En Brasil, los 44.127 homicidios registrados en 2024 supusieron una reducción del 5,4% con respecto al año anterior. Con una media de 22,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, se trata de la tasa más baja de los últimos 11 años. En comparación con 2017, la disminución fue del 27,7%. Este cambio ha sido revelado por el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2025, publicado esta semana, que también ha destacado el aumento de los fraudes y los delitos cibernéticos. Sin embargo, hay que recordar que el índice de homicidios no incluye los robos con resultado de muerte, un fenómeno cada vez más frecuente, lamentablemente, sobre todo en las grandes ciudades brasileñas. Tampoco incluye las lesiones corporales seguidas de muerte, las muertes por causas indeterminadas o los asesinatos a manos de la policía, datos que revelarían una realidad mucho más compleja, como demuestra el caso de la capital financiera del país, San Pablo. De hecho, en esta ciudad, mientras que la tasa de homicidios en 2023 era de 6,4 por cada 100.000 habitantes, si se hubieran incluido todas las muertes violentas intencionadas, la tasa habría ascendido a 11,2, casi el doble. Además, desde una perspectiva global, la situación de Brasil sigue siendo crítica. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el gigante latinoamericano presenta una tasa de muertes violentas intencionadas significativamente superior a la media de América Latina y el Caribe (19,2 en 2022) y casi cuatro veces superior a la media mundial de 5,8. Con aproximadamente el 3% de la población mundial, Brasil es responsable de alrededor del 10% de todos los homicidios cometidos en el mundo.

Las ciudades más violentas del país se concentran principalmente en el noreste. Entre los 20 municipios de la lista, los 12 primeros se encuentran precisamente en esta amplia región. La ciudad símbolo de esta emergencia de seguridad es Maranguape, en el estado de Ceará. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, es la ciudad más violenta del país, con una tasa de 79,9 muertes por cada 100.000 habitantes. El principal factor que explica esta escalada en una ciudad de poco más de 100.000 habitantes es el conflicto en curso entre dos facciones criminales, el conocido Comando Vermelho (CV), originario de Río de Janeiro, y los Guardianes del Estado (Guardiões do Estado, GDE en portugués). Nacido en 2015 como una disidencia del Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo criminal de Brasil, el GDE es una facción local de Ceará con vínculos internacionales, en particular con el Cartel de Cali en Colombia, del que recibe drogas a través de rutas en Bolivia y Perú. Entre 2016 y 2019, el GDE colaboró temporalmente con el PCC, pero hoy en día considera tanto al PCC como al CV como sus principales rivales.

La violencia relacionada con las facciones en Ceará no es un fenómeno nuevo. En 2019, las tensiones se intensificaron como consecuencia de las políticas más estrictas en las cárceles introducidas por el secretario de la administración penitenciaria, Mauro Albuquerque, que prohibió la separación de los reclusos por facciones y la entrada de teléfonos móviles. Esto desencadenó una ola de ataques en la capital, Fortaleza, y en la región metropolitana, con incendios de vehículos, interrupciones del transporte público y suspensión de servicios esenciales, lo que requirió incluso la intervención de la Fuerza Nacional.

La lucha por el control del narcotráfico ha convertido a Maranguape en una zona de alto riesgo, con episodios de violencia que han incluido masacres, como la del distrito de Anamari en 2023, donde cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron asesinadas. Las facciones imponen su dominio también a través del control de actividades económicas, como los proveedores de Internet, y obligan a los residentes a obedecer sus reglas, bajo pena incluso de expulsión del territorio. La situación se ve agravada por la proximidad geográfica con la ciudad de Maracanaú, también afectada por conflictos similares, y por la posición estratégica de Maranguape para el tráfico de drogas hacia el puerto de Pecém, un punto clave para la exportación a África y Europa. Además de Maranguape y Maracanaú, otras tres ciudades de Ceará figuran entre las 20 más violentas de Brasil en 2024. Se trata de Caucaia, Itapipoca y Sobral. En los demás estados del noreste, entre las ciudades más violentas se encuentran Camaçari, en el estado de Bahía, donde la empresa china BYD ha construido su fábrica para producir coches eléctricos, y la ciudad turística de Cabo de Santo Agostinho, en el estado de Pernambuco.

A pesar de la reducción general de los índices de violencia en Brasil, la sensación de inseguridad entre la población sigue siendo elevada. Según una encuesta de Quaest, la violencia es la principal preocupación para el 30% de los brasileños. “Hay delitos más visibles que influyen más en nuestra sensación de seguridad en la vida cotidiana. Los robos, las violaciones, los hurtos, los robos de vehículos, las invasiones de propiedades: son estos los que permanecen en el inconsciente colectivo. Muchos de estos delitos han registrado una reducción mínima, mientras que las violaciones, incluso, han aumentado”, declaró Celeste Leite dos Santos, del Ministerio Público de San Pablo y presidenta del Instituto Pro Víctima, al sitio web de noticias Gazeta do Povo.

