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Tras fijar sus reglas de su juego, el peronismo bonaerense pasó a la fase de definición de las candidaturas

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La alianza “Fuerza Patria”, que aglutina a los sectores del peronismo alineados con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, ingresó en la fase de definición de candidaturas en un clima de hermetismo, luego de resolver algunas reglas de juego para esas decisiones que dejan en evidencia la tensión con la que se llegó al acuerdo de la coalición. Salvo algunos pocos nombres para la tercera sección electoral, la tónica en el peronismo es mantener en reserva a los postulantes en danza.

La tercera sección (zona sur del Gran Buenos Aires y La Matanza) era la región elegida por la expresidenta Cristina Kirchner para postularse a diputada bonaerense, lo que no pudo concretar al confirmarse su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en la causa Vialidad. La posibilidad de que su hijo, Máximo Kirchner, la reemplazara en la candidatura, parece haber perdido impulso, según admiten fuentes peronistas.

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“Máximo está muy afuera. Se está hablando de [la vicegobernadora, Verónica] Magario. O [la intendenta de Quilmes] Mayra Mendoza, por el kirchnerismo, y [el intendente de Almirante Brown] Mariano Cascallares por Kicillof”, especula un dirigente alineado con el gobernador. “A Máximo y a Mayra los descartaría. Está entre Magario y Cascallares”, indica una fuente del mismo sector interno.

Mayra Mendoza, un nombre que continúa en carpetaSantiago Oróz

Más allá de los nombres del jefe de La Cámpora, la vicegobernadora, la intendenta de Quilmes y el jefe comunal de Almirante Brown, en el peronismo evitan soltar más alternativas. “Si decimos un nombre, lo matan antes”, grafica un referente justicialista de larga trayectoria política. “No hay nada aún”, ahuyenta especulaciones una fuente cercana a La Cámpora. “Todavía no se tiraron nombres sobre la mesa”, asegura un hombre del campamento de Kicillof, que admite que están discutiendo el reparto de lugares en las boletas con el cristinismo y el massismo, aunque “sin poner específicamente proporciones”.

El cierre de alianzas del miércoles definió para el peronismo una serie de reglas de juego y de control sobre las decisiones dentro del frente electoral que exponen la desconfianza entre los sectores en pugna.

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Uno de los puntos que se zurcieron fue la conformación de un cuerpo de apoderados con representación del cristinismo, el kicillofismo y el massismo. Son 11 en total. “No son apoderados cruzados; son apoderados conjuntos. Tienen que firmar todos los escritos uno del grupo A, uno del grupo B y uno del grupo C. Son cuatro del kirchnerismo, cuatro del kicillofismo y tres de Massa”, explica una fuente que conoce la letra fina de la reglamentación del frente.

Kicillof, con Mariano Cascallares, intendente de Almirante BrownNicolas Aboaf – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Kicillof tendrá preponderancia en las cuestiones técnicas de la elección provincial. “Por un acuerdo interno, el comando de las elecciones provinciales lo van a tener los apoderados de Axel; los del kirchnerismo van a hacer todo lo relativo a las elecciones nacionales”, comenta la misma fuente.

Axel no tenía ni un representante en la Legislatura puesto por él y ahora va a tener. Estaba fuera de la mesa de negociaciones y hoy es parte. Y un hecho simbólico es que todos los cierres se hicieron en La Plata”, rescata un alfil kicillofista

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El reparto de espacios entre las vertientes principales de la interna peronista se repite en la junta electoral del frente, integrada por Carlos Bianco (kicillofismo), Leonardo Nardini (cristinismo) y Rubén Eslaiman (massismo).


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Declara ante el juez el piloto que facturó el vuelo privado de Manuel Adorni desde Punta del Este

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El piloto que facturó el vuelo privado que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo junto a su familia desde Punta del Este pidió declarar ante el juez federal, Ariel Lijo. El magistrado ayer dispuso un operativo en la empresa que hizo los vuelos, Alpha Centauri S.A., para recabar información contable y bancaria.

Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada.

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Según registros, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero y opera habitualmente desde Uruguay, donde figura con domicilio en un complejo de Solanas.

La trayectoria de Issin muestra que voló aviones de línea para Latam, se desempeñó en firmas como Sunny Sky, Jet Clipper, American Logistic y Royal Class, y actualmente trabaja como piloto corporativo en Consultatio, la empresa del empresario Eduardo Constantini. También cuenta con habilitación para manejar helicópteros.

