De Liniers a la Plaza de Mayo, miles de manifestantes se movilizarán este jueves por el día de San Cayetano. A diferencia de otros años, la marcha finalizará con un acto de tono político frente a la Casa Rosada, con reclamos a la gestión de Javier Milei y cuestionamientos al ajuste y al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, impulsa la protesta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) en alianza con sectores de la Iglesia, la CGT y las dos vertientes de la CTA. Se sumarán, además, agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos. También se sumaría la organización kirchnerista La Cámpora.

Las columnas de los movimientos sociales partirán desde Liniers, en Cuzco y Rivadavia, y la intención es llegar a la Plaza de Mayo a las 14, cuando se prevé un acto de fuerte contenido político en el que se leerá un documento con críticas Milei. Habrá una parada intermedia en la plaza de Flores para hacer un homenaje al papa Francisco. La cúpula de la CGT se plegará a la movilización recién en Diagonal Sur, para el tramo final. Habrá aportes de militantes, pero será más que nada una adhesión simbólica.

“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, dice la convocatoria de la Utep, liderada por Alejandro Gramajo, uno de los laderos de Juan Grabois y de fuerte vínculo con la Iglesia Católica.

En el documento, la Utep enumera razones por las que la movilización religiosa viró hacia una cuestión política.

“Nos movilizamos en un gran frente de unidad para enfrentar un proyecto que ataca a todo el pueblo argentino. Enfrentamos: el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado; el desfinanciamiento planificado de la educación y la salud públicas, pilares de nuestra soberanía, mientras se benefician los grandes capitales y las corporaciones; la entrega de nuestra soberanía nacional a través de mecanismos como el RIGI, que regala nuestros bienes comunes a potencias extranjeras a cambio de nada; las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Sr. Lámelas, quien celebra el ajuste y promueve una agenda de entrega y subordinación, en una inaceptable injerencia externa en los asuntos internos de nuestra nación; a las políticas de endeudamiento con el FMI que son una condena a futuras generaciones y la pérdida de soberanía sobre la planificación de nuestra economía; un discurso de odio y negacionismo que desprecia nuestra historia, ataca la cultura y busca romper los lazos de solidaridad que son la base de nuestra comunidad; la creciente violencia y la política de hostigamiento y persecución hacia nuestros hermanos y hermanas migrantes, impulsada por un discurso de odio que busca crear chivos expiatorios, en abierta violación de nuestras tradiciones de acogida y de la propia Constitución Nacional; a la decisión de un gobierno que destruye la salud pública donde se atienden millones de trabajadores humildes que no cuentan con obra social y destruye instituciones que salvan vidas y son reconocidas por la comunidad internacional como el Garrahan”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió investigar “supuestas maniobras de espionaje ilegal” por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contra dirigentes y organizaciones opositoras. En paralelo, los cabecillas de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy, presentaron una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales. Kicillof y los sindicalistas piden que que se investigue lo informado por , que dio cuenta de un informe que hizo el organismo de inteligencia sobre políticos opositores, gremialistas y grupos de jubilados.

“Concurro a promover formal denuncia a fin de que se investiguen los supuestos hechos ilícitos que he conocido recientemente y que encuadrarían en delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse y cuya calificación legal se determinará luego de la pertinente investigación y reconstrucción de su verdadero alcance”, argumentó Kicillof en su presentación judicial, en la que cita al artículo de que escribió Hugo Alconada Mon.

La denuncia de los jefes de la CTA, en tanto, fue radicada ante la justicia federal, luego de la publicación de en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.

Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.

Ambas centrales obreras aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social. “No hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, argumentaron Yasky y Godoy en un comunicado conjunto.

La presentación solicita que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.

Además, ambas centrales sindicales solicitan ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales.

Ya son tres las presentaciones judiciales que se realizaron desde la publicación de . El lunes pasado fue el diputado nacional Facundo Manes (Democracia por Siempre) quien recurrió a los tribunales federales de Comodoro Py para pedir que se investigue la actuación de la SIDE.

Manes presentó su denuncia como un “hecho nuevo” dentro de una causa que tiene abierta contra Santiago Caputo por el delito de “amenazas coactivas”, por la forma en que el asesor presidencial lo increpó en el Congreso Nacional, en un pasillo, durante la apertura de las sesiones ordinarias. La SIDE es una de las áreas del Estado nacional que quedaron bajo la supervisión de Santiago Caputo.