Según los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registró un récord histórico de casos de violación en 2024, con un total de 87.545 víctimas, lo que equivale a una víctima cada seis minutos. Esta cifra representa un aumento del 0,9% con respecto a 2023, lo que supone el valor más alto desde el inicio de la serie histórica en 2011. El 76,8% de los casos registrados se refiere a violaciones de menores de 14 años. De ellas, el 61,3% tenían hasta 13 años, y el grupo de edad entre 10 y 13 años es el que concentra el mayor número de casos.

Las mujeres negras representan el 55,6% del total de víctimas, lo que pone de manifiesto una desproporción significativa en términos de vulnerabilidad racial. La violencia sexual se produce principalmente en el ámbito familiar, ya que el 65,7% de las violaciones se cometen en el domicilio de la víctima.

A pesar de que una resolución de la ONU de hace 40 años obliga a los países a adoptar políticas de acogida de las víctimas de delitos violentos, en Brasil aún no existe un sistema estructurado de asistencia médica, psicológica o material para estas personas. La aprobación del Estatuto de la Víctima en la Cámara de Diputados a finales de 2024 supone un paso adelante, pero la medida aún está pendiente de aprobación en el Senado.

Los delitos digitales también aumentaron un 17% con respecto a 2023. En 2024 se produjeron al menos 281.200 delitos de estafa por medios electrónicos en Brasil, lo que supone un aumento del 17% con respecto al año anterior, cuando se registraron 222.700 casos. Según otro informe, “Panorama de amenazas para América Latina 2024”, Brasil es el segundo país del mundo en número de ciberataques, con más de 700 millones de ataques registrados en 12 meses, lo que equivale a 1.379 por minuto. Entre las técnicas más comunes se encuentra el vishing, un tipo de phishing que utiliza recursos vocales para engañar a las víctimas y que representa el 90% de los ataques. Gracias a la inteligencia artificial, los delincuentes pueden imitar las voces de famosos, autoridades o incluso familiares, lo que aumenta la eficacia de los fraudes. Ni siquiera las grandes instituciones están a salvo de la amenaza de los ciberataques.

El miércoles, el Banco Central de Brasil (BC) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) revelaron un incidente de seguridad informática ocurrido entre el domingo y el lunes pasado, que supuso accesos no autorizados al Sistema de Búsqueda de Bienes del Poder Judicial (Sisbajud), gestionado por el CNJ. El incidente afectó a los datos personales de más de 11 millones de personas, lo que equivale a aproximadamente el 7% de las personas físicas registradas con una clave Pix, el sistema de pago instantáneo brasileño. Los datos a los que tuvieron acceso los criminales eran de carácter personal, incluyendo el nombre del banco, la agencia y el número de cuenta. Sin embargo, el Banco Central ha precisado que no se han expuesto datos sensibles, como contraseñas, información sobre movimientos o saldos financieros, ni otra información cubierta por el secreto bancario.

Este es el segundo ataque cibernético en pocas semanas después del ocurrido a principios de julio, considerado el mayor de la historia de Brasil, en el que se robaron al menos 800 millones de reales (143,7 millones de dólares) a través del acceso a C&M Software, que conecta a los bancos con el sistema de pago Pix. Con la ayuda del Banco Central, la policía logró rastrear parte de las transacciones. Una parte del dinero se transfirió a una institución de criptomonedas en Contagem, en el estado de Minas Gerais, y otra a una empresa de importación y exportación de cosméticos con sede en Brasilia. Posteriormente, se transfirió una suma a dos empresas fintech en los estados de Rio Grande do Sul y Paraná. Estas, finalmente, según informó el diario brasileño O Globo, transfirieron los fondos a Jackson Aquino de Souza, que es corredor de bienes raíces y hasta ayer asistente parlamentario de un diputado del estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. Es aquí donde el misterio se intensifica. Durante el interrogatorio con la Policía Federal, el hombre declaró que no tenía conocimiento del origen ilícito del dinero y que había sido contactado por un “garimpeiro” venezolano, es decir, una persona que se dedica a la extracción minera ilegal en el país vecino, identificado como “Dionny”, para comprar una granja por 3 millones de reales (539.006 dólares). La intención era “figurar como comprador formal de la finca y, una vez completado el pago, transferir la propiedad a Dionny”. Quién es esta persona y, sobre todo, a qué grupos criminales de Venezuela está vinculada es el misterio que ahora deberán descubrir los investigadores brasileños.

