POLITICA
El poder militar de la Argentina: un informe reivindicado por Milei y puesto en duda en las Fuerzas Armadas

“La Argentina ahora se encuentra en el puesto número 23 de las potencias mundiales”. La afirmación del presidente Javier Milei en su mensaje en la Bolsa de Comercio, refrendada en otras ocasiones por el propio mandatario y por el ministro de Defensa, Luis Petri, le dio relieve a la clasificación del poderío militar que se registra en el Global Fire Power (GFP) 2025.
La ubicación de la Argentina en el ranking militar, sobre un total de 145 países, sorprendió a distintas voces del sector castrense consultadas por . En la medición GFP 2025, que evalúa un conjunto de 60 factores −desde personal militar, equipamiento, presupuesto, capacidad logística, extensión territorial, acceso a recursos naturales y desarrollo tecnológico−, la Argentina aparece en el puesto 33, diez posiciones por debajo de la indicada por el Presidente.
En la medición de 2024, incluso, nuestro país se había clasificado en el 28° lugar y en años anteriores, durante las gestiones kirchneristas, navegó por posiciones similares.
“El ranking resume lo que podemos definir como el milagro argentino. De otro modo, no se entiende cómo unas Fuerzas Armadas que no cuentan con un submarino operativo –Chile tiene cuatro y Perú, seis−, pagan salarios bajos y carecen de municiones y de elementos mínimos para su funcionamiento ocupan el tercer lugar en América Latina, después de Brasil y México”, graficó una fuente castrense.
“¿Qué nivel de seriedad se le puede atribuir a una publicación que nos coloca militarmente por encima de Corea del Norte, una potencia nuclear; Noruega, Holanda, Finlandia, Bélgica y Portugal, que integran la OTAN, e, incluso, por encima de Colombia, claramente el segundo mayor instrumento militar en Sudamérica?”, se preguntó un jefe militar retirado que comandó durante varios años las Fuerzas Armadas en la Argentina.
Otros indicadores internacionales, que se guían por el presupuesto asignado al área de Defensa en relación con el PBI, son más realistas y menos halagüeños: la Argentina destina a gastos militares el 0,7% del PBI y se ubica en el 132° puesto en el orden mundial. Los países que tienen el mismo nivel de inversión son Etiopía, Indonesia, Benín, República Democrática del Congo, Austria y República Dominicana.
“La forma más rigurosa y objetiva para medir el potencial militar y de defensa de un país no es cuántos tanques viejos tiene o si aún le funciona un submarino: es cuánto de su riqueza decide invertir en su defensa. Por eso, los países serios utilizan como parámetro principal el presupuesto de defensa en relación con el PBI”, completó Lucero Torres.
La clasificación GFP 2025 le otorga a la Argentina un puntaje de 0,6013, cuando el score ideal es 0,0000, y lo ubica en el 33° lugar, entre México y Corea del Norte. Encabezan el ranking Estadios Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur. Completan los primeros diez lugares el Reino Unido, Francia, Japón, Turquía e Italia. Brasil, el primero de América Latina, aparece en el puesto 11 y Chile se ubica en la posición 47.
Entre los 60 factores considerados para elaborar el ranking figura la cantidad de unidades militares. “Es bien sabido que nuestro país, desde el inicio del Servicio Militar Voluntario, significó que todas nuestras unidades redujeran a un tercio el número de efectivos. La cantidad de regimientos puede ser una, pero cada regimiento tiene los efectivos correspondientes a una compañía, una compañía los de una sección y una brigada los de un regimiento”, evaluó una fuente militar.
El informe menciona que el poderío naval se basa en 44 naves activas, aunque la Armada no tiene submarinos ni portaaviones. “Se toman múltiples parámetros y los datos son los que provee cada país, ya sea en sus presupuestos, los llamados Libros Blanco de la Defensa e informes públicos oficiales”, explicó una fuente naval. Otro militar experimentado señaló que la cantidad de buques de la Armada “pueden marcar cuantitativamente algo, pero son solo barcos que flotan, sin capacidad de desarrollar operaciones militares, porque no tienen munición, ni misiles de defensa aérea, ni torpedos embarcados. Son cáscaras que flotan”.
