POLITICA
La empresa que suministra energía en La Plata no dio razones técnicas sobre el sugestivo apagón que extendió el cierre de las listas
LA PLATA.- Los dos sugestivos cortes de energía registrados sobre el plazo de cierre de listas entre el sábado a la medianoche y el domingo a la madrugada -que propiciaron un pedido de prórroga del calendario electoral hasta esta tarde para inscribir candidatos ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires-no tienen una explicación técnica aún por parte de Edelap SA, la empresa proveedora del suministro.
Tampoco interviene de oficio la justicia ordinaria ante la falla que alteró el calendario electoral para los comicios legislativos convocados el 7 de septiembre. Desde la Casa Rosada, con el presidente Javier Milei a la cabeza, sembraron dudas sobre el episodio y denunciaron que las irregularidades se debieron a una maniobra del peronismo. Sin embargo, La Libertad Avanza bonaerense también avaló la prórroga.
Lo más llamativo no solo fue la hora del primer corte de luz, a las 22.48, al filo del cierre, y cuando el peronismo estaba al parecer más cerca de la ruptura que del acuerdo. Lo realmente notable es que el primer corte se inició en la zona de la Casa de Gobierno y la Legislatura, mientras que el segundo corte se trasladó en forma casi simultánea a las oficinas de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.
Dos áreas bien distintas entre sí, situadas a unos 12 cuadras de distancia. Los cortes de luz parecieron acompañar a los funcionarios judiciales que primero intentaban cargar los candidatos en las oficinas de la Legislatura y luego, tras el primer corte, en las oficinas de la Junta Electoral. Fue un apagón que se trasladó- en tiempo y espacio- junto con los encargados de cargar los candidatos para las elecciones legislativas.
“Edelap confirmó que minutos antes de las 23hs del sábado se verificó una falta de suministro en la zona de 50 a 58 y de 7 a 8 aproximadamente (que comprende la Casa de Gobierno, donde estaba la Junta Electoral de Fuerza Patria”), informó el domingo la empresa. “Personal técnico verificó el estado de las instalaciones y el servicio se reestableció a la brevedad”, añadió sin precisar el origen de la falla ni el tiempo exacto de duración.
“Por otra parte, cerca de las 23:30 aproximadamente se detectó una interrupción en el suministro eléctrico en la zona comprendida entre las calles 528 y 34, entre 11 y 14, vinculada a la ET Tolosa”, dijo después la empresa mediante un comunicado. Ese segundo apagón corresponde a la zona de las oficinas de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, situado en calle 13 de esta capital.
“El suministro se fue reestableciendo de forma paulatina hasta completar la normalización cerca de las 2 AM”, manifestó la empresa, que hoy se negó a precisar a los motivos de las dos fallas o si existió una intervención humana que propiciara el apagón.
Desde la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires tampoco se informó si se pidió una investigación judicial para determinar las causas de las fallas que fueron denunciadas por algunas de las fuerzas políticas participantes en la contienda del 7 de septiembre. Hasta el momento, las denuncias de La Libertad Avanza y Pro solo fueron cuestionamientos por redes sociales. Nadie fue a la Justicia para que se active una investigación.
La Junta Electoral solo emitió una resolución en la que precisó que el 19 de julio, a las 22.48, se produjo un corte de energía eléctrica en el Palacio Legislativo situado en la manzana de 7 a 8 y de 51 a 53. Y que a raíz de ese corte en oficina de la Junta Electoral que funciona en la Legislatura “el personal debió trasladarse” a las dependencias de la calle 13.
“Comenzando con la recepción de las presentaciones se produjo un nuevo corte de energía a las 23.30 en la sede de la calle 13°34 dificultando la recepción de las presentaciones”, aclaró luego la Junta Electoral. Esa hora se corresponde con el informe de Edelap, que habló del primer corte a las 23 horas del sábado.
La Junta Electoral justificó así su resolución de trasladar el cierre hasta esta tarde ante pedidos realizados por los apoderados de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Potencia, Partido Libertario y Unión y Libertad.
