POLITICA
Todos los bienes que le podrían rematar a Cristina Kirchner si no paga su decomiso en la causa Vialidad
La Justicia intimó a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados por la causa Vialidad a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso. Todos tienen 10 hábiles para depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles.
Si los condenados no pagan, la Justicia rematará los bienes a su nombre para cubrir la cifra. Los fiscales del juicio de Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, elaboraron un listado de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos, de Lázaro Báez, y del resto de los otros siete acusados, que está en poder del Tribunal. Todas esas propiedades y activos están embargados y serán parte del legajo patrimonial que se abrirá para ejecutar la condena.
El monto del decomiso fue definido a partir de calcular los beneficios obtenidos por Báez, favorecido con un direccionamiento de obras viales que, en un porcentaje importante, no se terminaron, y el sobreprecio pagado por el Estado en la licitación de obras, que promedió un 20% de acuerdo con la Justicia. La Justicia determinó que Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% se asignó a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario patagónico amigo y socio del matrimonio Kirchner.
La lupa se pondrá ahora sobre los bienes de la ex mandataria, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Muchos de ellos están, a su vez, alcanzados por embargos en otro expediente, conocido como Hotesur-Los Sauces, que investiga maniobras de lavado de dinero a través de uno de sus hoteles y la inmobiliaria familiar. “Los bienes de los mismos acusados pueden estar cautelados en distintas causas. Se ejecuta el decomiso en la causa que llega primero a sentencia”, explicaron en un despacho de Comodoro Py.
En la lista elaborada por Luciani y Mola, hay cuatro cajas de ahorro en pesos, dos en dólares y una caja de seguridad en el Banco Galicia; cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz; una caja de ahorro en el Banco Nación; y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones, todas a nombre de Cristina Kirchner. La fortuna de la familia se sustentó siempre en dos pilares: los inmuebles – casi todos en Santa Cruz- y plazos fijos millonarios.
Los fiscales listaron dos departamentos en el barrio porteño de Recoleta. Uno de ellos es el de Uruguay esquina Juncal, de 160 m2 que fue su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires hasta el atentando que sufriera el 1ro de septiembre de 2022.
En el listado de Luciani y Mola figura otro departamento sobre la calle Juncal, entre Azcuénaga y Uriburu, de 77 m2, y un total de 24 inmuebles en Santa Cruz, entre ellos, la casa familiar de Río Gallegos, la residencia de la ex mandataria en El Calafate, y el hotel Los Sauces. Todos fueron cedidos por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en 2016, para sortear futuros embargos judiciales.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que se incluyeron los bienes que eran de la ex presidenta donados a sus hijos “porque están cautelados” y “se puede avanzar sobre todos ellos para la ejecución del decomiso”.
Asimismo, figuran las tres sociedades de los Kirchner – Hotesur SA y las inmobiliarias Los Sauces SA y COMASA -, que también fueron cedidas a sus herederos y están embargadas en la causa Hotesur-Los Sauces.
Qué patrimonio declaró la ex presidenta
La dos veces presidenta de la Nación declaró, al cierre de 2023, un total de bienes y activos por $249,4 millones, según la última declaración jurada que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción al dejar su cargo de vicepresidenta a finales de ese año.
El grueso de su patrimonio – $170 millones – estaba invertido en acciones de sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway.
El resto de su patrimonio lo conformaban cuatro cajas de ahorro en el país por $1,7 millones y un auto Toyota Corolla Híbrido que compró cero kilómetro en 2023.
Cristina Kirchner no informó ningún inmueble propio. Sí consignó $60,5 millones por los “derechos reales” del “usufructo”, desde marzo de 2016, de dos propiedades que históricamente estaban a su nombre: el departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, de 160 m2, que el matrimonio Kirchner había comprado en 1980, y la casa en El Calafate, de 520 m2 y tres plantas, incorporada a su patrimonio en 2001.
La evolución de su patrimonio
Lo declarado por Cristina Kirchner está lejos de la fortuna que el matrimonio consolidó en sus años en el poder, de la mano de negocios comunes con Báez.
Infobae reconstruyó el crecimiento de su patrimonio neto, a través de las declaraciones juradas que el matrimonio presentó ante la Oficina Anticorrupción, considerando la inflación de cada período, desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, hasta que su viuda le donó en vida todos sus bienes a sus hijos en 2016, para eludir posibles embargos judiciales al avanzar las investigaciones de la Justicia en su contra.
Para finales de 2003, tras el primer año en la Casa Rosada, el matrimonio Kirchner informó un patrimonio neto de $7 millones, considerando las deudas y los créditos a favor consignados en sus declaraciones juradas.
Al cierre de ese año, declararon un total de 25 inmuebles, que incluían 18 casas (la casa en El Calafate y las restantes en Río Gallegos); 2 locales en esta última ciudad; 4 departamentos (dos en la capital santacruceña y dos en el barrio porteño de Recoleta); y un terreno en El Calafate.