Las limitaciones que ponen en duda una posición de liderazgo se perciben recorriendo los cuarteles, admiten en las unidades militares. “De ninguna manera estamos 23, ni 33. Las fuerzas terrestres no tienen defensa antitanque ni antiaérea, están mal comunicadas, no tienen elementos de guerra electrónica, no hay elementos de visión nocturna, drones y armas antidrones, las unidades cuentan con pocas municiones para entrenamiento y nada de munición de reserva: no alcanza para ni siquiera dos horas de combate”, explicó un oficial en actividad.
Varios especialistas cuestionan el ranking por su falta de indicadores precisos y su metodología opaca. “Se enumeran en el informe los medios que posee cada fuerza, pero no se mide el estado de mantenimiento, los niveles de desarrollo de tecnología, las condiciones de operatividad de los sistemas de armas, la tecnología disponible, las horas de vuelo, navegación, instrucción y el grado de adiestramiento, lo que relativiza sus conclusiones”, expresaron en las Fuerzas Armadas.
“El ranking es bastante engañoso. Puede servir para una tabla de Excel, pero no refleja el estado real, ni la capacidad de combate efectiva de las Fuerzas Armadas en la Argentina, a pesar de que la actual gestión realiza un esfuerzo enorme y eso se valora”, expresó el presidente de la Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres.
Otro oficial superior en actividad profundizó el análisis. “Tampoco hay elementos para transportar unidades de combate, ni vehículos para llevar cargas logísticas. No hay instalaciones de comando, ni uniformes, ni botas. En algunos casos el personal se compra sus propios uniformes y vestimenta porque el Ejército provee apenas 5000 por año, para más de 40.000 efectivos. A cada uno le toca un uniforme cada ocho años.
Distintas voces coinciden en que el lugar que el ranking le otorga a la Argentina contrasta con las estadísticas que marcan los ajustados niveles de inversión.
“Por ejemplo, se dice que el Ejército tiene más tanques que Chile: 316 TAM (Tanque Argentino Mediano) contra 240 Leopard. Pero nuestros TAM tienen 45 años de antigüedad, solo diez están modernizados y el resto no tiene repuestos, ni capacidad de combate nocturno. Es como comparar un Fiat 600 con un Tesla y decir que tenemos ventaja por cantidad”, explicó Lucero Torres. “Es como comparar la cantidad de autos sin mirar si tienen motor”, graficó otra fuente castrense.
El titular del FAD concluyó: “Los rankings están bien para una tabla de Excel, pero no reflejan el estado real, ni la capacidad de combate efectiva. Es necesario un debate serio sobre la defensa, no espejitos de colores”.
“En la Fuerza Aérea tenemos solo cuatro aviones A-4 en servicio. Los aviones Pampa son de entrenamiento, no de combate. Si bien la Argentina concretó la compra de 24 aviones caza F-16, cuyas primeras seis unidades llegarán en diciembre, Chile ya tiene 44 F-16 y Perú, 12 Mirage 2000 y 12 MIG-29. La artillería autopropulsada argentina se limita a ocho piezas en servicio, mientras Chile tiene 48”, explicó Lucro Torres.
Fuentes castrenses revelaron que «en estos momentos no vuela ningún sistema de intercepción avanzado, como el F-16”. La capacidad de intercepción está limitada a los Pampa o Tucano, que solo tienen ametralladoras o un cañón de 20 milímetros”.
Otro punto discutible es que el relevamiento considera a la geografía como uno de los parámetros, partiendo de la lógica de que a mayor superficie debería disponerse de mayor fuerza para su defensa. “En nuestro país, por las carencias que se verifican, los presupuestos más bajos de la historia y el nivel paupérrimo de los salarios –un 24% por debajo de las fuerzas de seguridad- es justamente una prueba en la dirección contraria”, concluyó un jefe militar de reconocida experiencia.
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POLITICA
Desde el peronismo buscan derogar en Diputados el aumento de aportes a los clubes del fútbol

Tras la escalada entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde el peronismo presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca derogar los últimos decretos que endurecieron los aportes de los clubes al sistema de seguridad social. La iniciativa reactiva la discusión sobre el régimen especial de aportes patronales y personales que históricamente distinguió al fútbol profesional frente al régimen general.
La propuesta de ley, presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Carlos Cisneros, propone derogar el Decreto 939/2024 —que había revocado el régimen especial vigente hasta ese momento— y la reciente Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, que elevó de forma significativa las alícuotas de aportes para los clubes. Asimismo, ratifica parcialmente el régimen dispuesto por el Decreto 510/2023, pero suspende el artículo 8 de ese decreto por dos años, con el objetivo de ofrecer alivio financiero a los clubes y volver a un esquema más equilibrado.
