POLITICA
Fentanilo mortal: ordenaron pericias claves que derivarán en los procesamientos de los responsables de la elaboración del medicamento vinculado con más de 50 muertes
El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak ordenó pericias claves que serán determinantes para esclarecer la cadena de responsabilidades en la elaboración de al menos dos lotes de fentanilo de uso clínico contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBLy Ralstonia Picketti—producido el 18 de diciembre de 2024-y vinculados, hasta el momento a la muerte de 54 pacientes. El magistrado ya inhibió los bienes de nueve sociedades, la mayoría vinculadas a la familia de Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas, entre ellas Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, y a 24 personas a las que también se les prohibió salir del país ante la posibilidad de fuga. Además de los nombrados, en la lista figuran socios, exsocios, directores técnicos de las empresas farmacéuticas y responsables de la calidad de los medicamentos producidos.
Para el magistrado, es imprescindible establecer de manera inobjetable la relación entre las muertes y el tratamiento de los pacientes con las ampollas de fentanilo contaminadas y si los responsables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma no “adulteraron” la documentación de elaboración del producto.
Entre los requerimientos que solicitó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata se destacan:
-“Designar al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para realizar un peritaje cuyo objeto consiste en analizar integralmente las historias clínicas de los pacientes fallecidos, tendiente a determinar las causas de muerte y, en particular, la incidencia o no en los decesos de la administración de fentanilo HLB».
-“Puntualmente, deberá identificar la existencia de casos de bacteremia asociados a klebsiella pneumoniae, klebsiella variicola, ralstonia picketti y establecer si la ralstonia mannitolilytica contaminación microbiana pudo haber incrementado el riesgo de muerte».
-“Para tal fin, se pone a disposición los resultados de los análisis aportados a la causa por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, que en una primeta etapa ya vinculó las muertes con los pacientes a los que se trató con los lotes del fentanilo contaminado.
-“Designar a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, para la realización de un peritaje cuyo objeto consiste en analizar integralmente los registros de lote (batch record) y aquellos documentos vinculados, correspondientes al proceso productivo del fentanilo inyectable estéril, ampollas 5ml, marca HLB, lotes 31202 y 31244, como así también a la materia prima (IFA) y a otros elementos utilizados, ante la sospecha de contaminación microbiana (klebsiella pneumoniae, y/o klebsiella variicola, ralstonia picketti ralstonia mannitolilytica). Ello tendiente a especificar la totalidad de las deficiencias detectadas en el modo de confección y sus implicancias en torno a la inocuidad del producto».
-“Asimismo, deberá establecerse si los respectivos registros documentales fueron llevados en regular forma de acuerdo a la normativa pertinente y a las reglas del arte. En este sentido, en su caso, deberá establecerse si los registros documentales reflejan o no la realidad del proceso de producción y/o se evidencian indicios de omisiones o cualquier forma de adulteración, debiendo especificarse en este caso concretamente qué información pudo verse alterada u omitida en virtud de estas falencias“.
Por último, Kreplak solicitó a las “autoridades nacionales nombrar a los profesionales que intervendrán como peritos oficiales” y notificar a las partes “la facultad de proponer puntos de pericia en el marco de los objetos definidos” y nombrar a sus propios abogados.
Este medio pudo reconstruir que algunos de los 24 posibles imputados en la causa ya recurrieron, o al menos consultaron a defensores oficiales y otros ya lo hicieron con abogados privados.
Para los funcionarios judiciales vinculados a la causa y las querellas que intervienen, familiares de víctimas fatales, Municipalidad de Rosario, Ministerio de Salud de la Nación y el Hospital Italiano de La Plata, es muy importante que el magistrado y sus colaboradores llegaran al punto de meterse de cabeza en lo central de la prueba de este proceso. Esto es, lograr unir los elementos para valorar, por medio de expertos, la relación entre la infección y las muertes.
Por otra parte, afirman que es clave analizar el bach récord que contiene la fecha, la hora, la materia prima, su origen y un análisis de la misma, dándole como apta para poder producir, lo mismo ocurre con el medio líquido, es decir, el agua que se utiliza para mezclar el fentanilo y así hacer las ampollas.
En las hojas se detalla el nombre de los operarios intervinientes, los técnicos, las maquinarias, y contiene también todo el detalle del proceso que lleva al llenado y su cierre.
Lo más importante es el resultado de los análisis microbiológicos que se vuelcan al Batch récord, y que resultan clave, porque son los que deberían haber revelado la presencia de los microorganismos que originaron la contaminación.
La importancia de esta etapa de investigación quedó patentizada en la habilitación de la feria judicial por parte del magistrado.