Lijo exigió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes de la situación fiscal tanto de Alpha Centauri como del periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y tiene programas en la TV Pública. De acuerdo a un recibo que tiene en su poder la Justicia, y al que accedió TN, la empresa, productora, Imhouse SA, de la que Grandio es accionista, pagó el viaje de ida en cuestión a Punta del Este.

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El regreso, en cambio, formó parte de un paquete de diez vuelos contratado por el broker y piloto Issin a Alpha Centauri por 42.250 dólares en efectivo, con una factura emitida el 9 de marzo por alrededor de 3.000 dólares para ese tramo.

Lijo busca determinar si hubo algún acuerdo comercial previo entre Grandio –cuya productora realiza contenidos para medios estatales– y el Gobierno, o si se trató de un beneficio personal. También se investiga si este fue el único vuelo operado por Alpha Centauri para Grandio o el broker Issin, y si existen otros movimientos similares.

La causa se inició a partir de denuncias de diputados nacionales, entre ellos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, y se centra inicialmente en determinar si el financiamiento del viaje por parte de terceros podría configurar el delito de dádivas.

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Estos operativos responden a una de las tres causas penales que involucran al jefe de Gabinete en Comodoro Py. Las otras dos refieren al uso del avión presidencial para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Nueva York y a la compra de una propiedad en un country que no habría sido declarada en tiempo y forma.

Adorni, en declaraciones públicas, sostuvo que pagó parte del viaje y que su patrimonio fue construido durante sus más de 25 años en el sector privado, antes de asumir funciones públicas.

Manuel Adorni

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El juzgado federal de Campana suma otra causa contra la AFA, mientras busca conservar el caso de la quinta

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Mientras la Cámara de Casación aún debe decidir de manera definitiva qué tribunal investigará el caso de la quinta de Pilar ligada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay sumó un nuevo expediente contra la organización del fútbol.

Este magistrado conserva -al menos hasta el momento- el caso sobre quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y ahora sumó la causa por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares fondos cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer.

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El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay

Es que la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba ese caso de fraude, denunciado por el agente FIFA Guillermo Tofoni, se declaró incompetente y envió el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.

Este es el juzgado donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones.

La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal, que convocó a una audiencia para el 30 de abril entre los acusados y la fiscalía. Luego decidirá.

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Los jueces de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky resolverán si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana o en la justicia federal o penal económico de la Capital Federal.

El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación

Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.

Ahora, la jueza Petazzi resolvió acumular en Campana los expedientes por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior.

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El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.

Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.

La quinta de Pilar bajo investigación Ricardo Pristupluk

Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional.

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A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.

La ruta del dinero incluye giros ajenos a la vida institucional de la AFA, como la transferencia de US$40.000 enviados a la cuenta de María Florencia Sartirana, señalada en la denuncia como pareja de Toviggino.

El argumento por el cual enviaron esta causa a la justicia federal de Campana es que la jueza entendió que ocultar ingresos millonarios a través de una “red internacional de intermediarios financieros” y cuentas offshore generó una posible afectación al sistema tributario argentino y a las arcas del Estado. Y eso, dijo, impactó en las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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En segundo lugar, el tribunal argumentó que el supuesto fraude interno en la AFA es inescindible de los posteriores actos de blanqueo de capitales.

Dividir ambas causas significaría entorpecer la búsqueda de la verdad y duplicar recursos, dijo la magistrada que entendió que la presunta administración fraudulenta es el “delito precedente” del lavado de activos.

La resolución desestimó el reclamo del empresario querellante Guillermo Tofoni, que pretendía que la defraudación se juzgara en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires bajo el argumento de que la sede central de la AFA se ubica en la calle Viamonte y los contratos se firmaron en esa jurisdicción.

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El tribunal determinó que separar los episodios de fraude y los de lavado “conllevaría un escándalo jurídico conectado con la inseguridad jurisdiccional” ante el riesgo de dictar resoluciones contradictorias.


Hernán Cappiello,Conforme a

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Un docente agredió a estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

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En el marco de una actividad estudiantil, un docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) agredió ayer a alumnos y militantes de la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza.

El agresor fue identificado como Juan Tumini. En las imágenes, se observa el momento del ataque por parte de Tumini a los integrantes de la organización universitaria.

