ECONOMIA
La lógica electoral en la pelea Milei vs provincias: el margen de ajuste se agota y los gobernadores van por una caja millonaria
En los años pares se ajusta y en los impares se gasta: la lógica política argentina se resiste a cambiar una de sus reglas de oro, y ese es el motivo de fondo que llevó a la pelea entre Javier Milei y los gobernadores provinciales por los recursos fiscales.
Así, el presidente acusa a los gobernadores de querer socavar su programa de estabilización, pero los gobernadores -que sí hicieron un fuerte ajuste el año pasado- tienen la mente puesta en el calendario electoral.
En esa disputa, las acusaciones mutuas pueden llevar a la confusión: Milei afirma que aumentó el envío de recursos desde la Casa Rosada y que los gobernadores, en su compulsión gastadora, no sólo reciben más pesos del reparto federal sino que están subiendo impuestos propios. En la vereda de enfrente, los gobernadores responden que han hecho un esfuerzo de ajuste y que han equilibrado sus propias cuentas, incluso cuando tienen que afrontar con recursos propios los rubros de extrema sensibilidad social, como salud, seguridad, educación.
¿Quién tiene razón en esa discusión? Todos y ninguno. La realidad es que las cuentas provinciales están mejor ahora que al momento de asumir Milei la presidencia, pero también es verdad que empiezan a mostrar un deterioro, en la medida que el gasto aumenta.
Así, después de haber ajustado un 16% el gasto durante el año pasado, las provincias empezaron a revertir el tono de la gestión, y en el primer trimestre ya se registraba un incremento de 24%, según estimaciones de la Fundación Mediterránea.
En casi todas las provincias, el rubro más importante de gasto es el de salarios del personal. Tras un fuerte recorte de 21% real en 2024, este año se está produciendo una recuperación, son una suba de 17% real en el primer trimestre.
Las provincias ajustaron, pero están revirtiendo
Varios gobernadores han contestado las acusaciones de Milei sobre su presunta «irresponsabilidad fiscal». Y tienen números para respaldar ese argumento: el año pasado, aunque el ingreso cayó un 13,3%, las erogaciones lo hicieron en mayor medida, un 16,1%. Así, el conjunto de las provincias terminó con un leve superávit -equivalente al 0,1% del PBI- después de haber registrado un déficit de 0,3% en el último año de la gestión peronista.
Para tener una referencia de lo que significan estas cifras, el mayor rojo fiscal de las provincias en la historia reciente se registró en 2015, con un 1% del PBI. En cambio, el máximo superávit fue en 2022, con un 0,3%.
Ese ajuste hecho el año pasado, sostienen los mandatarios provinciales, tiene más mérito si se considera que hubo una disminución en las transferencias del gobierno nacional. Puesto en números, hubo meses en que la variación cayó en torno de 25% -considerando coparticipación, leyes complementarias y compensaciones-.
Pero también las cifras muestran que Milei tiene razón en un punto: después del duro recorte del año pasado, en 2025 se registró una mayor asistencia. De hecho, en el acumulado a junio, hubo una mejora promedio del 3,5%. Según el cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sólo la Ciudad de Buenos Aires está recibiendo menos transferencias que el año pasado, mientras que el resto tiene variaciones reales positivas, con Salta liderando la tabla -6,5% de aumento real.
Llamativamente, Buenos Aires es la segunda con mayor incremento de transferencias, con 6,5%, pese a la pelea pública entre Milei y el gobernador Axel Kicillof -a quien el presidente le sugirió en febrero pasado que renunciara a su cargo para poder establecer una intervención desde el gobierno nacional.
Dependencia de la Casa Rosada
Claro que las situaciones pueden variar mucho entre las provincias. Algunas cuentan con recursos propios mientras otras dependen casi enteramente de los envíos que les hace la Casa Rosada.
Incluso entre las que cuentan con economías regionales robustas, puede haber factores no fiscales que interfieran. Por caso, el retraso en el tipo de cambio socavó la rentabilidad de emprendimientos, sobre todo en el norte del país. Y en otros casos, como las de predominio agropecuario, impactaron negativamente factores climáticos y la caída de precios internacionales.
Es por ello que, en la tabla que indica qué porcentaje del ingreso provincial proviene desde el gobierno nacional se ven cifras muy disímiles. La Ciudad de Buenos Aires es la que menos depende de fondos federales: sólo un 10% de su ingreso, según informa la Oficina de Presupuesto del Congreso.
También se destaca por la alta generación propia la provincia de Neuquén, gracias a las regalías petroleras por el boom de Vaca Muerta. La ayuda nacional apenas explica un 15% de su recaudación. En menor medida, ocurre el mismo fenómeno en Chubut y Santa Cruz, que el año pasado necesitaron respectivamente un 34% y un 39% de la asistencia federal.
En el otro extremo, las que cuentan con menor generación de recursos propios y, por lo tanto, más dependen de la Nación son La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, cuya dependencia se ubica por encima del 80%.
La batalla fiscal de Buenos Aires
El promedio nacional está en 45%, y una de las cinco que se ubican por debajo de esa marca es Buenos Aires, la de mayor población y producción económica, cuyas arcas dependen en un 39% del gobierno central.