COLORADO SPRINGS, Colo. — Columbia University’s $200 million-plus discrimination settlement with the Trump administration is laying the groundwork for a culture of accountability, Education Secretary Linda McMahon shared in an interview with Fox News Digital. 

President Donald Trump’s administration is celebrating what it considers a «historic settlement» with the university that has become the epicenter of protests rejecting the war in Gaza since Hamas’ Oct. 7, 2023, attacks on Israel. 

«I’m very pleased that we were able to bring those negotiations to a close and have an excellent working agreement now with Columbia. They knew they had an antisemitism problem,» McMahon said ahead of her remarks at the National Governors Association (NGA) Summer Meeting in Colorado Springs, Colorado.

The settlement not only combats antisemitism on college campuses, it takes measures to remove discriminatory hiring practices and enhance campus safety, the education secretary explained. 

TRUMP SECURES $221M COLUMBIA UNIVERSITY SETTLEMENT OVER ALLEGED CIVIL RIGHTS VIOLATIONS

«This agreement is going to be an excellent template for other universities to be able to use as well,» McMahon said. 

COLUMBIA PROFESSORS DEMAND ANSWERS AS WHITE HOUSE FINALIZES NEGOTIATIONS WITH IVY LEAGUE UNIVERSITY

Several Jewish leaders have spoken to Fox News Digital about the «existential threat» they say Jewish New Yorkers are facing since 33-year-old socialist Zohran Mamdani became the Democratic nominee for mayor of New York City.

During the primary campaign, Mamdani’s refusal to condemn the phrase «Globalize the intifada» and recognize Israel as a Jewish state triggered accusations he was antisemitic. 

He has since said he would discourage others from using the phrase and has continuously affirmed his commitment to condemning the rise of antisemitism in New York City.

Pro-Hamas slogans on sheets are hung inside Butler Library on the campus of Columbia University, where protesters occupied the building throughout the spring of 2025.  (Sam Nahins)

Yuval David, a Jewish advocate and advisor, told Fox News Digital that Mamdani, as mayor, would «enable, and more importantly, empower antisemitic protesters.»

In light of the Columbia University settlement, Fox News Digital asked McMahon if the Trump administration was worried about a surge in antisemitism on New York City college campuses if Mamdani is elected in November. 

«We didn’t discuss that as part of what we were doing. We weren’t looking at a specific incident that might occur in the future,» McMahon explained.

Secretary of Education Linda McMahon testifies at a House Committee on Appropriations subcommittee budget hearing on the Department of Education on Capitol Hill May 21, 2025, in Washington.  (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

But the education secretary said what is most important in Columbia University’s settlement is that it will «lay the groundwork, so regardless of what incidents may or may not occur, you’re prepared for it.»

McMahon said Columbia now has a «great working relationship» with the New York Police Department (NYPD). 

The settlement includes Columbia’s commitment to «enforcing strict rules against disruptive protests, prohibiting masked protests and maintaining trained security officers and ongoing cooperation with the New York Police Department.»

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«They won’t hesitate to bring them in to make arrests,» McMahon warned. «There will be consequences. People will be expelled. They’ll be suspended. If there’s criminal activity, they can go to jail.

«The accountability factor of this agreement is incredibly strong, and that’s the message we intend to send, that students on campus need to be in an environment for study.» 

A un año de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, Venezuela celebra este domingo unas elecciones municipales marcadas por la amenaza de una fuerte abstención y una nueva ola represiva denunciada por la líder opositora María Corina Machado desde la clandestinidad.

El país elegirá a 335 alcaldes y 2471 concejales, en un nuevo proceso electoral sometido a una profunda desconfianza. La sociedad venezolana mantiene aún abiertas las heridas que dejaron los polémicos comicios del 28 de julio de 2024 que proclamaron la continuidad del modelo chavista entre persistentes denuncias de fraude.

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Estas nuevas elecciones amenazan abrazar la misma apatía que caracterizó a las últimas elecciones regionales de fines de mayo, cuando solo votó el 42% del padrón electoral, según cifras oficiales. Para Machado, la abstención fue del 85%. Entonces, el oficialismo reivindicó una victoria aplastante.

Hoy el gobierno chavista se encuentra más aislado que nunca, en especial en la región, a pesar de su alianza estratégica con Rusia, China e Irán. “Lo paradójico es que Maduro presenta un mayor nivel de interlocución con la administración Trump que con sus pares progresistas iberoamericanos”, dijo a TN el opositor Jesús «Chuo» Torrealba, exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), antecesora de la mayoritaria Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que lidera Machado.

De hecho, Maduro logró un canje de prisioneros con la Casa Blanca, pero fue excluido de la reciente cumbre de mandatarios progresistas celebrada en Santiago y que contó con la presencia de los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Brasil, Luiz Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi, así como del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez.

