POLITICA
Análisis | Milei, ante los riesgos de la política de alta intensidad
Nada intenso dura tanto. Ni en el amor ni en la política. Es una lección que los oficialismos de alta intensidad como el kirchnerismo y ahora el mileísmo suelen pasar de largo: el espejismo de protagonizar un cambio de régimen definitivo les impide ver el bosque de la sostenibilidad de largo plazo. Ese futuro requiere una normalidad que atempere las demandas sociales por empezar todo de cero. En esa confusión de lo intenso con lo que cala hondo y permanece, el mileísmo puede estar acelerando su propia finitud: busca en la batalla cultural la certeza confirmatoria de una hegemonía todavía pendiente y la supervivencia eterna del nuevo régimen macroeconómico, mental, cultural y vital.
En realidad, esa batalla puede convertirse en el puntapié inicial de lo contrario, el gradualismo más temido: la consolidación acumulativa de un hartazgo social que un día gire 180 grados y se deshaga de todo, otra vez. ¿Le puede pasar a La Libertad Avanza?
El Gobierno es consciente de ese riesgo aunque lo minimice y, al contrario, ponga a la batalla cultural ampliada como un eje clave de su estrategia de gestión. Ayer, en el balance del resultado de las facultades delegadas, Federico Sturzenegger, uno de los hombres clave de Milei y de los más fríos en su razonamiento, se refirió a ese punto: “En estos días que se discute tanto el estilo y las formas de Javier, saben que Javier tiene una frase que dice que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Entonces yo les digo: ¿ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución o uno aguerrido pero que la cumple?”. El ministro de Desregulación planteó ese dilema para destacar el cumplimiento de la ley y de la Constitución, según su análisis, en cada desregulación de su autoría.
Hay una cuestión clave: que el sobregiro de la intensidad mileísta ponga en riesgo los logros que le permiten trazar un puente con una Argentina razonable y con futuro. Es decir, arriesgar la macro racional en aras de una batalla de intensidad identitaria que aleja aliados, exacerba enemigos y siembra, eventualmente, el rechazo futuro de parte de la ciudadanía. El mileísmo gobierna como si fuera el dueño absoluto de la cancha, y para siempre, pero la política sabe que, más tarde o más temprano, llega la alternancia. El despoder actual de Cristina Kirchner es la prueba viviente de ese proceso.
No sólo se puede complicar el futuro sino también el presente. El 9 de julio convertido en Día de la Independencia de la oposición, con los gobernadores amenazando con dejarlo solo al Presidente en la fecha patria. La Argentina de macro y matriz económica normalizada y racional requiere de votos en el Congreso. Por más que el Gobierno descree de los consensos, necesita de negociaciones que aseguren el apoyo de sus proyectos de ley. Ni aunque gane las elecciones de este año contará con votos propios para esas transformaciones.
Desde hace semanas, la oposición dura y también la más dialoguista se le empieza a animar al Gobierno. El destrato por parte del Presidente y la estrategia de Karina Milei para ganar territorialidad, que empieza a excluir alianzas provinciales y le compite a los gobernadores aliados en su propio territorio, tensan la cuerda. Está clara la estrategia: consolidar La Libertad Avanza y su autonomía en el Congreso con candidatos propios aunque corran el riesgo de perder la elección. La mira está puesta en 2027. Pero para eso, hay que llegar. Pero antes, para llegar, el Gobierno deberá buscar votos prestados en el Congreso.
La política de la identidad que castiga a ajenos está complicando esa posibilidad tanto en el Senado como en Diputados. El kirchnerismo duro, los radicales de Lousteau y otros legisladores inclusive de Pro empieza a mostrar mayor iniciativa.
El caso del mileísmo puede ser todavía más grave que el del kirchnerismo en relación a esa ceguera subida al mangrullo del poder. Su dogma identitario y la autopercepción de un destino de superioridad moral suma una capa desconocida para el poder político en la Argentina: una identificación explícita entre política y religiosidad, cultivada estratégicamente. Entre todos los registros posibles, Milei eligió hacer política con el tono del que evangeliza. Su palabra y sus estampitas presidenciales se confunden con el lenguaje de una religión atávica, una emocionalidad religiosa de cruzado que distribuye amenazas entre promesas y milagros. Un Estado que hace exactamente lo mismo que el Gobierno dice combatir: adoctrinamiento.
La nueva alianza de Milei con la fe suma ahora a los evangélicos. La muestra perfecta fue el sábado, en el Chaco. ¿Por qué Milei se sube al púlpito de una iglesia evangélica de tanta popularidad? Más allá de los intangibles religiosos, también están los intereses electorales.
