En los últimos años, las deudas que cada provincia decide tomar parece ser cada vez mayor y, entre cambios de gestión y elecciones, las precisiones parecieran disiparse. Los datos disponibles, actualizados en términos absolutos, revelan que Buenos Aires lidera el ranking de las provincias más endeudadas con una suma cercana a los $18 billones, y proyectada a unos $20 billones en este 2025. ¿Cuál fue la explicación del mandatario de Unión por la Patria? Y, ¿por qué otras provincias decidieron endeudarse más que en otros años?

Primero, Salta acumula una deuda de, al menos, $484.500 millones hasta el año anterior. Bajo la administración de Gustavo Sáenz, la provincia logró restructurar u$s350 millones ($444.500 millones al dólar actual) en bonos al 9,125% para reestablecer la sostenibilidad tras el paso del covid-19. En 2024, el gobernador tomó un crédito de $40.000 millones con el Fondo del Bicentenario y DDFP para poder «atender a todos los sectores donde Nación se retiró: comedores escolares, salitas, remedios oncológicos, y un conjunto de cuestiones que requieren atención», según precisó el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur.

Chaco, un caso particular

Descendentemente, le sigue Chaco que acumuló una deuda de $313.000 millones hasta 2023, incluyendo u$s250 millones ($317.500 millones, al dólar de $1270) emitidos en 2016 bajo el mandato del peronista Domingo Peppo con bonistas internacionales (Grupo Ad Hoc de Bonistas, VR Advisory Services). Esta suma, asumida en dólares, se tomó para abonar gastos corrientes como sueldos y el mantenimiento del gobierno provincial.

Y en 2024, bajo el mando del radical Leandro Zdero, se volvió a recurrir a financiamiento externo a través del BID para, según detallaron desde su administración, mejorar la educación. Aunque, tras ello, se destinaron unos u$s80 millones a pagar las obligaciones anteriores.

«En los años siguientes tendremos que seguir pagando los vencimientos de esta deuda millonaria en dólares que fue asumida irresponsablemente en su momento y que ha comprometido el futuro de todos los chaqueños sin que las gestiones anteriores hayan pagado un solo peso», aseveró Zdero a la hora de rendir cuentas.

La situación de esta provincia en particular es frágil debido a que ingresó en default en 2020, durante el gobierno de Jorge «Coqui» Capitanich, quien no logró cumplir con los pagos de deuda en dólares, los que, probablemente, también incluyan los que se tomaron en 2016. Ambos hechos, la devaluación de peso (que terminó elevando el valor de la deuda en dólares) y la inflación, se convirtió en un problema financiero máximo para la provincia.

Es decir, de nuevo, considerando que se abonaron u$s80 millones de «la deuda desencadenante de todos los males», como lo llama la oposición chaqueña, y que se tomó otra deuda con el BID, la cuenta en negativo total de Chaco podría superar los 313.000 millones de pesos.

Luego, Tucumán reportó una deuda de $72 millones en 2023 donde el gobernador Osvaldo Jaldo tomó bonos en el mercado local para garantizar el desarrollo económico, con el foco en el turismo. «Cuando yo empecé la gestión me dejaron $35.000 millones de deuda. Eso se actualiza por el índice CER que es casi el de la inflación. Hoy Tucumán debe 72.000 millones«, admitió Jaldo criticando a su excompañero de fórmula, exgobernador y exministro de Alberto Fernández, Juan Manzur.

En un nivel superior, Córdoba acumula un stock estimado en $1,5 billones para 2025, tras emitir u$s725 millones en bonos este año. Bajo el mandato del exmandatario y excandidato a presidente Juan Schiaretti, Martín Llaryora, los bonos a una tasa del 9,75% tomada en el mercado internacional fue duramente criticada, puesto que marcó el regreso al financiamiento externo luego de ocho años. Pero, también se consideró un hito porque abrió nuevamente el acceso al mercado de deuda global, el cual se vence en 2032.

«Esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin resignar el financiamiento de obras claves para la provincia», explicaron desde el Ejecutivo provincial a finales del mes anterior, y tras la vuelta de Llaryora a la provincia.

Finalmente, provincia de Buenos Aires lidera el ranking con $17,8 billones en 2023, proyectados a$20 billones este año tras un aumento del 12,2% en 2024. El mandatario bonaerense Axel Kicillof emitió bonos en dólares en 2024 y contrajo deuda (vía Nación) con el FMI, BID y Banco Mundial para mantener los subsidios en el transporte, invertir en seguridad e infraestructura, y abonar responsabilidades que dejó la exgobernadora María Eugenia Vidal, según sus ministros.

En 2023, Kicillof pidió u$s150 millones argumentando que «desde el regreso de la democracia, el Estado provincial contó con ingresos totales por habitante un 43% inferior al promedio del resto de las jurisdicciones». Así, 75,6% de la deuda provincial consolidada es en bonos, 18,4% con organismos internacionales, 6% con el gobierno nacional y 2,7% con bancos.

Complicaciones a la hora de pagar

Ante este panorama, la Fundación Libertad y Progreso analizó el total de las deudas de todas las provincias y revelaron que, sumado Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto asciende a u$s23.000 millones. Agravando la situación, según el economista Eugenio Marí, la eliminación del Impuesto a las Ganancias redujo los ingresos coparticipables, forzando ajustes, defaults o más impuestos, en un intento de compensar las balanzas.

El dilema es claro: piden más deuda para suplir viejas deudas y avanzan con reducciones impositivas que favorecen a gran parte de la ciudadanía, pero obliga a las provincias a recurrir a financiación externa u otros impuestos.

Casos como el de Salta, donde la provincia reclama una deuda de casi 245 mil millones de pesos a Nación exponen otra problemática en la imposibilidad de pagar las deudas que es la falta de compromiso de pagos incluso interno. En tanto, Chaco y Tucumán someten al Estado provincial a varios ajustes, que golpean de lleno al mantenimiento de rutas, hospitales y escuelas, entre otros, para poder pagar sus deudas.