La gran mayoría de las propiedades fueron compradas durante la dictadura militar, entre 1977 y 1982, cuando el matrimonio tenía un estudio de abogados en Santa Cruz, y se dedicaban a las cobranzas y ejecuciones extrajudiciales. Así, lograron quedarse con esos inmuebles a muy bajo precio por las deudas contraídas por sus dueños, lo que les permitió incrementar su fortuna por el negocio de los alquileres
Los activos de la sociedad conyugal en ese primer año en la Casa Rosada incluían dos plazos fijos, uno por $1,2 millones y otro en dólares por USD 1,6 millones. Dos años antes, en plena crisis de finales del 2001, haber sacado al exterior casi la totalidad de esos dólares al exterior, les permitió luego triplicar sus pesos al repatriarlos en 2002, post caída de la convertibilidad.
En 2006, los Kirchner adquirieron la primera sociedad familiar, la inmobiliaria Los Sauces SA, destinada al alquiler y administración de sus propiedades, y que tendría como casi únicos inquilinos a Báez y al empresario Cristóbal Lopez.
Cuatro años después, en diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner recibió la banda presidencial de manos de su marido, los activos del matrimonio habían ascendido a $25,5 millones, un aumento nominal del 264%. Sin embargo, si se considera la inflación acumulada esos cuatro años, el aumento real fue de 153%. Fue el mayor crecimiento patrimonial experimentado por el matrimonio en los cuatro años que llevaban en el Ejecutivo nacional.
En ese primer período del kirchnerismo en la Casa Rosada, los inmuebles de la sociedad conyugal crecieron a 44, entre casas, departamentos, terrenos y locales. Los metros cuadrados se multiplicaron por 33: pasaron de 6.251 a 209.412 m2. Si bien vendieron una casa en Río Gallegos que tenían desde 1978, sumaron 13 departamentos en la capital santacruceña, y 7 terrenos en El Calafate por más de 200.000 m2. Por los nuevos lotes – tierra fiscal – que incorporaron entre 2005 y 2007, pagaron valores irrisorios de entre $0,99 y $7,5 el metro cuadrado el más caro.
En uno de ellos, que pagaron solo $162.000 por 2.100m2, levantaron el hotel boutique Los Sauces, que la propia Cristina Kirchner ideó y amplió en un lote aledaño a la casa de la entonces presidenta en El Calafate. Ese terreno era de Báez y se lo canjeó en una permuta por otro lote de su propiedad frente al Lago Argentino.
La construcción de ese hotel demandó casi $3 millones y la obra estuvo a cargo de Austral Construcciones. Es el más exclusivo de los cuatro alojamientos turísticos que los Kirchner levantaron en suelo santacruceño.
Para finales de 2007, en el banco declararon tener 12 plazos fijos por un total que superaba los USD 4 millones, casi el doble que en 2006, cuando había informado USD 2,4 millones.
El año siguiente, 2008, se produjo otro salto en el patrimonio de los Kirchner, escaló a $47,3 millones, un 51% más en términos reales, considerando la inflación de ese año. ¿La razón? La expansión en el negocio hotelero y los alquileres inmobiliarios.
Incluían 8 plazos fijos por $17,2 millones y uno en dólares por USD 1,5 millones.
La secuencia de operaciones comerciales en 2008 fue frenética. En enero de ese año, los Kirchner vendieron un terreno en El Calafate de 20.095 m2, que habían comprado como tierra fiscal a $6,57 el m2, a la firma chilena Cencosud por USD 2 millones.
Un mes más tarde, compraron un inmueble de 16.189 m2 en El Calafate por $2.219.000 (unos USD 706.000 al cambio de ese momento) que terminó siendo el hotel Las Dunas. Sin embargo, no fue informado como tal en las declaraciones juradas ante la OA, ya que siempre figuró como “lote”.
Al finalizar el primer año de Cristina Kirchner en la Presidencia, la sociedad conyugal había vendido 14 propiedades que habían comprado a montos irrisorios y le reportaron $14 millones. Al cierre de ese período, declararon un total de 28 inmuebles
Entre esas numerosas operaciones inmobiliarias, figuró la venta a Báez de una casa emblemática para la familia Kirchner, en la esquina de 25 de Mayo y Maipú, en Río Gallegos, donde vivían durante la presidencia de Néstor. El empresario patagónico nunca la ocupó.
Esa venta – a un precio muy superior al que la habían pagado los Kirchner en 2003 – quedó bajo la lupa de la Justicia por la sospecha de una maniobra de posible lavado en la que el Báez le devolvía fondos al matrimonio presidencial por los contratos de obra pública que recibía en Santa Cruz. Los Kirchner la habían comprado en USD 170.000 y se la vendieron por más de USD 900.000.
Esa propiedad fue una de las 18 operaciones de compra-venta que la familia Kirchner celebró con Lázaro Báez, y que engrosaron el patrimonio de los ex mandatarios.
En mayo de 2008, los Kirchner adquirieron otra inmobiliaria, COMASA, y en octubre, la consultora financiera El Chapel SA. En noviembre, compraron Hotesur SA, dueña del Hotel Alto Calafate. Cristina Kirchner consignó en su DDJJ el 98% de las acciones en $5,4 millones, y el “valor llave” en casi el doble: $10 millones.
Los negocios hoteleros crecieron vinculados a Báez, que gerenciaba tanto el Alto Calafate como Las Dunas, a través de su firma Valle Mitre. A la vez, le alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner para el personal de sus empresas contratistas del Estado, que no ocupaban por la distancia con los lugares donde estaban los obradores.
