POLITICA
Tras el fin de las facultades delegadas, el Gobierno disolvió Vialidad y reorganizó el control del transporte
Tras el fin de las facultades delegadas, el Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 480/2025, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte de un profundo reordenamiento del sistema de transporte y control vial en el país.
En su lugar, se reorganizó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
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Según el texto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el objetivo es centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La flamante Agencia de Control, que reemplaza a la CNRT, estará a cargo de fiscalizar las concesiones viales y ferroviarias, controlar la calidad del transporte automotor de pasajeros y cargas, aplicar sanciones, intervenir en conflictos contractuales y proteger los derechos de los usuarios. Su titular será un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno cita un diagnóstico técnico realizado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, según el cual, al 7 de febrero de 2025, existían 111 organismos desconcentrados y descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores, una estructura considerada “excesivamente onerosa” para el Estado nacional. De ellos, 40 eran organismos desconcentrados y 71 descentralizados.
Asimismo, otro informe técnico de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público reveló -según el Gobierno- que los organismos descentralizados pasaron de 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024, lo que representa un crecimiento del 148% en la planta de personal.
En ese contexto, el Ministerio de Economía impulsó formalmente la disolución y reorganización de los organismos que actúan en su órbita, mientras que la Secretaría de Transporte de esa cartera propició específicamente la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad.
A la vez, el decreto asigna a la Gendarmería Nacional Argentina las tareas de prevención y control del tránsito en rutas nacionales, desplazando así a la ANSV, que queda eliminada del esquema operativo. Las funciones de seguridad vial que cumplía la Agencia serán absorbidas por la Secretaría de Transporte.
El Ministerio de Economía asumirá la gestión del sistema troncal de rutas y absorberá los recursos de Vialidad
El texto también establece que el Ministerio de Economía será ahora el responsable directo del sistema troncal de caminos nacionales, en reemplazo de la Dirección Nacional de Vialidad. Sus fondos, activos y personal serán transferidos a la cartera económica, que también podrá delegar funciones en otras jurisdicciones.
Otra de las reformas clave es la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que se convertirá en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Su foco estará limitado exclusivamente al análisis de siniestros aeronáuticos, dejando de lado los accidentes ferroviarios, automotores y fluviales que antes también investigaba.
El decreto prevé que el personal de los organismos disueltos será reubicado, manteniendo sus condiciones laborales hasta que se aprueben las nuevas estructuras organizativas. Además, los bienes que no sean reutilizados serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su redistribución o venta.
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Por último, la norma deroga una serie de leyes y decretos previos, incluidos artículos de la Ley de Tránsito (N.º 24.449), de la Ley de Seguridad Vial (N.º 26.363) y de la Ley de Concesiones Viales (N.º 27.445), para actualizar el marco normativo vigente en línea con la nueva estructura.
El decreto ya entró en vigencia y fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión. Desde el Gobierno argumentan que la medida busca racionalizar recursos, eliminar superposiciones funcionales y mejorar la eficiencia en el control del transporte público y la infraestructura vial.
El Gobierno disolvió organismos y reorganizó el sistema público de salud
El Gobierno nacional publicó tres decretos que implican la disolución de organismos históricos y la creación de nuevas estructuras bajo el control directo del Ministerio de Salud.
El decreto 48061/25 establece la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), cuyas funciones pasarán a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
Además, se dispuso la eliminación del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, y la transformación del Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del Ministerio de Salud, quitándole su carácter descentralizado.
Por otro lado, mediante el decreto 48062/25, el Ejecutivo fusionó cinco hospitales nacionales —Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional en Red “Licenciada Laura Bonaparte”— para crear la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).
La ANES funcionará como organismo descentralizado, con un Administrador Nacional y directores ejecutivos para cada hospital. Su misión será garantizar la calidad asistencial, administrar recursos y coordinar la gestión estratégica de los establecimientos.
El decreto 460/2025 eliminó además la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y dispuso la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales, que según el texto dejaron de cumplir sus funciones originales.
Según el Gobierno, estas medidas responden a la necesidad de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema público, dado que las deudas acumuladas por algunas provincias han impactado negativamente en las cuentas nacionales.
Transformaron el INTI y el INTA y disolvieron la agencia que regulaba el cannabis medicinal
A través del Decreto 462/2025, el Gobierno disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y transformó el estatus jurídico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La medida también alcanzó a otros entes como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Según la norma, el objetivo es reducir estructuras “sobredimensionadas”, concentrar competencias y disminuir el gasto público.
Uno de los cambios más significativos fue la reconfiguración del INTI, que dejó de ser un organismo descentralizado para pasar a funcionar como una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. El decreto sostiene que la estructura anterior presentaba “superposición jerárquica, áreas administrativas sobredimensionadas y desconexión entre funciones estratégicas y necesidades del sector industrial”.
Pese a perder autonomía, el INTI conservará potestades sobre patentes, derechos intelectuales y aportes de terceros destinados a sus centros de investigación, pero ahora esos recursos ingresarán al Tesoro Nacional. Además, podrá constituir nuevos centros por demanda específica del sector privado, bajo aprobación de la autoridad competente.