Hasta el momento no hay un fiscal que investigue de forma espontánea si se trató de un corte intencional, propiciado a pedido de fuerzas políticas, por las dificultades internas entre las alianzas para mantener la unidad en medio del cierre de listas que generó diferencias irreconciliables al interior de varias de los oponentes, sobre todo en el PJ.
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POLITICA
Complejo panorama para el Gobierno en el Senado con la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario
Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.
En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y la macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), y el jefe del Pro en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
Garrahan
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor(IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
POLITICA
Impronta presidencial: Javier Milei dictó más del doble de decretos que los proyectos que el oficialismo envió al Congreso
La imagen del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, cuando inauguró su mandato en diciembre de 2023, fue la postal que presagió el estilo combativo que caracterizará su relación actual con ambas cámaras. Dos elementos lo confirmaron: en lo que va de su gestión dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley que presentó en igual período. Segundo, este año hubo casi tantos vetos como cantidad de leyes sancionadas.
En vísperas del debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU −para hacerla más restrictiva para el Poder Ejecutivo−, los datos fácticos explican la desesperación del oficialismo por evitar que la oposición le acote el uso de una herramienta clave para su gestión. En estos 21 meses de mandato, Milei dictó 74 DNU; en el mismo lapso presentó 33 proyectos de ley al Congreso. No solo la diferencia entre las cifras llama la atención; lo paradójico es que la mayoría de esas iniciativas está cajoneada por el propio oficialismo en las comisiones que preside.
La predilección de los libertarios por los decretos en detrimento de la sanción de leyes (aunque sean propias) es comparable con el que exhiben con los vetos. Este año el Congreso aprobó apenas once leyes; siete de ellas sufrieron el veto total del presidente. Nunca se vio en la historia democrática reciente semejante raid de vetos.
El oficialismo se victimiza con su debilidad parlamentaria −en ambas cámaras está en franca minoría− y argumenta que el atajo del DNU agiliza la gestión sin necesidad de someterse a farragosas negociaciones en el Congreso. Además, todos los gobiernos −incluso aquellos con mayorías parlamentarias− tuvieron a disposición esta herramienta e hicieron uso (y abuso) de ella, sostiene.
El argumento no deja de ser cierto, pero hay un antecedente que al menos lo pone en tela de juicio: el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el Congreso durante los dos primeros años de gestión (2015-2017). Como Milei, el gobierno de Cambiemos asumió con una representación parlamentaria por demás exigua: 92 miembros en Diputados y apenas 16 en el Senado. No muy diferentes al que supo tener Milei antes de perder aliados en ambas cámaras el último tiempo.
Las cifras entre aquel período y el actual son contrastantes. Durante los dos primeros años de gestión de Cambiemos se aprobaron 188 leyes, dos veces y media más que las sancionadas en lo que va del mandato de Milei. En ese lapso, Macri dictó 34 DNU: Milei dictó el doble. En cuanto a vetos, Macri impartió cinco (parciales y totales), en sus cuatro años de gestión; el libertario ya vetó 10 leyes en solo dos años.
¿Cómo se explica que dos gobiernos en franca minoría parlamentaria exhiban números tan distintos? “Es la política, estúpido”, respondería, con un giro en la frase que lo hizo célebre, el expresidente norteamericano Bill Clinton. En efecto, apenas se inauguró el mandato de Cambiemos sus lugartenientes en el Congreso se abocaron a articular una base estable de legisladores aliados que le permita alcanzar la mayoría. Y lo lograron.
Con gestos y dinero fresco a los gobernadores del PJ quebraron las bancadas kirchneristas y propiciaron el surgimiento de un mosaico de votos peronistas −al que se sumó Sergio Massa y su Frente Renovador− abiertos a negociar las leyes claves; en el Senado entronizó a Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista-kirchnerista, como principal interlocutor, lo que facilitó la tarea en la cámara más compleja.