En paralelo, las deudas de los Kirchner se dispararon a $19,2 millones, según lo informado por la entonces presidenta en su declaración jurada ante la OA del 2008. La más importante – por $8,4 millones – fue una deuda con Austral Construcciones para levantar el hotel Los Sauces.
En 2009, el patrimonio conyugal consignado por la entonces primera mandataria escalaba a $50,4 millones. La cifra representó, por primera vez, una leve baja real de 7,8% respecto del año anterior.
Cristina Kirchner mantuvo las mismas 28 propiedades e informó depósitos en plazos fijos por casi $13 millones en total, inlcuido uno en dólares por USD 766.800.
Ese año, se disolvió la consultora El Chapel SA, y los Kirchner compraron el hotel La Aldea del Chaltén, operación que se hizo a nombre de Los Sauces SA.
Entre las deudas declaradas en 2009, la más relevante fue con Hotesur por $5,5 millones, la firma de la que la ex mandataria era accionista.
En 2010, los activos de los Kirchner volvieron a subir a $67,7 millones, un 9% más en términos reales. Mantuvieron los 28 inmuebles del año anterior, pero aumentaron la valuación de las tres sociedades a casi $25,5 millones. A su vez, la deuda declarada por Cristina Kirchner con Hotesur escaló a casi el doble, $9 millones.
El dinero en depósitos bancarios (entre ellos 19 plazos fijos) y efectivo, ascendía a $24,6 millones, que incluían USD 772.000.
Ese año se produjo la muerte de Néstor Kirchner lo que implicó que la mitad de los bienes de la sociedad conyugal – incluso los que a fines impositivos figuraban el 100% a nombre de la entonces presidenta- pasaran al año siguiente a Máximo y Florencia Kirchner.
Así lo refleja la declaración de su viuda de 2011. Tras ser reelecta ese año, su patrimonio neto se redujo un 55% en términos reales: pasó a $37,7 millones.
Al cierre del 2012, el primer año de su segundo mandato, la declaración jurada de la entonces presidenta volvió a mostrar un patrimonio neto real ligeramente más bajo respecto del año anterior, un 7% menos: $43,4 millones.
Ese año pesificó el plazo fijo de USD 3,2 millones. Por la conversión, se acreditaron casi $14,4 millones en una de sus cajas de ahorro, según el cambio del momento. Ese dinero ingresó en la declaratoria de herederos.
La reducción patrimonial, siempre tendiendo en cuenta la inflación y lo declarado por la ex presidenta, se repitió en las declaraciones de 2013 cuando informó $50,2 millones, un 7,4% menos que el año anterior a valores reales, y en la de 2014, cuando su patrimonio fue de $59,6 millones (un 14,5% menos a valores reales).
En esos años, mantuvo las mismas 26 propiedades en Río Gallegos, El Calafate y CABA.
En 2015, último año en la Casa Rosada como presidenta, declaró activos netos por casi $72,2 millones (5,6% menos que el año anterior considerando inflación), contabilizando una deuda con Hotesur por $4,6 millones.
Lo que más aumentó entre 2011 y 2015 fue su tenencia de dinero en el banco: pasó de $11,5 millones a $40,7 millones.
En 2016, se produjo otro salto en el patrimonio de Cristina Kirchner, pero esta vez negativo: declaró $3,5 millones, un 96,5% menos. Sus bienes se redujeron drásticamente producto de la donación en vida a Máximo y Florencia Kirchner del 50% que tenía de los 26 inmuebles, los casi $40 millones en cuentas y plazos fijos, así como sus acciones en las empresas familiares. La donación alcanzó la suma de $74 millones.
La decisión la tomó poco tiempo después del cambio de gobierno, y cuando empezó a ser investigada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio. Los movimientos se concretaron el 16 de mayo de ese año, tres días después de su primer procesamiento en la causa por el dólar futuro. Ya tenía abiertas las causas por maniobras de presunto lavado a través de Hotesur y Los Sauces SA, y el direccionamiento de obras públicas hacia Báez, amigo y socio del matrimonio, en Santa Cruz, que derivó en su condena en la causa Vialidad.
La donación tuvo lugar 45 días antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos por la Justicia, lo que le valió una denuncia de Margarita Stolbizer por presunta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio. Los manejos con Hotesur y Los Sauces SA derivaron en el procesamiento de la ex mandataria y sus hijos por presunto lavado de dinero, y el embargo de las propiedades a nombre de la inmobiliaria familiar.
Entre ellas, dos departamentos en el Madero Center, en el barrio de Puerto Madero y sus respectivas cocheras que alquilaba el empresario Cristóbal Lopez, y el departamento en el barrio de San Cristóbal, en la calle San José 1111, donde vivía Florencia Kirchner.
Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015 por un valor de USD 370.000. Es la vivienda en la que pidió esta semana cumplir la prisión domiciliaria.
Procesamiento y visualización: Daniela Czibener
POLITICA
El mapa narco de La Matanza: violencia y disputa territorial, la frontera más feroz del conurbano
Puerta de Hierro es un asentamiento del partido bonaerense de La Matanza abandonado, como muchos otros: Villa Palito, Villa Santos Vega, San Petersburgo, La Jabonera. Lugares donde la ausencia del Estado facilitó el ingreso de las bandas o clanes familiares narcos que ganan terreno a fuerza de balas y sangre.
