El “clan Levy” sigue bajo la lupa judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico anuló los sobreseimientos del grupo empresario argentino que participó en el fideicomiso bilateral que el presidente Néstor Kirchner acordó con el régimen de Hugo Chávez, bajo la égida de la “embajada paralela”, y ordenó avanzar con la investigación para determinar si cometieron los presuntos delitos de defraudación y lavado.

El fallo de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revirtió así la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Aguinsky, que había sobreseído a los hermanos Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, a varios ejecutivos de sus empresas y a otros acusados, como el contador Horacio Díaz Sieiro, y ordenado el levantamiento de los embargos en su contra.

Hornos y Robiglio estimaron que los sobreseimientos que dispuso Aguinsky fueron arbitrarios y basados en una fundamentación aparente que no era tal, por lo que debía disponerse la nulidad, “inexorablemente”, y la investigación debe continuar, con medidas de prueba pendientes, para determinar cómo fue el proceder de los Levy y los acusados restantes.

La decisión de Hornos y Robiglio representa el capítulo más reciente de un ida y vuelta que mantienen con Aguinsky desde hace años por la investigación del “clan Levy”, que comenzó a instruirse en 2016. En dos ocasiones, el juez procesó a los acusados, pero los camaristas revocaron esas decisiones, por lo que el magistrado dispuso sus sobreseimientos, que ahora terminaron anulados.

El ida y vuelta tiene como protagonistas a los hermanos Levy, quienes embolsaron más de US$ 282 millones del fideicomiso bilateral, tras venderle productos a Venezuela con precios que la investigación desarrollada en la primera instancia estimó que superaban los de mercado entre un 47 y 441 por ciento, para luego girar esos fondos a un complejísimo entramado de sociedades y cuentas bancarias offshore.

Basado en esas conclusiones preliminares, Aguinksy procesó por segunda vez a los Levy en mayo de 2023 y decretó, además, embargos multimillonarios, medida cautelar que ascendió a $85.000 millones en el caso de Juan José Levy –cerca de US$345 millones al tipo de cambio oficial entonces vigente-, ante la eventualidad de que fuera hallado culpable y debiera devolver al erario público los fondos bajo sospecha.

Aguinsky también había procesado como partícipes necesarios de las presuntas maniobras delictivas a varios ejecutivos –Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero, Horacio Ismael Beresñak, Maximiliano González Kunz y Manuel Vicente González-, y había considerado que existían pruebas suficientes para avanzar sobre la eventual responsabilidad penal de cuatro empresas del grupo: Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo.

En un fallo de 2024, sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que durante la investigación criminal no se había logrado constatar la existencia de sobreprecios con el grado de certeza requerido, ni que los Levy hayan perjudicado a los gobiernos de la Argentina o Venezuela, o que hayan protagonizado maniobras para blanquear activos ilícitos, más allá de que regularizaron activos durante el blanqueo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.

Hornos y Robliglio estimaron, en línea con un fallo similar que la Cámara había dictado en 2017, que no debe “confundirse sobrefacturación (facturación en exceso de lo en realidad correspondiente) con precios eventualmente altos en la compra”, como los que se verificaron en las exportaciones de los Levy a Venezuela. “No cabría sostener que hay una ‘sobrevaluación’, sino en todo caso, se trataría de precios de la mercadería apreciados como elevados”, estimaron.

Apoyado en documentación contable, bancaria y societaria local y del exterior, además de documentos internos del clan Levy, el juez Aguinsky había estimado que existían pruebas sobre una presunta trama de corrupción bilateral con varias etapas. La primera, una supuesta defraudación al Estado venezolano; la segunda, el cobro de cientos de millones de dólares: y la tercera, la canalización de esos fondos a través de paraísos fiscales para ocultarlos, ya fuera para evadir fondos o para el pago de retornos a funcionarios.

“La enorme cantidad de indicios acreditados en esta investigación nos lleva a la unívoca conclusión de que esta maniobra de oscurecimiento y reciclado de dinero obedece a una estrategia de ‘delito estudiado’”, afirmó entonces Aguinsky, que prohibió salir país a todos los procesados, salvo a Pablo Rubio y Marcela Carolina Paz, quienes residían en Uruguay y a los que ordenó que se presentaran cada 30 días en el consulado argentino.

Para Hornos y Robliglio, sin embargo, el magistrado había arribado a conclusiones “de manera dogmática y subjetiva” al analizar las operaciones del Grupo Levy con las empresas estatales Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca) y a Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). “No es posible inferir necesariamente que haya mediado alguna actividad ilícita, aunque el pago de precios ‘caros’ no fuera necesariamente beneficioso económicamente para las empresas venezolanas compradoras”, argumentaron los camaristas, “pues el concepto de fraude al cual alude el juzgado a lo largo de la resolución recurrida, requiere la existencia y la constatación de algún ardid o engaño para lograr la disposición patrimonial de quien actúa sumido en el error generado por el autor”.

Tras ese fallo de 2024 que revocó los procesamientos de los acusados, Aguinsky estimó que la Cámara de Apelaciones no le había dejado más opción que disponer sus sobreseimientos, lo que fue apelado por la Fiscalía, “por vicios insalvables de motivación”, decisión que fue compartida por el fiscal general y, ahora, por los camaristas.

“Esta Sala ‘B’ [de la Cámara de Apelaciones] no estableció que debiera dictarse un auto de sobreseimiento de todos los imputados en la causa, como pretende el Juzgado”, remarcaron Hornos y Robiglio. “Se indicó que no se encontraba alcanzado el estado probatorio necesario para el dictado de los autos de procesamiento que habían sido recurridos”, aclaró.

Para los Levy, la investigación penal que sigue en trámite no resultó su primer contratiempo. Durante la última década acumularon sospechas en su contra de al menos tres jueces de dos fueros distintos, dos Cámaras de Apelaciones, dos veedores judiciales, dos fiscales y los bancos Galicia, BBVA Frances y Citibank -que cerraron sus cuentas y al menos los dos primeros enviaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la unidad antilavado local (UIF)-, en tanto que el FPB Bank de Panamá inició una investigación por presunto lavado.

Los contratiempos se agudizaron para los Levy, además, cuando los hermanos protagonizaron una pelea breve, pero encarnizada, que los expuso. Llegaron a dejar constancias por escrito sobre el “pago de reintegros y comisiones indebidas”. Es decir, coimas a funcionarios argentinos y venezolanos, algo que luego negaron, como también negaron todo vínculo con el entorno de Julio de Vido, en particular a través del ladero del ministro, José María Olazagasti,

En su descargo judicial, sin embargo, Juan José Levy arguyó que los precios de los productos que entregó a Suvinca y CANTV registraban “diferenciales” que respondían al “riesgo Venezuela”. Es decir, a tener que lidiar con el régimen bolivariano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que argumentó que “paga tarde, mal y nunca”.

A lo largo de la resolución por la que los había procesado por segunda vez, Aguinsky había detallado otros problemas del clan Levy. Entre ellos, que lidiaban con otras causas penales por presunta evasión, aun cuando exteriorizaron fortunas durante el blanqueo del gobierno de Mauricio Macri. Y contrastó la colaboración que cosechó su investigación desde ciertas áreas oficiales –ya fueran locales o de terceros países como Panamá- con la negativa cerrada de Venezuela a cooperar con la investigación judicial argentina.

Ahora, tras el fallo que anuló los sobreseimientos del “clan Levy”, el juez Aguinsky deberá retomar la investigación para determinar si los acusados defraudaron y lavaron millones como parte, o fruto, de los negocios bilaterales entre la Argentina y Venezuela.