POLITICA
Un fondo institucional para el ancla fiscal
En septiembre del 24 y a propósito del envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2025 por parte del poder Ejecutivo, escribíamos una nota (“‘No va más’ al actual régimen fiscal, pero el que venga deberá apuntar al crecimiento económico”, La Nación, 22 de septiembre de 2024) que, en síntesis, incluía tres aspectos que debían tenerse en cuenta a partir de un nuevo régimen fiscal en el país, resaltando la imposibilidad de seguir conviviendo con déficit fiscal, con independencia de su financiamiento.
La referencia incluía una regla fiscal estructural que indicara la irreversibilidad de un verdadero cambio de régimen, algunas definiciones contundentes respecto a que la política tributaria o presión fiscal encontrara límites estrictos para financiar al barril sin fondos del gasto público y, finalmente, algunas reflexiones sobre la composición del gasto propiamente dicho, de manera de acotar los porcentajes de gasto corriente que habitualmente van en detrimento de los gastos de capital o inversión pública. Se trataba de que el cambio de régimen fiscal hacia el superávit debía dejar establecidas condiciones para no interferir el crecimiento económico, fenómeno que el país extraña, luego de 14 años de estancamiento.
Sin estar dicho explícitamente el marco general de la nota promovía una institucionalidad desconocida hasta el momento para la ley de leyes, como parte del cambio de época. Pero la ilusión duró muy poco dado que el Ejecutivo optó por retirar el proyecto y que no se trate.
La primera consideración general de esta nota, entonces, es recordar que el presidente Javier Milei va a completar sus primeros dos años de gobierno sin poner en consideración del Parlamento el Presupuesto Nacional.
Esto también marca una “preferencia revelada” que podía entenderse en el primer año de emergencia, dada la herencia recibida, pero que resulta mucho más difícil de justificar en esta etapa de normalización.
La introducción es válida porque el cambio de régimen demandado en las urnas por la sociedad argentina, que incluye el equilibrio de las cuentas públicas para abatir la inflación y volver a crecer con empleo de calidad, requiere garantizar el debate y cumplimiento del Presupuesto.
Y esto se vincula con lo sucedido la semana pasada en el Congreso y con lo que, seguramente, continuará en las próximas semanas. Se trata de una discusión entre el Congreso y el Ejecutivo fuera de lo que debería ser la instrumentalidad natural del Presupuesto, e interpela a la demanda de cambio de régimen, en este caso concentrado en la institucionalidad fiscal, para lograr los objetivos de estabilidad y crecimiento mencionados y que son de responsabilidades ciento por ciento compartidas entre el Ejecutivo y el Congreso.
Entiéndase bien, el superávit fiscal está fuera de discusión. La Argentina no puede financiar gasto público con más endeudamiento y mucho menos con el impuesto inflacionario. Tampoco tiene que hacerse con más presión impositiva. Pero dicho esto, y definido el monto necesario de dicho superávit, es responsabilidad conjunta del Ejecutivo y el Congreso definir las prioridades de gasto y las medidas necesarias para cubrir eventuales desvíos.
Pasando a lo votado en particular, ya sea con sanción definitiva o con media sanción, los temas aprobados implican parches alternativos a las reformas de fondo que se torna urgente encarar.
Empecemos por la cuestión jubilatoria que representa, en el nivel nacional, el 45% del gasto público. El régimen previsional hace años que está quebrado, obligando a cerrar el déficit con aportes del Tesoro. Los sucesivos gobiernos han intentado moderar este desequilibrio recurriendo, entre otras cosas, a la solución transitoria de “alterar” la fórmula de ajuste de la movilidad.
El sistema previsional tiene que ser replanteado en su totalidad, incluyendo los 240 regímenes especiales, las deudas cruzadas Nación Provincias por las cajas provinciales y el reemplazo de las pésimas moratorias por prestaciones proporcionales a los años de aporte con mínimo en la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM).
