POLITICA
Transformaron el INTI y el INTA y disolvieron el instituto que regula la industria de la cannabis medicinal

A través de un extenso decreto publicado durante la madrugada de este martes, el Gobierno materializó los últimos cambios sobre entes nacionales que abarca desde disoluciones hasta transformaciones, como el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los rumores sobre ambas modificaciones comenzaron a surgir hace apenas unos días, cuando se reafirmó el fin de las facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo mediante la Ley Bases, cuya vigencia caduca este martes. Esto generó, entre otras cosas, malestar en los trabajadores del instituto agropecuario que rechazaron la decisión cortando la colectora de la Avenida General Paz. Hubo enfrentamientos con la Policía de la Ciudad.
Mientras tanto, en conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni repasaba el extenso listado de entes reestructurados, suprimidos o fusionados por el Gobierno que le implicaron al Estado un alto gasto público.
Dentro de los cambios ejecutados, señalaba el ajuste del INTI, el cual dejó de tener estatus de organismo descentralizado y pasará a funcionar bajo la estructura de dependencias de la Secretaría de Industria y Comercio, como una “unidad organizativa dependiente”. Esta modificación responde a un relevamiento oficial que atribuye a la estructura previa altos grados de superposición jerárquica, presencia de áreas administrativas sobredimensionadas y desconexión entre funciones estratégicas y necesidades del sector industrial, según el texto.
En el segundo capítulo del decreto N° 462/2025, dedicado al ente señalaron que los derechos, aranceles o tasas que perciba “en el ejercicio de sus funciones, así como las rentas o frutos de sus bienes patrimoniales, las patentes que se registren a su nombre y los derechos intelectuales que le correspondan, y los aportes de terceros destinados a solventar el funcionamiento de sus Centros de Investigación, constituirán recursos del Tesoro Nacional”.
Además, el Instituto podrá crear Centros de Investigación a pedido de parte interesada, con aportes técnicos o económicos, según la reglamentación vigente, bajo supervisión y aprobación de la autoridad competente.
El mismo cambio de estatus se aplicó para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que se ubicará dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar de perder autonomía, conservará su denominación para preservar su identidad y reconocimiento internacional, manteniendo potestades sobre certificación de productos y control técnico, aunque ahora concentrando su fiscalización sobre el tramo final de la cadena productiva y habilitando que funciones de certificación puedan ser delegadas en entidades públicas o privadas.
Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se transformarán en organismos desconcentrados, respetando sus funciones esenciales.
En el primer caso, la modificación apunta a mejorar la coordinación con otras áreas de la administración y dotarlo de mayor flexibilidad, manteniendo sus funciones esenciales de investigación, asistencia técnica y articulación territorial. Por su parte, el INPI se reorganiza como organismo desconcentrado, continuando con sus funciones básicas ligadas al registro, administración y control en materia de propiedad industrial, patentes, marcas y modelos.
Cuáles son los demás cambios
Uno de los ejes centrales de la normativa es la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Tras una evaluación interna, el Ejecutivo detectó un esquema jerárquico sobredimensionado en proporción a su dotación real de personal y sugirió su eliminación. En el informe elaborado por el Interventor, se pone de manifiesto que el esquema actual “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
A partir de ahora, las competencias regulatorias quedan distribuidas entre el Ministerio de Economía —manejando registros y controles del cáñamo industrial y su biomasa, así como la regulación sobre semillas del producto—, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) —que supervisará todo lo relacionado con productos de cannabis destinados exclusivamente a fines medicinales—.
La norma también dispone la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que hasta ahora funcionaba como organismo descentralizado orientado a políticas específicas para la agricultura familiar, en “la ejecución de las políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal”.
Sus responsabilidades y obligaciones serán absorbidas por la cartera que dirige Luis Caputo, que además asume las funciones como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Solo se mantienen el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y competencias básicas de fiscalización.
En otro eje de reorganización, el decreto establece la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, traspasando sus facultades regulatorias e inspectivas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bajo este nuevo esquema, las tareas técnicas y de control en materia de semillas estarán a cargo de un Comité Asesor de Semillas de carácter honorario, eliminando la estructura descentralizada anterior y favoreciendo la centralización bajo autoridad ministerial.
