En un nuevo aniversario por el último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno anticipó una pequeña parte del video que difundirá este martes 24 de marzo por Youtube. El material en el que estaban trabajando desde hace unos días busca profundizar, como en ocasiones anteriores, sobre el discurso que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

La filmación fue compartida a través de la cuenta de la Casa Rosada, acompañada por un breve texto: “Mañana (hoy) se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. De esta manera, la administración de Javier Milei volvió a insistir con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

Tal como lo había anticipado una fuente Infobae, la edición de este año tiene como principales protagonistas a hijos de desaparecidos entre 1976 y 1983, con la idea de que presenten su voz para reforzar el mensaje. “Que cuenten la verdad”, precisaron.

El fragmento que encabeza esta nota dura apenas 1.27 minutos. Comenzó a circular este lunes y resaltó en el plano inicial la palabra “completa”, en color bordó. Mirian Fernández es una de las nietas 127 recuperada que habla en la grabación y en donde afirma que “para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”. Añade que la sociedad creyó un relato que no fue real».

Además de Fernández, aparece el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372”, relató y concluyó: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.

Al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, las autoridades nacionales publicarán el mensaje a las 9 horas en la plataforma Youtube. Según informaron en esta ocasión el video no estará encabezado por el filósofo Agustín Laje, quien lidera la Fundación Faro, sino que la decisión fue sumar “caras nuevas” con el objetivo de no repetir figuras ya expuestas en producciones anteriores. La realización del material contó con la participación del equipo asesor del presidente Santiago Caputo.

La administración libertaria sostiene desde su inicio la “teoría de los dos demonios”, una postura que promueve el reconocimiento tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar como de las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Milei manifestó en diversas oportunidades que “no hay registros fehacientes de que hayan sido 30 mil los desaparecidos” y citó como cifra real la de 8.753 víctimas, de acuerdo al informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. “Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, expresó el mandatario en un acto por el aniversario del golpe militar el año pasado.

Por otro lado, en la antesala del 24 de marzo, el Gobierno desclasificó una serie de documentos históricos, pertenecientes a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que corresponden al periodo de la dictadura.

De acuerdo con la información difundida, algunos de estos archivos detallan los métodos implementados por el régimen de facto para censurar libros y películas en el país. Las tareas de control y censura eran realizadas por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, que formaba parte del Departamento Medios de Comunicación Social.

El Gobierno anticipó que continuará con la publicación de materiales y la apertura de archivos vinculados al terrorismo de Estado y a las acciones de grupos armados previas y posteriores al golpe de 1976.

El gobierno de Javier Milei activó un fuerte envío de fondos a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con transferencias que superaron los $47.000 millones en apenas dos días. Los giros, concretados el 19 y 20 de marzo, alcanzaron a 11 distritos y reflejan una aceleración significativa en la asistencia financiera a los gobiernos provinciales.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, el volumen de recursos transferidos en este período implica un incremento cercano al 130% respecto de febrero, cuando se habían distribuido alrededor de $20.000 millones en medio de negociaciones legislativas. Además, el monto también muestra un salto interanual considerable frente a marzo de 2024.

Los ATN son fondos que el Ejecutivo puede asignar de manera discrecional ante situaciones específicas en las provincias. Se financian con el 1% de la masa coparticipable de impuestos nacionales, aunque su distribución no responde a criterios automáticos, sino a decisiones políticas del Gobierno.

En el detalle del reparto, Corrientes volvió a posicionarse como la provincia más beneficiada, con un total de $8000 millones recibidos en el período. Le siguieron Mendoza, con $7000 millones, y Entre Ríos, con $6000 millones. También se destacaron Misiones, con $5500 millones, y San Juan y Chaco, que recibieron $4000 millones cada una.

El listado se completa con Salta, que percibió $3500 millones; Catamarca y Chubut, con $2500 millones en cada caso; y Jujuy y Neuquén, que obtuvieron $2000 millones respectivamente.

Con estos desembolsos, el total transferido a las provincias en lo que va del año asciende a $74.000 millones, lo que representa un aumento del 29% en comparación con el mismo período de 2025. Este dato refuerza la tendencia de mayor asistencia financiera en el arranque de 2026.

En el acumulado anual, Corrientes también lidera el ranking de transferencias, con $14.000 millones recibidos entre enero y marzo. Detrás se ubican Misiones, con $9500 millones, y Salta, con $7500 millones. Más atrás aparecen Mendoza, Chubut y Entre Ríos, seguidas por otras provincias con montos menores.

El fuerte incremento en los envíos coincide con un contexto de tensión fiscal en varias jurisdicciones, que enfrentan dificultades para sostener sus cuentas públicas. En ese escenario, los ATN funcionan como una herramienta clave para asistir a las provincias, aunque su carácter discrecional suele generar debates sobre los criterios de asignación.

En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones abiertas con distintos gobernadores en el Congreso, donde busca avanzar con reformas estructurales. En ese marco, los giros también son leídos como parte de la dinámica política entre la Casa Rosada y las provincias.

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Desde que llegó al Gobierno, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se planteó revisar todas las medidas que había dejado listas su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre todo aquellas más urgentes, como los pliegos para cubrir vacantes en los tribunales o el nuevo Código Penal, sobre el cual pidió realizar algunas modificaciones para hacerlo más corto y técnico, aunque manteniendo la esencia original.

De acuerdo con lo que señalaron a Infobae fuentes del entorno del funcionario, “es lógico” que haya tomado la decisión de estudiar esta reforma, ya que el fiscal porteño en uso de licencia “no firma nada ni envía nada sin mirar antes”.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de las redes sociales las iniciativas que el oficialismo va a impulsar en esta primera etapa de las sesiones ordinarias y en el listado está incluido este proyecto.

En este contexto, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

El martes pasado, cuando se reunió con los miembros de la Corte Suprema, el ministro también conversó con ellos sobre el Código Penal y les pidió que le envíen algunas recomendaciones u opiniones.

Luego de ese encuentro, en la cuenta oficial de X de la cartera se precisó que ambas partes expresaron la “voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

De todas formas, las modificaciones que se van a hacer, y que quedarían, aunque dentro de artículos ya existentes, son las mismas que pensó la comisión de especialistas, por lo que se mantiene la idea primaria.

Qué reformas se mantendrían en el proyecto

En este sentido, a pesar de los cambios, se suma una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En este sentido, se incluye un régimen penal específico para esta área, completo e integral, con sanciones para inside trading, agiotaje (especulación y manipulación de precios), balances falsos, intermediación sin autorización y cohecho financiero.

La iniciativa plantea, además, el combate al terrorismo y la criminalidad organizada, dentro de un esquema que contemplará asociación ilícita, adoctrinamiento, adiestramiento y encubrimiento autónomo.

Según pudo saber este medio, el abordaje de la violencia en espectáculos deportivos sumará penas por dopaje, corrupción y actos asociados a agrupaciones ilícitas en ese ámbito.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

Por otra parte, y cupliendo con lo que a Argentina se comprometió en el marco del acuerdo comercial con los Estados Unidos, el texto prevé cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual e industrial y sumará previsiones de crimen organizado en la fiscalización (controles judiciales más duros).

En materia de delitos informáticos, el texto trabajará la tipificación de hackeo, difusión no autorizada de imágenes, acceso ilegítimo, hurto informático y ataques contra sistemas esenciales.

Entre las normas que sobrevivieron a la revisión, están aquellas para castigar el accionar de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, una medida de especial interés para la administración libertaria.

Por último, se introduce figuras penales para la crueldad animal, daños al patrimonio arqueológico, paleontológico y la fauna silvestre; para la discriminación y para el ingreso y permanencia ilegal de migrantes en territorio nacional.

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