El sistema político ha quedado atravesado, sin distinción partidaria, por un altísimo grado de desconfianza generalizado que torna impracticable cualquier acuerdo. La gobernabilidad parlamentaria de la administración de Javier Milei entró en la última semana en zona de riesgo, y el programa fiscal del Gobierno, sustentado en una innegociable defensa del déficit cero, quedó a merced de la voluntad de un grupo muy mayoritario de gobernadores que desafiaron seriamente por primera vez a la Casa Rosada, sumergida, para colmo, en una serie de recelos internos en dos de los vértices del triángulo de hierro.

Si el Gobierno todavía está a tiempo de cortar los cables de la bomba fiscal que los senadores y los jefes provinciales activaron el jueves en la Cámara alta es porque las esquirlas pueden arrastrar a todo el sistema. “Nos regalamos y nos pusieron la pistola en la cabeza, pero todavía podemos pedir clemencia: los gobernadores saben que tenemos atado al cuerpo un chaleco de explosivos que, si todo explota, la onda expansiva también los puede alcanzar a ellos”, describió el viernes un operador del oficialismo.

Esa misma tarde, Guillermo Francos envió un mensaje conciliador: distinguió a los gobernadores aliados, con los que se mostró abierto a alcanzar un acuerdo después de que el Presidente dinamitara todos los puentes en la previa de la sesión del jueves, cuando dijo que “todos” los jefes provinciales querían darle un golpe al gobierno. La Casa Rosada llegó a esa sesión sin ninguna negociación en curso, de brazos caídos, y solo atinó a instalar una cortina de humo para morigerar, en vano, la paliza legislativa con una narrativa anclada en un supuesto “golpe institucional” en el que se incluyó a Victoria Villarruel, cuya relación con el Ejecutivo no tiene ningún retorno: el propio Milei la llamó “traidora”. La vicepresidenta respondió este sábado, y escaló la tensión. Pidió reducir gastos en “viajes y en la SIDE”: “Un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos”, disparó.

La estruendosa derrota oficialista del jueves evidenció no solo los límites operativos del gobierno: exhibió, además, la disputa interna cada vez más bulliciosa entre el sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo. El consultor festejó el viernes su cumpleaños con un sabor agridulce por lo que en su entorno consideraron una paliza legislativa que podría haberse evitado.

Si no se evitó fue, en buena medida, por la intransigencia en la conducción del Ejecutivo y el ala económica: Milei, su ministro Luis “Toto” Caputo y buena parte de la cúpula libertaria se pelean por ver quién es más intransigente en la defensa del programa fiscal. Hasta este fin de semana, más allá de las declaraciones públicas de Francos, los gobernadores aliados no habían recibido ningún llamado. Se esperaban tratativas a contrarreloj en la Cámara baja, donde el oficialismo deposita ahora todas sus expectativas. “No llamó nadie. El Gobierno tiene una chance, pero algo nos van a tener que entregar, no va a ser gratis”, resaltó en estas horas uno de ellos.

En el Gobierno adjudican un freno en las negociaciones con las provincias y el Congreso al ala menemista, por Martín y “Lule”, los operadores de la hermana presidencial que son cada vez más resistidos por el ala caputista. Por ahora, los Menem guardan silencio. Nunca agitaron demasiado la interna, pero la acumulación de recelos cruzados empieza a tornarse insoportable. La estrategia política de LLA esta cada vez más atravesada por esa puja facciosa. Un funcionario lo describió en términos automovilísticos: “Tenemos el mejor auto de la temporada, pero estamos corriendo con los pilotos de reserva”.

Desde el Senado, el durísimo traspié del oficialismo también se analizó bajo el prisma de esa disputa, alimentada además por el malhumor de un buen número de senadores aliados que son testigos de cómo las conversaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo suelen caer en saco roto, de cara a la renovación parlamentaria. “Queremos legisladores leales a partir de diciembre. Preferimos, si no es así, tener en todo caso un legislador menos”, opinó una de las espadas parlamentarias de LLA que responde a la secretaria General. En la Cámara alta, los senadores que intentaron abordar una suerte de alianza electoral de cara a octubre con la Casa Rosada, y que todavía no tuvieron respuesta favorable, se multiplican: desde Carlos Espínola y Juan Carlos Romero a Luis Juez o Eduardo Vischi. La intransigencia no distingue de partidos. Tampoco la desconfianza.

“Se intentó arreglar un poco el quilombo el jueves, pero con una estampida en curso, ya era tarde, virtualmente imposible. Ya no hay más amigos, los gobernadores mandaron a morder a todos”, explicó a última hora del jueves un funcionario del Senado.

