POLITICA
Promesas, letra chica y tensiones por ahora contenidas: detalles de la negociación del PRO bonaerense para acordar con LLA
Mauricio Macri observó desde lejos, y con satisfacción, el resultado final del trabajo encomendado a Cristian Ritondo para que el PRO cierre una alianza electoral con La Libertad Avanza, que incluyó meses de reuniones, promesas, rencores, temores y una dura interna partidaria. No se metió en el barro, como sí lo hizo en la campaña porteña que terminó en derrota y decepción.
“Estamos conformes”, graficó a Infobae un importante dirigente partidario, que trabaja cerca del expresidente. “Queríamos a todos los intendentes incluidos”, agregó. Había temor al impacto político que podría haber representado la fractura y la fuga de dirigentes con peso territorial hacia otros espacios o frentes. Sobre todo, en un partido que atraviesa una crisis inédita en su corta historia.
Para evitarlo, Ritondo debió trabajar contrareloj en las últimas 48 horas, acompañado por el diputado nacional Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Los tres funcionaron como bloque para negociar con el armador libertario Sebastián Pareja, delegado de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, los legisladores provinciales Matías Ranzini, Alejandro Rabinovich y Agustín Forchieri estuvieron a cargo de la negociación paralela, nombre por nombre, en cada uno de los territorios.
Por ahora, la foto de unidad se sostiene: los 13 intendentes del PRO bonaerense acordaron integrar el frente La Libertad Avanza, que llevará toda la simbología libertaria y el color violeta. Ese fue el resultado del zoom que tuvo lugar a primera hora del miércoles. Pero en la noche del martes, un grupo de cuatro jefes comunales que se referencia en Jorge Macri (Soledad Martínez, de Vicente López; Pablo Petrecca, de Junín; Javier Martínez, de Pergamino; y María José Gentile, de 9 de Julio) amenazó con romper el acuerdo si no se cumplían una serie de condiciones: que haya apoderado legal del PRO en el frente, que LLA no sea opositor en los distritos gobernados por el PRO y que se respete la territorialidad a la hora de armar las listas.
Pero se trata de una unidad en suspenso. “No sé si están todos adentro, la gente de Puán y de Pringles están que quieren saltar del equipo. Y en San Isidro se van por otro esquema más libertario, de la mano de Patricia Bullrich. Lo que pasó en el zoom es algo más institucional, más partidario, pero no sé si se va a poder contener a todos los intendentes ahí. Estamos esperando ver cómo resolvemos nuestra situación distrital ahora es el momento de armar las listas. Si eso no lo podemos resolver, no podemos estar adentro. Hoy ellos no muestran que respeten que hayamos ganado la elección hace un año y medio”, indicaron a Infobae desde Pergamino, uno de los municipios rebeldes.
Para convalidar la unidad -momentánea-, el trío Ritondo-Santilli-Montenegro les hizo saber a los intendentes que los libertarios aceptaron sus condiciones. En algunos distritos ya comenzó el diálogo, pero en otros, como Junín o 9 de Julio, todavía persiste la desconfianza.
La lapicera
Una vez saldada la discusión sobre el formato legal de la alianza, ahora el foco estará centrado en las listas que competirán en las elecciones del 7 de septiembre. El macrismo analiza un esquema que respete la siguiente ecuación: en los distritos que no gobiernan ni el PRO ni los libertarios, la distribución será 75/25 a favor del oficialismo nacional. Y una ecuación inversa en los 13 municipios amarillos. “Es lo que se viene trabajando. Sería ocho legisladores en condición de lograr una banca, uno por cada sección electoral”, sostuvo a Infobae un dirigente que participó del proceso de conformar un frente con LLA. Ese porcentaje es una de las incógnitas, la otra será quién encabece las listas.
En este punto, una señal llega desde Mar del Plata. Cerca de Montenegro afirmaron a este medio que el ex funcionario porteño “está dispuesto a jugar si así se lo piden, porque está convencido de que tienen que jugar los mejores para derrotar al kirchnerismo”. Así, podría encabezar la nómina en la quinta sección electoral.
“Estamos conformes, lo que ahora empieza es un poroteo hasta el cierre de las listas. Pero el frente de centroderecha está ordenado. Lo de hoy, la importancia era esa. A partir de mañana afinamos más el lápiz. Vamos cerrando lo que tenemos cerrado y después viendo cómo resolvemos el resto”, indicó, por su lado, uno de los delegados del PRO para negociar la lapicera con los libertarios.