Su expansión va de la mano de la “compra de voluntades”: de funcionarios públicos, policiales, políticos y judiciales (sobran las causas penales). También de jóvenes sin horizonte que son cooptados con la promesa de dinero “fácil y rápido”. Creen que de esa manera tendrán acceso a los objetos deseados que ven en las redes sociales.
Son los más débiles, los desamparados, sin trabajo ni educación. Un alto porcentaje sobreviven con un familiar. Sus padres o hermanos purgan condena o fueron abatidos en un enfrentamiento policial.
Los varones que caen en estas redes terminan como “soldaditos de la droga”, las mujeres obligadas a prostituirse.
Es la realidad que está ahí, que golpea con fuerza y avanza
El distrito en el que vivían las tres jóvenes desmembradas por un supuesto clan narco que horroriza al país, registra un triste récord en la provincia de Buenos Aires: en 2024 en ese territorio ubicado en la Zona Oeste del conurbano se cometió la mayor cantidad de homicidios vinculados al narcotráfico y narcomenudeo. Los datos son del Ministerio Público que encabeza Procurador General Julio Marcelo Conte-Grand.
La Matanza se sitúa también al tope en la cantidad de expedientes abiertos vinculados delitos derivados de la Ley de Estupefacientes N.°23.737.
En Puerta de Hierro, o en el Barrio 1001, una zona descampada que linda con Morón y Merlo, los narcos actúan así: primero le “regalan la droga”, cocaína cortada o “paco”, una vez dependientes del veneno, los reclutan, para comprar las dosis diarias.
Sin importar la hora, al ingresar a los pasillos de Puerta de Hierro, es moneda corriente esquivar a jóvenes que duermen encogidos en un cartón o sobre el cemento gastado al lado de una cuneta de desagüe.
Este cronista recorrió con un referente el lugar. El objetivo no eran los “fisuras”, “paqueros” o “drogones” como los llaman; o los “soldaditos de la droga” esclavizados por las familias narcos.
El contexto del recorrido por esos pasillos era muy distinto. Los líderes populares de la zona llevaron a Infobae hasta el lugar con el objetivo de mostrar que el comedor comunitario que el Ministerio de Capital Humano afirmaba ante la justicia que “no existía”, funcionaba y brindaba, contención a la población más vulnerable.
En el lento trayecto, el dirigente explica que las bandas narcos del barrio ya tirotearon varias veces el comedor. Los amedrentan para que se retiren. Y recuerda un hecho que fue público, en 2020 en la ciudad santafecina de Rosario, Ariel Máximo “Viejo” Cantero, el primer jefe de la Narco banda “Los Monos” al ser beneficiado con libertad condicional, luego de pasar 5 años preso y cuando aún le restaban ocho meses de condena, fijó como domicilio para su residencia el de un comedor comunitario que administra su pareja. “Si nos retiramos nosotros, si se retira el Estado, como está pasando, lo abren ellos”.
La iglesia católica denuncia el mismo fenómeno: “Una vez más nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”, advirtió el viernes pasado la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Droga Dependencia del Episcopado en referencia al triple femicidio de la Florencio Varela vinculado a la mafia narco.
El Episcopado, viene reclamando desde hace años la falta de políticas públicas para enfrentar el flagelo narco y las consecuencias, sobre todo para la población más sumergida, que dañan el tejido social. De hecho, el pasado mes de junio emitió otra declaración en la que advirtió que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.
Los barrios narcos
Hay que vivir en el barrio, o estar acompañado por un vecino para no perderse en los acodados pasillos de Puerta de Hierro.
La caminata hasta llegar al merendero duró varios minutos. A esa hora, estaba atiborrado de niños y adultos. Algunos almorzaban en mesas de plástico blancas o rojas destartaladas; la mayoría hacían fila con recipientes plásticos para llevarse la comida a sus viviendas.
Según los vecinos de ese barrio popular, en un tercio de las modestas viviendas que componen la geografía matancera se vende paco.
El triple homicidio con tinte narco-mafioso de las tres jóvenes que vivían en La Tablada: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), golpea con fuerza a La Matanza. Los vínculos de la masacre con una banda de traficantes estupefacientes que opera en la villa 1-11-14, Villa Zavaleta y 22-14 de la Ciudad de Buenos Aires también tendría vínculos en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires y de municipio vecinos.
Hasta el 3 de julio de 2023, día en que fue detenido Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, el capo narco de La Matanza, en localidad matancera de Ciudad Evita y cuyo centro operativo estaba ubicado en La Tablada, sigue operando a través de sus lugartenientes que de manera descarnada se fueron extendiendo.
Según los resultados definitivos del censo de 2022, la población del partido alcanza los 1.841.247 habitantes, es el de mayor concentración de todo el territorio gobernado por Axel Kicillof.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), el año pasado había 164 barrios populares, en el que viven 63.268 familias. Se trata de la población más vulnerable del distrito y los lugares preferidos por el narcomenudeo para hacer sus negocios criminales.
