La discusión sobre la presión impositiva que enfrenta la industria automotriz volvió al centro de la escena en un momento en que las exportaciones no logran recuperarse y la producción continúa por debajo de los niveles del año pasado. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una definición que el sector esperaba: un esquema para reducir de manera gradual la carga de impuestos sobre los envíos al exterior.

El equipo económico tiene listo el decreto que dispone una baja gradual de las retenciones a la exportación de autos, una medida que ya se le comunicó a las terminales nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Sin embargo, y aunque la decisión está tomada, su oficialización depende de una variable central: el resultado de la recaudación tributaria correspondiente a marzo, según indicaron a Infobae fuentes oficiales y privadas.

Se desconoce cuál es el número que esperan, pero lo cierto es que los ingresos vienen en caída en términos reales desde los últimos siete meses. Ocurre que a la baja de gravámenes, como el impuesto PAIS, las retenciones y los aranceles a la importación -y ahora desde abril, también el fin del impuesto a los autos de lujo- se suma la caída en los niveles de actividad, que impacta directamente en la recaudación.

En febrero, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las tres fuentes de ingresos tributarios –DGI, Aduana y Anses– recaudaron en conjunto $16,23 billones, lo que implica una suba nominal de 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 32,4% en el mismo período. Es decir, hubo una caída en términos reales. Si la tendencia continúa en marzo, el Ejecutivo demorará el decreto que mantiene en vilo a toda la industria automotriz.

Según indicaron fuentes del sector, que les informó Economía, el esquema diseñado contempla una reducción progresiva del derecho de exportación, que hoy se ubica en 4,5%, hasta alcanzar el 0% hacia fines de 2026. La iniciativa forma parte de una agenda orientada a mejorar la competitividad de la industria automotriz, en un contexto en el que las exportaciones continúan con desempeño débil.

Actualmente, los vehículos exportados desde Argentina tributan un derecho de exportación del 4,5% y reciben un reintegro del 7%, mientras que en el caso de las autopartes —como las cajas de transmisión— no se aplican retenciones y el reintegro alcanza el 5,5%. Este esquema se mantiene vigente y constituye uno de los puntos de discusión entre el sector privado y el Gobierno. En el caso de que se eliminen gradualmente los derechos, los reintegros se mantendrán, ya que tienen que ver con todos los tributos que hay sobre la cadena de valor y el objetivo es exportar menos impuestos.

En las terminales automotrices sostienen que la carga fiscal continúa siendo un factor determinante en la pérdida de competitividad frente a otros países de la región. En ese marco, la reducción de retenciones aparece como una herramienta directa para mejorar las condiciones de exportación y recuperar volumen.

De acuerdo con estimaciones de la industria, la eventual eliminación del tributo podría generar un incremento de entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales destinadas a exportación. Ese aumento impactaría también en los niveles de producción, en un contexto marcado por caídas interanuales tanto en fabricación como en ventas externas.

Los datos más recientes publicados por Adefa reflejan esa situación. Durante febrero se fabricaron 29.632 vehículos, lo que representó una suba del 41,1% respecto de enero. Sin embargo, la comparación interanual mostró una caída significativa del 30,1% frente a las 42.419 unidades producidas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer bimestre, la producción totalizó 50.630 unidades en 36 días laborales, con un promedio de 1.406 vehículos diarios. Ese resultado implicó una caída del 30,1% respecto del mismo período del año anterior.

Las exportaciones, en tanto, tampoco mostraron una recuperación respecto del año pasado. En febrero se enviaron al exterior 15.991 vehículos, lo que representó el 54% de la producción mensual. Ese volumen implicó una mejora del 63,9% frente a enero, pero marcó una caída del 28,9% en la comparación con febrero de 2025.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron 25.750 unidades, con una baja del 23,4% respecto del mismo período del año anterior. Estos datos consolidaron la preocupación del sector, que identifica a las ventas externas como el principal desafío.

El desempeño del mercado brasileño también influyó en esa dinámica. Entre enero y febrero, Brasil compró 2.815 vehículos menos que en el mismo bimestre de 2025, un dato relevante para una industria que depende en gran medida de ese destino.

Desde la industria señalaron que la caída de las exportaciones se vinculó con el peso de los costos fiscales sobre la producción local. Aun con la incorporación de nuevos modelos orientados a mercados externos, el volumen exportado no logró sostenerse.