Acuerdos forzados. Un manto de sospecha general cubrió a la dirigencia en su conjunto en la puerta de entrada del cronograma electoral que podría definir la suerte del segundo tramo del mandato de Milei. El Presidente está decidido a sostener hasta las elecciones una narrativa agresiva y una estrategia pública inflexible. El dilema es hasta qué punto está dispuesto a abrir las negociaciones para torcer la voluntad de los gobernadores -acorralados por la caída en los ingresos- tras la media sanción de las dos leyes aprobadas por el Senado, y el blindaje del veto de la moratoria previsional y la actualización de las jubilaciones, una herida profunda al programa fiscal trazado por el Ejecutivo.

En la semana, en el grupo de WhatsApp de los “23 gobernadores y un jefe de Gobierno” circuló un documento con el costo fiscal de los dos proyectos de distribución de ATN y de reparto directo del impuesto a los combustibles. Según ese paper, las dos iniciativas suman 0,11% del PIB, y aún con ese costo se sobrecumpliría la meta fijada por el FMI para el ejercicio fiscal de este año si fueran avaladas por Milei, que estableció para el resultado del 2025 un superávit de 1,60% del PIB, por encima del 1,30% fijado por el Fondo Monetario. “No genera costo fiscal y devuelve un porcentaje ínfimo de agosto a diciembre”, explicaron.

Sin embargo, la falta de confianza entre los interlocutores, puertas adentro del gobierno y en la tratativa con el mundo exterior, se extendió en el último tiempo a todos los sectores. Es la característica principal que se apoderó de todas las negociaciones, y que quedó en evidencia en los cierres de alianzas que tuvieron lugar esta semana en la provincia de Buenos Aires, el territorio de la disputa central entre LLA y el peronismo.

El acuerdo sellado el miércoles en el hotel Libertador entre “El Jefe” libertario y Cristian Ritondo, acompañados por Sebastián Pareja, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, acumuló en las semanas previas una serie de pujas subterráneas que aún siguen latentes. Hay un grupo de intendentes del PRO que aún lo resisten, más allá de que este lunes empezarán a delinear, en el sprint final de cara al cierre de candidaturas, los nombres en cada uno de los distritos.

Mauricio Macri desconfía de esa alianza. De viaje por el exterior, el ex presidente está virtualmente afuera de las conversaciones, y en las últimas charlas que mantuvo con sus colaboradores lo notaron un tanto fastidiado con los dirigentes que encabezaron las negociaciones. Incluido Ritondo, que ofició meses atrás como nexo entre la Casa Rosada y el jefe del PRO. El fastidio alcanza hasta a su primo Jorge, que relegó de la mesa chica a Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más leales del ex jefe de Estado.

Es más: cerca de Macri aseguran que, producto de esa desconfianza, empezó a explorar la posibilidad de una eventual reorganización de Juntos por el Cambio. Fue lo que le sugirió semanas atrás Emilio Monzó. Por eso activó, a través de colaboradores, una suerte de acercamiento con Horacio Rodríguez Larreta que el ex jefe de Gobierno, por ahora, rechazó. “Se hubieran acordado antes”, respondieron allegados al legislador electo.

Las sospechas cruzan a todos los espacios. El miércoles, sobre el filo del cierre, un grupo de dirigentes de la UCR y del peronismo sellaron una alianza junto a la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Facundo Manes, Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, Monzó y Julio Zamora, entre otros. Es un espacio que la Casa Rosada sigue con especial interés. Muy de cerca. Los dirigentes mencionados se sentaron en una misma mesa con apenas un puñado de charlas previas. “Se juntaron sin que se hayan sentado todos juntos los socios principales: solo hubo un acuerdo entre los CEOs. Es una UTE que vamos a ver cómo funciona, aún no se repartieron los cargos de la empresa”, resumió un operador de ese espacio. Y agregó: “Se viene una semana difícil”.

Es la misma sensación que recorre al campamento K en territorio bonaerense, después de que Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner acordaran, con fórceps, el frente Fuerza Patria.

Fue un avance, no menor, en medio de un océano de dudas que se verán materializadas en conjunto esta semana cuando se empiecen a puntear los candidatos en las ocho secciones electorales. En el último cierre, en el 2023, el jefe de La Cámpora y el del Frente Renovador aceitaron el vínculo, bajo el paraguas de Cristina Kirchner, y marginaron al gobernador de las negociaciones. Kicillof casi que no tuvo injerencia. Kirchner se encerró con la lapicera, en sintonía con Massa, en la residencia de Martín Insaurralde, entonces jefe de Gabinete bonaerense, en La Plata. El gobernador quiere dar ahora vuelta la página, y tener máxima influencia en el armado de las listas. La desconfianza es total.