La Matanza es mucho más que asentamientos postergados y violencia en el interior profundo. En el distrito la desigualdad está a la vista. Puerta de Hierro, pero también Santos Vega, Villa Palito, Godoy Cruz, La Jabonera o el Barrio de los Paraguayos son la otra cara de los centros comerciales, polos gastronómicos y barrios cerrados de zonas con alto poder adquisitivo ubicados en los nodos centrales de Ramos Mejía, Aldo Bonzi, Barrio Marina, González Catalán, Villa Luzuriaga, y entre otros, San justo, con su peatonal, la catedral inaugurada en 1856; y el edificio municipal desde el que gobierna uno de los “barones del conurbano” Fernando Espinoza.
A cuatro kilómetros, en La Tablada, vivían las tres jóvenes que engañadas por una banda narco subieron a la camioneta blanca con patente falsa en las que fueron trasladadas a la vivienda alquilada en Florencio Varela. Las separaban 36 kilómetros del horror.
“El río Matanza-Riachuelo serpentea al sur del distrito como una frontera sin ley”, le dice a este cronista un exjefe policial que cumplió servicio en el ligar. Conoce el territorio mejor que los políticos que pretenden hacer pie en el “corazón del peronismo”, como asevera la leyenda de letras molde a metros de la General Paz, que marca el límite entre la provincia de Buenos Aires y CABA.
Sobre la orilla del curso de agua de 64 km de largo y desemboca en el Río de la Plata, los disparos con arma de fuego ya no sorprenden. En los barrios del kilómetro 32 de la Ruta 3, las bandas criminales imponen su ley y el miedo.
“En La Matanza la violencia narco tomó el control del territorio. Las bandas armadas, sobre todo de origen paraguayo al sur y peruano al norte, venden paco, cocaína, marihuana y anfetaminas en las barriadas del fondo”, detalla el experimentado comisario general. Y sabe de los que habla.
El abogado Hugo López Carribero, un penalista de renombre que tiene su estudio jurídico en el San Justo, cerca los tribunales ubicados en la calle Mendoza 2417, tiene una visión más brutal aún que la del ex oficial de la policía bonaerense.
“La Matanza es la Rosario del Conurbano y el Chicago del Gran Buenos Aires, hay en el narco matancero mentalidad depredadora y un galope de instintos asesinos, así son ellos, y no van a cambiar”, dice, serio, sentado delante de una taza de café en La Farola de Lomas del Mirador, el restaurante ubicado a una cuadra de las vías del tren y a un kilómetro de la villa Santos Vega, otro enclave narco.
“Acá los criminales tomaron el control del territorio desdibujaron a fuerza del miedo los placeres de la vida cotidiana”, dice el “abogado del conurbano”, como le gusta que lo llamen.
—¿Y cómo se dividen esos narcos en este territorio?
—Los narcos en La Matanza, pueden ser considerados en dos grupos, los que veden al menudeo, y los capos que manejan el gran negocio. Los primeros son peones desechables y menospreciados por la delincuencia, pero los segundos son el nuevos ricos y millonarios del Gran Buenos Aires, curiosamente venerados por una sociedad en descomposición”, opina.
Ya en su estudio, el letrado mira el ordenador y detalla:
– “Los barrios vinculados con el narcotráfico en La Matanza, son Santos Vega, Villa Palito, Puerta de Hierro, Villa Godoy Cruz de La Tablada, los monoblocs de la avenida Crovara y Camino de Cintura, El célebre Barrio que comprende el cruce de las avenidas Crovara y Cristiania, me refiero a Puerta de Hierro, la villa La Jabonera, Villa San Alberto, Los Ceibos, San Petesburgo, el Barrio de los Paraguayos, el Barrio 1001”.
– “Todas las bandas tiene el visto bueno, y la complicidad dineraria de una parte de la policía bonaerense, que curiosamente desde hace 10 años, las oficinas del Ministerio de Seguridad, se instalaron en el predio de Puente 12, en la localidad de Ciudad Evita, que antes estaba en La Plata”.
– “Las bandas narcos más violentas de La Matanza son ‘Los Capitanes’, que tienen su base logística en Gregorio de Laferrere y ‘Los Chumbos’ de Villa Celina”.
– “No exagero. Los narcos de La Matanza son peores que los de Rosario. En Rosario matan por poder, por negocio. Acá asesinan por eso y, además, por placer”, sostiene son seriedad el abogado.
En esas barriadas la brutalidad por el dominio del narcomenudeo deja al desnudo, como ocurrió con el triple femicidio, un escenario que se creía lejano.
Sobre la Ruta 3, -que en algunos de sus tramos de llama Brigadier Juan Manuel de Rosas- desde Lomas del Mirador, hasta Virrey del Pino, pegado al municipio de Cañuelas, la actividad comercial, por lo general informal, ocurre durante el día, pero la verdadera vida pasa adentro de los barrios marginales, donde las reglas se negocian con balas y se desafían en cada esquina para extender los dominios de las bandas narcos que se disputan el territorio y pretenden ampliarlo a los municipios vecinos que limitan con La Matanza:
- Al norte: Merlo y Morón
- Al noreste: Tres de Febrero
- Al este: Lomas de Zamora y Lanús
- Al sur: Ezeiza
- Al oeste: Cañuelas
En ese distrito, como en la Argentina, los cárteles narcos no se instalaron como, por ejemplo, en México y Colombia. Predominan los clanes familiares que se amplían con la compra de voluntades, sobre todo entre los más jóvenes que no encuentran una salida laboral rápida, que les permita acceder a algunos.