En Chaco, Milei creyó encontrar en “el Estado como el maligno” el puente doctrinal con los preceptos evangélicos, centrados en parte en una teología de la prosperidad. En la posibilidad de predicar sus ideas frente a decenas de miles de creyentes, dio el primer paso para institucionalizarlos como target de su campaña electoral.
Territorialidad, fiscalización y votos: es un combo imprescindible para el éxito electoral en este 2025. Desde Chaco, Milei le habló a la congregación evangélica del norte argentino pero, también, a la tercera sección electoral: la batalla por la provincia de Buenos Aires se juega también en la capilaridad evangélica del conurbano bonaerense, una red de más de 5000 iglesias evangélicas, con pastores que ya hace tiempo se parecen bastante a los clásicos punteros: cercanos a los problemas de la gente, aportándole soluciones propias o cumpliendo el rol de intermediarios entre esas demandas y el Estado.
Es un formato inaugurado por el peronismo con Duhalde, cuando en 2002 incluyó a los evangélicos en la Mesa de Diálogo Nacional y culminó con el kirchnerismo, cuando Verónica Magario, en sus años de intendenta en La Matanza, creó en 201 la secretaría de Culto y puso a un pastor evangélico al frente. Los evangélicos demostraron su poder de movilización en la calle en 2018, cuando marchaban en contra de la legalización del aborto.
Pero en ese campo de creyentes Milei también siembra riesgos. Ayer, tres organizaciones representativas de las iglesias evangélicas argentinas hicieron un duro cuestionamiento a Milei. La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la Pastoral Social Evangélica y la Asociación de Iglesias Pentecostales de Argentina hicieron público un documento. “Deje de actuar como el Faraón y escuche al pueblo que sufre”, plantearon. La radicalización de Milei también dividiendo a los creyentes a los que quiere convencer. Queda planteada la duda: O Milei es dueño de un oído absoluto en torno a las necesidades de la gente o está alejando votantes potenciales peligrosamente.
El gobierno de Milei tiene dos aliados incondicionales: la inflación a la baja y el legado imposible del kirchnerismo que no deja de dar sorpresas y no da descanso a Cristina Kirchner, al kirchnerismo y sus herederos políticos. Acaba de reabrirse el capítulo YPF y ahora se inaugura un nuevo episodio con la crisis del fentanilo que ya se llevó 53 vidas. El rol del kirchnerismo en ese entramado empieza a saltar a primer plano.
En el caso YPF, el Gobierno va a fondo. Ese esquema le da todas las oportunidades para traer a escena el fantasma del kirchnerismo y los males que acarrearía su regreso. “Están empezando a ir presos”, oró Milei desde el púlpito de la iglesia de las Puertas del Cielo.
El problema es que el mismo Gobierno le quita fuerza a esos recordatorios de la matriz kirchnerista. Hay denuncias judiciales que pesan sobre el Gobierno y empiezan a leerse en el formato kirchnerista de capitalismo de amigos, Estado cooptado y corrupción. “Las valijas del poder”, posteó en X el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
Con el caso de las diez valijas que habían sido negadas por el vocero Manuel Adorni y ahora la Justicia corrobora, el Gobierno empieza a entrar en zona de riesgo: que la lógica de su gestión empiece a codificarse a partir de un modo de construir poder que nació con Menem y el kirchnerismo llevó a la enésima potencia. En este hecho puntual, el formato original son las valijas de Antonini Wilson. La Justicia investiga el episodio. Falta tiempo para conocer sus derivaciones definitivas.
El problema del dilema que plantea Sturzeneger, formas amables versus fondo tan transformador como efectivo, parte de una premisa que no es necesariamente verdadera: desde que llegó al poder, Milei tuvo la opción de avanzar fuerte con la batalla cultural de mayor consenso, la macroeconómica y productiva, sin espantar aliados necesarios. Optó en cambio por un avance feroz sobre cuestiones alejadísimas de la esfera material y más vinculadas con las creencias personales, todo con un formato de máxima crispación. Decidió ir todavía más allá de las ramificaciones de la batalla cultural woke, con el desafío a una cultura cancelatoria en cuestiones de lenguaje, o de cultura ciudadana, con el fin de la ocupación de la calle como bandera, que también tenían consenso en su base ampliada de votantes.
Desde hace meses, Milei va más lejos, hasta una cruzada de tono religioso impensada en la Argentina de las últimas cuatro décadas. Las tensiones que incuba innecesariamente pueden despertar reflejos perdidos en la oposición y condicionar su capacidad de transformación.
