La oposición desafía el bloqueo que impuso el oficialismo sobre la comisión investigadora del caso $LIBRA y avanza en silencio en su pesquisa para determinar las presuntas responsabilidades políticas en la maniobra. Con el aporte de especialistas en criptoactivos, el testimonio de los damnificados y la información que logran recabar de la Justicia de los Estados Unidos armaron un cuadro de situación que, a priori, abona sus sospechas de que la criptomoneda $LIBRA fue una estafa con importantes conexiones locales involucradas.

La comisión investigadora se creó en abril pasado en la Cámara de Diputados luego de que estallara el escándalo que salpicó al presidente Javier Milei tras haber promovido el criptoactivo en sus redes sociales. El oficialismo, con el argumento de que no hubo estafa sino “un problema entre privados” que en nada involucra al presidente, logró bloquear la comisión investigadora, que aún no tiene autoridades designadas. Esta acefalía le ha impedido a la oposición solicitar medidas de prueba e hincar más a fondo en la investigación.

Los opositores buscan mantener a flote la pesquisa y, para ello, se dividieron las tareas. El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), quien volvió hace pocos días de los Estados Unidos donde se interiorizó de la pesquisa judicial, armó un cronograma del escándalo en el que observó conexiones por demás sugestivas gracias a las revelaciones que aportó Fernando Molina, experto informático que declaró dos veces en la Cámara de Diputados.

Una fecha clave de esa cronología, señala Agost Carreño, es el 30 de enero pasado: ese día el presidente Milei recibió en la Casa Rosada a Hayden Davis, el empresario norteamericano responsable del criptoactivo, quien apareció acompañado junto a otros dos protagonistas clave de $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Apenas 42 minutos después de ese encuentro, Davis transfirió medio millón de dólares un tercero no identificado. El rastreo de ese giro lo hizo Molina, quien detectó que el 3 de febrero el norteamericano hizo otra transferencia de 1,9 millones de dólares desde una billetera bajo su control.

“Lo sugestivo es que, al día siguiente, Novelli abrió cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia con su madre y hermana. Allí deposita el contenido de dos bolsos, presuntamente dinero en efectivo”, señala Agost Carreño.

Posteriormente, el 13 de febrero –un día antes del lanzamiento del token $LIBRA que luego sería promovido por Milei- Davis realiza una tercera transferencia de US$ 1,2 millones. El 14 de ese mes, a las 18:30, Kelsier Ventures LLC (la firma de Davies) creó el contrato del token y, minutos después, se habilitó el pool de liquidez al que solo pueden acceder quienes tienen el número del contrato. El propio Davis, en declaraciones a la justicia de su país, admitió que las primeras compras son por montos inusualmente altos.

A las 19, el presidente Milei posteó que el proyecto $LIBRA, lanzado por Davis, serviría para fondear PyME. El final de la historia es conocido: pocos minutos después el token alcanzó valores históricos y después se derrumbó.

La historia no termina aquí, según los legisladores. Según reveló la periodista Irina Hauser, quien también testimonió ante la comisión, dos días después del escándalo la madre y la hermana de Novelli se presentaron en la sucursal del Banco Galicia y, al parecer, se retiraron con el contenido de sus cajas de seguridad.

El objetivo de los legisladores es tratar de identificar quiénes armaron el pool de liquidez del token $LIBRA, es decir, qué billeteras invirtieron dinero para permitir su lanzamiento y, luego, retiraron el dinero provocando el desplome de su precio. Sospechan que allí podría haber nombres importantes que, por alguna razón, el Gobierno no quiere que se develen.

“De lo contrario no se entiende por qué Milei no formuló denuncia alguna y hace silencio de radio sobre el caso”, insisten.

¿Hay posibilidades de saber quiénes conocían de antemano el número de contrato del token $LIBRA y lucraron con él hasta su desplome? La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), que mantiene contacto con los damnificados por la maniobra, cree que sí. Reveló, por caso, que por pedido de uno de los querellantes la empresa Binance Exchange envió en mayo pasado un informe al fiscal Eduardo Taiano –que investiga el caso- con datos que revelarían algunas de las billeteras que inyectaron fondos al token $LIBRA antes de su lanzamiento.

Taiano le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dirigida por Horacio Azzolin, para que considere cuán factible es ir detrás de estas billeteras “privilegiadas”.

“Es fundamental para la investigación conocer la identidad de quiénes están detrás de esas billeteras y sus movimientos. Es información muy sensible, de difícil acceso, por eso es imprescindible que esta comisión funcione sin los bloqueos que nos impone el oficialismo. Ya con poco hemos podido avanzar mucho: la maniobra fraudulenta está comprobada y el rol del presidente fue clave”, enfatizó el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre).

Selva coincide. “El oficialismo se pone muy nervioso con este tema. Es raro que Milei nunca haya apuntado públicamente contra Davis ni contra Novelli ni los demás involucrados. Buscan tapar todo y por eso el oficialismo, con Martín Menem a la cabeza, quiere clausurar cuanto antes la tarea de la comisión”, advirtió.

El problema son los tiempos. El bloque libertario y sus aliados miran el calendario y aseveran que está por vencer el plazo de 180 días para el funcionamiento de la comisión, tal como dispone la resolución que la creó.

“Ese plazo lo propusieron los bloques opositores, así que corresponde presentar el informe final y terminar con la labor –sentenció Silvana Giudici (Pro)-. Esta comisión estuvo mal formulada desde el principio, no hay delito comprobado y aun así quieren hacer daño. Donde sí hay delito es en el escándalo del fentanilo contaminado; yo propuse crear una comisión investigadora y todos hacen silencio de radio, empezando por el peronismo”.

Los opositores, urgidos por ganar más tiempo, insisten en que la comisión investigadora $LIBRA no está constituida formalmente pues no tiene autoridades, por lo que el plazo aún no ha comenzado a correr.

“Hay una mayoría parlamentaria que ya votó a favor de investigar el caso $LIBRA, y esa voluntad del Congreso debe respetarse –enfatizó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-. No podemos aceptar que la Cámara se convierta en un refugio de encubrimiento, por más maquillaje de funcionamiento que se intente mostrar. Estamos ante un escándalo institucional que involucra posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, denuncias de cohecho y tráfico de influencias, y que ya ha sido objeto de múltiples presentaciones judiciales, incluidas tres denuncias penales impulsadas por la Coalición Cívica. No vamos a resignarnos al silencio cómplice ni al bloqueo.”