En La Matanza, la palabra narco rueda con naturalidad. Por ejemplo, en Barrio Los Ceibos, los enfrentamientos entre organizaciones armadas se producen, al menos cada tres o cuatro días por semana. “Abren kioscos o bunkers de droga y eso genera una balacera por parte de la otra banda que le disputa el territorio”, detalla el comisario.
López Carribero, por su parte refuerza: “En La Matanza, los narcos no van a cambiar, pierde Chaki Chan, el capo narco que operaba desde una ferretería y aterrorizaba a la gente, y otros narcos, igual de célebres por la crueldad de su sello, ocuparon los vacíos que dejó. O surgen otras bandas iguales o más violentas como ‘Los Capitanes’ y ‘Los Chumbos’”.
La presencia narco “expulsa lentamente a las organizaciones sociales, y transforma el tejido comunitario en una geografía de miedo y silencios”, describe, casi con resignación el dirigente popular mientras desandamos los pasillos ya con sombra de Puerta de Hierro. Los cuerpos de los jóvenes consumidos por la pasta base siguen en el piso.
“Nosotros no nos resignamos, pero en muchas barriadas donde antes había una olla popular o un comedor, dónde entrábamos, ahora los narcos nos corren a tiros”, dice y, antes de dejar atrás el chaperio, y también un sector que quedó a medio urbanizar, como en Santos Vega, el referente popular, que además milita en una rama interna del peronismo desarrolla: “La economía narco articula familias y redes de complicidad, pero al hacerlo desarma a las comunidades y nos expulsa porque saben que nos ganamos la confianza del vecino”.
Los números del crimen
El partido de La Matanza experimenta un ciclo ascendente de violencia y fragmentación social, impulsado por el crecimiento del narcomenudeo y la disputa territorial de diversas bandas armadas. El avance del narcotráfico desmorona los vínculos comunitarios y redefine la vida cotidiana.
La recorrida de Infobae por el populoso distrito, y la visión que el abogado López Carribero y el ex comisario brindaron de manera desoladora sobre la violencia criminal que se construyo a lo largo de los años sin que la política pueda o quiera pararlo por omisión, impericia o complicidad, queda reflejada en el último informe sobre homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires que ubica a La Matanza con 143 homicidio consumado en 2024, en lo más alto del podio en la provincia de Buenos Aires y uno de los mayores del país.
Casi la quinta parte de esos asesinatos, 29 casos, estuvieron vinculados directamente a la comercialización de estupefacientes, un fenómeno que convierte a este distrito en el mayor foco de violencia mortal asociada al tráfico de drogas, según detalla el relevamiento publicado oficial.
La Matanza se sitúa también al tope en litigiosidad vinculada a delitos de drogas. De acuerdo con el “Informe Estupefacientes 2024”, ocupa el primer lugar con 6.723 investigaciones penales por comercialización de estupefacientes abiertas en 2024, equivalentes al 12,35% del total bonaerense. Esta estadística evidencia que el último año marcó un agravamiento en el panorama narco del distrito. La acumulación sostenida de causas relacionadas con violencias letales y narcomenudeo en este partido se presenta en contexto de densidad poblacional extrema y presencia simultánea de bandas dedicadas al narcomenudeo.
Según el informe de la Ministerio Público bonaerense, el año pasado el 80% de los homicidios consumados en La Matanza fueron cometidos con armas de fuego. Casi dos tercios de los hechos sucedieron en la vía pública.
La cifra de homicidios dolosos registrados durante 2024 supone un alza respecto del año anterior, cuando se contabilizaron 25 muertes vinculadas al narcotráfico. El trabajo de los fiscales basado en las causas abiertas reafirma la tendencia ascendente, que instaló a La Matanza como el único municipio con incrementos sucesivos en este indicador.
El informe de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires atribuye parte de este fenómeno a la “conflictividad social” del partido. En el documento, se describe al conurbano, y a La Matanza en particular, como zona de “gran densidad poblacional y mayor conflictividad social”, situación que favorece el aumento del delito y el mercado de drogas ilícitas.
El documento destaca también que más del 91% de las causas por narcotráfico en el distrito se iniciaron por intervenciones policiales. La vía judicial fue la segunda más frecuente, aunque muy distante en volumen.
“Este es el reflejo de un escenario de conflictividad y violencia mortal en expansión, potenciado por el auge del mercado de estupefacientes y su penetración en los barrios de mayor densidad poblacional”, sostiene el informe de la Procuración.
Esas mismas causas judiciales demuestran que en La Matanza, el dinero del narcotráfico se articula con el tráfico de armas y saña. También que la proliferación de causas judiciales no logra atacar la estructura de fondo de estos grupos criminales que se siguen extendiendo con violencia extrema.
POLITICA
A pesar del respaldo de Trump, el Congreso no le dará tregua a Milei: los seis frentes de batalla abiertos
El clima de optimismo que se respiraba durante los últimos días en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía tras el contundente respaldo político del presidente Donald Trump no tiene correlato en el Congreso, donde los libertarios enfrentan varias ofensivas opositoras que van desde el intento de interpelar a Karina Milei y el proyecto para restringir los DNU, al rechazo a los vetos por Garrahan y Universidades, entre otros temas incómodos.