Un régimen a debate: de los privilegios al déficit
La historia del sistema especial para el fútbol argentino se remonta a la crisis de 2001. Por entonces, el Decreto 1212/2003 estableció un régimen simplificado de aportes y contribuciones para el personal y los jugadores de fútbol profesional, vinculando las contribuciones a ingresos específicos de los clubes como la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos televisivos. El objetivo era ofrecer seguridad jurídica, facilitar la fiscalización estatal y resguardar a los trabajadores ante la debilidad financiera de las instituciones.
Distintos ajustes y reformas posteriores, incluidas las modificaciones introducidas en 2019 y 2023, fueron elevando paulatinamente las alícuotas para reducir un déficit estructural que, según el Gobierno, terminó siendo cubierto por el sistema previsional general. El conflicto escaló en agosto de 2025, cuando la Subsecretaría de Seguridad Social dictó un aumento de casi once puntos porcentuales en la contribución de los clubes, elevando la tasa al 18,62% sobre el monto bruto recaudado.
La explicación oficial remite a un desbalance financiero crónico. El Ministerio de Capital Humano informó que, pese a los ingresos generados por los clubes —solo en 2024, el fútbol argentino facturó 324 millones de dólares en ventas de jugadores—, el régimen especial apenas cubría el 57% de las obligaciones previsionales. En el primer año de gestión del actual Gobierno, esa cobertura llegó a reducirse al 33%, con un déficit cercano a los 20 mil millones de pesos anualizados. El Gobierno justificó el aumento como respuesta a la insuficiencia de fondos para el Sistema Integrado Previsional Argentino y otras coberturas sociales, y atribuyó el problema tanto a los beneficios del régimen especial como a maniobras de los clubes para dilatar o eludir obligaciones.
La reacción de la AFA: resistencia y advertencia
La AFA rechazó duramente la decisión oficial y denunció que no fueron tenidas en cuenta sus alternativas propuestas, entre ellas, un esquema gradual y consensuado para equilibrar la recaudación sin paralizar la actividad. La entidad que preside Claudio Tapia sostuvo que trabajó “incansablemente junto a los clubes y autoridades gubernamentales” para encontrar soluciones razonables, pero que el Poder Ejecutivo decidió avanzar de manera unilateral. En un comunicado oficial, la AFA remarcó el papel social de los clubes y advirtió que las medidas adoptadas ponen en riesgo el desarrollo de los programas formativos, la infraestructura y el trabajo comunitario que alcanzan a miles de jóvenes y niños a lo largo del país.
El conflicto se trasladó a la justicia y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 dispuso suspender, de manera provisional, la aplicación del nuevo régimen hasta tanto se resuelva de fondo la controversia. Sin embargo, la judicialización profundizó la incertidumbre y dejó expuesta una grieta entre el Gobierno y el principal articulador del fútbol nacional.
El nuevo proyecto, entre la búsqueda de equilibrio y el debate de fondo
En ese contexto, el proyecto de ley presentado en Diputados propone derogar los incrementos impulsados por el Gobierno, volver a la estructura fijada en 2023 y suspender temporalmente la aplicación de los puntos más controversiales, como el artículo 8 del Decreto 510/2023. Según sus fundamentos, la iniciativa busca preservar la sustentabilidad de los clubes y evitar su asfixia financiera, sin dejar de atender las demandas del sistema de seguridad social.
La discusión de fondo enfrenta a dos visiones opuestas: por un lado, el Gobierno quiere “eliminar privilegios”, cerrar déficits y equiparar la carga de aportes de los clubes al resto de los empleadores; por el otro, la AFA y los clubes reivindican su especificidad institucional y social, y reclaman un trato diferencial que reconozca el rol del deporte en la comunidad.
El debate recién comienza y la iniciativa presentada suma presión al Congreso y obliga a un debate profundo sobre el vínculo entre fútbol, política social y responsabilidad fiscal.