Históricamente, Buenos Aires ha denunciado un trato fiscal discriminatorio, porque con un 38% de la población y el mayor aporte al PBI nacional, solamente percibe un 22% en el reparto de la coparticipación. Es por eso que los gobiernos tienden a compensar esa «discriminación» con una mayor cuota de transferencias discrecionales.
Claro que ese porcentaje puede variar drásticamente dependiendo de la sintonía política entre el gobernador y el presidente. En 2024, en el marco del ajuste general, el ministro Toto Caputo llevó a un nivel mínimo las transferencias no automáticas, y Buenos Aires que históricamente recibió un 20% de lo repartido por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fue una de las que más sintió ese recorte.
No por casualidad, el manejo de los ATN está en el centro de la pulseada entre Milei y los gobernadores. Este fondo se compone por el 1% de la masa coparticipable neta, más el 1% de lo recaudado por Bienes Personales. Su creación tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero imprevisto. Por caso, fue echando mano a estos fondos que el ex ministro Sergio Massa ayudó a que varias provincias con problema de caja pudieran pagar sueldos y aguinaldos en 2023.
Lo que está en juego es una gran caja. Si la reforma se produce tal como lo proponen los gobernadores, habrá un impacto sustancial en las finanzas provinciales. Por ejemplo, Buenos Aires pasaría a recibir en este segundo semestre unos $70.971 millones, contra un promedio de $3.636 millones recibidos semestralmente desde que Milei asumió la presidencia.
Una caja millonaria en disputa
En el total nacional, se pasaría de $65.000 millones por semestre a $334.000 millones distribuidos a las provincias, sin necesidad del visto bueno de Toto Caputo.
La discusión radica en quién maneja ese fondo y cómo se atribuyen las transferencias. Hubo años en que se repartió la totalidad de lo recaudado -por ejemplo, durante la pandemia- pero en otros momentos casi no se transfirieron recursos. El promedio de lo que se transfirió en los últimos años es de 26%. Pero el año pasado se marcó un mínimo de 7% repartido sobre lo devengado.
Aunque este año ya empezó a revertirse la tendencia y se repartió un 20% del ingreso devengado, igualmente los gobernadores sienten que el potencial de la ayuda de ese fondo les resolvería muchos problemas. Hablando en plata, lo que ingresa al ATN es un 0,12% del PBI, que al día de hoy significarían u$s630 millones.
Además, las provincias quieren compensar la parálisis de la inversión en la obra pública mediante la transferencia automática de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles -aproximadamente un 2,3% del total de los ingresos fiscales-.
Más allá de la pulseada política, los técnicos tienden a ser favorables a una reforma, sobre todo por las injusticias que conlleva el manejo discrecional del ATN.
Así lo argumenta el Programa de Asistencia al Poder Legislativo -de Fundación Mediterránea-: «Por un lado, porque la tradición es que se sub ejecute, quedando una porción importante de los recursos en las arcas nacionales. Por el otro, por los incentivos perversos que genera la discrecionalidad, estimulado comportamientos oportunistas y la utilización de fondos públicos para inducir o premiar apoyos políticos. Finalmente, porque resulto poco efectivo para afrontar casos de emergencia tal como lo establece la letra de la ley».
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Este aumento incluye sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, que dejarán de abonarse desde abril, cuando los básicos se integrarán plenamente
26/02/2026 – 20:27hs
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los incrementos de sueldo que fueron oficializados entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Según la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integran el sueldo bruto de los empleados en marzo de 2026 son:
- Básico de convenio: Una cifra remunerativa que se mantiene estable desde finales de 2025.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): una suma fija de $40.000 que continúa vigente para todas las categorías.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): una suma fija adicional de $60.000, pactada en la última negociación paritaria.
Suma fija y bono de empleados de comercio: cómo impactan en el sueldo mensual
El convenio anterior regía desde julio hasta diciembre 2025 y contemplaba un incremento total del 6%, abonado como una asignación remunerativa y no acumulativa. El aumento se distribuyó en cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
Ahora, uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.
En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.
Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.
Por lo tanto, se cobrará una suma fija no remunerativa de $60.000 por el último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $100.000. Y en enero pagarán un bono extraordinario de $170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.
Cuánto cobran los empleados de comercio en marzo 2026
A continuación, incluimos el sueldo básico que cada categoría cobrará con el incremento otorgado en marzo 2026:
Maestranza
- Categoría A: $1.155.795
- Categoría B: $1.158.852
- Categoría C: $1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $1.167.268
- Categoría B: $1.171.860
- Categoría C: $1.176.448
- Categoría D: $1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.176.448
- Categoría C: $1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.178.740
- Categoría C: $1.203.985
Auxiliares especializados
- Categoría A: $1.180.274
- Categoría B: $1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.194.044
- Categoría C: $1.201.690
- Categoría D: $1.218.519
El acuerdo también ratifica que la antigüedad seguirá calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos, remunerativos y no remunerativos, mientras que el presentismo continuará aplicándose conforme al artículo 40 del CCT 130/75.
Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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ECONOMIA
Cuánta plata hay que ganar por mes para pertenecer al 10% de la población más rica de Argentina
Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.
Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica
En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.
Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.
Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.
Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre
En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».
Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.
El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.
Los datos de la UCA revelan cuánto necesita ganar un hogar para ubicarse en cada nivel social
El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal
En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.
El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Estabilización e interrogantes hacia adelante
En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.
El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.
Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.
De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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