Entre la apatía, una elevada inflación y denuncias de una nueva ola represiva

Las elecciones de este domingo se celebran en medio de una fuerte apatía, a pesar de los discursos optimistas del gobierno, en el poder dese hace más de 26 años.

Maduro anunció esta semana que la economía venezolana aumentó más del 6% en el segundo trimestre del año y dijo que el país lleva 17 trimestres continuos de crecimiento. “El año pasado crecimos nueve puntos, en 2023, 5,5; en 2022, que fue un cohete, crecimos 15. En el primer trimestre, nueve, y en este segundo trimestre por encima de seis”, dijo el gobernante.

Pero la dolarizada economía perdió casi el 80% de su tamaño entre 2013 y 2020 y hoy es considerada una de las más pequeñas de la región. La presunta recuperación, según alertan economistas consultados por TN, parte de un piso muy bajo. El país logró sortear el desabastecimiento, pero los precios de los hoy bien abastecidos mercados se miden en moneda dura.

Además, Venezuela lidera el ránking mundial de inflación con un índice interanual de 172% en junio. El bolívar, la moneda nacional, acumula este año una devaluación de 56%. El salario mínimo se mantiene en dos dólares, aunque llega a 130 mensuales con bonos que reciben los trabajadores estatales.

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En ese marco de dificultades y bajo una fuerte oleada migratoria que sacó del país a más de 7 millones de venezolanos, la oposición denunció una nueva ola represiva.

“Alerta mundial. El régimen de Maduro desata brutal ola de represión: más de 20 desaparecidos y presos en 72 horas”, escribió María Corina Machado el martes en su cuenta de X. La líder opositora se encuentra en la clandestinidad tras denunciar un fraude masivo en las elecciones del 28 de julio de 2024, de las que este lunes se cumplirá un año.

Según denuncian activistas, aún hay cientos de detenidos políticos en las cárceles venezolanas tras la represión de las protestas seguidas a las cuestionadas elecciones presidenciales.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció también “nuevas detenciones arbitrarias” en el país tras la liberación de un grupo de detenidos bajo la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Nos preocupa profundamente que, mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúen ocurriendo nuevas detenciones arbitrarias, generando una dinámica perversa de puerta giratoria. La represión no se ha detenido y la persecución política sigue afectando a más familias venezolanas”, afirmó en un posteo en X.

Según la entidad, “otros están a punto de cumplir un año en aislamiento absoluto, sin haber visto nunca a sus familias”. En esa situación está el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre pasado tras ingresar legalmente al país desde la frontera colombiana.

Qué está pasando con la oposición venezolana

En tanto, la oposición no logra ponerse de acuerdo en cómo enfrentar al chavismo.

La mayoritaria Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Machado decidió no participar en ninguna contienda electoral este año. No quiere avalar con su presencia el sistema electoral chavista, al que acusa de fraudulento y de robarle su triunfo en las presidenciales de 2024.

Pero otro sector opositor sí decidió participar en los comicios. Hubo decenas de dirigentes que presentaron candidaturas en las elecciones regionales de mayo y otros estarán en las boletas este domingo.

En esa lista sobresalen tres: Adrián Romero, que irá por la reelección en Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia con la coalición Gran Alianza; Gustavo Duque, actual alcalde del rico municipio caraqueño de Chacao por Fuerza Vecinal, y Jorge Barragán, que buscará ganar con el Partido Lápiz la municipalidad de la comuna capitalina de Libertador.

“Nuestro principal rival no es el (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV propiamente, nuestro principal rival es la desesperanza. Es levantarnos todos los días pensando que las cosas no van a cambiar y que ellos (el chavismo) ya ganaron”, afirmó Barragán, de 27 años.

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En su diálogo con TN, Jesús “Chuo” Torrealba se mostró crítico con Machado.

“A un año de la amplísima victoria en las presidenciales, la situación de la oposición venezolana es hoy de una precariedad inmensa”, dijo.

Según afirmó, “el liderazgo de Machado fue muy golpeado por la represión y el hostigamiento del gobierno con la mayoría de sus activos en la clandestinidad, exiliados o presos. Este sector utiliza la abstención como recurso de protesta, pero sin ningún proyecto alternativo”, dijo.

Por otro lado, prosiguió Torrealba, “otro sector insiste en utilizar la organización de masas y la lucha electoral como instrumento para enfrentar al proyecto totalitario de Maduro. Es una situación de mucha confusión, sin un liderazgo claro y sin respuestas positivas de un electorado opositor que sigue sin responder ante la decepción que significó haber tenido una victoria electoral luego no reconocida”, profundizó.

“Eso ha generado mucha desconfianza en el voto como instrumento de cambio. El país mayoritariamente se opone al proyecto totalitario de Maduro, pero la dirección política opositora ha demostrado claramente ser insuficiente”, concluyó.