POLITICA
La historia detrás de los mensajes de la vicepresidenta en Instagram y el quiebre con la Casa Rosada
Con los mensajes que escribió en su cuenta personal de Instagram este sábado, en horas de la madrugada, Victorial Villarruel quebró la carcasa protocolar y la sonrisa en la que siempre se escuda y exhibió lo que verdaderamente piensa y siente sobre Javier Milei y su círculo. La vicepresidenta, como nunca antes, rompió con la Casa Rosada y criticó el rumbo del Gobierno, sin sutilezas. No solo defendió su accionar durante la última sesión en el Senado -en la que el oficialismo sufrió seis derrotas al hilo- sino que también criticó abiertamente al Presidente, a Karina Milei y a parte del entorno presidencial. Además, dejó en claro que no comparte la mirada que tiene el jefe de Estado sobre los proyectos para recomponer jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.
“Si hay equilibrio [fiscal], entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”, respondió Villarruel a un comentario de Instagram. Una mirada opuesta a la que expresó Milei, que trató de “degenerados fiscales” a quienes apoyaron el proyecto previsional y el vinculado a discapacidad y dijo que los va a vetar.
La Casa Rosada no respondió, por ahora, de manera directa a los mensajes de la vicepresidenta en sus redes sociales. Cerca del Presidente se limitaron a decir: “Es muy bueno que se saque la careta así todos ven lo que nosotros vemos hace rato”.
Una figura importante del entorno presidencial agregó: “Finalmente confiesa que estaba de acuerdo con las leyes que salieron sancionadas el jueves. Ergo, no intentó ayudar a Milei”.
Qué pasó
Todo empezó el último jueves, cuando la Casa Rosada quiso que Villarruel no convalidara -mediante algún artilugio reglamentario- la sesión que se anticipaba muy negra para el Poder Ejecutivo. Tres funcionarios distintos de Balcarce 50 le escribieron a la vicepresidenta para pedirle que no habilitara la sesión, pero ella hizo caso omiso, alegando que no podía dejar de cumplir con su papel “institucional”, con el grueso de los bloques reclamando la votación. Esa misma noche, después de que La Libertad Avanza sufriera una catarata de derrotas, Milei habló en la Bolsa de Comercio y tildó de “traidora” a Villarruel, aunque sin nombrarla directamente.
Avaladas por el agravio que le dedicó el Presidente, las redes sociales mileístas se hicieron eco y salieron a acribillar a Villarruel. La trataron de “burra” y le dedicaron mensajes de odio. El usuario Traductor Te Ama, que fue retuiteado por el entorno de Milei, escribió: “Hace unos meses [el titular de Diputados] Martín Menem vio que no había quorum y que los kukas querían meter una sesión ilegal. Se levantó y la tuvieron adentro. Los kukas lo quisieron fajar pero Menem le puso una patada voladora en el pecho a Máximo [Kirchner] y listo. Eso tenía que hacer Villarruel”.
Varios usuarios que siguen a Villarruel en Instagram, a su vez, le dejaron comentarios cuestionando su actitud en la sesión del jueves. Este sábado, en las primeras horas de la madrugada, ella se ocupó de responderles. “Hay mucha gente sufriendo y ustedes viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función”, se quejó.
En relación con Milei, respondió las críticas por supuestamente no acompañar al mandatario. “¿Un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca», marcó. En otro momento añadió: “Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla”.
Milei no volvió a cruzar a Villarruel. La réplica a su catarata de mensajes en Instagram quedó en manos de distintas figuras del elenco mileísta que salieron a apuntarle duramente en X. Santiago Oría reposteó mensajes en donde llamaban “Kukacruel” y la tildaban de “desagradecida”, “traidora” y “mentirosa”. Agustín Laje, director de la Fundación Faro, apuntó: “Villarruel se portó muy mal desde la campaña cuando hacía sus propios logos, caminatas y banderas. Yo hice las paces con ella, pero ya lo de ayer fue demasiado. Darle la razón a Mayans…”.
Lilia Lemoine, por su parte, le respondió directamente a Villarruel. La vice había dicho: “No sé por qué [Milei] no puso [de compañera de fórmula] a la hermana o a la Limones [sic]”. La diputada mileísta replicó: “Villarruel insinúa que haber sido candidata de Javier, el presidente más votado de Argentina, fue una suerte de castigo. Leo los comentarios en Instagram no solo por los errores ortográficos sino por el estilo, me cuesta pensar que los esté escribiendo sobria”.