El expediente es complejo, hay muchos intereses en juego y cientos de millones de dólares en danza. La industria farmacéutica es una de las más rentables. Desde sus laboratorios, García Furfaro comenzó a ganar licitaciones públicas en municipios del conurbano bonaerense y del interior, y provincias de todos los signos políticos a fuerza de precios bajos. En el mercado se preguntan si por ese hecho se “desviaba la calidad de los medicamentos”, como detectó en varias oportunidades la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
De hecho, el organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación seis (6) días antes de la elaboración de los lotes de fentanilo de uso clínico contaminados, finalizaron una “inspección no programada” en las instalaciones de Laboratorio Ramallo SA en la que se descubrieron una serie de irregularidades, entre ellas “riesgo sanitario grave” y “falta de validaciones de procesos”.
Las inspecciones a la planta ubicada en Ingeniero Agustín Rocca 530, Ramallo, Provincia de Buenos Aires, se desarrollaron entre los días “28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024” aunque para el 5 de diciembre ya se había elaborado el “acta de inspección” número 2024/3332-INAME-677 que señalaba cada una de las deficiencias descubiertas. Sin embargo, recién el 10 de febrero de 2025, es decir 59 días después, se inhibió al Laboratorios Ramallo SA para seguir elaborando los productos médicos para HLB Pharma Group SA.
¿De haber actuado con mayor celeridad la parte administrativa y burocrática se podría haber haber evitado las muerte? Si hay una respuestra al interrogante está en manos del juez Kreplak.
Los investigadores estiman que durante la primera semana de feria se deberían estar en condiciones de iniciar el trabajo técnico, con los peritos oficiales en funciones. Y si no surgen contratiempos importantes, para fines de agosto ya podría haber un panorama técnico y jurídico más claro sobre lo ocurrido.
A partir de ese momento estaría mucho más claro las imputaciones, la calificación penal del delito, el llamado a indagatorio y eventuales procesamientos.
Ante algunas críticas que circulan de porque “con 54 muertos aún no hay detenidos”, en el juzgado no se inmutan. Mencionaron como antecedente la tragedia ferroviaria de Once, que fue considerada un ejemplo de eficiencia judicial, aunque con condiciones muy distintas. “Allí tenías todas las víctimas y casi todas las pruebas concentradas en un mismo lugar. Acá estamos todavía localizando víctimas en todo el país y recolectando información dispersa para distintos peritajes. Es mucho más complejo”, deslizan y aseguran que el juez Kreplak “no toma decisiones sin sustento”.
“Privar de la libertad a una persona requiere contar con pruebas firmes. Es fácil decir que alguien tiene que estar preso, o que la Justicia no actúa con la rapidez que se espera. Pero la prueba se está produciendo paso a paso. No se puede encarcelar a una persona y, a las 24 horas, no saber con certeza cuáles son los hechos por los que va a ser juzgada. Eso no sería serio”, enfatizaron.
Si bien no lo dicen en esos términos, de las voces de algunos querellantes y de colaboradores del magistrado surge como conclisión que: “No se hace política judicial” y que se está trabajando “con pruebas, con hechos”. “Las decisiones que se tomen se harán cuando la evidencia esté clara y completa”, remarcaron.
En un segundo andarivel, el juzgado y el Ministerio de Seguridad Nacional investiga si desde Laboratorios Ramallo y HLB Pharma se desviaron cinco kilos de citrato de fentanilo al mercado ilegal. Aún no hay precisiones sobre ese punto. Solo se estableció que entre marzo y mayo en los establecimientos faltaban esa cantidad de sustancia. Es el equivalente para producir todo el fentanilo de uso clínico que de utiliza en el país en cuatro años y medio.
Pablo Javkin, el intendente de Rosario, recordó en la presentación como querellante en el expediente que varias de las personas vinculdas a la causa que investiga Kreplak, “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’“
“La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en la causa por la explosión del Laboratorio Apolo, a la cual estaban vinculados Ariel García Furfaro, su hermano Damían y Jorge Salinas, integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esta ciudad”, se sostiene en el escrito presentado ante Kreplak. El magistrado acepto a la Municipalidad de Rosario como querellante.
En el expediente de Ernesto Kreplak, al menos por el momento no surge ninguna vinculación con un posible tráfico de estupefacientes. Sí, la relación de dos de los nombrados por el alcalde rosarino con los laboratorios mencionados.
