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Fin de las facultades delegadas: los próximos pasos de Milei, presión de la oposición y los desafíos del Gobierno

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Al Poder Ejecutivo se le vencieron este martes las facultades delegadas que le habían sido conferidas por el Congreso a través de la sanción de la Ley Bases. Esto implicaba que el Gobierno de Javier Milei tenía a tiro de decreto -es decir, sin pasar por el Congreso- la posibilidad de modificar asuntos nodales en materia administrativa, económica, financiera y energética.

El Gobierno comienza así una nueva etapa de la gestión sin la principal herramienta de desregulación con la que contaba. “El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos», remarcó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ayer en Casa Rosada.

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A lo largo del año de facultades delegadas, el Poder Ejecutivo ejecutó cerca de 101 medidas. Estas constaron de disoluciones, unificaciones, reorganizaciones, modernizaciones, fusiones, actualizaciones, transformaciones, simplificaciones y eliminaciones de organismos; así como de la autorización para privatizar empresas públicas.

El Poder Ejecutivo podrá seguir publicando Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), decretos simples, resoluciones y disposiciones -tal y como lo venía haciendo antes de tener facultades delegadas-, pero no tendrá la salvaguarda administrativa para eludir al Congreso en ciertos temas.

Ahora el Gobierno entra en territorio donde podrá seguir publicando medidas administrativas -como DNU, decretos simples, resoluciones, entre otros-, pero no reformas de magnitudes como las que se podían hacer con las facultades delegadas. Así, dependen de su propia impronta o de lo que puedan llegar a formular a través del Congreso, donde el oficialismo está pasando por su peor momento.

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El Senado (donde La Libertad Avanza tiene 6 de 72 bancas, y algunos aliados) es el terreno donde el jueves podrían sesionarse cinco proyectos: dos presentados en el Senado la semana pasada con la firma de los 24 gobernadores: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos; tres que vienen con media sanción de Diputados: aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional.

Los gobernadores reunidos en el CFI

Para la primera, el Gobierno sabe que no tiene los votos para frenarla ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Es por eso que los gobernadores esperan que funcione como mecanismo para poder negociar por estos meses. En las mismas entrañas de la Casa Rosada afirman que no tienen, por ahora, una alternativa tentadora para ofrecerles.

“Hacienda calculó que conceder a lo que ellos quieren implicaría 2 puntos del PIB, no hay chances”, cuentan en el Poder Ejecutivo. Señal de esa falta de acuerdos es que prácticamente ningún gobernador aceptó la invitación que les mandó Presidencia para estar presentes en la vigilia del 9 de julio en Tucumán.

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A un año de la firma del Pacto de Mayo, las ínfulas de consenso parecen haberse desvanecido: una parte se explica por el hartazgo en el trato que los funcionarios libertarios han tenido para con los gobernadores, a la vez que hay un componente ineludible que es la cercanía electoral y la rosca por la estrategia en cada distrito. Quienes más alejados están de acordar con LLA en sus distritos son los que más quieren sesionar el jueves.

La oposición en el Senado también cuenta con los votos para impulsar la sanción de los tres proyectos que vinieron de Diputados.

El Presidente las vetará de manera inmediata, aunque esperará a que se pueda garantizar el veto cuando los bloques más alejados al Gobierno insistan en la Cámara Baja. El clima está particularmente espeso y los mismos operadores libertarios lo reconocen. Algunos se aferran a que negociando ausentes o abstenciones deban precisar menor cantidad de votos afirmativos para llegar a los dos tercios de los presentes.

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Mientras tanto, el Gobierno todavía tiene pendiente el trámite legislativo del proyecto de ley del “Principio de Inocencia Fiscal”, que eleva los montos de dinero a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal, entre otros puntos.

El ministro de Desregulación seguirá profundizando la agenda de recortes (REUTERS)

El clima con la oposición y una vulneración al veto presidencial son variables pasibles de generar ruidos en los mercados, algo que el Gobierno no quiere que suceda. “Nosotros tenemos que mantener el Riesgo País estable e incluso a la baja, para no encarecer los rollover de deuda y que no se nos tensione el panorama de las reservas”, analiza una fuente oficial a Infobae.