Las diferencias están a la vista: Milei, en nombre del sacralizado equilibrio fiscal en las cuentas públicas, abjura de la política del diálogo −aunque no del “toma y daca”−, destrata a quienes le aconsejan apertura y moderación e incumple las promesas a quienes supieron acompañarlo. Una actitud cada vez más endogámica y expulsiva. Las consecuencias a la vista: insistencia de leyes y una seguidilla de decretos rechazados por la oposición.
El politólogo y profesor de la UBA Miguel De Luca advierte estas diferencias. “Todos los presidentes no peronistas desde la recuperación democrática –Ricardo Alfonsín, Fernando De la Rúa, Macri y Milei− tuvieron una situación de minoría sea en una o en ambas cámaras. La diferencia entre Milei y sus antecesores es el estilo del gobierno: la mayoría optó por entablar acuerdos más o menos estables con otras fuerzas. No así Milei, quien optó por coaliciones ad hoc”.
“Para ello –continuó− apeló a dos resortes: el veto, pasible de ser blindado con solo un tercio de ambas cámaras pero que no deja de ser un recurso reactivo que dificulta una agenda proactiva en el Congreso. Segundo, los DNU, que tienen un umbral más bajo para su aprobación que una ley y, por ello, constituyen un atajo inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresó el politólogo Martín D’Alessandro. “Es un lugar común de los gobiernos justificarse al decir que los decretos les permiten gestionar de manera más rápida en algunas áreas, pero pierden la confianza que le aportaría el apoyo parlamentario a sus reformas –sostuvo−. La concentración del poder en un Poder Ejecutivo que abusa de los decretos y de los vetos es perjudicial para su propia credibilidad y estabilidad, porque es la evidencia de que puede convencer a muy pocos legisladores”.
DNU y proyectos cajoneados
En la proliferación de DNU de la era Milei hay de todo, como en botica. El más destacable, por su volumen e implicancias, es el DNU 70/23 de desregulación económica. Sin embargo, como en anteriores gobiernos, hay decretos que difícilmente se encuadren en la “necesidad” y “urgencia” que exige la Constitución −como aquel que elimina el descanso para los empleados públicos y el que le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner− y otros que debieron tratarse por ley, como la autorización a la salida y entrada de tropas y las modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el estilo libertario se muestra reactivo al debate legislativo; basta analizar el tendal de proyectos de ley del propio Poder Ejecutivo, algunos presentados con bombos y platillos, que no tuvieron siquiera inicio de debate en comisión, incluso en aquellas presididas por libertarios. Las cifras hablan por sí mismas: de las 33 iniciativas de la Casa Rosada, solo siete fueron sancionadas.
En el cajón del olvido yacen, por ejemplo, la tan promocionada “Ley Horajasca” del ministro más ensalzado por Milei, Federico Sturzenegger; el Régimen Penal Juvenil, cuyos dictámenes esperan desde mayo; la modificación del Código Civil para instrumentar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa; el régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos y –el más aplaudido de todos– el proyecto para “sacar los dólares del colchón”. Una iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no puso siquiera a consideración.
debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a
POLITICA
Los gobernadores están dispuestos a dialogar con Milei, pero esperan a las elecciones para cerrar acuerdos en el Congreso
El vínculo entre Javier Milei y los gobernadores dialoguistas atraviesa una nueva etapa, tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones bonaerenses. El Gobierno intenta recomponer el vínculo, pero entre los mandatarios provinciales, aunque se muestran dispuestos a abrir canales de comunicación con la Casa Rosada, la mayoría coincide en que un encuentro amplio deberá esperar hasta después de las votaciones del 26 de octubre.
La relación fue tensa desde el inicio del gobierno libertario. Apenas asumió, Milei profundizó el ajuste fiscal con un recorte inédito sobre los giros automáticos a las provincias, la eliminación de fondos compensadores y la licuación de transferencias discrecionales. El mensaje fue claro: no había margen para las negociaciones tradicionales que tenían a la billetera como disciplinadora.
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Los gobernadores acusaron el golpe y comenzaron a buscar formas de coordinación, primero con expresiones públicas y más tarde con gestos políticos más visibles, con el debate de leyes en el Congreso nacional como principal eje de disputa.
