POLITICA
El Gobierno busca activar las negociaciones con la oposición: qué números hay para el veto y el rumor de un encuentro para esta semana
El gobierno de Javier Milei inicia una semana que busca dejar atrás los fantasmas de la anterior, signada por la derrota del oficialismo en el Senado, que implicó la sanción de tres leyes, la media sanción de otras dos y el rechazo en primera instancia de un veto presidencial. Todos asuntos que tienen implicancias en el plano de lo fiscal, algo que el Presidente delimitó como inaceptable.
“La política del superávit es permanente”, afirmó Milei en la Bolsa de Comercio, mientras a pocos kilómetros de distancia el Senado seguía aprobando iniciativas contrarias a la voluntad del Gobierno. Allí aseguró que no le sorprendía todo lo que sucedía y que, en rigor, se estaba preparando para las próximas semanas. “Sabemos que vamos a ser exitosos”, afirmó.
El Gobierno ofreció dos alternativas para evitar que las tres leyes – el aumento jubilatorio, la moratoria y la declaración de emergencia en Discapacidad- sancionadas por el Congreso queden promulgadas: el veto y la judicialización de la sesión del jueves, a la cual la consideran inválida.
Los tres vetos no saldrán esta semana, ya que el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para poder realizarlo. Allí, reside el debate sobre si vetar un proyecto sancionado en el Congreso implica validar las dos sesiones (la de Diputados y la del Senado) por la cual se pasaron las iniciativas. Pese a la discusión jurisprudencial del caso, se especuló con que en los considerandos del veto se incluya una referencia a la supuesta invalidez de la sesión del jueves pasado. Aquello todavía no está confirmado.
Más allá de la judicialización, el objetivo de tardar en vetar las leyes es que el Gobierno gane tiempo para articular una estrategia en el Congreso. Ya que no hay expectativas de poder triunfar en el Senado, todos los esfuerzos están situados en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene una mayor proporción de bancas propias y una composición variopinta de espacios que le permiten mayores posibilidades de negociación.
El principal interlocutor con los gobernadores es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vicejefe del Interior, Lisandro Catalán. Aunque su rol mermó en la última semana -pero no deja de ser menor-, el asesor presidencial Santiago Caputo también es reconocido como una contraparte de fuste para muchas provincias. Será vital el diálogo que pueda iniciar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a su primo lejano y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.
El sector de Caputo y el de los Menem están enfrentados, mientras que el tándem de la Jefatura actual como un equilibrio al tener diálogo con ambos. La búsqueda de los votos para bloquear el veto los someterá a ambos bajo el mismo objetivo, aunque la falta de diálogo puede comprometer la coordinación política en las negociaciones con los gobernadores, tal y como vienen diciendo off the record desde varias provincias.
“Vamos a tratar de sostener el veto, nos tenemos fe”, afirma una fuente de diálogo prácticamente diario con Milei. Esta postura dista de la pose confrontativa con la que el Presidente se mostró el miércoles pasado durante un reportaje radial, en el cual acusó a los gobernadores y a sectores de la oposición de querer “destruir al Gobierno”.
Aunque en el discurso público del oficialismo prime el denominado “talibanismo” que pregona un sector de la Casa Rosada, sigue estando la necesidad y la intención de negociar.
Por el momento, todas las provincias consultadas por Infobae afirmaron que no recibieron ninguna invitación formal del Gobierno para mantener una reunión en Casa Rosada; pero esto no invalida los mensajes informales que suele haber entre altísimos funcionarios de la Casa Rosada con los jefes provinciales.
Todas las fuentes gubernamentales consultadas afirman que no está en los planes hacer una cumbre formal de gobernadores. Al menos no en los términos que se venía haciendo con anterioridad, y no por esta semana.
Pero sí comenzaron a crecer los rumores de que podría haber un acercamiento entre la Nación y algunos gobernadores en un “lugar neutral”. La ocasión podría ser en la inauguración de la Exposición Rural el próximo jueves.