El dólar comenzó un sendero ligeramente alcista. La semana subió $45 y este lunes trepó $20 hacia los $1280. Los factores que indican los especialistas son diversos, aunque hay un consenso en que los segundos semestres en años electorales suelen potenciarse como escenario donde las carteras se dolarizan en búsqueda de cobertura.

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“Cuando baja el dólar es porque lo pisamos a propósito y cuando suba es porque perdimos el rumbo. Es poco serio”, indican en Casa Rosada.

Quien se lamentaba ayer por la tarde por el rendimiento de los activos era el ex asesor económico de Milei en 2023, el director de Research for Traders, Darío Epstein. “¿Esto va a hacer así hasta que terminen las elecciones? Fin de octubre está lejos… Todos los años impares la política nacional retrasa el desarrollo económico», tuiteó, adjuntando una foto con caídas de acciones.

Más que la cuestión financiera, en un despacho libertario preferían enfatizar la importancia de mantener en línea la gestión al interior del Gobierno: “No ayuda que tengamos dos campanas que no acuerden en la estrategia electoral o que estén distanciados. Son conflictos entendibles en el marco de la discusión por las listas, pero no ayuda”. Los aludidos son los sectores referenciados en los Menem y Santiago Caputo.

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Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Ayer hubo una reunión de alto vuelo en la planta baja de la Casa Rosada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. El asesor presidencial fue invitado, pero declinó. Los motivos se desconocen, pero se lo vio ingresar ayer horas más tarde de ese encuentro.

“De poco importa estar pensando si vamos a tener los números el año que viene, que yo creo que sí. Tenemos que cuidar el avispero durante estos meses porque van a ser durísimos. Si tenemos éxito, nuestras probabilidades para sancionar la reforma tributaria y laboral son mayores. Pero primero tenemos que estar en sintonía nosotros”, agrega.

Semanas atrás, Milei dio un discurso en el Yacht Club de Puerto Madero para una actividad de La Libertad Avanza. En un segmento de su alocución exaltó el nivel de imagen personal y de gestión que ostenta, asegurando que está en condiciones de dar “un tremendo batacazo en septiembre y en octubre”. “Destrozamos el mito de que hacer esto [el ajuste] es impopular. No solo hemos inventado el ajuste expansivo, sino que además hemos inventado el ajuste popular”, agregó el Presidente.

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Para los próximos meses, y sin las facultades delegadas ni apoyos sustanciales en el Congreso, el Gobierno apuesta a continuar con la efectividad de su aparato comunicacional para seguir imponiendo el modelo libertario. Por sobre todas las cosas, Milei fía en que cumplió con el “job description” que le dieron los votantes en 2023: bajar la inflación.

Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,BUENOS AIRES

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Un militante peronista agredió a un diputado libertario y reaccionó Javier Milei: “Es lo que tenemos del otro lado”

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El diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, sufrió una violenta agresión mientras intentaba ingresar a la localidad de La Madrid, en el sur de Tucumán, para asistir a los damnificados por las inundaciones.

El ataque se produjo tras un cruce de palabras cuando un empleado público impidió el paso del legislador, quien preguntó: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, el agresor le propinó un cabezazo que le rompió la nariz y le causó un sangrado profuso, hecho que fue registrado en imágenes viralizadas en redes sociales.

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El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, quien según denunció el espacio libertario local, estaría vinculado al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. El bloque de diputados de La Libertad Avanza repudió el hecho, detallando que Pelli se encontraba junto a sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo para donar colchones y artículos de primera necesidad.

“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, manifestaron en un comunicado oficial.

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Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, advirtió que irán “hasta las últimas consecuencias” ante lo que calificó como un nivel de violencia inaceptable por parte de quienes “se creen impunes”.

El presidente Javier Milei también se hizo eco de lo sucedido a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO…”. El ataque ocurrió en una de las zonas más críticas por el desborde de los ríos Marapa y San Francisco, donde numerosas familias tuvieron que autoevacuarse.