Para no abundar aquí, no se trata de arreglos transitorios, licuar fórmulas y acumular juicios. El régimen jubilatorio merece una discusión seria y técnica para encontrar una solución definitiva inserta en el problema más grande de la prioridad en el gasto público.
En un país con una parte importante de la infancia en hogares por debajo de la línea de pobreza este debate por prioridades se vuelve imprescindible.
Es por estos temas que hace falta un presupuesto. La discusión integral permite evaluar el “equilibrio general”.
Es probable que cada renglón del gasto se pueda justificar sectorialmente, lo mismo que cada suba o rebaja impositiva, pero solo visto en conjunto se pueden plantear las preferencias de la sociedad y armonizar políticas.
Pasando ahora a la cuestión de los ATN, el impuesto a los combustibles y los fondos fiduciarios. La intención de los gobernadores, a través de sus representantes en el Congreso, es forzar al Ejecutivo a coparticipar los ingresos por estos conceptos que hoy no se comparten con las provincias.
En lugar de esta estratagema para conseguir más recursos propios de manera automática, lo que corresponde es enfrentar la postergada discusión por la coparticipación federal.
Si hay que reasignar recursos entre la Nación y las Provincias debería ser con una clara definición de responsabilidades, coordinación de obras de infraestructura, manejo y fondeo de las emergencias, sistema impositivo, etc. El shock de productividad que la Argentina necesita pasa por un acuerdo federal que va más allá de un tironeo coyuntural por plata.
Para el Gobierno lo sucedido la semana pasada “es lo mejor que nos podía pasar” o, en el caso de los ATN, “debería aprobarla el Presidente porque resulta un antecedente válido para discutir la futura ley de coparticipación federal”.
Estas afirmaciones quizás sirvan para usufructuar el escenario de corto plazo y la especulación berreta electoral. Pero de ninguna manera pueden servir para ser el punto de partida que permita recuperar la capacidad de volver a crecer sostenidamente, con los necesarios acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.
Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que se pueda consolidar un cambio de régimen permanente en todas las áreas, incluyendo la fiscal, con la participación del Ejecutivo, los Gobernadores y el Congreso, sin chicanas ni insultos. Ese es el desafío.
Los buenos marineros saben que la fuerza del ancla depende del fondo dónde se agarra.
POLITICA
El Gobierno redobló las críticas contra el PJ por el corte de luz que extendió el cierre de listas: «No hay conciencia de la gravedad institucional»
El Gobierno volvió a cargar contra el peronismo por el presunto corte de luz de la noche del sábado, justo cuando vencía el plazo para presentar listas de candidatos para las elecciones legislativas bonaerenses.
Desde la Casa Rosada, varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del apagón y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del kirchnerismo.
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“El monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas”, disparó el presidente Javier Milei desde su cuenta de X. Sin mencionar al PJ, pero apuntando directamente a lo ocurrido el sábado por la noche, el mandatario cuestionó con ironía a quienes lo acusan de “violentar la República” por sus formas. “No dimensionan el monstruo que enfrentamos”, escribió, y cerró su mensaje con su habitual sigla “VLLC” (Viva la libertad, carajo).
La reacción oficial se intensificó después de que Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconociera en una entrevista radial que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores del peronismo.
“En nuestro caso había que amalgamar posiciones encontradas”, explicó Dichiara, quien admitió tensiones entre el kirchnerismo, el gobernador Axel Kicillof y el massismo. La Junta Electoral bonaerense extendió excepcionalmente el plazo para la presentación de listas hasta las 14 del domingo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los más directos al sembrar sospechas. “Consultado centro de control en baja (que está en la misma sala que el COD de EDELAP), nos dicen que no tienen ni siquiera un reclamo de corte de luz en la zona”, publicó en X. Y agregó con ironía: “Se ve que ‘saltó un tapón’ justo antes del cierre de listas. Todo muy creíble y muy democrático”.
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En la misma línea se expresó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien denunció una “falta de conciencia sobre la gravedad institucional” del episodio. “La sociedad naturaliza que el peronismo no cumpla las reglas electorales. Imagínense si LLA fuera la que no entregaba sus listas a tiempo”, cuestionó. “Estarían gritando el fin de la democracia quienes hoy callan”, agregó, también cerrando con “VLLC”.
