La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que avanzará con un recorte de personal en su planta operativa de Zárate, donde más de la mitad de los trabajadores dejarán sus puestos a través de un programa de retiros voluntarios. La compañía pasará de una dotación de 260 empleados a apenas 80 y reducirá su esquema de producción de tres turnos diarios a uno solo.

Quilmes recurre a un plan de retiro voluntario para reducir empleados

La decisión fue acordada con la comisión interna de la planta, que atribuye la medida a una caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la empresa venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones. El ajuste busca evitar un escenario más crítico para la operación local.

Desde la representación gremial señalaron que la negociación se dio en un contexto de alta tensión, ante la posibilidad concreta de un freno total de la producción e incluso el cierre definitivo de la planta. «La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada», explicó Horacio Romero, referente sindical del establecimiento, al referirse al esquema que quedará vigente tras la reestructuración.

El comienzo de 2026 encontró a la industria atravesada por una crisis más amplia que impacta en distintos sectores manufactureros. En el caso puntual del negocio cervecero, el avance de las importaciones aparece como un factor determinante en el deterioro del mercado interno.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025, un salto que profundizó la competencia externa en un contexto de consumo debilitado y presión sobre los costos locales.

Importaciones en la mira, tras el caso Fate

La crisis de la empresa de neumáticos FATE puso al discurso del gobierno ante su test más exigente: debe sostener la filosofía aperturista, lo que implica que el acceso de los consumidores a productos de bajo precio es mejor que sostener empleos industriales poco competitivos.

Y en esa «batalla cultural» está permitido usar armas de grueso calibre, como por ejemplo denunciar planes de conspiración política, como insinuó el propio Javier Milei al marcar el sugestivo «timing» de Javier Madanes Quintanilla para anunciar el cierre de FATE justo en pleno debate sobre la reforma laboral.

También se reflotó otra acusación grave, que ya se había escuchado a fin del año pasado, cuando la planta de Whirlpool cesaría la fabricación de lavarropas en su planta de Pilar por el bajón del consumo y la competencia importada. En ese momento, economistas afines al gobierno argumentaron que la actividad industrial en los últimos 20 años ha sido, en realidad, una excusa para obtener rentas financieras.

La explicación es que, en regímenes muy regulados -con cepo cambiario y cierre importador-, al industrial argentino le convenía tomar préstamos en pesos a tasas bajas, que luego se terminaban licuando con la inflación. Y que eso se completaba con un subsidio de hecho a la importación de insumos, porque se les daba prioridad para acceder al tipo de cambio oficial.

No por casualidad, los militantes del gobierno hicieron circular en las redes sociales una charla entre Madanes e industriales del rubro textil, en el que el líder de Aluar reconoce que, al final del gobierno de Alberto Fernández se produjo una masiva acumulación de stock, con la premisa de que sobrevendría un período de tipo de cambio alto, pero que eso finalmente no ocurrió, con lo cual el stock salió a la venta mucho más lentamente de lo previsto.

Felipe Núñez, uno de los principales asesores de Toto Caputo, fue quien tomó la voz acusatoria en esta polémica, al calificar a Madanes como «el empresaurio que durante años cobró el aluminio el doble en Argentina de lo que lo vendía en el exterior, e incluso hoy lo sigue vendiendo aproximadamente un 40% más caro en el país».

Es decir, la acusación lleva implícita la advertencia de que lo mismo que le ocurrió al rubro del neumático con la competencia importada le podría ocurrir al sector del aluminio.

FATE, la punta del iceberg

En un ambiente hipersensibilizado tras la pelea con Paolo Rocca, líder de Techint -a quien Milei bautizó «Don Chatarrín de los tubos caros»-, se vuelve a instalar la eterna polémica: ¿la industria argentina no puede competir si no cuenta con protección estatal? ¿O, como afirman los industriales, Milei está practicando un liberalismo ingenuo que no se aplica en ningún país industrializado, donde los subsidios y los cupos de importación están a la orden del día?

El motivo por el cual le cuesta cada vez más defender su discurso al gobierno es que, lejos de tratarse de casos aislados, las empresas en crisis y con pérdida de empleo son la generalidad. Los números son elocuentes al respecto: en la industria se está usando, en promedio, apenas un 53,8% de la capacidad instalada, y hay casos extremos, como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.

El gobierno se defiende con datos como el de la relativa estabilidad del empleo, después de que el censo del Indec publicara para el tercer trimestre del año pasado una desocupación de 6,6%. Sin embargo, los economistas críticos afirman que esa estadística oculta una realidad preocupante: en dos años se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo informales -la mayor parte en el sector industrial-, mientras que los nuevos empleos están, sobre todo, en el cuentapropismo y los nuevos trabajos de servicios por aplicaciones de internet.

Y los economistas críticos recuerdan que no sólo está en crisis la «industria protegida» sino que también pasaron zozobras empresas del agro y del sector energético, los supuestos «ganadores» del modelo. En la lista hay nombres como Bioceres, Agrofina, Aconcagua y President Petroleum.