En las inhibiciones general de bienes y prohibición de salid del país el magistrado dejó constancia de lo siguiente: “En el año 2017, HLB PHARMA fue adquirida por Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas (…) También son propietarios de Laboratorios “Ramallo” y “Apolo” – Asimismo, de las actuaciones remitidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, surge en el expediente cuatro, la Actuación Notarial BAA018684745, de fecha 10 de octubre de 2024, en la que se detalla que, efectivamente, Ariel Fernando García, resulta ser el Apoderado de HLB PHARMA GROUP».
Las próximas semanas serán claves para el devenir de una causa relevante que afecta a la salud pública de la población e interpela a empresarios farmacéuticos y los organismos de control.
POLITICA
Eliminaron el registro creado para acreditar la existencia de comedores y merenderos comunitarios por fallas estructurales
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dejó sin efecto el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), modificando el esquema de control y asignación de recursos. Ahora, dependerán de verificaciones presenciales y tecnológicas, en lugar de un registro nacional centralizado. La Resolución 393/2025 fue firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez. Sostienen que este cambio permitirá una gestión más eficiente y transparente de la asistencia alimentaria en todo el país.
La medida, publicada este martes 22 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, anula las resoluciones 480/2020 y 1653/2022 del entonces Ministerio de Desarrollo Social, que habían creado y regulado el RENACOM. La decisión impacta directamente en las organizaciones sociales y comunitarias que gestionan comedores y merenderos en cada punto del territorio nacional.
La resolución se fundamenta en la modificación de los procedimientos de asistencia alimentaria implementados por el Ministerio de Capital Humano, que desde abril de 2025 eliminó la exigencia de inscripción en el RENACOM para acceder al programa “Alimentar Comunidad”.
Según el texto oficial, la verificación de la existencia y funcionamiento de estos espacios ahora se realiza mediante relevamientos territoriales presenciales y el uso de medios tecnológicos, en lugar de depender de un registro centralizado.
El documento señala que la decisión responde a la necesidad de “optimizar los recursos públicos en pos de garantizar una utilización eficiente, oportuna, transparente y responsable, que permita brindar atención a necesidades básicas y urgentes de los sectores sociales más vulnerables, sin intermediación tanto en las modalidades de asistencia a comedores y merenderos, así como a las familias propiamente dichas”.
El Ministerio sostiene que la inscripción en el RENACOM y la existencia misma del registro se volvieron innecesarias ante los nuevos procedimientos de control y asignación de recursos.
La resolución cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó debilidades en el control interno del RENACOM. El informe advierte sobre “registros duplicados; campos en blanco y con ceros; datos que no se corresponden con el campo de carga; inconsistencias en los domicilios, entre otras falencias”.
El texto oficial reproduce la conclusión de la SIGEN: “El mismo se desarrolla en un ambiente de control interno débil, que se encuentra afectada la integridad y confiabilidad de la información que resulta imprescindible para la clasificación del espacio comunitario y la toma de decisiones”.
El Ministerio de Capital Humano argumenta que la eliminación del RENACOM permitirá “mejorar los recursos y capacidades administrativas para el desarrollo de políticas públicas de alto impacto, y la modificación e implementación de programas integrales que otorguen una visión interrelacionada y coordinada para abordar las necesidades sociales y que contemple los desafíos actuales de esta Secretaría Nacional”.
De hecho, los resultados de este informe ya habían sido compartidos por la cartera a través de un comunicado que afirmaba que el 87% de los registros estaban duplicados, lo que implica que casi nueve de cada diez inscripciones correspondían a datos repetidos. Además, otro 34% de los registros presentaba campos incompletos o con valores en cero, lo que dificultaba la identificación precisa de los beneficiarios y la correcta asignación de recursos.
La resolución también destaca la intención de alinear los procedimientos y la normativa de los planes y programas sociales con un enfoque de eficiencia administrativa y modernización del Estado.
La medida fue impulsada por la Dirección de Asistencia Institucional Alimentaria y contó con la intervención de la Subsecretaría de Promoción Humana, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano. El Servicio Jurídico Permanente también intervino en el proceso.
La decisión se inscribe en una serie de reformas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano desde su creación, orientadas a la “optimización de los instrumentos del Estado y fortalecer las capacidades operativas de los Programas”, según el texto oficial.
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POLITICA
El Gobierno convocó a paritarias a los sindicatos estatales y el secretario general de ATE criticó a Javier Milei
El gobierno nacional convocó de manera urgente a los gremios estatales –ATE y UPCN– a una audiencia presencial para reabrir la negociación paritaria. La citación fue formalizada este lunes mediante una cédula de notificación emitida por el Ministerio de Capital Humano, que fijó el encuentro para el miércoles 23 de julio a las 15 horas.