POLITICA
Unidos hasta las elecciones: la relación entre Kicillof y el kirchnerismo, cada vez más cerca de un quiebre definitivo

Pese a que cerraron las listas bonaerenses y encaran ahora el armado de las candidaturas nacionales, la relación entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner sigue siendo traumática. A tal punto, que asoma como una posibilidad que los funcionarios de La Cámpora que integran actualmente el gabinete bonaerense dejen sus cargos tras las elecciones del 26 de octubre.
El disparador para ese recambio de funcionarios será la salida anunciada del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien se postula como candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral y tiene decidido que su candidatura no será testimonial, por lo que asumirá como legislador el 10 de diciembre. A partir de ese espacio, Kicillof podría rearmar su gabinete.
Actualmente, el kirchnerismo puro -en sus variantes cristinista y camporista- tiene cuatro funcionarios de alto rango en el gabinete de Kicillof: el ministro de Justicia, Juan Martín Mena; el de Salud, Nicolás Kreplak; la de Ambiente, Daniela Vilar; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout. En segundas líneas hay otra docena de funcionarios que no responden al gobernador.
Los cambios proyectados son un comentario extendido en el entorno del gobernador. En La Plata y también en las oficinas porteñas de la administración provincial consideran que el vínculo con el kirchnerismo “está roto” y que, a esta altura de las circunstancias, no sería posible reconstruirlo. “Ahora vamos juntos, pero en el fondo fingimos demencia”, advierten en tono psicológico.
El último cierre de listas resultó una comprobación de que la relación entre ambos espacios es irrecuperable. Después de varias reuniones entre Kicillof, Máximo y Sergio Massa, que habían enderezado una interna que venía torcida, el hijo de la expresidenta y sus emisarios apagaron los teléfonos el viernes previo al plazo final, previsto para el sábado. “Literalmente desaparecieron”, dicen en La Plata.
Ante las insistentes llamadas de los delegados axelistas, una apoderada kirchnerista les dijo, horas después, que la alianza se disolvería. Semejante definición y la repentina ausencia de Máximo Kirchner, llevó a los partidarios del gobernador a armar una lista propia, que empezaron a cargar en la Junta Electoral con el sello de Parte, la fuerza que se armó para el fallido proyecto de Alberto Fernández.
Al otro día, que terminó con sugestivos cortes de luz en La Plata, reaparecieron los emisarios kirchneristas en la sede de la Gobernación, hasta donde fueron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado provincial Facundo Tignanelli. La discusión fue tan áspera que estuvieron a punto de romper el acuerdo previo. “Máximo recién volvió a la mesa a las tres de la mañana”, relatan.
Para Kicillof, que ya había soportado en 2023 que la firma de su candidatura a la reelección como gobernador fuera absolutamente controlada por el kirchnerismo, este último desplante fue demasiado. “Somos como esas familias que se juntan en Navidad, pero que no se aguantan”, reconocen a en el equipo del mandatario provincial, que arma su propio proyecto presidencial para 2027.
A diferencia del kirchnerismo, que está en una fase de control de daños y de asimilación de su identidad política con el PJ, el partido que preside Cristina desde la prisión domiciliaria en Constitución, en el axelismo son partidarios de “romper lazos” para armar un proyecto más amplio, que contenga incluso a gobernadores de otros signos políticos. Una suerte de coalición “anti Milei”.
De antemano, Kicillof sabe que esa idea choca de frente con la mentalidad de Cristina Kirchner, quien le llegó a enrostrar un lacónico “vos no entendés nada de política” cuando envió patrulleros al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) en medio de la crisis de violencia narco en Rosario y de una visita al chubutense Ignacio Torres (Pro), que incluyó una firma de convenios.
La tesis de ampliación del peronismo que ensayará Kicillof se basa en antecedentes concretos. “Si en 2025 Daniel Scioli sacó 37% y Massa 15%; y en 2023 Massa sacó el 38%, queda claro que en los últimos años el peronismo perdió base de sustentación. Es necesario ampliar”, sostienen en el axelismo, sin ocultar las cada vez más claras diferencias de criterio con el kirchnerismo.
Por eso el acuerdo en este 2025 no significa que axelistas y kirchneristas seguirán unidos. Sin embargo, ambos espacios del PJ tienen antes un objetivo común: votar en noviembre, antes del recambio de la Legislatura, los proyectos que habilitan la reelección indefinida de intendentes y legisladores provinciales, tal como prometió Cristina Kirchner a los jefes comunales peronistas.