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“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás”, comienza el envío. Acto seguido, Tumini mira a cámara e intenta agarrar el dispositivo. “No agredas”, remarcó uno de los militantes, pero el docente respondió a golpes de puño: “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas”.

Luego, el celular cae al piso y la acción se vuelve difusa, mientras se escuchan más agresiones y una voz pide: “Pará que lo vas a matar, boludo. Pará”. Inmediatamente aparece una mujer y grita: ”No me calmo nada, te vas. Esta universidad para nosotros es todo, es la vida, ¿entendés? Así que te vas, te están echando los docentes. Te vas“.

Finalmente, otra mujer se acerca a hablar con la persona que filma y le dice: “Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas”.

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En otro video, y en plena agresión, se observa a una mujer en actitud violenta: “¿Me vas a pegar? Mirá que me paro de manos, carajo». Mientras que otro determinó que “a los fachos se los combate”.

“En esta universidad no tenés espacio”, determinó una alumna en un último envío, donde además también criticaron a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y hasta al propio presidente norteamericano, Donald Trump.

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La respuesta de LLA

Desde La Libertad Avanza (LLA) de Lanús señalaron a Infobae que cinco alumnos de la UNLA estaban en una mesa repartiendo folletos en una zona del predio. Sin embargo, indicaron que se acercaron militantes de la agrupación “La Granate – Cámpora” y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) “diciendo que LLA está vetada y tiene la entrada prohibida” al establecimiento. Y apuntaron que los estudiantes libertarios “eran todos mandados” por Ignacio “Nacho” Moroni, concejal por el partido violeta.

A su vez, apuntaron que Juan Tumini es docente de diseño. Y que también estuvieron presentes en la agresión Emanuel Carloni, director de intendencia; Marcela Méndez, coordinadora de discapacidad; María Laura Oliver, empleada en infraestructura; Manuel Murphy, empleado de secretaría académica; Sofía Martinez, empleada de sonido y alumna de Audiovisión.

En un ambiente exterior, un hombre de camiseta negra eleva el brazo en un gesto amistoso entre un grupo de personas, reflejando un momento de camaradería.

“Estábamos unos compañeros y yo haciendo un stand con mesita propia con un banner repartiendo folletos y charlando con estudiantes que se acercaban intrigados por la propuesta. En cuestión de cinco minutos viene una banda de como cinco o seis personas (de las cuales cuatro al menos eran hombres de más de 35 años y con cierta robustez corporal) a patotearnos y amenazarnos”, relató a Infobae Thiago Salvatori, uno de los alumnos agredidos.

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Salvatori contó que se mantuvieron en forma pacífica, pero advirtieron que Tumini se apersonó junto a Carloni. Y que, luego de ver que era filmado, “se puso como loco e intentó robarle” los celulares a dos de sus compañeras».

“Cómo no pudo, empezó a propiciarle golpes a mi compañero, hasta tirarlo en una zanja que había detrás. Es en este momento que mi compañero golpea su cabeza contra el piso, justo al lado de una especie de cordón. No contentos con esto, siguieron arrastrando a mi compañero como 15 metros entre tres personas, mientras que otros me agarraban para que no pudiese ayudarlo”, graficó.

El agresor fue identificado como Juan Tumini

Y sumó: “Cuando me logro liberar intento que lo suelten y, ante la imposibilidad de eso, tuve que golpearlos yo también hasta que logré que se la agarren conmigo y suelten a mi compañero. Es ahí donde le gritó a mi compañero ‘andate Julián’ y pudimos salir corriendo los dos”.

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“Por suerte me encuentro bastante bien físicamente, pero bastante alterado con lo que se vivió ayer. Vi como casi matan a un amigo”, concluyó a este medio.

Desde las redes sociales, Moroni indicó que “una patota kirchnerista” agredió físicamente “a miembros de La Libertad Avanza de Lanús». También informó que realizaron una denuncia penal por “el acto mafioso, donde nuestros jóvenes recibieron golpes de puño” y “amenazas de muerte”. Y repudió que Julián Aguilar, uno de los militantes, terminó con una costilla fisurada. “Exijimos al rector, Daniel Bozzani, su inmediata intervención para identificar a cada uno de los agresores”, concluyó el concejal.

La voz de la UNLA

La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer. La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”, respondió la UNLA desde sus redes sociales.

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Además, confirmaron que realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Y que aplicará las sanciones correspondientes a los responsables, conforme al estatuto y las normativas vigentes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”, cerró el comunicado del establecimiento universitario.

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