Casualmente, esta será la primera edición de la Expo Rural en la que se hará un cóctel con gobernadores. Hay 16 provincias como sponsor de la feria, pero fueron invitados los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Todavía no está la lista de invitados, pero muchos podrían verse interesados si supieran que el Gobierno vería con buenos ojos esa ocasión para entablar un diálogo informal. Por ahora no era probable que pudiera ir Milei. Sí otro funcionario.
El Gobierno no cree que precise mantener los 87 votos negativos que ratificaron el veto presidencial al aumento jubilatorio del 8,2%. En rigor, de máxima, precisa juntar 86, que es lo que establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. La oposición tendrá que conseguir 172 votos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, considera que la cantidad que debe juntar esta vez es menor si es que la oposición junta menos votos de lo pensado. Algunos afirman que podría variar entre 75 y 80 votos. Como ciertos sectores no quieren “mancharse las manos” con la ratificación del veto, los negociadores de La Libertad Avanza apuestan a negociar ausencias o abstenciones.
En el Gobierno mencionan provincias que -a pesar del ruido producto de las declaraciones del Presidente- se llevan bien con el Gobierno y que pueden aportar a la masa de votantes a favor del veto. Uno de ellos sería el sanjuanino Marcelo Orrego, ya que tiene el bloque Producción y Trabajo con dos diputados. El año pasado aportó los votos para ratificar los vetos, mientras que este año apoyó parcialmente la iniciativa jubilatoria. “Todo puede cambiar”, afirman los libertarios.
Será determinante el rol del tucumano Osvaldo Jaldo, quien tiene su bloque Independencia con tres bancas. Este ha sido uno de los que más colaboró con el Gobierno en el primer segmento de la gestión libertaria, pero esto empeoró a partir de la incursión electoral de LLA para las elecciones de octubre. Los libertarios no están dispuestos a hacer un acuerdo con Jaldo, quien volvió a recibir al senador Juan Manzur para comenzar a tejer un acuerdo del peronismo en la provincia.
Parecen haber vetos que puedan prosperar más que otros. No es menor la distinción que realizó ayer la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, en un video publicado en sus redes. Ahí adelantó que votará en contra de la moratoria, pero no sobre las otras dos leyes.
El bloque amarillo parece tener dos grandes facciones: una más alineada a la hoja de ruta libertaria, y otra que responde a las determinaciones que tome Mauricio Macri. Vidal se abstuvo en la votación jubilatoria semanas atrás, junto a otros ocho diputados a pedido del expresidente, un mensaje teledirigido a la Casa Rosada sobre lo costoso que le podría salir al Gobierno un desmerecimiento hacia el PRO. “El mensaje nos llegó y nos preocupa”, confesó una altísima fuente del Gobierno en ese momento.
El bloque amarillo no mantiene reuniones de bloque desde hace tiempo y no esperan hacerlo durante esta semana. No parece menor el timing: esta semana se definen las listas en las elecciones bonaerenses donde La Libertad Avanza y el PRO mantuvieron alianza.
Volviendo a La Rural, el Presidente recibirá el martes a las 10 de la mañana en Casa Rosada a los representantes de la Mesa de Enlace. Las entidades que conforman la Mesa son, además de la SRA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que reúne a cooperativas agrarias de todo el país.
“Es todo un gesto que nos reciba el presidente. La agenda será abierta, con los temas que preocupan al sector”, dijo Pino, entrevistado en el programa CNN Campo. Allí detalló que el encuentro será a “agenda abierta”, aunque durante el reportaje mencionó asuntos como los cambios en el INTA y el fin de la “barrera sanitaria” patagónica. Sobre las retenciones, aseguró que “el camino es transitar hacia cero”, asegurando que Milei está “yendo hacia ahí”.
Corporate Events,South America / Central America,BUENOS AIRES
POLITICA
Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala– sobre un total de x presentes. En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.
Qué se dijo en el recinto
Lo más curioso de la discusión de hoy fue que los dos miembros informantes fueron dos senadores kirchneristas que, durante largos meses de 2024, se rehusaron a integrar las comisiones que ahora presiden y que empujaron ambos debates: la catamarqueña Lucía Corpacci (Salud) y el bonaerense Eduardo De Pedro (Educación). La primera afirmó que no se puede “mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica”.