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POLITICA
“El gobierno desconoce el valor de la salud, la educación y la ayuda del Estado”: Ciudadanos Unidos cerró su campaña con críticas a Milei

Ciudadanos Unidos, la pata porteña de la alianza de gobernadores que apuesta a romper la polarización y reivindicar una agenda de desarrollo federal, cerró su campaña esta tarde en el barrio de La Boca con críticas a la falta de obra pública, el atraso de las jubilaciones y los recortes en salud y educación pública. También denunciaron presuntos vínculos de dirigentes de La Libertad Avanza con el narcotráfico.
La semana pasada, los candidatos locales recibieron finalmente el respaldo oficial de los fundadores de Provincias Unidas, que originalmente se mostraban reticentes a brindar apoyo, en un acto conjunto en Obras Sanitarias.
El acto de esta tarde se realizó en una fábrica recuperada del sur de la ciudad y estuvo encabezado por los candidatos a diputados Martín Lousteau y Piera Fernández, referente universitaria, y al Senado Graciela Ocaña y Martín Ocampo. En el público se encontraban, además de militantes del espacio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, la legisladora porteña Manuela Thourte y la excandidata Lula Levy. También estuvieron presentes las diputadas nacionales Mariela Coletta y Carla Carrizo.
El presidente de la UCR nacional fue el encargado de abrir el acto. “Tenemos un presidente que desconoce el valor de la salud, de la educación, de los medicamentos accesibles para los jubilados, el valor que tiene la ayuda del estado cuando tenés en la familia a alguien con discapacidad, el valor que tiene poder llegar a fin de mes tranquilo y no estar ahogado por deudas”, comenzó.
Lousteau aseguró que la Argentina está atravesando una profunda recesión y que la economía tiene los “motores apagados”, motivo por el que -a su entender- el país está actualmente “al borde de una crisis”. “Estamos al borde de una crisis porque este gobierno no supo acumular dólares porque lo que hizo fue apreciar la moneda y hacer el dólar barato”, cuestionó y aseguró que es necesario fomentar la inversión pública para promover el desarrollo de los sectores exportadores que puedan generar “dólares genuinos”.
Para ello, reclamó por la reanudación de las obras de infraestructura y apuntó tanto contra la corrupción del kirchnerismo como contra los recortes de La Libertad Avanza. “No podemos pasar del desmadre de la obra pública en la que se revoleaban bolsos de millones de dólares arriba de los conventos a esto que es cero obra pública. Necesitamos obra pública para acelerar el crecimiento de la economía y para atender urgencias sociales”, sentenció.
También dedicó críticas contra la administración nacional por la baja de impuestos a los sectores de mayores ingresos y contra los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno como el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la difusión de la criptomoneda $LIBRA y los vínculos de José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. También apuntaron contra la candidata a senadora libertaria Patricia Bullrich por presuntos vínculos con una empresa involucrada en dicho esquema de corrupción.
En este contexto y como hicieron a lo largo de su campaña, los candidatos buscaron enviar un mensaje de esperanza y plantarse como la principal alternativa a la administración nacional. “Hay otra manera de hacer las cosas que nos incluya y en la que nos hablemos y no nos gritemos, hay otra manera porque el futuro se construye y no se destruye. Por eso, iniciamos este camino de Ciudadanos Unidos”, afirmó Ocaña.
La dirigente de Confianza Pública cuestionó la poca atención que los distintos gobiernos han puesto sobre los jubilados y ratificó que, de acceder al Congreso, impulsará “la obligatoriedad de la cobertura de los 50 medicamentos que se utilizan para atender las patologías crónicas de la tercera edad”. Subrayó, a su vez, que avanzarán contra las jubilaciones de privilegio, incluso de manera retroactiva -es decir, con aquellas ya vigentes hoy día- para equilibrar la balanza respecto de los beneficiarios cuyo haber apenas alcanza los $400.000.
Fernández, en tanto, reivindicó la agenda de la salud mental y la defensa de la educación pública. Pidió avanzar en un gran acuerdo nacional educativo “porque la educación no puede depender de la coyuntura o el gobierno de turno”. Cuestionó el cierre de escuelas y el atraso de los salarios docentes y anunció su plan de impulsar en un plan nacional de infraestructura para la construcción de establecimientos educativos.