POLITICA
Aceleración oficialista en el Congreso: giro al “realismo libertario” y golpe al discurso anticasta
Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.
Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.
Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.
Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.
En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.
Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.
Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.
Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.
El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.
La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.
En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.
Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.
La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.
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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.
“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.
Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.
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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.
Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».
Reforma laboral: el sindicalismo volverá a las calles y realizará una medida de fuerza
Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.
La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.
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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.
De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.
CGT, Paro, reforma laboral, Diputados, Gremios
POLITICA
Semana negra para el PJ: un posible quiebre en el Senado, el enojo entre gobernadores del norte y las derrotas en el Congreso
El peronismo afrontó su peor semana política desde que comenzó el año. Perdió dos votaciones clave en el Congreso -la reforma laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados-; y votó dividido en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.
Las malas noticias continuaron ayer, cuando la Cámara de Casación Penal rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin horarios y cantidades pautadas, además de poder utilizar la terraza y que se le saque la tobillera electrónica que lleva puesta desde el momento en que quedó detenida.
La única novedad positiva fue que en el Senado el interbloque con diferentes sectores del peronismo votó en unidad. Una rareza en estos tiempos de múltiples fragmentaciones que afectan al peronismo. Fue un hecho circunstancial. La unidad política se quebró hace tiempo. El peronismo del interior tiene cada vez más diferencias con el kirchnerismo. El entrelazado dirigencial en el Senado subsiste porque peor es estar fragmentados.
De todas formas, durante la votación uniforme contra la reforma laboral pudieron achicarse algunas diferencias internas que, en muchos casos, tienen más que ver con posicionamientos ideológicos y formas de construir poder, que con la postura en temas esenciales de la discusión de fondo que ha propuesto dar Javier Milei.
La semana que viene puede haber novedades en el Senado. Existe la posibilidad de que, finalmente y después de varios cortocircuitos, el interbloque del peronismo se rompa definitivamente. Miércoles y jueves serán días importantes para el futuro del armado que aglutina a las diferentes ramas del Justicialismo. Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) están analizando cuál es el momento para quebrar un lazo que ya no tiene sustento.
Aún no hay acuerdo uniforme entre ellos. La idea principal que tienen es seguir unidos como bloque, pero hay diferencias en la cúpula que tensionan todas las negociaciones. La principal es que existe un fuerte enojo de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz con el riojano Ricardo Quintela. ¿El motivo? En los días previos a la votación de la reforma laboral, según aseguran fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones, el “Gitano” llamó a Jalil para decirle que si no votaban en contra, iban a intervenir los PJ de sus provincias.
“El Gitano pasó de enfrentar a CFK, a ser su vocero. Justo con Jaldo y Sáenz que fueron quienes les prestaron avales cuando intentó competir con ella por la presidencia del PJ Nacional”, advirtió a Infobae un dirigente muy cercano a los gobernadores. La referencia es la feroz pelea que Quintela y CFK tuvieron por la renovación de autoridades del partido y que terminó con la imposibilidad del riojano de poder competir.
De la situación conflictiva entre los gobernadores del norte provino la denuncia pública del mandatario salteño, cuando aseguró que el kirchnerismo estaba amenazando gobernadores y legisladores. El futuro de Rejal, que responde a Quintela, es incierto. Como también es la posibilidad de sumar a un nuevo bloque a la salteña Flavia Royón.
Por el momento, no hay gestiones del sector kirchnerista para evitar la ruptura que, de concretarse, puede abrir la puerta a un proceso de desbande que está latente desde hace más de un año. Y la posibilidad de que eso suceda, en un 2026 clave para la construcción de un nuevo proyecto, es alta.
El quiebre simbólico más importante de las semana que pasó tal vez haya sido el que tuvo lugar cuando se debatió el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque allí quedaron bien expuestos los perfiles ideológicos de cada tribu. El sector más de izquierda, como La Cámpora o Patria Grande, de Juan Grabois, votó en contra, mientras que la mayoría de los diputados del peronismo del interior y el massismo votaron a favor.
La iniciativa para que un sector del bloque votara a favor del acuerdo la tomó el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. El santafesino planteó su apoyo a la iniciativa durante la primera reunión de bloque que hubo en la previa de la votación. En un primer momento tuvo pocas adhesiones, pero para el segundo encuentro ya había ganado el respaldo de varios diputados del interior.