En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. “Vos aumentaste tu patrimonio un 500% en el último año y le bajaste los impuestos a los ricos. Espero que a nosotros no nos sigas ajustando”, escribió. En el mismo posteo, Aguiar celebró la convocatoria, pero advirtió que no aceptará una oferta que no contemple la recomposición total del poder adquisitivo perdido. “Sacaste del freezer las paritarias Milei, ahora espero que saques los salarios del subsuelo”, expresó.
En esa misma línea, el dirigente sindical anticipó que ATE concurrirá a la audiencia con la exigencia de que la propuesta salarial supere el índice de inflación. “No vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo”, sostuvo Aguiar. En ese sentido, el dirigente gremial también reclamó que el ingreso mínimo en la administración pública ascienda a $1.869.000. “Es nuestro derecho constitucional a una retribución justa. Es el sueldo que nos permite cubrir el valor de la canasta familiar”, sostuvo.
El antecedente inmediato de esta negociación se remonta a abril, cuando el Gobierno resolvió un aumento mensual del 1,3% durante los meses de marzo, abril y mayo. Eso representó una suba del 3,9% a nivel trimestral. A eso se sumaría un bono no remunerativo de $45.000 a cobrar junto con los sueldos de mayo. La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio con mayor representación en la administración pública nacional, pero fue rechazada por ATE.
La última paritaria de la Administración Pública Nacional abarcó el periodo desde junio 2024 a mayo 2025. En ese plazo, el aumento alcanzó un 20,8%, por debajo de lo que fueron los registros inflacionarios. Desde entonces, la organización sindical reclama la reapertura de la paritaria y la recuperación del salario real.
En ese marco, de cara a esta nueva negociación, el secretario general de ATE anticipó cual será la postura del sindicato al que representa: “En tan solo 19 meses tu Gobierno destruyó los ingresos de todos los trabajadores del Sector Público. Si la propuesta no contempla la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido, no habrá posibilidad de ningún acuerdo”.
@JMilei,pic.twitter.com/Iu0BG3Ouvu,July 21, 2025,Paritarias,Conforme a,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,»Es bastante largo lo que tengo para decir». El Gordo Dan simuló un problema técnico en su programa y «habló» sin audio del cierre de listas de LLA,,LN+. Francos especuló sobre el futuro del Gobierno en 2026 tras las elecciones: “Totalmente distinto”,Paritarias,,Nuevas cifras. Cómo queda la escala salarial de la Uocra, tras la paritaria de julio 2025,,Desde julio. Cómo se aplican los aumentos a empleadas domésticas y de cuánto es el bono,,Con el aumento. Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto
POLITICA
Fentanilo mortal: el ovillo de vínculos entre un laboratorio relacionado con el “tráfico de efedrina” y HLB Pharma
La Municipalidad de Rosario, a través de su alcalde Pablo Javkin, querellante en la causa que investiga dos lotes de fentanilo de uso clínico contaminado asociado a la muerte de más de 50 pacientes, presentó ayer documentación que vincula a varias de las personas a las que el juez Ernesto Kreplak les inhibió sus bienes y les prohibió salir del país por considerarlos sospechosos por la producción y venta del medicamento adulterado a través del Laboratorio Ramallo y HLB Pharma.
El funcionario ya había denunciado presuntos “nexos narcos” entre los empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas los ex socios del laboratorio rosarino Apolo que estalló el 27 de junio de 2016 por sobrecalentamiento en una caldera con mantenimiento deficiente. Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro y su hermano Damián y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor. El laboratorio figura en la causa conocida como el “triple crimen de General Rodríguez” por el tráfico de efedrina a cárteles mexicanos.
Apolo llegó a acuerdos individuales para resarcir a los cinco vecinos heridos y los propietarios de viviendas afectadas por la onda expansiva de la explosión del Laboratorio Apolo. El 20 de mayo de 2019, el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation insólita: una vez por semana debían concurrir a realizar tareas de limpieza en el Museo Justicialista ubicado en San Nicolás.
Los otros imputados, como Ariel y Damián García y Vozza, fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Otro dato llamativo de la resolución judicial, fue que el abogado Ariel García Furfaro era el representante legal del mismo Museo Justicialista de San Nicolás. En la presentación judicial, Javkin opinó que, si en su momento la Justicia hubiese investigado en profundidad los hechos, quizás los empresarios farmacéuticos no hubiesen podido adquirir los laboratorios vinculados a la elaboración y venta del fentanilo contaminado. Apolo tenía expedientes abiertos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por irregularidades en la fabricación de medicamentos. Salinas también estaba imputado en una causa por contrabandear suero desde Paraguay al laboratorio Apolo.