En respuesta a esta decisión, trabajadores del organismo protagonizaron protestas en la colectora de Avenida General Paz, donde se registraron enfrentamientos con la Policía de la Ciudad.
El INTA y el INPI pasarán a ser organismos desconcentrados, manteniendo sus funciones esenciales, pero dependiendo administrativamente de otras carteras. En el caso del INTA, la modificación busca agilizar la coordinación con otras áreas del Estado y mantener su rol en investigación, extensión y asistencia técnica en territorio. El INPI, en tanto, continuará con el registro de patentes, marcas y modelos industriales.
El INV, que regula y certifica la industria vitivinícola, también dejará de ser autónomo y se integrará a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar del cambio, conservará su nombre, su rol certificador y su reconocimiento internacional, aunque ahora podrá delegar funciones técnicas a entes públicos o privados.
El decreto también eliminó la ARICCAME, creada para regular la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Según el informe elaborado por el interventor, el organismo tenía una estructura jerárquica sobredimensionada y no distinguía adecuadamente entre los usos industriales y medicinales del cannabis, lo que generaba “cargas regulatorias innecesarias” y afectaba la competitividad del sector.
A partir de ahora, el Ministerio de Economía controlará los registros, fiscalización y regulación del cáñamo industrial y sus derivados, mientras que la ANMAT quedará a cargo del control de productos medicinales.
Vialidad Nacional, Transporte, Javier Milei, emergencia
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El principal propagandista libertario en redes, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, se jactó este miércoles de la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería.
Es que, una vez más, sus críticas hacen efecto sobre la composición del Gobierno. Como en otras oportunidades, Parisini, cercano al asesor estrella Santiago Caputo, cuestionó al funcionario y unos días después salió eyectado del Gabinete.
La disputa con Werthein se encendió después de la reunión de la semana pasada entre el presidente Milei y su par de Estados Unidos en Washington. Ese martes de la semana pasada, los dichos del mandatario norteamericano sobre condicionar la ayuda a la Argentina en base al resultado electoral generaron un problema interno para los libertarios y, más aún, cuando no quedó claro si Trump estaba al tanto de si la elección del 26 de octubre era intermedia o si creía que se trataba de una presidencial.
En medio de ese embrollo, y mientras el Gobierno intentaba aclarar los dichos del republicano, Parisini hizo lo propio contra Werthein. “Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle ‘perdón’ por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”, arremetió en esa jornada, en X.
No quedó ahí. Después, en su programa en el streaming ultraoficialista Carajo, Parisini volvió a la carga contra Werthein. “Basta de viejos demócratas. Basta de viejos que no ganaron las elecciones, que no representan la ideología del Gobierno ni del Presidente. Basta. Estoy genuinamente hinchado las pelotas con esto”, sostuvo. Justamente, los propagandistas le achacaron durante toda la gestión al canciller una supuesta cercanía con la administración de Joe Biden.
Asimismo, desde ese momento volvieron las versiones en off sobre un fuerte malestar con el canciller del sector de Santiago Caputo, estratega todoterreno de Milei, que controla áreas de fuerte peso como la SIDE y que articula una “diplomacia paralela” con Estados Unidos, a través del lobista Barry Bennett. Parisini responde a Caputo.
Las versiones sobre la salida de Werthein se acrecentaron porque Milei habló de un posible ingreso del asesor Caputo al Gabinete, lo que disgustó al canciller, que terminó por enviar su renuncia formal al Presidente en las últimas horas.
Inmediatamente después, Parisini se subió a una nota que anunciaba la salida del canciller y le sumó una foto, que es la que tiene de perfil en su cuenta de X, para vanagloriarse de la eyección del funcionario al que había criticado.
Igual actuó en otras oportunidades, cuando sus dichos desataron movimientos en la Casa Rosada.
El ejemplo más nítido de su influencia fue cuando arremetió contra Fernando Vilella, que se desempeñaba como secretario de Agricultura, por darle Me Gusta a un mensaje del senador radical Martín Lousteau, y lo echaron. Asimismo, Parisini anticipó la salida del senador Francisco Paoltroni de las filas libertarias. “Levantá ya tus cosas que te vas de La Libertad Avanza. Te manda saludos el Triángulo De Hierro y dice que te vayas a la concha de tu hermana”, le dijo al legislador esa vez.