En la exportación de vehículos 0 km, una parte significativa del precio final está compuesta por tributos. Hace dos años esa incidencia se ubicaba en torno al 20% y, si bien hoy descendió a aproximadamente el 13%, todavía se mantiene en niveles elevados. Esta carga impositiva sobre la industria automotriz afecta la competitividad de los autos producidos en el país y complica su inserción en mercados internacionales.

En ese escenario, la baja de retenciones aparece como una de las principales herramientas en evaluación para modificar esa tendencia. El antecedente más cercano fue la suspensión, durante el año pasado, del esquema que contemplaba la eliminación del tributo para exportaciones incrementales, una decisión que respondió a restricciones fiscales.

Hasta el año pasado, estaba vigente un esquema que quitaba las retenciones sobre las exportaciones adicionales que superaran el nivel de operaciones registrado en 2020. Ese umbral se fijó en 137.000 unidades, en línea con la cantidad de vehículos 0 km enviados al exterior en ese año. En la práctica, esto implicaba que las exportaciones hasta ese tope abonaban el gravamen, mientras que las unidades que excedían ese volumen quedaban liberadas del recargo. A modo de referencia, en 2024 se exportaron cerca de 314.000 vehículos, por lo que casi la mitad de ese total se colocó en el exterior sin carga impositiva adicional, un dato nada menor.

Con el cronograma de pagos a jubilados y pensionados de marzo en marcha, surge una ayuda económica que no todos los beneficiarios de Anses tienen presente. A diferencia de otros refuerzos, este monto no se acredita de manera directa, sino que está vinculado al consumo diario. Se trata de un sistema que premia el uso de la tarjeta de débito en compras habituales, generando devoluciones que se reflejan luego en la cuenta bancaria.

Cómo funciona el sistema de reintegros para jubilados

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano junto con la Anses, apunta a reducir el impacto del gasto en productos básicos. A través de este esquema, quienes cumplan con las condiciones pueden recibir devoluciones de dinero por sus compras.

Hasta fines de marzo, el beneficio permite recuperar parte del dinero gastado, siempre que se utilice la tarjeta de débito en locales adheridos. El dinero se deposita directamente en la cuenta, sin que sea necesario realizar ningún trámite.

Montos, condiciones y beneficios

El programa establece distintas ventajas para los usuarios:

• Rebajas que oscilan entre el 10% y el 20% en comercios seleccionados
• Límite mensual de devolución de hasta $120.000
• Uso obligatorio de tarjeta de débito para acceder al beneficio
• Reintegro acreditado directamente en la cuenta bancaria

A su vez, los beneficiarios que realicen sus pagos a través de la app BNA+ pueden obtener un beneficio adicional del 5%, elevando así el nivel de reintegro alcanzado.

Quiénes pueden acceder

El alcance del programa está enfocado en sectores específicos del sistema previsional:

• Jubilados y pensionados del SIPA
• Titulares de la PUAM
• Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Un complemento que potencia los ingresos

Este reintegro se añade al haber mensual, al bono de $70.000 y a los aumentos por movilidad. En conjunto, conforma un esquema que en la práctica representa una mejora significativa en los ingresos de marzo, especialmente para quienes aprovechan el beneficio en sus consumos cotidianos.

Cuánto cobraría de mínima un jubilado en abril de 2026

Desde abril de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,89%, conforme a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $380.286,25, mientras que con el bono extraordinario el monto total alcanzará los $450.286,25.

Este mecanismo de actualización mensual reemplazó al esquema trimestral que estuvo vigente hasta principios de 2024. El objetivo fue acortar la brecha entre los ingresos previsionales y el alza de precios.

El organismo previsional ajustará no solo jubilaciones y pensiones, sino también las asignaciones familiares y universales. Los montos confirmados para abril son los siguientes:

• Jubilación mínima: $380.286,25
• Jubilación mínima con bono: $450.286,25

El refuerzo se abonará de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite. Aquellos que superen los $450.286,25 no accederán al beneficio.

Cuándo cobra cada jubilado según su DNI en abril

Los primeros en cobrar son los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Los pagos arrancan el 10 de abril para DNI terminados en 0 y 1.

Le siguen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Esos depósitos empiezan también el 10 de abril, pero se extienden hasta el 23.

Los haberes más altos cierran el mes. Quienes cobran por encima del mínimo reciben sus pagos entre el 24 y el 30 de abril.