La postura inicial de Rossi la terminó complementando Germán Martínez, presidente del bloque justicialista, quien buscó un acuerdo integral pero, al tercer encuentro previo de todo el bloque, advirtió que la división estaba marcada y había que votar por separado como espacio. Finalmente, se sumaron distintos legisladores, de diferentes campamentos, que aportaron un número importante para que el acuerdo se retifique,
Entre algunos dirigentes del PJ federal hay cada vez más contactos cruzados, buscando acercar posiciones con dirigentes que están fuera de los límites de Unión por la Patria (UP), pero que, según muchos piensan en ese universo, serán necesarios para sumar fuerzas contra Milei en el 2027. La dinámica parlamentaria será importante este año para descubrir por donde van a contribuir al armado político c
En el peronismo hay muchos caminos paralelos que se recorren al mismo tiempo. Cristina Kirchner está dando una batalla milimétrica contra la Justicia Federal para que le den mayores libertades dentro de su prisión en San José 1111. Hasta ahora, no lo ha logrado. Sus limitaciones se van acrecentando al mismo ritmo que baja su nivel de influencia dentro del esquema justicialista.
La campaña “Cristina libre” es, mayoritareamente, un ejercicio semanal del kirchnerismo duro. Un sector que se ve obligado a encontrar un nuevo lugar en el mapa de poder, aunque para todas las tribus resulte difícil, a esta altura del calendario, posicionarse con exactitud debido a la horizontalidad del debate. Hay un puñado de nombres que han dado señales claras de su intención electoral y un bloque enorme de dirigentes que quieren empujar un cambio de ciclo. Hay ruido y hay movimientos.
Por otro camino transita Axel Kicillof, que cada vez juega más con su potencial candidatura presidencial y que está haciendo un nuevo esfuerzo por posicionarse tras el sube y baja de poder que implicaron el triunfo de septiembre y la derrota de octubre del año pasado. En el mientras tanto, dio un paso adelante al consensuar con el cristinismo su desembarco al frente del PJ Bonaerense. Camina hacia adelante. A su tiempo y a su modo, pero con una única dirección.
Detrás del acuerdo de cúpula por la conducción partidaria quedaron cerca de treinta distritos donde el PJ no se pudo ordenar e irá a elecciones internas. Un mano a mano que en el peronismo esquivan con frecuencia por temor a que se desbarranquen las dañadas estructuras que se edificaron durante las tres gestiones kirchneristas. Si no hay síntesis, entonces que se resuelva por los votos. Eso sucederá en varios municipios bonaerenses donde las expresiones territoriales de CFK y Kicillof no pudieron darse la mano.
En otro camino, van los gobernadores, que tantean la posibilidad de empujar un armado federal, que reestructure lo que supo ser el Frente de Todos en el 2019, y que sea la columna vertebral de una nueva propuesta electoral. Es muy reciente, pero el momento de que la rosca de construcción política tome más velocidad está cada vez cerca. Porque los acuerdos transversales, como los que se analizan negociar en el corazón del peronismo, necesitan tiempo.
En el PJ hacen lo posible para resistir la embestida libertaria tras el recambio de las dos Cámaras y la sensación triunfalista que le dejó al oficialismo la victoria electoral que pintó gran parte del país de violeta. Hacen lo que pueden, en esta instancia donde son minoría y el Gobierno mantiene fuerte sus alianzas provinciales.
Esta semana los legisladores que responden a los dos gobernadores peronistas aliados a Milei se pusieron en la vereda de enfrente al Gobierno. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo jugaron en contra de la reforma laboral. Algunos justicialistas que conviven con la desconfianza impregnada en la piel creen que lo hicieron solo porque el número para la aprobación estaba asegurado con las manos del PRO, la UCR y los aliados provinciales. Todo es posible.
El peronismo de UxP tiene el deber de mirar hacia Tucumán y Catamarca para ver cómo hacen convivir esas lógicas provinciales cercanas a la Casa Rosada con una construcción opositora para el año que viene. Es uno de los desafíos que tienen por delante los articuladores que flotan por las distintas terminales del armado político. Ganarle a Milei será una tarea extremadamente complicada, aunque varios pastores de las catástrofes anuncien la caída en desgracia del modelo libertario.
La semana de sinsabores que tuvo el PJ puede repertirse en el corto plazo si el Gobierno logra sancionar los dos proyectos que trató en estos últimos días. La capacidad de buscar acuerdos amplios con las fuerzas del centro será más importante que la búsqueda de sumar gente a la calle. Un recurso que ha pasado de moda. El peronismo necesita abrirse, flexibilizarse y acomodarse al nuevo tiempo. Es una realidad que algunos ya digirieron y otros aceptan a regañadientes.
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