Aparecieron otros soldados del Frente de Todos para reforzar los conceptos iniciales. Por caso, el peronista Guillermo Andrada (Catamarca) señaló que “el Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. En esa línea, sentenció: “A más vetos, más votos”.
El también justicialista Pablo Bensusán (La Pampa) aseguró la batalla legislativa nunca se trató de algo “técnico, fiscal o contable”, sino de “un debate político y moral”. Y añadió: “Para -el primer mandatario, Javier– Milei y su gobierno, sólo puede estudiar el que paga una carrera. Sólo puede atenderse en los hospitales quien paga una obra social privada. Ése es el criterio que estamos viendo con estos dos vetos que estamos tratando. Evidentemente, es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos.
“Si el Presidente y su equipo de funcionarios hubiesen tenido en mismo nivel de obsesión y de creatividad -en referencia a la macroeconomía- para buscar consensos, acuerdos y, sobre todo, soluciones, no estaríamos nuevamente ante esta situación”, lanzó la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).
La legisladora porteña electa pinceló la realidad de los últimos tiempos del Congreso, al acusar a la Casa Rosada de “romper todos los puentes habidos y por haber”. Más tarde, sentenció: “Echaron a los propios que osaban pensar algo distinto, crearon un nivel de agresión en este Congreso que en algunos casos, rozó lo inaudito a niveles personales, y ningunearon a gobernadores“.
Tagliaferri luego apuntó a que “apareció la plata por algo tan típico de la casta, que es el resultado de una elección, algo de ‘casta’ que ustedes -por el Gobierno- dijeron que iban a combatir”. Y finalizó: “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el fueguino Pablo Blanco indicó que “la obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”. Por su parte, el bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Llevamos más de un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades. Me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Cierres
“Un tema importante es qué hará el Ejecutivo. Si no cumple con la ley, estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público”, opinó el puntano Fernando Salino, del espacio Convicción Federal que integra el interbloque K del Frente de Todos.
En tanto, desde Provincias Unidas, el peronista disidente Carlos Espínola enfatizó: “¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado. En Corrientes, por ejemplo, atendieron a más de 5.000 niños el año pasado en el Garrahan“.
Por la UCR, Eduardo Vischi -comprovinciano de Espínola, flamante aliado en la última elección provincial del oficialismo local, que responde al centenario partido- habló de una “Argentina muy vulnerable y un Gobierno que, en vez de tomar nota de cuestiones prioritarias que el Congreso describe, no avanza en una decisión”, y lo calificó de “récord de insensibilidad”. Y puntualizó: “Priorizan las matemáticas y no entienden cómo hacer para equilibrar las cuentas públicas y no dejar a la deriva a sectores vulnerables”.
Tras la comparación de la administración actual con la gestión del peruano Alberto Fujimori que realizó la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires), el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), manifestó que Milei “quiere a un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario”. Para el experimentado legislador, “el plan ya fracasó” y relató el escenario complejo en cuanto a consumo y producción en las Pymes -habló de “más de 16.000 empresas cerradas”-, entre otras cosas.
El último orador fue el titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), sostuvo que “utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza”, en clara referencia al kirchnerismo, y contó que el Gobierno libertario dio “un 274% de aumento real” al Garrahan -sin precisar sobre esto, y el dato quedó en una nebulosa-, mientras que “la provincia de Buenos Aires le debe $5.000 millones, y donde no vi a nadie que marchara allí”. “Otra hipocresía”, conjeturó.
Sobre universidades, mencionó que la -destacada en el mundo- Universidad de Buenos Aires (UBA) “no hizo una auditoría en diez años y los fondos se manejan de forma discrecional”, y subrayó que existen decenas de triangulaciones “con contrataciones directas” con otras instituciones educativas. Atauche además recordó a la oposición dialoguista el maltrato que recibieron radicales, macristas y silvestres provinciales durante años de parte de los diversos gobiernos kirchneristas. “En un año y medio nos olvidamos”, apuntó el jujeño.
POLITICA
Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas
El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.
El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.
La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.
El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.
Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.
A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
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