Cómo sigue
La nueva escalada entre Milei y Villarruel parece echar por tierra cualquier tipo de gestión coordinada entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado. Cerca de la vice, luego del episodio en las redes, aclaraban que sus mensajes fueron “respuestas personales” de una cuenta -la de Instagram- que ella maneja sin un equipo de comunicación oficial Subrayaron, además, que durante la última sesión, “ella actuó desde su rol institucional” como titular de la Cámara alta. “Milei dijo que Guillermo Francos es el mejor jefe de Gabinete de la historia. Y el propio Francos dijo luego en entrevistas que Victoria cumplió con su rol”, argumentaron.
Quienes conocen bien a Villarruel aventuran que sus mensajes en Instagram no formaron parte de una acción política calculada para romper abiertamente con la Casa Rosada y que, probablemente, se trató de una reacción espontánea y personal, que se anticipó a cualquier plan. Hasta ahora, ella había resistido casi todas las embestidas sin mostrarse visceral. Pero esta vez fue distinto.
El cambio de actitud se enmarca, a su vez, en un reperfilamiento que, meses atrás, Villarruel hizo en su equipo de asesores. La vice cambió radicalmente a su círculo de colaboradores y aplicó drásticos cambios en el cuerpo de directores de la Cámara alta. Ella cambió a su equipo de comunicación, que estaba comandado por Gaspar Bosch, y corrió a Emilio Viramonte Olmos, exsecretario Administrativo del Senado y su principal asesor político. También apartó a Juan Martín Donato, que conducía la Oficina de Atención Ciudadana y era uno de sus principales asesores.
Ese grupo, que la acompañó en la primera etapa de la gestión, siempre intentó que Villarruel no rompiera abiertamente con La Libertad Avanza -que de todos modos la fue aislando y neutralizando desde el inicio de la gestión- y buscó sostener algún puente, por endeble que fuera, con la Casa Rosada, para evitar el aislamiento total.
Pero culminado el primer trimestre de este año, todos esos colaboradores fueron renunciando a sus cargos y fueron reemplazados. También dio un paso al costado su juventud, un grupo de militantes sub 30 que ocupaba distintos lugares en la Cámara alta conocidos como los “villarruelines”. Por un lado, Villarruel le dio lugar a militares retirados en las direcciones del Senado. Designó a Claudio Gallardo -compañero de armas del padre de la vicepresidenta- como director general de Seguridad del Senado y nombró como subdirector general de Auditoría y Control de Gestión a Juan Manuel Gestoso Presas, un militar retirado que fue acusado de intentar destruir pruebas en delitos de lesa humanidad.
La “pata militar”, además de asesorar a Villarruel en temas de seguridad e inteligencia, promueve el perfil nacionalista, patriótico y de reivindicación de las Fuerzas Armadas que viene exhibiendo la vice en las fechas patrias, en donde suele buscar protagonismo viajando a las provincias para participar de actos tradicionales.
Por otro lado, Villarruel reincorporó a su staff a Claudia Rucci. Volvií a designarla como titular del Directorio del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, cargo que había dejado en diciembre. Rucci, que siempre promovió la construcción de un armado político para Villarruel, es el nexo de la vice con sectores del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por eso no sorprendió que en las últimas semanas Villarruel haya visitado localidades bonaerenses. Se reunió con el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos; y visitó Saladillo.
Nadie espera que Villarruel tenga un armado propio para este turno electoral, pero la duda está puesta en 2027. En el entorno de la vice aseguran que no hay un plan político en marcha. “Es ciencia ficción”, señalan.
La vicepresidenta, no obstante, sumó también a su primer anillo a Mario “Pato” Russo. Lo contrató en el Senado como Director General del Cuerpo de Asesores y en la práctica es su asesor político de confianza. Se trata de un consultor que trabajó con Milei al inicio de su campaña legislativa de 2021 y que luego el líder libertario desplazó para empoderar como estratega a Santiago Caputo. Russo fue quien propuso que Milei hiciera un tándem con Villarruel para combinar el perfil ultraliberal de él con el enfoque nacionalista de ella.
En la Casa Rosada sospechan que Villarruel quiere prepararse con un equipo porque cree que puede reemplazar a Milei en la primera magistratura. En el entorno presidencial, de todos modos, aseguran que no generan mayor nerviosismo los movimientos de la vice en pos de un armado político propio. Muy cerca del Presidente lanzaron: “No puede hacer daño porque no puede construir nada”.
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
La entrada Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado se publicó primero en Nexofin.
Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo
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