Con el acuerdo político cerrado, las próximas dos semanas serán cruciales. El 19 de julio vence el plazo para la presentación de listas, y hasta entonces continuarán las reuniones, llamados y pulseadas para definir nombres, ubicaciones y equilibrios internos. Por ahora, se logró evitar una ruptura. Pero nadie descarta que las diferencias resurjan si la distribución de candidaturas no refleja el peso territorial de sus intendentes. Por caso, en Pergamino mantienen abierta la opción de sumarse al frente de los hermanos Passaglia, que rechazaron el frente PRO-LLA por calificarlo de “fraude electoral”. Solo hace falta un llamado.
“Terminaremos con el kirchnerismo para siempre”
En la tarde del miércoles, Karina Milei, Pareja y Ritondo oficializaron la alianza. “El ahora va a a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos, vamos a dar la batalla y le vamos a ganar para terminarlo para siempre. Esto es kirchnerismo o libertad”, remarcó la funcionaria nacional.
Ritondo, en tanto, se mostró optimista y enfatizó en la buena relación que mantiene con el oficialismo: “Creo que es un día de mucha esperanza de los bonaerenses, de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible. Como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país, podemos encontrar el equilibrio, la seguridad y el orden”, señaló.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para los viajes oficiales al exterior de los funcionarios, con el objetivo de reducir gastos, agilizar trámites y limitar el tamaño de las comitivas.
La medida quedó oficializada este martes a través de la Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno.
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Entre los principales cambios, la norma reasigna quién debe aprobar cada viaje, exige la presentación de un nuevo formulario y fija un límite máximo de personas por delegación.
Además, establece criterios más estrictos para la emisión de pasajes aéreos y determina qué funcionarios pueden acceder a la clase ejecutiva.
Cómo es el nuevo procedimiento para autorizar viajes oficiales
A partir de ahora, solo el jefe de Gabinete podrá aprobar los traslados al exterior de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango de ministro. Para jerarquías inferiores, la autorización quedará en manos de ministros, secretarios o titulares de organismos descentralizados.
Además, cada viaje deberá formalizarse mediante un “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que tendrá que ser firmado por el funcionario que viaja (si es subsecretario o superior) o por su superior jerárquico, junto con la autoridad que aprueba el traslado.
Este informe debe enviarse a la Jefatura de Gabinete al menos diez días hábiles antes del viaje, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Límite para las comitivas y cambios en los pasajes
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el tope para las comitivas oficiales: solo se permitirá un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional. Si se necesita sumar más integrantes, deberá justificarse con una “exigencia excepcional” y la fundamentación correspondiente.
En cuanto a los pasajes, el Gobierno estableció un sistema de grupos:
- Grupo A: incluye al jefe de Gabinete, ministros, secretarios de la Presidencia, el procurador del Tesoro, el síndico General, jefes de las fuerzas de seguridad y el presidente del Banco Central. Solo ellos podrán viajar en clase ejecutiva.
- Grupo B: secretarios ministeriales, subsecretarios, embajadores, autoridades de empresas estatales, rectores de universidades nacionales y el presidente del Banco Nación, entre otros. Deberán viajar en clase económica, salvo excepciones por salud, seguridad o productividad, que deberán ser autorizadas previamente.
- Grupos C y D: directores nacionales y generales, gerentes de empresas estatales y el resto del personal. Solo podrán viajar en clase económica.
La norma también aclara que cualquier cambio de clase deberá ser abonado por el propio funcionario y que el nuevo régimen rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la decisión apunta a “reducir cargas operativas, optimizar los procesos internos y promover una gestión eficiente de los recursos del Estado Nacional”. También busca “simplificar los circuitos administrativos” relacionados con las misiones y comisiones oficiales al exterior.
Gobierno, viajes al exterior, Javier Milei, boletin oficial, Manuel Adorni
POLITICA
Retiran una placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura de la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París
PARIS.- ¿Qué pasó con la placa conmemorativa de los desaparecidos y víctimas de la dictadura militar argentina, instalada en la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París? Según la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), así como de antiguos residentes y académicos, fue el actual director, Santiago Muzio, abogado allegado a los círculos de extrema-derecha europeos, quien tomó la decisión de hacerla desaparecer, el 10 de febrero último.
“Esa placa fue colocada el 24 de marzo de 2022, con ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instituido por la ley Nº 25.633 del 22 de agosto de 2002 para conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, las obligaciones del ministerio de educación argentino. Estas están precisadas en el artículo 2 de dicha ley, que estipula: ‘Dentro del Consejo Federal de Cultura y Educación, el ministerio de educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión, en los calendarios escolares respectivos, de jornadas relacionadas con el Día Nacional instituido por el artículo precedente, que consolidan la memoria colectiva de la sociedad, suscitan sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y promueven la defensa permanente del Estado de derecho y la plena validez de los derechos humanos’”, afirma la carta que la ACAF envió al señor Muzio, reclamando la restitución de la placa sin que, hasta el momento, haya recibido respuesta.