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Ante la gravedad del episodio, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su firme repudio y se solidarizó con el legislador, señalando que “la violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática”.

Asimismo, confirmó que la Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia provincial. Jaldo apeló a la responsabilidad colectiva y aseguró que el Gobierno de la Provincia colaborará con la investigación mientras mantiene los esfuerzos en asistir a las familias afectadas por el temporal.

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Las frases de Adorni para justificar la presencia de su esposa en la comitiva de Nueva York

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El viaje de la comitiva argentina a Estados Unidos dejó una imagen que provocó duros cuestionamientos. Entre los presentes se encontraba Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Como pudo, el funcionario del gabinete de Javier Milei dio los motivos por los cuales sumó a Bettina Angeletti al pasaje del avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, resaltó.

Adorni no solo confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial en una entrevista televisiva, sino que señaló que su mujer ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. La presencia de Angeletti generó que la oposición solicitara un pedido de informes.

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El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), fue quien presentó el pedido “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.

Licenciada en Administración de Empresas, en julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional”.

Las frases de Adorni para justificar la presencia de su esposa en la comitiva de Nueva York.Instagram Bettina Angeletti

Las frases con las que Adorni justificó la presencia de su esposa

  • “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (…) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.
  • “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”.
  • “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago”.
  • “Los gastos de ella se los paga ella; el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también; los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”.
  • “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.

esposa del jefe de Gabinete,Javier Milei,Manuel Adorni,Estados Unidos,Conforme a,,Alineados y no tanto. Cómo juega cada uno de los gobernadores que acompañaron a Milei a Nueva York,,AFAGate. Los chats que revelan vínculos entre Pablo Toviggino y la empresa que compró la mansión de Pilar,,En Nueva York. Caputo busco seducir a los empresarios: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”,Manuel Adorni,,A Punta del Este. Revelan los detalles del vuelo privado que tomó Manuel Adorni con su familia en el feriado de carnaval,,Con su esposa en primera fila. Adorni cerró el Argentina Week con críticas a los medios y un pedido a los empresarios,,»Amigo eterno». Quién es Marcelo Grandio, el conductor de TV Pública que figura en el vuelo privado que tomó Adorni en Carnaval

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Por el fin de programas de asistencia, los movimientos sociales buscan apoyo de gobernadores e intendentes

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La UTEP advierte sobre las consecuencias del Salario Social Complementario EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Dirigentes sociales y políticos de organizaciones, integradas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), anunciaron un plan de acción nacional —que incluirá encuentros con gobernadores e intendentes— frente a la decisión del Gobierno de poner fin a los dos programas sociales en los que derivó el Potenciar Trabajo: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Ambos programas fueron creados por el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La misma norma estableció una fecha de caducidad: mayo de 2026, salvo que el Gobierno disponga una prórroga o dicte una nueva regulación.

La ministra ya anticipó que esos programas serán reemplazados por un sistema de “vouchers de capacitación laboral”, una propuesta que las organizaciones sociales rechazan. Según denunció el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, esa medida “significa avanzar con el fin del Salario Social Complementario (SSC), lo que podría dejar sin ingresos a más de un millón de trabajadores de la economía popular”.

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Como contrapunto, Pettovello defendió el nuevo esquema. En declaraciones al portal Econoblog, el 4 de febrero pasado, sostuvo: “Como dice el presidente Javier Milei, el objetivo no es darle el pescado a la gente sino enseñarles a pescar”.

La funcionaria explicó que los cursos y capacitaciones forman parte “de la transformación de los planes sociales hacia esquemas de formación laboral vinculados con empresas, como parte del proceso de reconversión” de programas como Volver al Trabajo.

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Mientras tanto, desde la UTEP aseguran que ya comenzaron a delinear una respuesta política y territorial. En diálogo con este medio, fuentes de la organización adelantaron que en las próximas semanas impulsarán jornadas de difusión, ollas populares y acciones callejeras que podrían incluir cortes en distintos puntos neurálgicos del país.

La UTEP elevarán informes a gobernadores e intendentes sobre las consecuencias del fin de programas sociales

Las medidas, sin embargo, no serán anunciadas con anticipación. El objetivo es evitar operativos preventivos de la Policía y de las fuerzas federales, como ocurrió en protestas anteriores.