En la Cámara de Diputados el malestar opositor con el Gobierno alcanzó un nuevo pico tras el anuncio oficial de que la ley de emergencia en discapacidad, que Milei vetó, pero el Congreso sostuvo, no será aplicada tras su promulgación por falta de recursos presupuestarios. De hecho, la oposición le advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que están decididos a recurrir a una moción de censura que podría eyectarlo de su cargo.
Se trata de un mecanismo, incorporado en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución, mediante el cual el Congreso puede remover al jefe de ministros por cuestiones políticas. Francos es considerado el principal representante del ala “negociadora” del Gobierno y se encarga personalmente del vínculo con las provincias y algunos aliados, por lo que una moción de censura en su contra representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Este procedimiento tiene dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras; y segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado. La oposición tiene previsto avanzar en la próxima sesión (que podría ser el 2 o el 8 de octubre) con un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para iniciar el camino hacia la interpelación y la eventual remoción de Francos.
Sin embargo, la eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete no es la principal preocupación de los libertarios, que están mucho más enfocados en aceitar el diálogo con los gobernadores para bloquear la posibilidad de que se reforme la ley de DNU.
Hace dos semanas el Senado aprobó de manera repentina y con una amplia mayoría (56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones) un proyecto para reformar la ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Esa norma impulsada por Cristina Kirchner en 2006 estipula que los decretos sólo pueden ser rechazados con el voto mayoritario negativo de las dos Cámaras del Congreso. Es decir, el oficialismo de turno sólo necesita juntar una mayoría simple en Diputados o en el Senado para evitar que cualquier DNU sea rechazado.
El proyecto, que ya tiene sanción del Senado y la oposición buscará sancionar en la próxima sesión, pone un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, se necesita la aprobación explícita de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes. Es decir, a la inversa de lo que ocurre actualmente, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos de Milei.
La oposición no oculta su apuro por avanzar con este tema porque sabe que el Presidente la vetará y luego deberán buscar la insistencia en las dos Cámaras con una mayoría especial de dos tercios de los votos. Todo esto debe lograrse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, ya que un buen resultado electoral le permitirá a La Libertad Avanza tener asegurado un tercio del recinto para sostener cualquier veto.
Por otro lado, esta semana comenzó a funcionar la comisión especial investigadora de las muertes por fentanilo contaminado y la Comisión de Salud avanzan con los dictámenes para interpelar a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud Mario Lugones por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Esta semana también tuvo su tercera reunión la comisión investigadora del caso $Libra. Como el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, María Florencia Zicavo, se ausentaron por segunda vez consecutiva para declarar como testigos, la comisión hizo una presentación ante la Justicia Federal que los obliguen a ir con “auxilio de la fuerza pública”. Todavía no hubo respuesta del juez de turno, pero en caso de ser favorable, la oposición ya adelantó que también recurrirá a esta misma herramienta para obligar a Karina Milei (que igualmente podrá negarse a contestar preguntas amparándose en que ya existe una causa penal en curso).
Al Presidente también le esperan batallas determinantes en ambos recintos del Congreso. En principio, el próximo jueves el Senado buscará terminar de rechazar los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría y el financiamiento universitario.
La primera ley otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y estipula una recomposición de los salarios de los trabajadores de la salud en base a la inflación, mientras que la segunda actualiza los gastos de funcionamiento de las Universidades por el Índice de Precios y también ordena reabrir la paritaria del sector. En ambos casos el Gobierno las vetó porque el costo fiscal pondría en jaque el superávit fiscal.
Dado el contundente apoyo que tuvo la insistencia en Diputados y el amplio consenso que lograron los dos proyectos en su primer paso por el Senado, todo indica que los libertarios no tienen ninguna posibilidad de festejar un éxito para la Casa Rosada.
En tanto, Diputados prepara el temario de la próxima sesión y entre los temas en negociación se destacan el rechazo al veto de la ley que propone un reparto automático por goteo diario -y según los porcentajes de la coparticipación- de los ATN y la media sanción del proyecto para repartir lo que se recauda por el impuesto a los combustibles líquidos.
Se trata de dos reclamos impulsados por los gobernadores, que buscan fortalecer las arcas provinciales quitándole discrecionalidad al Ejecutivo en el reparto de fondos, y su inclusión en el temario de una sesión no es inocente: la oposición busca obligar a las provincias a acompañar otras iniciativas, como reforma de DNU. Mientras tanto, la Casa Rosada busca recomponer la relación con los gobernadores para acallar las dudas sobre la gobernabilidad en la previa de las elecciones legislativas.
Finalmente, la primera reunión de la comisión de Presupuesto estuvo plagada de cruces entre opositores y libertarios en torno a la necesidad de citar al ministro Luis Caputo para que explique el plan económico del Gobierno y el reclamo de que el rescate financiero de la Administración Trump pase previamente por el Congreso.
La negociación del plan de gastos e ingresos será el terreno donde se expresarán las tensiones con los gobernadores y el oficialismo apunta a sancionarlo en diciembre, con la nueva composición de las Cámaras. Por su parte, la oposición ya adelantó que buscará emplazar a la comisión que preside José Luis Espert para bloquear cualquier intento de sabotear el tratamiento y volver a prorrogar (ya se prorrogó dos veces) el Presupuesto de 2023.