Tampoco , que hizo numerosos intentos de contactar al actual director de la Casa de Argentina, obtuvo respuesta de su parte.
El reclamo es apoyado por numerosos miembros de la colectividad argentina en París. De hecho, actualmente circula una petición de antiguos residentes y académicos en ese sentido.
“Esta gente piensa que arrancando una placa pueden borrar la memoria. Los muertos y las víctimas de la dictadura existieron, con placa o sin placa. Y me gustaría saber qué piensa Francia de este acto estúpido, teniendo en cuenta que, entre esas víctimas, también hay numerosos franceses, que el país rememora cada vez que se presenta la oportunidad”, dice un científico, ex residente de la Casa de la Argentina.
Designado por el presidente Javier Milei, Muzio es muy cercano a los sectores ultraconservadores argentinos y europeos, participando activamente en las iniciativas internacionales de las fuerzas de extrema derecha, especialmente en las reuniones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en francés) animadas por fuerzas ultra-nacionalistas en Polonia y Hungría o del Foro de Madrid organizadas por VOX, así como lo señaló el 30 de mayo de 2025.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron a que se habían retirado “revestimientos incorporados en años anteriores”, sin precisar si la placa volvería a instalarse. “La intervención se inscribe en un plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”, informaron desde el organismo que encabeza Sandra Pettovello.
En Francia, Santiago Muzio colabora activamente con la diputada europea Marion Marechal, sobrina de la líder de la ultra-derechista Reunión Nacional (RN), Marine Le Pen. En el tablero político, Marion Marechal se ubica aun más a la derecha que su célebre pariente. Entre sus múltiples actividades, Muzio fue director de la sede española del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), con sede en Lyon, escuela privada de formación de cuadros fundada por Marion Maréchal.
Pero sus posiciones ideológicas, que se desarrollan dentro de un marco democrático, no son necesariamente criticables. El problema reside en la utilización que Santiago Muzio hace de la Casa de Argentina en París.
Muzio “actualmente trabaja en la implantación de esa escuela en París, poniendo a disposición de la misma las instalaciones de la Casa de Argentina en la Ciudad Universitaria durante los fines de semana para módulos de formación en campaña electoral y ciencias políticas. Aunque el ISSEP anuncia vagamente que el lugar de la formación es el ISSEP París, las sesiones del año 2025 se han llevado a cabo en la Casa de Argentina, de manera casi clandestina”, señala el comunicado de la ACAF.
Peor aun, el actual director de la institución se ha convertido en anfitrión de algunas iniciativas como la que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2025, cuando los salones de la Casa de Argentina fueron puestos a disposición del grupo de reflexión polaco cercano al PiS, Ordo Iuris, y al grupo Mathias Corvinus Collegium, cercano al primer ministro húngaro Viktor Orbán, asociados al Instituto de Formación Política y a la Bolsa Tocqueville. Estos últimos están en relación con el proyecto Pericles, del millonario de extrema derecha Pierre-Édouard Stérin, uno de los principales financistas de los movimientos católicos ultraconservadores en Francia.
En la ocasión, think tanks húngaros y polacos de extrema derecha así como miembros del RN se reunieron en París para presentar su plan de “desmantelamiento” de la Unión Europea. Santiago Muzio aseguró la introducción de esa reunión política, en violación del artículo 13 del reglamento de la Casa de Argentina.
La Casa de Argentina goza de un estatus particular dentro de la Ciudad Universitaria de París (CIUP). Pertenece al ministerio de Educación argentino y es administrada directamente por este. Está reconocida como una fundación de utilidad pública y asimilada dentro de la CIUP, compartiendo misiones comunes con las otras casas. Todas las casas de la CIUP deben garantizar a los residentes el libre ejercicio de sus libertades fundamentales, según el derecho francés, y también deben respetar los principios de no discriminación, laicidad y desarrollo sostenible. Estos principios están dictados en la carta de valores, que cada casa debe firmar.
El comunicado de la ACAF concluye afirmando que “desde la llegada de Santiago Muzio como director, la Casa de Argentina se niega a firmar la carta de valores. Frente a esta situación, el Comité de residentes de la Casa de Argentina, lo hizo en su lugar. La Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) fomenta la cohabitación de nacionalidades y cada casa debe acoger al menos un 30 % de residentes extranjeros. Sin embargo, la negativa del actual director a firmar esa carta ha llevado a que algunas casas de la CIUP suspendan sus intercambios con la Casa de Argentina”.