Es el mismo Salinas que fue procesado por fraude al PAMI, junto a otros empresarios, por desviar más de 21 millones de pesos -unos siete millones de dólares de entonces- mediante facturas truchas y contratos irregulares. La denuncia la realizó Graciela Ocaña, la ex titular de ese organismo y ex ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.
El intendente de Rosario recordó en la presentación como querellante ante el juez Kreplak que varias de las personas vinculadas a la causa que investiga “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’”. “La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en la causa por la explosión del Laboratorio Apolo, a la cual estaban vinculados Ariel García Furfaro, su hermano Damián y Jorge Salinas, integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esta ciudad”, se sostiene en el escrito presentado ante Kreplak. El magistrado aceptó a la Municipalidad de Rosario como querellante.
En diálogo con Infobae, el alcalde de Rosario dijo que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA “tienen vínculos con el narcotráfico”, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal.
Javkin recordó que, en abril de 2016, dos meses antes de la explosión de la caldera del Laboratorio Apolo había logrado nuevamente la habilitación para producir e importar efedrina ya que habían denunciado la pérdida del certificado que lo habilitaba. En la causa judicial a la que accedió este medio, y que motorizó Ocaña se destaca que:
- Apolo tenía habilitación para importar y manipular sustancias controladas, como la efedrina, pero carecía de capacidad real de producción farmacéutica a escala. Eso generó sospechas de que actuaba como pantalla para desviar esos químicos al mercado ilegal.
- Según la investigación judicial, Apolo importó grandes cantidades de efedrina, mucho mayores a las necesarias para elaborar medicamentos legales, y no pudo justificar su destino.
- El nombre del laboratorio apareció en los documentos de la causa por el triple crimen de General Rodríguez. El 13 de agosto de 2008, en un descampado de esa localidad de la zona oeste del Conurbano bonaerense fueron encontrados asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, estaban vinculados a una red de desvío de efedrina desde Argentina hacia carteles mexicanos.
- La explosión en 2016 que destruyó sus instalaciones fue inicialmente considerada un accidente, y así quedó plasmado en el expediente; sin embargo, Javkin lo interpreta como un intento de encubrimiento o sabotaje, para eliminar evidencia clave del caso de la efedrina.
Las vinculaciones de García y Salinas
En la presentación judicial de ayer, la Municipalidad de Rosario aportó documentación oficial que vincula de manera concreta a los empresarios con al menos tres sociedades santafecinas.
- Apolo SA: sus responsables y/o quienes aparecen en los informes societarios como accionistas, tendrían vinculación directa y personal con los directivos de las firmas Ramallo y HLB Pharma Group SA, dichos datos surgen de los registros públicos.
- En la Municipalidad de Rosario Apolo SA tramitó oportunamente una habilitación bajo el rubro: depósito de soluciones parenterales. “Inicio de actividades: 01/10/1999; permiso de habilitación N° 3444/2011. Vencido el 20/05/2016. Certificado de habilitación de Laboratorios Apolo SA permiso N° 3925/2011 de fecha 09/06/2011. Legajo N° 51096/16 de trámite de renovación de habilitación de Laboratorio Apolo SA suscripta por Marcela Vozza. Pedido libre multa del laboratorio firmado por Jorge Salinas en su carácter de apoderado, y acta de asamblea de aprobación de balances -2010,2011 y 2012- de fecha 3 de septiembre de 2013. Firmada por los accionistas Jorge Manuel Salinas y Ariel García Furfaro», informaron.
- Alfarma SRL (inhibida en sus bienes por el juez Kreplak) de titularidad de Furfaro, involucrada en la causa bajo examen, cuenta con registros de operaciones en la ciudad de Rosario. En efecto, surge de nuestros sistemas informáticos que el laboratorio “Alfarma SRL, fue titular de un permiso de habilitación cuyos detalles se enuncian a continuación: rubro Droguería. Inicio de actividades 01/10/2007. Permiso de habilitación N° 1098/2019 – VENCIDO EL 10/05/2024. SOLICITUD DE RENOVACIÓN Nº 2463/2024 en trámite.
- Droguería ABC 1 SA, es una sociedad que tiene objeto vinculado a las de las sociedades investigadas y que además contaba con habilitación municipal y cuyo accionista es el Furfaro, lo que da cuenta de que el Sr. García Furfaro, fue directivo y/o titular de al menos 3 sociedades vinculadas a la actividad en la ciudad de Rosario más allá de la sustitución o modificación de las razones sociales.
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