A contramano de lo que suele ocurrir durante los años electorales, en los que la actividad del Congreso registra sus mínimos históricos porque la mayoría de los diputados y senadores prefiere concentrarse en las campañas, el actual período legislativo estuvo plagado de iniciativas legislativas de altísimo impacto político. Y la recta final antes de los comicios del 26 de octubre al parecer sólo aumentará la centralidad del Parlamento.
POLITICA
Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad
Las listas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad mantienen en cortocircuito a Provincias Unidas. Aunque parecía que las diferencias se habían disipado tras el cierre de listas, la foto de Ignacio “Nacho” Torres con Ricardo López Murphy reavivó las tensiones con la propuesta de Martín Lousteau, candidato a diputado para el 26 de octubre. El dirigente radical insiste en que su nómina es la referencia porteña de los gobernadores, pero la jugada del mandatario chubutense despertó dudas. Sin embargo, todos los actores buscan bajarle el tono o directamente evitar pronunciarse. Con ese trasfondo, el próximo martes habrá un encuentro en la Patagonia para mostrar unidad.
Cerca de Torres aclararon a Infobae que la foto con López Murphy respondió más al pragmatismo que a una actitud confrontativa. Creen que después del 28 de octubre “hay que sumar a todos” y en esa lista mencionan tanto al Bulldog como al presidente de la UCR, Facundo Manes, y a Graciela Ocaña, con el objetivo de construir una alternativa para 2027. El radicalismo porteño no comparte esa visión, sobre todo por la conformación de un posible bloque en el Congreso y su funcionamiento.
Uno de los principales objetivos de los gobernadores al crear Provincias Unidas fue la conformación de un bloque “compacto” en el Parlamento: legisladores que voten en función de las necesidades del interior y, sobre todo, que no haya rebeldes que lo hagan por fuera. En ese punto aparecen las contradicciones entre Lousteau y López Murphy. “Siempre votó todo con el Gobierno y Martín no. Queda fuera del esquema”, ejemplifican en Evolución.
Los radicales recuerdan que el referente del liberalismo se fue del bloque de Encuentro Federal y se abstuvo en la votación de las leyes de Financiamiento Universitario. En cambio, resaltan el rol opositor de Lousteau en el Senado, que incluso le generó varios dolores de cabeza dentro de su propio partido. Más allá de los planteos de Ciudadanos Unidos, algunos gobernadores señalan —en tono de reproche— que cada “uno está haciendo lo que quiere” por fuera de las provincias que gobiernan. “Había libertad de acción”, dicen.
Esas declaraciones apuntan a Juan Schiaretti, el candidato de Martín Llaryora en Córdoba. El ex gobernador fue el principal impulsor de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de Lousteau en la Ciudad. Coincide con los analistas electorales en que esos territorios son indispensables para instalar una fuerza nacional. Pero sus aliados en Provincias Unidas vaticinan una derrota en octubre, similar o incluso peor que la que sufrió Somos Buenos Aires en septiembre.
“Estamos en un proceso de construcción”, afirman cerca de Schiaretti, para bajarle el tono a las diferencias, y hasta aprueban la idea de sumar esos actores al espacio después de los comicios. Para fortalecer la idea de unidad y encolumnarse en un discurso frente a Javier Milei, el 30 de septiembre se mostrarán juntos en Chubut. Repetirán el 9 de octubre en Jujuy y el 15 en CABA, en la previa de las elecciones, ¿con Lousteau? Según pudo saber este medio, Guga prepara —sin fecha confirmada— otro acto en territorio porteño con todos los referentes del espacio de centro, excepto los mandatarios patagónicos.
El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. Ninguno de los integrantes de Provincias Unidas está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.
Además, Milei decidió polarizar la campaña en Córdoba con Schiaretti, acusándolo de subir impuestos y exigir medidas que implican desequilibrio fiscal. En La Libertad Avanza creen que el anuncio de la eliminación de retenciones al campo lo dejó sin fundamentos, aunque la polémica por el beneficio, limitado a las principales cerealeras, abrió expectativas sobre el pronunciamiento de Provincias Unidas. Hasta ahora, solo pidieron que la medida sea permanente y no atada a tiempos proselitistas.
Los gobernadores de Provincias Unidas no son los únicos que arrastran malestar con la Casa Rosada. Como reconstruyó este medio, durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías un grupo de mandatarios intensificó sus reclamos por el incumplimiento de obras, la falta de envío de fondos, la ausencia de diálogo y la exclusión del Presupuesto 2026. Dejaron en claro que la promoción de Lisandro Catalán al rango de ministro del Interior no resolvió el problema de fondo: la necesidad de terminar con el centralismo y abrir un verdadero canal de diálogo.
La mayoría de los mandatarios, más allá de sus alianzas, esperan al 26 de octubre para tener un diagnóstico certero de hasta qué punto los argentinos están disconformes con las políticas libertarias. Los resultados en sus propios territorios pueden ser la llave para presionar por cambios de estrategia y medidas concretas. Será un desafío, porque muchos apuestan a espacios de centro o frentes locales que los colocan en desventaja frente a la polarización.
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