POLITICA
La trastienda de la salida de Demian Reidel del equipo de asesores del Presidente: una frase que lo condenó y el rechazo de Karina Milei
La aceptación de la renuncia de Demian Reidel a su cargo de jefe de asesores de Javier Milei tiene fecha oficial del jueves pasado. Pero la suerte del economista, cercano al Presidente y que seguirá al frente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, comenzó a sellarse mucho antes.
En marzo, en un discurso público que generó polémica ante inversores internacionales, Reidel, en un perfecto inglés, dijo que la “Argentina tiene enormes ventajas y un problema: que está poblada por argentinos”.
Según pudo reconstruir a partir de fuentes oficiales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no dejó pasar esa frase de tono irónico, expresada en el Iefa Latam Forum, y nunca lo perdonó. Y a pesar de las disculpas públicas del funcionario, le “picó el boleto” al jefe de asesores del Presidente, un equipo del que se desconocen reuniones o publicaciones propias.
La situación de Reidel al frente del consejo de asesores, una entidad con mucho de simbólico sin funcionamiento continuo, se volvió entonces insostenible sin el aval de “El Jefe”, como Milei denomina a su hermana. Voces del universo libertario afirmaron que “varias veces”, miembros del entorno presidencial, le pidieron la renuncia a Reidel, quien fue postergando ese paso hasta que lo concretó en el final de la semana pasada.
“Sigo formando parte del Gobierno. Mi apoyo al presidente Milei y a las políticas de esta gestión es absoluto e inquebrantable. Además, seguimos escribiendo juntos un libro de teoría económica con una visión revolucionaria del crecimiento basada en los retornos crecientes a escala. Mi compromiso personal es total”, escribió Reidel, sin especificar los motivos de la renuncia al cargo, pero dejando en claro que su vínculo personal con el primer mandatario sigue intacto.
En el decreto publicado hoy, que lleva la firma del Presidente y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, solo se agradece al funcionario, responsable del Plan Nuclear Argentino, por “los servicios prestados”, sin mayores aclaraciones, y sin dar pistas sobre su eventual reemplazante.
El actual embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, aún figura en la nómina como parte del consejo asesor, al igual que Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein y Ariel Coremberg, todos con cargos ad honorem. El hoy legislador porteño Ramiro Marra, también enfrentado con Karina Milei y desterrado del oficialismo, y el empresario textil Teddy Karagozian, entre otros, formaron parte del consejo asesor en el pasado.
Experto en Inteligencia Artificial, Reidel fue un asiduo miembro de la comitiva del Presidente en varios de sus viajes al Exterior, sobre todo a los Estados Unidos, y tuvo mucho que ver en sus reuniones con referentes importantes del mundo financiero y empresarial.
“Los empresarios de Silicon Valley que vimos, además de la gente más rica del planeta, es la que maneja el negocio del planeta. Estos tipos no se juntan a sacarse fotos, se juntan porque piensan que de repente hay algo interesante para discutir; (Mark) Zuckerberg no necesita sacarse fotos. Esto no es un tour de vacaciones, es un tour para volver a insertar a la Argentina en el mundo, y que vean que somos serios y la pasión que tiene el Presidente al transmitir los temas. Hay una diferencia en hacer las cosas en persona”, justificó luego de una gira por Estados Unidos en la que acompañó al Presidente.
Reidel, además, fue desde el inicio de la gestión libertaria uno de los protagonistas de las tertulias de los domingos en la quinta de Olivos, a las que son invitados economistas, consultores y allegados. Y representaba al Gobierno en distintos foros, siempre con un tono desafiante y a veces subido de tono que llamaba la atención de sus ocasionales oyentes, como el discurso que diera en un almuerzo organizado por el Rotary Club, a fines de abril. “Es como el hermano menor de Milei”, lo definió uno de los comensales de aquella reunión, en la que Reidel lagrimeó al recordar a su padre, y utilizó un lenguaje rudo, con vocablos parecidos a los que suele recurrir el primer mandatario.
“Ya aclaré y me disculpé (…) Di un discurso breve sobre los problemas para atraer inversiones a la Argentina. Inestabilidad macro y la falta de credibilidad de los argentinos (si, nosotros) por haber sistemáticamente violado contratos de todo tipo. Y ahí doy un ejemplo de centros de datos. Digo que tenemos ese problema y como lo solucionamos. Tampoco es que me creo tan importante que tienen que andar prestando atención a todo lo que digo. Pero los que me putearon tanto ahí pueden ver. Las amenazas de muerte me parecieron un tanto extremas… para mi eh. :)”, escribió Reidel días después de aquel polémico discurso, a modo de explicación. Desde lo más alto del poder le mostraban, desde hacía semanas, la puerta de salida.
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En el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un grupo de embajadores en Argentina expresaron de manera conjunta su respaldo a la nación ucraniana. El mensaje resaltó un compromiso unificado con la libertad, la soberanía y “una paz digna para el pueblo ucraniano”, reafirmando la cohesión diplomática de las potencias occidentales frente a la persistencia del conflicto.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos medió en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de una campaña de paz que lleva un año impulsando la administración de Donald Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, viene frustrando los avances.
Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.
De acuerdo consignó AP, y según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el documento, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.
El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.
Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.
Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia son 14.999, aunque se afirma que probablemente se trate de una estima ción a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.
La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU. El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.
A su vez, 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.
Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
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POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
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