Desde la empresa Edelap SA, responsable del suministro eléctrico en la zona, no hubo hasta el momento una explicación técnica que justifique los dos cortes consecutivos ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
El primero comenzó a las 22:48, cuando el peronismo bonaerense aún no había logrado cerrar sus listas. El segundo se produjo poco después, en otra zona de la ciudad. Ambas interrupciones de servicio coincidieron con los movimientos de los apoderados partidarios, que primero intentaban cargar los datos en la Legislatura y luego se trasladaron a las oficinas de la Junta Electoral, situadas a unas 12 cuadras.
Según trascendió, ni Edelap ni la Justicia ordinaria iniciaron una investigación de oficio. Esa falta de respuesta oficial alimentó aún más las sospechas en el entorno libertario.
Elecciones 2025, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Javier Milei, Partido Justicialista, PJ, Peronismo
La puja por investigar el caso $LIBRA sigue vigente en Diputados. La oposición insiste en reactivar la comisión especial que debe indagar el grado de involucramiento del presidente Javier Milei en una presunta estafa a través de la criptomoneda.
Tras semanas de parálisis, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro envió una nota formal a los presidentes de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (Pro), y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), en la que exige que su proyecto para destrabar la comisión sea tratado “de manera urgente, conjunta y en plenario”.
“La demora en la normalización de su funcionamiento impide el ejercicio de las facultades constitucionales de control que corresponden a esta Honorable Cámara, especialmente frente a un caso de trascendencia nacional y con múltiples aristas políticas, económicas y judiciales en curso”, advierte Ferraro en la presentación.
La comisión quedó congelada hace más de un mes, luego de dos empates consecutivos en la elección de autoridades. Ferraro acusa al oficialismo de haber bloqueado su funcionamiento y propone una reforma institucional para garantizar que la mayoría opositora pueda avanzar con la investigación.
“Es de público conocimiento que persisten los ardides reglamentarios, obstáculos administrativos y políticos que bloquean el inicio efectivo de las tareas investigativas, lo que torna imperioso el dictado de una resolución que clarifique e impulse su funcionamiento”, sostiene.
El proyecto -que cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda y el radicalismo no alineado- establece que, en caso de empate, se elija como presidente al candidato respaldado por los bloques que sumen más bancas. Según esa fórmula, la oposición se aseguraría el control de la comisión: entre todos los firmantes reúnen 136 diputados.
El esquema también prevé que la vicepresidencia quede en manos del candidato perdedor, y que la secretaría sea definida por los bloques que respaldaron al titular. Además, introduce tres reformas clave: que la comisión sesione bajo el reglamento general de la Cámara; que el presidente tenga la potestad de desempatar votaciones internas; y que el plazo de tres meses para investigar se active recién cuando se definan las autoridades y el cronograma de trabajo.
Con esta jugada, la oposición busca evitar que la parálisis institucional diluya la pesquisa sobre el entorno presidencial. Y advierte: si el oficialismo vuelve a bloquear las citaciones o desconoce la autoridad de la comisión, no se descarta avanzar con un juicio político.
reactivar la comisión especial,Delfina Celichini,Escándalo cripto,Cámara de Diputados,Conforme a,,El caso $LIBRA. Un grupo de diputados opositores reunió datos en Estados Unidos y busca probar que se trató de una estafa,,La trastienda de la renuncia. La frase que condenó a Reidel a su salida del consejo y el rechazo de Karina Milei,,El cierre de listas. Un show obsceno con heridos en todos los frentes,Escándalo cripto,,El caso $LIBRA. Un grupo de diputados opositores reunió datos en Estados Unidos y busca probar que se trató de una estafa,,Caso $LIBRA. Davis transfirió US$500.000 después de reunirse con Milei y más de 1 millón horas antes de lanzar el token,,El caso $LIBRA. Uno de los protagonistas manejó cajas de seguridad en un banco en paralelo al lanzamiento de la cripto
POLITICA
Fuertes críticas de César Milani contra Eduardo Taiano por la causa de la muerte de Alberto Nisman
El ex jefe del Ejército César Milani volvió a cargar con dureza contra el fiscal Eduardo Taiano, luego de que este ordenara la citación de 90 militares de Inteligencia que reportaban a su mando en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“Todas las pistas apuntan a que (Nisman) se suicidó”, planteó Milani en declaraciones radiales. Y afirmó que “lo que hizo Taiano pone en ridículo al Ejército argentino”.