La empresa multinacional de origen español Urbaser quiere vender su filial en Argentina, que emplea a unas 3.500 personas y genera un ingresos antes de impuestos por cerca a 80 millones de euros anuales. La operación se estima en un valor 350 millones de euros y fue encomendada al Banco Santander, según informó el diario Expansión.

La operación se realiza de manera independiente del proceso de venta global de la compañía. La filial argentina quedó excluida de la transacción principal por la cual Blackstone y EQT adquirieron el resto del grupo Urbaser por 5.600 millones de euros. Se la compraron al fondo estadunidesne Platinum Equity que, según Expansión, fue quien ya contrató los servicios de Santander para vender la compañía en el país.

“La Argentina quedó fuera de la transacción acordada con Blackstone y EQT para adquirir Urbaser por 5.600 millones de euros, por lo que Platinum le encargó a Santander la venta por separado del negocio de gestión de residuos en esta región”, dijo el medio español, que especificó que más allá de la presencia del grupo en diversos mercados, “quedó excluido” el negocio en la Argentina.

Urbaser es un jugador importante a nivel global en el negocio de los servicios medioambientales. Gestiona 150 plantas de tratamiento de residuos en una red que abarca más de 42.000 empleados distribuidos en 15 países.

En la Argentina, la compañía desarrolla servicios de gestión integral de residuos, que incluyen recolección, tratamiento y valorización. Inició actividades alrededor de 1996 y actualmente concentra su negocio en la gestión de residuos, en línea con su modelo global de economía circular. En la actualidad opera bajo la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023.

En la operación principal de cambio de manos del grupo, Blackstone y EQT se repartirán el accionariado en partes iguales e inyectarán 1.300 millones de euros cada uno, destinados en parte a repagar un préstamo de aproximadamente 1.000 millones de euros, además de asumir cerca de 3.000 millones de euros de deuda.

El acuerdo que sellaron Platinum Equity con Blackstone y EQT representa la segunda mayor adquisición por capital riesgo en España en términos de valor empresarial, solo superada por la de Cepsa en 2019.

De acuerdo con información de Europa Press, Urbaser presta servicios a escala global desde hace más de treinta años, y se ha consolidado como un actor principal en la provisión de soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales, con especial foco en la maximización del reciclaje y la recuperación de recursos.

Los servicios de Urbaser cubren tanto la administración de contratos municipales como el servicio a clientes industriales, desarrollando su actividad en amplios segmentos del sector ambiental. Su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, valoró la operación como un reconocimiento al potencial de generación de valor de la empresa. “Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos”, señaló el directivo, citado por Europa Press.

Urbaser ha destacado su apuesta por la innovación en el sector, lo que se refleja en su experiencia en el desarrollo y explotación de plantas de valorización energética de residuos, conocidas como ‘energy-from-waste’, y en la gestión de otras infraestructuras avanzadas. Este enfoque ha permitido reforzar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la gestión de residuos, informó Europa Press, incrementando la eficiencia en el reciclaje y la regeneración de materias primas.

Más allá de lo que ocurra con la filial argentina, la operación principal aún requiere la aprobación de los organismos reguladores correspondientes para su ratificación, de acuerdo con Europa Press. Hasta tanto no se obtengan estas autorizaciones y se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones, la adquisición no quedará completada.

Los abogados laboralistas alertan que si el proyecto de reforma laboral se aprueba en el Senado tal como fue redactado en la Cámara de Diputados generará graves implicancias en el ejercicio de la profesión porque podrían ser condenados a pagar las costas de un proceso en forma solidaria y cobrar sus honorarios en cuotas.

El Colegio de Abogados de la Capital Federal, que representa a 89.500 matriculados, envió a mediados de febrero una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a los titulares de las diecinueve bancadas parlamentarias para plantear estas cuestiones.

Los artículos que principalmente se objetan son el 20 y el 277 de la iniciativa impulsada por el oficialismo y otros bloques para modificar la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo pero el reclamo no fue atendido.

Inés Arias, subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio y socia del estudio Aguirre Saravia y Gebhardt, explicó que «en el caso del artículo 20 se incorpora un segundo párrafo que dispone que el abogado va a ser solidariamente responsable en caso de pluspetición responsable, que es una figura que normalmente aparece en las leyes procesales».

«Se llama temeridad y malicia, se hace responsable solidariamente cuando hay una acción deliberada del abogado y donde se reclama algo a sabiendas de la sinrazón de ese reclamo. Pero es una figura que exige que haya un componente de culpa, una intención, una negligencia grave», detalló.

Reforma laboral: cómo sería el pago solidario de costas

Para Arias, que también asesora a empresas en riesgos del trabajo, «el problema que trae este texto es que incorpora pluspetición objetiva, es decir que cambia las condiciones de ejercicio profesional de los laboralistas» porque los expone a que «si se plantea una liquidación que después no es aceptada, uno estaría expuesto a una sanción de este tipo que nos obliga a pagar solidariamente las costas».