La dirigente universitaria subrayó, además, la necesidad de reformar la ley de salud mental y de capacitar a los profesionales en esta materia. Puso especial énfasis en la situación de los adolescentes, un sector en el que la ludopatía se expandió en el último tiempo. “Ocho de cada diez adolescentes hicieron apuestas en casinos online. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que regular a los operadores, pero también prohibir y penalizar la publicidad de apuestas online en los menores de 18 años”, sentenció.
A su turno, Ocampo abordó la agenda de seguridad y reivindicó su trayectoria como funcionario. “Me tocó ser ministro de seguridad y crear la policía de la ciudad. Creo que es la mejor policía de la Argentina. Quiero ir al Senado a llevar esa experiencia y políticas concretas”, expresó antes de poner el foco en el ciberdelito. Cuestionó la falta de políticas nacionales en esta materia de prevención de esta problemática y la ausencia de propuestas al respecto de parte de la ministra de Seguridad. Frente a este vacío, propuso la creación de una policía especializada en esta clase de delitos.
“La policía tiene que tener la capacidad incluso de verificar en redes dónde hay anzuelos y publicidades engañosas que nos hacen entrar en estafas. Este es un flagelo que encarece toda la actividad económica y el gobierno nacional está ausente”, planteó.
Con la exposición de sus propuestas y, entre chicanas a candidatos tanto de Fuerza Patria como del oficialismo nacional, Ciudadanos Unidos cerró su campaña luego de que, la semana pasada, recibieran oficialmente el respaldo de los fundadores de Provincias Unidas. El miércoles pasado, los candidatos locales compartieron un acto con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) en el que volvieron a pedir por una Argentina federal que priorice las economías regionales, la educación y la generación de empleo.
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POLITICA
Denuncian que el Movimiento Peronista Paraguayo le facilita el DNI a extranjeros para que puedan votar

Según una investigación publicada por La Derecha Diario, una agrupación conocida como Movimiento Peronista Paraguayo coordina tomas de terrenos y el otorgamiento de DNI paraguayos a residentes en Argentina para asegurar votos para el partido Fuerza Patria. La maniobra habría contado con respaldo local y órganos estatales informales.
De acuerdo con el informe, el Movimiento Peronista Paraguayo opera con el aval de dirigentes del municipio de La Matanza y se encargó de organizar tomas de terrenos “en barrios vulnerables habitados mayormente por paraguayos” como parte de su estrategia electoral.
La agrupación peronista paraguaya PAPPEM, que banca Espinoza y Kicilllof, promueve las usurpaciones en La Matanza ¡perjudicando a los matanceros argentinos! pic.twitter.com/4OmzRgb8LJ
— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) October 21, 2025
La publicación indica que simultáneamente se facilitaron trámites de DNI para ciudadanos paraguayos residentes en Argentina, lo que “permite incorporarlos al padrón electoral. “Quienes ingresaban a una usurpación recibían el DNI concreto al instante”, se afirma en la nota.
Desde la agrupación vinculada a La Matanza, mencionada como “grupúsculo peronista paraguayo”, se presenta la logística como un mecanismo para “insertar” y movilizar a una base social que de otro modo estaría marginada del proceso electoral formal. El vínculo con Fuerza Patria es funcional: el análisis sugiere que “la intervención política paraguaya favorece alianzas discretas con la marca electoral oficialista”.
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POLITICA
Myriam Bregman cerró la campaña del Frente de Izquierda: “No seremos una estrella más de la bandera yanqui”

El primero en blanquearlo fue Nicolás Massot (Encuentro Federal) durante la reunión de la Comisión de Presupuesto del martes. “Nuestro dictamen va a tener superávit fiscal para darle previsibilidad económica en los próximos dos años”, explicó. Según detalló, proyectará un superávit del 0,9%, frente al 1,5% que propone el Gobierno, y la diferencia se financiará con rentas generales.
Este miércoles, en una nueva cumbre de la Comisión presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch −que reemplazó a José Luis Espert−, el oficialismo deslizó que podría aceptar un texto alternativo siempre que preserve el superávit primario y financiero. La brecha entre ambos proyectos, subrayaron, deberá cubrirse con la porción no indexada del gasto: partidas variables que no incluyen jubilaciones, educación, seguridad ni salud.
Apuntan a votar un texto común con la composición actual de la Cámara baja, pero con la nueva en el Senado. Pretenden, así, recortar el margen del peronismo, que podría condicionar la discusión. El debate, con este cronograma, se extenderá a las sesiones extraordinarias.
javier milei, dólar, caputo, economía
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