En tanto, en la Cancillería Parisini ya había tenido injerencia en otra oportunidad: cuando emitió duras críticas a la votación de la Argentina en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, que derivó en la partida de Diana Mondino.
renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería.,pic.twitter.com/q2J5jKjw5j,October 15, 2025,https://t.co/og3RZ5uvDB,pic.twitter.com/58GSRzuSMJ,October 22, 2025,Parisini ya había tenido injerencia,Gerardo Werthein,Javier Milei,Santiago Caputo,Conforme a,,»Papelón». Reacciones del arco político a la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería,,»Acciones cruciales». La respuesta de Bessent a una legisladora demócrata que pidió explicaciones sobre el auxilio a la Argentina,,Duró menos de un año. Gerardo Werthein le presentó a Milei su renuncia como canciller,Gerardo Werthein,,»Papelón». Reacciones del arco político a la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería,,Interna. Crecen las versiones sobre la renuncia de Werthein ante la posible incorporación de Santiago Caputo al gabinete,,Tras el giro de la cumbre con Trump. Los “celestiales” redoblan la ofensiva contra Werthein por su “cercanía” con los demócratas
POLITICA
El Gobierno presentó una reforma laboral que prevé un salario dinámico: se establecerá según el rendimiento del empleado
Diputados tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch. Participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Cordero, dejó en claro que desde el Gobierno nacional se busca una reforma laboral. “Es un déficit que tenemos hace tiempo, tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco, y para ello en este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal”, dijo Cordero. Confirmó que se trabaja un proyecto de Reforma Laboral, en el marco del Pacto de Mayo y que será enviado al Congreso para su discusión.
El funcionario aseguró: “El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica. Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”.
Entre las reformas concretas que planteó el funcionario, aseguró que se piensa en un esquema de salarios dinámicos: “Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”.
Varias de las reformas que impulsa el Gobierno serán presentadas el próximo 15 de diciembre, como adelantó este martes el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su participación, también, del debate del Presupuesto 2026.
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La postura de la oposición
Varios legisladores le cuestionaron al oficialismo las intenciones de debatir un nueva Reforma Laboral en el Parlamento. También marcaron diferencias por la caída del salario Mínimo, Vital y Móvil. El diputado Sergio Palazzo de UxP y secretario General de la Asociación Bancaria señaló que “cayó en un 34% y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica. Hay 321.000 puestos de trabajo menos porque si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.
Vanesa Siley (UXP) y del sindicato de trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo a TN que Cordero “no respondió a ninguna pregunta que le hicimos. Pregunté cómo van a generar puestos de trabajo genuinos en el sector privado, quitando derechos, haciendo una Reforma Laboral regresiva, si ya se hizo, y el resultado fue que la informalidad laboral creció del 41% al 43%, 200 mil puestos de trabajo menos en el sector privado, 55 mil en el sector público».
Desde el Frente de Izquierda alzaron sus voces los diputados Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano. “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con (el expresidente Carlos) Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga. La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de tres a seis u ocho meses abaratando despidos y rotación a pruebas”, dijo Giordano.
Rodrigo de Loredo de la UCR, recordó que su espacio político intentó una democratización sindical, en el marco de una Reforma Laboral, que impulsó el diputado Martín Tetaz, titular de la Comisión de Trabajo. Recordó, además, los intentos en los años 80 del expresidente Raúl Alfonsín con su proyecto de ley que encontró un freno en el Senado nacional. “Sin duda que lo económico es una barrera muy grande, si el Gobierno no pasa de una economía financiera, después de estas elecciones, si no disminuye las tasas (de interés) y vuelve a traer el crédito y se encamina a una actividad económica productiva no va a haber legislación que le resuelva el problema del empleo en el país”.
La búsqueda de acuerdos
Los legisladores de diferentes bancadas le confirmaron a TN que habrá nuevas reuniones similares a la del pasado lunes tras las elecciones del domingo. En el inicio de esta semana, el presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a los bloques de la oposición a reunirse con funcionarios nacionales, mostrando vocación de diálogo desde el oficialismo.
Ya empezó a circular en Diputados que el próximo jueves 30 de octubre se convocarían a todos los bloques a un nuevo encuentro para acercar posiciones. Desde el oficialismo señalaron que “están abiertos a la discusión dentro de los parámetros del superávit fiscal y financiero que asegura honrar compromisos”.
Pero desde la oposición mantiene su postura de avanzar en la discusión del Presupuesto 2026 y dictaminar los dictámenes el próximo 4 de noviembre, como quedó dispuesto por el recinto de la Cámara de Diputados que emplazó a la Comisión de Bertie Benegas Lynch, es decir que le fijó los días de discusión y fecha de firma de dictámenes.
Además de solicitar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo y la puesta en marcha de las tres leyes que sancionó el Congreso y que fueron promulgadas y suspendidas en su implementación por el Presidente Javier Milei. Entienden los legisladores que se abrió un conflicto de poderes.
El diputado de Encuentro Federal, el democratacristiano Juan Brügge presentó un proyecto de resolución para que la Cámara Baja lleve el caso ante la Corte Suprema, al considerar que el Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de leyes aprobadas por amplias mayorías.
“Es una acción de inconstitucionalidad ya que atenta contra la soberanía popular expresada en el Parlamento”, dijo Brügge. El planteo apunta contra los decretos 681/2025, 759/2025 y 760/2025, firmados por el Poder Ejecutivo, que condicionan la entrada en vigencia de las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Financiamiento universitario y recomposición salarial docente y Emergencia Sanitaria Pediátrica a que se consigan los fondos para aplicarlas.
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El legislador sostiene que “esas normas fueron aprobadas por amplias mayorías y que no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”.
Presupuesto 2026, reforma laboral, Diputados
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