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Milani consideró que la decisión del fiscal no tiene sustento judicial. “No hubo una sola pista en diez años que vincule al Ejército o a mí con este tema. Yo le puedo responder por los 100 militares que citó y si llama a 200, será lo mismo. Nadie conocía a Nisman. Es una parodia”, sentenció.
En diálogo con AM 530, el ex general acusó al fiscal de actuar con intencionalidad política y mediática, especialmente en el marco de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. “Todos los años, con el aniversario de la AMIA o la muerte de Nisman, vuelven sobre el mismo tema. Este impresentable fiscal, recibiendo órdenes de poderes que operan atrás, está tratando de mantener la causa de Nisman con alfileres”, lanzó.
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La citación de los 90 militares fue dispuesta en paralelo a un pedido de Taiano para desclasificar archivos secretos de la exSIDE, vinculados a las direcciones de Inteligencia del Ejército y de las fuerzas de seguridad. Según el fiscal, esos documentos podrían aportar elementos para esclarecer el supuesto homicidio de Nisman, hipótesis central de la causa que lleva adelante junto al juez Julián Ercolini.
Milani, sin embargo, reiteró su convicción: “La primera pericia dice claramente que no fue un homicidio sino un suicidio. No se ha encontrado absolutamente nada. Todos los indicios apuntan a eso”. Y se mostró sorprendido por el giro de la investigación: “Ahora parece que el Ejército contribuyó al encubrimiento. Es una barbaridad”.
También apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de manipular la causa. “Convocó a peritos impresentables para que hicieran una pericia a su antojo”, sostuvo. Y agregó: “Esta movida llama mucho la atención. Lo que ha hecho Taiano es vergonzoso”.
Consultado sobre el trasfondo político del caso, Milani vinculó las decisiones judiciales con intereses extranjeros: “El sometimiento del Estado argentino y el Poder Judicial a los caprichos del Estado de Israel ha llegado a límites insospechados. A esta altura, la Justicia argentina parece una filial que sigue sus instrucciones”.
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También cuestionó a la jueza Sandra Arroyo Salgado, expareja de Nisman, por haber respaldado las nuevas citaciones a los militares pese a haberse apartado como querellante. “Después de 10 años, sin encontrar absolutamente nada… llama mucho la atención”, deslizó.
En el centro de la pesquisa se encuentra Joaquín Conrado Pereyra, alias “el verde”, un suboficial retirado que ofició como enlace entre el área de Inteligencia del Ejército y la SIDE en los últimos años del kirchnerismo. Su figura es clave para la fiscalía, que busca reconstruir el entramado de vínculos entre organismos de inteligencia en torno a la figura de Nisman.
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Finalmente, Milani volvió a poner el foco en otro nombre: el exespía Antonio “Jaime” Stiuso. “Es el único al que había que pedirle explicaciones. Estuvo al lado de Nisman, lo trajo de Europa, lo mandó a buscar a Ezeiza, lo llevó a su casa, aparentemente participó en la redacción de la denuncia contra Cristina Kirchner y hasta le cortó el teléfono”, enumeró.
“Increíblemente, es al que menos increpan. Que explique por qué se pegó un tiro Nisman, por qué Bullrich y la Coalición Cívica lo hostigaron para que fuera a declarar. Esto es una patraña. El fiscal es un impresentable”, concluyó.
César Milani, Alberto Nisman, Eduardo Taiano
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