personas, que quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas la enorme mayoría sea puesta en libertad.

Como otro de los saldos, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con perdido de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos fueron traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

El Gobierno consignó que se produjeron roturas de baldosas en la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires estimaron en $270 millones el costo de la reparación del espacio público dañado durante la protesta. En total, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza. También hubo roturas y vandalismo tanto en calles como en veredas de la zona.

Finalizada la movilización, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana puso en marcha un operativo de limpieza que contó con la participación de 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

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La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definirá este lunes si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado y que comenzará a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados. La reunión del Consejo Directivo fue adelantada en medio del malestar sindical por el avance del oficialismo.

Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, aseguró que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La definición formal quedará en manos de la conducción, que se reunirá de manera virtual, a las 11.

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La central obrera endureció su postura en las últimas horas, luego de que distintos gremios reclamaran una reacción frente al tratamiento legislativo del proyecto. El Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día del debate en Diputados.

El anuncio se produce en un contexto de tensión interna entre los sectores más dialoguistas y aquellos que reclaman una medida inmediata. La discusión se aceleró ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.

Presión sindical y mensaje a Diputados

Jerónimo envió un mensaje directo a los legisladores nacionales. “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, dijo.

En la previa de la reunión, el dirigente insistió en que la central obrera usó todas las herramientas disponibles para intentar acordar. “Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, sostuvo en Radio Con Vos.

También cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa. “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa, carga ideológica, va en contra de los derechos laborales. Se hizo para tapar el fracaso del plan económico del Gobierno”, afirmó.

Los puntos en conflicto de la reforma

El rechazo sindical se concentra en las modificaciones sobre indemnizaciones, jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento de las asambleas sindicales. También generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que contempla una reducción de hasta el 50% del salario en determinados casos.

Desde el Gobierno defendieron esos cambios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”. Además, sostuvo que la medida busca limitar licencias prolongadas que generaron “costos ocultos” para las empresas.

Para Jerónimo, el ministro “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores”.

Qué puede pasar en el Congreso

La reforma laboral comenzará su debate en comisiones de Diputados esta semana, aunque la fecha de sesión aún no fue confirmada. El oficialismo busca acelerar el tratamiento, mientras que en la oposición dialoguista persisten dudas sobre algunos artículos.

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En ese escenario, la CGT evaluará si formaliza un paro nacional de 24 horas como herramienta de presión política y legislativa. La decisión quedará definida tras la reunión de este lunes.

“Vamos a exigirle a la CGT un paro con movilización”, adelantó Abel Furlán, secretario de la UOM, en declaraciones a Futurock, y alertó que “la gente se empezó a dar cuenta de que esto es pérdida de derechos”

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