Aclaró que esto ya existe cuando un letrado «infla» una demanda sabiendo que no tiene razón, pero con la reforma -por ejemplo- si un letrado estima un crédito laboral en 5 millones y el juez fija un millón, sería responsable por el pago de costas de los 4 millones rechazados.

En los juicios laborales, donde rige la gratuidad para los empleados, si un trabajador pierde un juicio, generalmente no se le puede cobrar. Si bien se le puedan imponer las costas, no se le puede ejecutar su vivienda. Esto implica que un empleador que gana el juicio posiblemente deba pagar a su abogado (en caso de que así lo haya pactado), además de los gastos que haya realizado durante la tramitación del expediente. 

En caso de sancionarse al abogado del trabajador por pluspetición inexcusable, éste último deberá abonar las costas del proceso (por ser solidariamente responsable con su representado) y luego tendrá contra el trabajador un crédito proporcional correspondiente a dividir el total de las costas abonadas entre la cantidad de responsables solidarios de su pago (este crédito no podrá tampoco ejecutarse sobre la vivienda de su cliente).

El otro artículo que los laboralistas objetan es el 277, que habilita el pago de sentencias en 6 cuotas para las grandes empresas y en 12 para las pymes.

«Esto genera una discriminación injustificada a la tarea de los abogados laboralistas porque otras ramas del derecho no tienen este riesgo patrimonial directo del ejercicio de la profesión», sostuvo Arias en referencia a colegas que hacen planteos civiles o comerciales.

Por su parte, Leonardo Elgorriaga, de la Asociación de Abogados Laboralistas, consideró que la modificación de estos artículos «es persecutoria porque no sucede lo mismo con los letrados que asesoran a las empresas».

«Si se llega a considerar que hay algo exagerado nos pueden hacer responsables a nosotros pero no a la inversa en caso de que la postura de la empresa sea manifiestamente improcedente. Es decir, no se condena al letrado de la empresa y solo afecta al reclamante«, explicó.

El pago en cuotas afecta el derecho de propiedad

Acerca del pago en cuotas, recordó que «muchos colegas hacen pacto de cuota litis, es decir (que se cobra) un porcentaje de lo que se obtenga en la sentencia» y estos cambios afectan a los letrados y al trabajador «sin justificación alguna porque comprende no sólo a las pymes sino a las grandes empresas«.

Tras remarcar que hay inquietud en la asociación porque este tipo de pago «afecta el derecho de propiedad», también puso el foco en otro punto de la llamada «modernización laboral» porque es algo totalmente novedoso.

«La reforma también dice que los jueces laborales están obligados a seguir los fallos de la Corte y eso no es así en otros fueros», enfatizó Elgorriaga, que recordó que si bien por un tema de economía procesal los jueces adhieren a la postura del máximo tribunal, pueden dictar resoluciones diferentes aclarando que no las comparten.

Para el letrado, de mantenerse esa modificación, «se afecta la independencia de los jueces» porque la propia Corte tiene fallos que dicen que los magistrados se pueden apartar de su jurisprudencia si agregan nuevos argumentos.

«Va a haber cataratas de pedidos de inconstitucionalidad sobre toda la reforma y estos puntos en particular», adelantó.

«No somos una mafia, somos abogados de a pie»

A su turno, Enrique Papalardo, vicedirector del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados San Martín, sostuvo que «son muy pocos los casos en los que se ‘infla’ una liquidación», pero a pesar de eso se elaboró un artículo que perjudica a todos los laboralistas.

«Es la única área del derecho a la que nos están imponiendo algo como esto. Si como abogado presentás una liquidación y el juez considera que es otra porque, por ejemplo, no están las pruebas dadas, nos quieren hacer responsables de eso. Nos están obligando al pago por esas diferencias», señaló.

También se manifestó en contra de cuotificar los honorarios profesionales porque son de carácter alimentario. «Es nuestro salario, nos perjudica gravemente a los abogados de a pie. Esto no es una mafia como lo quieren mostrar a la comunidad», remarcó.

Para Papalardo, «no existe la industria del juicio, sino que las reglas del juego están dadas para que pase esto: hay muchos trabajadores que no se encuentran registrados y por eso se inician demandas».

«Para las pymes, representa un 40% del gasto, por eso recurren a no registrar al empleado. Entonces, lo que hay que hacer es bajar los costos y no cuotificar los honorarios a todos los auxiliares de la Justicia», afirmó.

Papalardo también adelantó que los colegios de abogados seguramente van a plantear la inconstitucionalidad de esta reforma y habrá que esperar a qué decide la Corte Suprema de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, lamentó que en el fuero laboral con sede en la Capital Federal prácticamente no se estén sorteando causas porque están a la espera de lo sucede con el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

«Está muy lastimada la Justicia del Trabajo, hay muchas vacantes en los juzgados, faltan empleados y por eso las demoras en los juicios de 4, 5 o 6 años cuando se podrían resolver en uno», evaluó.