La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Milei que consiga un acuerdo con los gobernadores, como una de las condiciones de las negociaciones por una ayuda financiera para la Argentina.
“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, reconocieron en Casa Rosada. Desde entonces, los contactos se aceleraron, a tal punto que este lunes a las 10 está convocada a una reunión del Consejo de Mayo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que ocupa la silla en representación de los mandatarios provinciales, confirmó su asistencia, pero el Gobierno aspira en una presencia más amplia.
En paralelo, los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas se concentrarán en la campaña. El martes mostrarán músculo político en Puerto Madryn, donde Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) será anfitrión de un acto que busca consolidar un bloque de al menos 20 diputados en el Congreso.
Confirmaron su presencia Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Buscan enviar una señal doble: marcar independencia frente a la Casa Rosada y, al mismo tiempo, mostrar que pueden revalidarse como actores de peso en la próxima etapa parlamentaria.
El guiño de Milei a las provincias
En los últimos días, un grupo de seis mandatarios y una vicegobernadora se reunió en Bariloche durante el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento. Allí dejaron en claro que el diálogo con Nación no está cerrado, pero plantearon que las condiciones políticas y el clima de campaña hacen inviable un acuerdo inmediato.
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“Siempre estuvimos dispuestos, cada vez que nos llamaron fuimos”, sostuvo Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, en conferencia de prensa, aunque aclaró que “la Argentina productiva nace en las provincias y no en la Casa Rosada”.
Otros fueron más duros. Gustavo Sáenz (Salta) advirtió que “el error más grande del Gobierno fue la soberbia” y cuestionó el centralismo de la gestión libertaria. Alberto Weretilneck (Río Negro), anfitrión del encuentro, coincidió en que después de octubre podría haber “menor tensión” y, sobre todo, mayor claridad sobre lo que expresen las urnas.
Esa referencia al calendario electoral no es casual. En los despachos provinciales entienden que Milei necesita apoyos legislativos para encarar las reformas de la segunda parte de su mandato, pero al mismo tiempo nadie quiere regalar una foto de consenso que el Presidente pueda usar como capital político antes de las legislativas.
Pero, comprometido con Trump, el Gobierno busca acelerar los puentes. Este lunes, a las 10, se reactivará el Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; ministros; legisladores; sindicalistas y empresarios. En representación de los mandatarios asistirá Cornejo, uno de los pocos aliados de Milei en el interior, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
El rol de Francos volverá a ser clave, pero esta vez acompañado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Son los funcionarios con llegada a casi todos los gobernadores y quienes se encargan de amortiguar los choques con el Presidente.
Un nuevo vínculo tras las elecciones
La tensión no es nueva. Desde que asumió, Milei abrió múltiples frentes con los gobernadores: la coparticipación; la pulseada por los fondos educativos; y la negociación frustrada por la primera versión de la Ley Bases, que naufragó en Diputados por la resistencia de los mandatarios. Aunque en la segunda vuelta legislativa el oficialismo consiguió aprobar la norma, quedó claro que el poder territorial de los gobernadores puede inclinar la balanza.
En ese contexto, cada gesto cuenta. Que Weretilneck se haya mostrado como anfitrión en Bariloche, o que Torres convoque en Puerto Madryn, refleja que las provincias se organizan para hablar en bloque. A la vez, el oficialismo confía en que el desgaste de campaña y la necesidad de fondos frescos obligarán a los mandatarios a acercarse. Milei apuesta a que eso reordene la correlación de fuerzas.
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El día después de las elecciones será distinto. Con un nuevo mapa legislativo y con la urgencia de definir el 2026, el Gobierno necesitará apoyos concretos. Los gobernadores, por su parte, tendrán que decidir si se convierten en un bloque de resistencia o si entran en una negociación pragmática que les permita recuperar fondos y obras públicas.
El Presidente necesita respaldo territorial para garantizar la gobernabilidad; los mandatarios requieren de Nación recursos para sostener sus gestiones. Esa tensión define hoy la política argentina. La foto conjunta -si se diera- llegaría después de que hablen las urnas, pero nadie se anima a confirmarlo.
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