En paralelo, las organizaciones que integran la UTEP —entre ellas el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie— iniciarán una ronda de conversaciones con gobernadores y bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto social y económico que, según sostienen, tendrá el cierre del esquema de ingresos que hoy perciben trabajadores informales de la economía popular.

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La estrategia apunta a que los mandatarios provinciales y sus representantes legislativos “tomen dimensión del impacto que tendría la medida en las economías regionales”.

Dirigentes sociales, como Alejandro Gramajo, ya se reunieron con el gobernador Axel Kicillof

En esa misma línea, los dirigentes buscan coordinar posiciones con municipios y gobiernos provinciales, como el de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, que actualmente interactúan con los programas sociales en sus territorios.

“Venimos conversando con el conjunto de organizaciones y actores afectados por esta decisión, que no solo involucra a movimientos sociales sino también a gobiernos locales y provinciales”, señalaron fuentes cercanas a la conducción de la UTEP.

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Según advierten, el fin del Salario Social Complementario implicaría “una nueva tanda de desocupados”, dentro de un universo de trabajadores que ya se desempeñan en condiciones de alta precariedad.

Uno de los primeros dirigentes en alertar sobre la desaparición de ese ingreso fue el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro. El dirigente sostuvo que el Salario Social Complementario “fue una conquista de las organizaciones sociales, lograda durante años de lucha”, y que el actual gobierno de La Libertad Avanza “pulverizó”.

En octubre pasado, sin ocultar su frustración, el fundador del Frente Patriótico reflexionó sobre el alcance conceptual de esa política. “El salario social complementario es, conceptualmente, muy bueno. Todos los que no tienen trabajo asalariado, todos los que no están registrados como asalariados, merecen un salario social complementario porque trabajan, pero no tienen derechos laborales”, sostuvo.

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Para Castro, ese principio fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. “Ese concepto se fue dilapidando y hoy estamos, o por lo menos un grupo de nosotros está de vuelta planteando: hay que volver al salario social complementario”.

El dirigente también reconoce que la transformación posterior del programa Potenciar Trabajo “y la desaparición de la lógica salarial desdibujaron sus efectos estructurales”.

Desde su perspectiva, esa transformación abrió una nueva etapa en la relación entre el Estado y los sectores populares. Para el referente del Movimiento Misioneros de Francisco, “esa dilución abrió la puerta para el avance de un Estado que ya no reconoce a los sectores populares ni como sujetos de derecho ni como interlocutores”.

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El debate sobre el futuro de estas políticas será uno de los ejes centrales del Segundo Congreso Nacional de la UTEP, que se realizará el 21 de abril y reunirá a delegados de todo el país.

La fecha coincide con el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, figura que los movimientos populares consideran una referencia política y social.

Durante ese encuentro, se definirá el plan de acción federal para los próximos meses. El debate estará centrado en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la economía popular y en el futuro de las políticas de asistencia.

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El conflicto se inscribe, además, en el marco de la reestructuración del sistema de programas sociales impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Consultada sobre este tema, la ministra Pettovello fue categórica: “No existen los planes sociales”. Según explicó, lo que existen son prestaciones de la seguridad social y programas sociales con reglas y objetivos distintos.

En ese sentido, mencionó el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que —según señaló— “es una prestación automática y no un plan discrecional”.

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El nuevo esquema que impulsa el Ministerio de Capital Humano busca modificar el enfoque de la asistencia directa y orientarlo hacia políticas de capacitación laboral y de inserción en el mercado formal. Al mismo tiempo, apunta a eliminar la intermediación de organizaciones sociales en la administración de los programas.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, explicó la ministra en un video difundido en redes sociales.

Desde la UTEP advierten que el carácter transitorio de los dos programas en los que se transformó el Potenciar Trabajo —y cuya vigencia caduca en dos meses— “abrirá un nuevo frente de conflicto social y político que comenzará a expresarse en las próximas semanas tanto en las calles como en el ámbito institucional”.

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