Pensiones No Contributivas (PNC)

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
• DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

• DNI terminado en 0: 10 de abril
• DNI terminado en 1: 13 de abril
• DNI terminado en 2: 14 de abril
• DNI terminado en 3: 15 de abril
• DNI terminado en 4: 16 de abril
• DNI terminado en 5: 17 de abril
• DNI terminado en 6: 20 de abril
• DNI terminado en 7: 21 de abril
• DNI terminado en 8: 22 de abril
• DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
• DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
• DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
• DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026, mientras que anunció la emisión de un nuevo bono en dólares, replicando el esquema del BONAR 2027. Esta es una de las fuentes de financiamiento que había anunciado el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de capital programados para julio de 2026 y para enero y julio de 2027.

Economía dispondrá de los recursos necesarios para afrontar los próximos compromisos de deuda externa (julio y enero y julio del 2027), al ya tener identificados distintos mecanismo de financiamiento por un total estimado de USD 9.000 millones, de acuerdo a lo que declaró Caputo durante el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Según pudo saber Infobae, las opciones serán comunicadas en las próximas semanas por el titular del Palacio de Hacienda y no serán similares al préstamo con bancos internacionales (repo) que se concretó en enero.

La estrategia del equipo económico también incluye el desarrollo del mercado de capitales local y la privatización y concesión de activos, siendo este último punto central para la estrategia del segundo semestre, de acuerdo con lo que permite la Ley de Bases.

La mayor parte de los ingresos por privatizaciones se espera para el segundo semestre del 2026, vinculados a empresas públicas incluidas en la Ley de Bases. Este proceso está siendo coordinado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Desde ATEP confirmaron a este medio, entre las primeras compañías en proceso de transferencia al sector privado figuran Intercargo y AySA. La ley fijó la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales S.A.

En las próximas horas, el Gobierno dará a conocer las condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país. La privatización se concretará con la firma en pleno funcionamiento, e implicará la transferencia íntegra de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su estructura accionaria y la continuidad de la firma como prestadora de servicios, manteniendo vigentes sus contratos, licencias y actividades en los aeropuertos donde opera.

El plan privatizador fue útil cuando, en los primeros días del año, previos al acuerdo de repo por USD 3.000 millones entre el Banco Central de la República Argentina y bancos internacionales, las concesiones energéticas en la región de Comahue generaron ingresos por USD 700 millones para el Tesoro, fortaleciendo la estrategia de financiamiento alternativo del Ejecutivo.

El plan de pago del Ministerio de Economía combina el uso de la venta de activos y el impulso al mercado de capitales local mediante emisiones como el BONAR 2027, colocado cada 15 días desde febrero. A eso se suma el lanzamiento de un nuevo título en dólares: el AO28, que se licitará el próximo viernes en la subasta de deuda pública.

Desde Economía detallaron que el tope de emisión para el bono AO28 se fijará en USD 2.000 millones, a través de licitaciones sucesivas de USD 150 millones, complementadas por una segunda ronda de hasta USD 100 millones en cada ocasión. Este mecanismo replicará el utilizado previamente para el AO27.

El funcionamiento del mercado de capitales local podría ampliarse en los próximos meses, con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está fijado por la Ley 27.802 en junio, mecanismos que permitirían a empresas y particulares acceder a nuevos instrumentos financieros. Persisten dudas sobre el nivel de adhesión, dado el contexto de retracción de la actividad y la cautela del sector privado respecto al uso de dólares en el sistema financiero.

Esta semana, la Secretaría de Finanzas enfrenta el tercer test del BONAR 2027, con el objetivo de captar USD 250 millones adicionales. Las dos primeras licitaciones fueron catalogadas como exitosas por el mercado, ya que se adjudicó el monto máximo permitido con una tasa cercana al 5%, inferior a la tasa esperada del 7 por ciento.

“En algún momento pensamos volver a Wall Street el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos”, señaló Caputo la semana pasada durante el evento organizado por el IAEF, siendo la primera vez que confesó que evaluó esta alternativa. Es que se trataba de un escenario en donde el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, momento que, según analistas, representaba una oportunidad para acceder a financiamiento internacional que el equipo económico no aprovechó.

Durante el mismo evento, el ministro de Economía analizó el comportamiento del riesgo país y la influencia sobre la estrategia financiera argentina. Consideró que el nivel actual es “exagerado” y atribuyó esta situación a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos. “Debemos seguir estabilizando la economía y pagando, porque contamos con alternativas de financiamiento mejores. Si logramos financiarnos más barato para cancelar deuda más cara, es el escenario ideal”, afirmó.

El Gobierno sostiene que la diversificación de fuentes, a través de privatizaciones y el desarrollo del mercado de capitales local, permite afrontar los vencimientos de deuda más relevantes sin aumentar significativamente el costo del endeudamiento. “Tenés que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos: nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, concluyó Caputo.