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A la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei le quedan pocos días para que entre en vigencia, tras la sanción en el Senado el viernes pasado. El texto, que introduce cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, comenzará a regir luego de ser promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la Constitución Nacional, el Ejecutivo dispone de un plazo de 10 días hábiles para la promulgación, y la ley entra en vigor a partir del octavo día de su publicación oficial, salvo disposición en contrario.
Uno de los aspectos que mayor debate genera es la aplicación retroactiva de la normativa. En este punto, los juristas y abogados laboralistas cuestionan que se aplique a los litigios y contratos laborales en curso, algo que será definido por la Justicia.
Sin embargo, el proyecto aprobado contempla que, una vez promulgada y publicada, la nueva legislación regirá las relaciones laborales de forma integral. Durante el debate en el Congreso, el kirchnerismo intentó limitar de manera expresa los efectos de la ley a los nuevos contratos, iniciativa que fue rechazada.
Cambios en indemnizaciones y salario
Entre las novedades más relevantes figura el rediseño del sistema de indemnizaciones por despido. El nuevo esquema excluye del cálculo del monto a percibir vacaciones, aguinaldo, propinas o premios.
Además, introduce un tope: la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio mensual marcado por el convenio colectivo aplicable a cada categoría, y fija un piso del 67% de la remuneración habitual. En este segundo caso, significa que si la aplicación del tope convencional reduce demasiado la base salarial, esa reducción no puede superar el 33 por ciento.
Las indemnizaciones judiciales podrán actualizarse solo por inflación, con un adicional del 3% anual, y las grandes empresas podrán abonar sentencias en hasta 6 cuotas mensuales, mientras las pymes dispondrán de hasta 12. Además, se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), nutridos obligatoriamente con el 1% de las contribuciones patronales para grandes empresas y el 2,5% para pymes.
El objetivo es abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo la administración de la Comisión Nacional de Valores.
En cuanto a los salarios, la reforma incorpora la figura del “salario dinámico”, que podrá pactarse en convenios colectivos y ata la remuneración a la productividad o mérito individual. Solo podrán abonarse por medio de entidades bancarias, ya que se excluye el uso de billeteras virtuales.
Licencias, vacaciones y jornada laboral
El artículo relativo a enfermedades y accidentes de trabajo, que autorizaba una reducción de las licencias pagadas en caso de afecciones ajenas a la labor, fue eliminado del texto final. El pago de licencias continuará como hasta ahora.
En relación a las vacaciones, se mantiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque puede acordarse su fraccionamiento siempre que ninguna de las partes acepte menos de siete días por tramo.
La reforma autoriza ampliar la jornada laboral diaria a 12 horas, con descanso de 12 horas entre jornadas, siempre que haya acuerdo voluntario para modalidades flexibles como bancos de horas. También habilita contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal.
Los sindicatos y los derechos colectivos
En el capítulo sindical, se sostiene la cuota solidaria que pagan todos los trabajadores de una actividad continuará siendo retenida por los empleadores. Ahora bien, entrará en vigencia un tope del 2% del salario mensual.
El gobierno da prioridad a acuerdos de empresa o regionales frente a los convenios por rama, y debilita la “ultraactividad” de los convenios en las cláusulas obligacionales para entre las partes.
Por otro lado, se restringe el derecho de huelga, donde deberá garantizar el 75% de la dotación de personal en los servicios esenciales, como la salud, la distribución de agua potable, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, entre otras. Además, se obligará a prestar tareas al 50% en los servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y mercadería, la radio y televisión y las industrias siderúrgica, del aluminio, química, cementera y alimenticia; construcción, aeropuertos, minería, entre otros.
Las asambleas de trabajadores estarán sujetas a la autorización previa del empleador, en caso que afecten al funcionamiento de las empresas.
Beneficios para la formalización y un régimen para inversiones medias
La reforma incluye la creación de un Programa de Promoción del Empleo Registrado y un blanqueo laboral que permitirá condonar hasta el 70% de deudas por aportes y sanciones para empleadores que regularicen su situación. Además, introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con una reducción de contribuciones patronales al 8% anual y menor carga para quienes contraten a personas no registradas antes del 10 de diciembre de 2025 o que hayan sido monotributistas o empleados públicos.
Uno de los puntos diferenciadores es el trato impositivo para las medianas inversiones, con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de IVA. Este régimen estará vigente durante dos años y será accesible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos o en obras productivas, excepto automóviles.
Para reducir la litigiosidad, la iniciativa determina que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán eficacia de sentencia firme y los honorarios profesionales en juicios no podrán superar el 25% del monto reclamado. Se fija que la Justicia Nacional del Trabajo iniciará un traspaso progresivo a la órbita judicial porteña o federal, según corresponda.
europa press
El Gobierno dispuso cambios clave en los viajes oficiales de los funcionarios
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