La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se prepara para una etapa decisiva. En las próximas semanas, la Justicia avanzará con la apertura y análisis forense de teléfonos celulares, computadoras y servidores incautados durante los allanamientos realizados en oficinas de la droguería Suizo Argentina.

La medida fue dispuesta dentro del expediente que ya acumula 19 procesados por administración fraudulenta, cartelización y sobreprecios en la provisión de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud. Los investigadores buscan determinar si la empresa tuvo un rol más relevante del que aparece formalmente en las contrataciones estatales.

Sospechas de un “proveedor oculto”

La hipótesis principal apunta a que algunas droguerías de menor tamaño que resultaron adjudicatarias en licitaciones restringidas no contaban con estructura suficiente para cumplir los contratos. En varios allanamientos se hallaron depósitos vacíos, escaso personal e infraestructura mínima, lo que llamó la atención de los peritos.

Ante ese escenario, la fiscalía intenta establecer si Suizo Argentina funcionaba como proveedor real de los medicamentos que debían entregar esas firmas. Es decir, si las empresas ganadoras actuaban como intermediarias mientras la provisión efectiva se realizaba desde una compañía con mayor capacidad logística.

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Según la reconstrucción del expediente, entre 2024 y 2025 se concretaron más de veinte procesos de compra con órdenes millonarias. Dos de las droguerías investigadas concentraron la enorme mayoría de las adjudicaciones, mientras otras también registraron un crecimiento abrupto de ventas al Estado sin antecedentes comerciales equivalentes.

Chats, audios y un nombre clave

El foco judicial también se dirige hacia un abogado vinculado a la firma, mencionado reiteradamente en conversaciones telefónicas incorporadas a la causa. En escuchas y mensajes se lo alude mediante un apodo y, para los investigadores, podría haber actuado como nexo entre proveedores y funcionarios del organismo.

Un audio agregado al expediente muestra a un exfuncionario comentando a un empresario que esa persona “ya estaba al tanto” de determinadas decisiones administrativas. La fiscalía sospecha que existía coordinación previa en procesos de compra y en cambios internos dentro del organismo.

Incluso, en una de las comunicaciones aparece la supuesta aprobación para desplazar a una funcionaria técnica que cuestionaba contrataciones, además de la recomendación de incorporar personal cercano al grupo empresario.

Desde Suizo Argentina negaron cualquier irregularidad. Voceros legales señalaron que la venta de medicamentos entre droguerías es una práctica habitual del mercado y remarcaron que, de haber existido operaciones comerciales, no correspondían a las licitaciones bajo sospecha.

También rechazaron la idea de que la firma necesitara triangular operaciones. “La compañía tiene una porción importante del mercado y vende directamente al Estado”, afirmaron desde su entorno jurídico.

Cambio de juez y prueba clave

El análisis de los dispositivos será central para la causa. Los peritos buscarán recuperar correos electrónicos, historiales de mensajería, registros de facturación y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena comercial y las decisiones administrativas.

El expediente cambió recientemente de manos tras un sorteo en la Cámara Federal y ahora quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Antes de apartarse, el magistrado anterior había dictado los procesamientos y describió un esquema que incluía direccionamiento de contrataciones, posibles retornos económicos y empresas interpuestas.

Mientras las defensas plantean nulidades, los investigadores consideran que el contenido de los equipos secuestrados podría confirmar —o descartar— la existencia de una estructura organizada para intervenir en compras públicas de medicamentos. El resultado de esas pericias será determinante para definir responsabilidades penales y la eventual ampliación de imputaciones.

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En la Cámara de Diputados se vivió un episodio de máxima tensión cuando Martín Ardohain impulsó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois, señalándolo como instigador de los disturbios ocurridos en la movilización previa al debate por la reforma laboral. El cruce se desarrolló en el contexto de la sesión donde se analizaba la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad, lo que incrementó la expectativa y el ruido político dentro del recinto. El reclamo de Ardohain, conocido por algunos como “el primo de Pampita”, apuntó directamente contra la presencia de dirigentes opositores en manifestaciones que, según describió, terminaron en episodios violentos.

El diputado Ardohain calificó de “preocupante y lamentable” el rol de ciertos referentes políticos en las protestas. Planteó que la participación de legisladores en la vía pública, donde se registraron hechos como la quema de bombas molotov y daños materiales, resulta incompatible con la responsabilidad institucional. “Las diferencias políticas deben resolverse en este Congreso y no en la calle”, enfatizó el legislador, y convocó a sus pares a defender la institucionalidad y el sistema democrático ante lo que consideró intentos de alterar el orden público.

La intervención de Ardohain se extendió algunos minutos y generó murmullos entre los presentes, especialmente en los bloques opositores. El diputado sostuvo que lo sucedido la jornada anterior no solo afecta a la imagen del Congreso, sino que pone en cuestión los límites entre la representación política y la protesta social. Además, recalcó la importancia de mantener la separación entre funciones parlamentarias y activismo callejero.

Frente a estas acusaciones, Juan Grabois tomó la palabra con un tono desafiante y rechazó cualquier señalamiento de instigación a la violencia. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, ironizó Grabois, en una réplica que buscó desacreditar la postura de Ardohain. El dirigente social defendió el derecho de los legisladores a acompañar reclamos sociales y desafió abiertamente a Ardohain a que, si contaba con pruebas, presentara una denuncia penal en su contra.

Grabois, en una intervención cargada de críticas, defendió la legitimidad de las protestas y denunció que la represión posterior fue dirigida contra jóvenes y militantes. Remarcó que no se detiene a quienes generan incidentes violentos, sino que se apunta contra los manifestantes, profundizando así el contrapunto con el oficialismo. Sus dichos generaron nuevas interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara.

El legislador también vinculó la discusión en curso con el debate por la reforma laboral, advirtiendo sobre la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia. Además, lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos del oficialismo con el narcotráfico, lo que generó un clima aún más tenso y obligó a la autoridad parlamentaria a intervenir para restablecer el orden. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más intensos desde el inicio de la sesión.

La cuestión de privilegio presentada por Ardohain fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación. El episodio dejó expuestas las diferencias entre los bloques respecto al papel de los representantes en la calle y el límite entre la defensa de los derechos sociales y el respeto al marco institucional. El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral continuó en un ambiente enrarecido, con la atención puesta en los alcances que puedan tener las denuncias cruzadas.

El contexto general de la sesión estuvo atravesado por la reciente aprobación en el Senado de la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, temas que motivaron la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. La tensión en la Cámara se reflejó tanto en los discursos como en los gestos, evidenciando la profundidad del conflicto político y social en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno.