El asfalto se interrumpe, los pozos se multiplican y el agua servida corre por los zanjones. Las casas de ladrillo a la vista se intercalan con otras más precarias de chapas; un olor a carne podrida invade las fosas nasales. Nada parece en escuadra ni bien terminado. Unas columnas de una obra pública abandonada emergen desde un matorral, y las luces mortecinas hacen parecer que la noche se abate aquí con más furia. En villas como esta nace y crece el 40% de los jóvenes del Conurbano bonaerense. Contra toda meritocracia, nacer y crecer en estos lugares condiciona el porvenir; achica horizontes temporales y espaciales.

“Futuro ya no tengo… mi futuro fue”, responde Matías, de apenas 19 años, cuando se le pregunta por sus expectativas. Y si bien lo natural sería contradecirlo y explicarle que tiene toda la vida por delante, cuando narra su historia, impone silencio. Lo que relata es un derrotero de abandono e imposibilidad de acumular recursos vitales, que deja al descubierto la dificultad para un camino de integración social.

Como la mayoría de los jóvenes de estos barrios, Matías comenzó a trabajar en edad escolar; cartoneaba para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos. Su padre, que los golpeaba, los abandonó cuando él tenía 7 años. A los 12, a la vuelta del cartoneo, se quedaba primero a tomar unas cervezas con los pibes del barrio, pero con el tiempo pasó a consumir drogas. A los 14 ya vivía en la calle y había abandonado la escuela, donde lo trataban, según su relato, “de faloperito”. La esquina”, con “la mala junta”, se convirtieron en su mundo. A los 18 cayó preso por robo a mano armada y ahora solo piensa en “rescatarse”, pero dice que “es difícil cuando tu mamá te abandonó en la calle de tan chico”. “Yo viví cosas que ningún chico debiera vivir”, dice. No es sorprendente que, con esta historia de vida, Matías no pueda proyectar un futuro más allá de la esquina. Como él mismo lo dice, “me dejaron solo”.

Matías es el reflejo de un Estado y una sociedad que fallan, en múltiples instancias, en brindarles condiciones de crianza a estos niños y jóvenes. En un estudio realizado por el CIAS y Fundar, más de la mitad de los jóvenes de barrios populares expresaron no tener perspectivas de integrarse a la sociedad a través del estudio y el trabajo. La integración social no solo requiere un entramado de oportunidades, sino que también presupone ámbitos donde se adquieren los recursos que permitan vincular esas oportunidades con las aspiraciones personales. El deterioro de esos ámbitos de acumulación hace que estos jóvenes no crean, como ellos mismos lo expresan, que puedan “ser alguien en la vida”. No les damos los recursos para que proyecten un futuro mejor.

“Ser alguien” supone una trayectoria que enlaza lo recibido con un proyecto a futuro. Sin embargo, dadas sus experiencias de socialización —donde el hogar, la escuela y el barrio ocupan un lugar central—, esa trayectoria se hace inverosímil. Las expectativas de muchos se recortan casi exclusivamente sobre el presente y “la esquina”. Cuando hay alguna expectativa, en general, esta no va más allá del objetivo de “rescatarse”; es decir, de dejar la vida de consumo y delito.

A los jóvenes que repiten ese círculo vicioso de consumo y crimen, si milagrosamente no se “rescatan”, los espera el confinamiento o la muerte temprana. La dificultad para imaginar algo distinto arranca en hogares en los que no se cubren las necesidades alimenticias básicas. De una encuesta del CIAS a 600 jóvenes en villas de AMBA, se puede inferir que casi el 50% de los menores de 18 años en villas trabaja para aportar ingresos al hogar, normalmente cartonean. Abundan las historias familiares traumáticas caracterizadas por la violencia, el abandono o la expulsión del hogar. Es común que niños de entre 14 y 18 años caigan en situación de calle y el Estado no reaccione.

Las escuelas tampoco logran contener a estos jóvenes. Son escuelas desbordadas por las situaciones de consumo y violencia que atraviesan estos barrios. Según la encuesta mencionada, el 42% de los jóvenes entre 19 y 24 de barrios populares abandonó la escuela y más de la mitad la ve como un lugar vacío o violento. Una vez más, un joven deja el secundario y en la sociedad no se prende ninguna luz roja; el Estado solo atina a descontarle el 20% de la AUH.

Estos jóvenes crecen en barrios segregados: aproximadamente el 50% de los jóvenes no tiene amigos por fuera del barrio y no participa en ningún espacio de sociabilidad como iglesias o clubes. Estos barrios segregados no solo están afectados por la deficiencia de servicios públicos, sino que, además, el espacio público –calles y plazas— aparece a menudo controlado por transas y narcos. Ellos imponen el ritmo de vida del barrio; determinan por dónde y a qué hora se puede circular o reunirse.

Mientras tanto, en Argentina vuelve la idea de bajar la edad de imputabilidad como solución al problema. Muchos hogares aparecen estallados, muchas escuelas desbordadas y muchos barrios ocupados por los transas y, en lugar de recuperar y cuidar estos lugares, se elige atacar sus resultados. Se quiere atender a los jóvenes cuando “el futuro ya fue”— y se pretende corregir con barrotes o intercambio de balas, lo que se fue originando durante años en el hogar, la escuela, y el barrio.

La mirada indulgente de cierto progresismo es un error que se paga caro. Los niños y jóvenes que cometen crímenes causan pérdidas materiales y humanas graves. Hay delito, culpa y damnificados, que no dejan lugar a romantización alguna. Pero querer resolver el problema en sus consecuencias y no en sus causas, es un error más grave. La prioridad debiera estar en las condiciones bajo las cuales se gestan el consumo y la criminalidad. Limitarse a bajar la edad de imputabilidad es querer corregir un renglón torcido destruyendo la hoja. Una sociedad que no ofrece otro futuro a sus jóvenes que la cárcel está, en verdad, renunciando al suyo.

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El autor, politólogo y sacerdote, es rector Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)

Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), insistió con que hay un acuerdo avanzado y se mostró confiada en que llegará a la sesión con un texto con cambios acordados con la oposición dialoguista, con la que volvió a reunirse en la tarde de este lunes por espacio de tres horas.

Si bien Bullrich se negó a confirmarlo ate la consulta de , al menos tres fuentes legislativas coincidieron en señalar a este diario que si la Casa Rosada no llega a un acuerdo con las provincias, el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3% y mantiene a los gobernadores molestos con la Casa Rosada, será eliminado.

“Esta es una reforma laboral, no la vamos a empañar por una discusión fiscal cuando el Gobierno tiene varias cuestiones fiscales que resolver mediante leyes que el Congreso va a tener que discutir más adelante”, explicó, con pragmatismo puro, uno de los participantes del encuentro sostenido esta tarde en el bloque radical.

Además de la jefa de la bancada oficialista, de la reunión participaron el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), su correligionaria y secretaria de la bancada, Mariana Juri (Mendoza), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), Flavia Royón (Primero los Salteños), Beatriz Avila (Independencia-Tucumán) y Martín Goerling (Misiones), presidente del bloque Pro.

La reunión duró casi tres horas, al término de las cuales los participantes prefirieron guardar silencio en público. Sólo se limitaron a decir que habían avanzado en la redacción de los artículos que se pretenden modificar, pero sin entrar en mayores detalles. De hecho, afirmaron que las negociaciones continuarán este martes. En realidad, todo indica que la discusión continuará hasta el miércoles durante la sesión.

Por lo pronto, este martes a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para tratar de coordinar la dinámica de la sesión. En el oficialismo se mostraban preocupados por la actitud que tendrá la vicepresidenta Victoria Villarruel que, dicen, está enojada porque se siente desplazada del centro de la escena de las negociaciones políticas.

Sospechan que Villarruel se pondrá en reglamentarista y que apoyará los pedidos que haga el kirchnerismo, que pretende asistir al encuentro con los jefes de bloque a exigir que se cumpla el Reglamento del Senado a rajatabla. Se saben derrotados, por lo que la bancada que preside José Mayans (Formosa) apostará por estirar el debate todo lo posible.

En cuanto a los cambios que se le introducirán al proyecto, no ha habido grandes avances con relación a la semana pasada, cuando también en el bloque radical la senadora Bullich se llevó las propuestas de cambios de la oposición dialoguista.

Por lo pronto, fuentes que están al tanto de las negociaciones confirmaron la eliminación del artículo 212. Se trata de la cláusula del proyecto que le otorgaba al ministro de Economía, Luis Caputo, amplias facultades para disponer las fechas en las que empezarán a regir los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

También es casi un hecho que se eliminará la derogación automáticas de varios estatutos profesionales, como el del Periodista y el de viajante de comercio, entre otros. Se dispondrá un plazo, que podría ir de los seis meses al año, antes de su extinción para dar tiempo a que las partes puedan negociar un nuevo convenio.

Otro cambio que ya habría sido aceptado por el Gobierno es la eliminación del artículo que habilitaba a pagar salarios a través de billeteras virtuales. Esa facultad seguirá, de forma exclusiva, en mano de las entidades bancarias.

Si bien hay senadores que han pedido revisar la lista de actividades que el Gobierno quieren calificar de esenciales, lo cual las obligaría a cumplir con un mínimo del 45% de los servicios ante la declaración de un paro, hasta el momento no hubo avances en esta materia.