Muchos de esos intendentes ya se pasaron a las filas del gobernador y prometen apuntalarlo hasta 2027. Para Kicillof, ese año resultará una encrucijada: jugará sus fichas a competir contra Milei por la presidencia o volverá al llano y se quedará a vivir en La Plata. Pero lo que ya tienen claro en el axelismo es que no quieren tener un futuro político compartido con el kirchnerismo.
Mariano Spezzapria,Axel Kicillof,La Cámpora,Cristina Kirchner,Conforme a,Axel Kicillof,,»Un delirio cósmico». La fuerte crítica de Kicillof a la cadena nacional de Milei y su reacción a la posible candidatura de Máximo,,Slogan de campaña. Francos desestimó la banalización del “Nunca Más” y apuntó contra Kicillof,,»Es un inútil». El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en la provincia
POLITICA
En una elección polarizada, la pelea entre el Frente La Libertad Avanza y Fuerza Patria domina la escena política en las legislativas de octubre

Pese a la variada oferta de cada turno electoral, el foco de las legislativas del 26 de octubre pasará por la disputa entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, el frente que inscribió el peronismo. Esto será así en la mayoría de las provincias, aunque también hay particularidades, incluso en provincias donde gobierna el PRO, el socio principal del Gobierno.
En un repaso rápido, La Libertad Avanza, logró la personería política en las 24 provincias, pero no hubo acuerdo en todas. Sí selló el vínculo en distritos clave como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El peronismo hizo lo propio, aunque debe resolver el desplante -al menos momentáneo- de Juan Grabois.
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El peronismo replicó la alianza Fuerza Patria en 14 de las 24 provincias: Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, en los diez restantes el peronismo utilizará un sello provincial para competir. Se trata de Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa. Allí no se utilizará la marca nacional acordada entre Axel Kicillof, Sergio Massa, y Máximo Kirchner. Las conversaciones estuvieron supervisadas por Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria.
El cierre de La Libertad Avanza
La armadora del oficialismo nacional es la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Su estrategia tuvo éxito en doce jurisdicciones, incluyendo los tres distritos con mayor peso electoral: la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. La alianza con el PRO se extendió además a La Pampa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Tucumán, Chaco, La Rioja y Misiones, configurando una red de alianzas con un patrón común: el dominio libertario sobre el macrismo.
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En cada distrito, La Libertad Avanza impuso condiciones similares: control absoluto de la imagen presidencial como único referente de campaña, apropiación de los primeros lugares en las boletas electorales y reserva de las posiciones con mayor probabilidad de acceso al Congreso Nacional.
La conducción nacional liderada por Karina Milei, impuso condiciones a PRO, entre las que se encuentran, ceder la candidatura a senador y aceptar que las listas de diputados estén encabezadas por referentes libertarios, además la alianza utilizará el sello y color violeta característicos del partido libertario.
Así ocurrió en lo que supo ser el principal bastión de los Macri, la Ciudad de Buenos Aires. La encargada de las negociaciones fue Pilar Ramírez (legisladora porteña y mano derecha de Karina en la Ciudad).
Los casos provinciales
Una de las particularidades del cierre de alianzas es que no todos los gobernadores del PRO se sumaron al frente con los libertarios. Incluso hubo uno que fue fundador de un espacio alternativo: Nacho Torres (Chubut). El mandatario se unió a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para crear Provincias Unidas.
En el entorno del gobernador Claudio Vidal esperan hacer una buena elección, en un escenario que asoma de tercios. El espacio provincial Por Santa Cruz competirá contra el peronismo y el sello de La Libertad Avanza. Pero en su armado, también está el PRO.
El caso de Neuquén es otro a tener en cuenta, ya que gobierna una fuerza provincial, Neuquinizate. La comanda el gobernador Rolando Figueroa, un referente de la política regional, muy identificado con el Movimiento Popular Neuquino, partido que gobernó la provincia durante más de 60 años. A la fecha, si bien no integran el armado del mandatario provincial, sí lo apoyan muchos dirigentes del mismo. Entre ellos, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo, 10 legisladores provinciales y 34 de 57 intendentes del MPN.
También logró cerrar acuerdos con el PRO, parte del peronismo y hasta sectores libertarios. La apuesta es competir mano a mano con La Libertad avanza y relegar al PJ al tercer lugar.
La Libertad Avanza, fuerza patria, Elecciones, Gobernadores
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