POLITICA
Qué dijo Demian Reidel tras su renuncia como jefe de Gabinete de Asesores de Milei
La renuncia de Demian Reidel al cargo de jefe de Gabinete de Asesores del presidente Javier Milei se oficializó este lunes por la mañana. La decisión se comunicó a través del Boletín Oficial, con las firmas del primer mandatario y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El texto oficial establece la dimisión y agradece al funcionario por los servicios prestados, aunque todavía no informa sobre su reemplazo.
Horas después de la publicación oficial, el propio Demian Reidel explicó las supuestas razones de su alejamiento del Consejo de Asesores. “Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino”, expresó en su cuenta de la red social X.
En su mensaje, que el presidente Milei reposteó, Reidel ratificó su continuidad en el Gobierno y su respaldo a la gestión. “Mi compromiso personal es total. Para mí es un orgullo ser parte de este Gobierno que está cambiando la historia de la Argentina”, afirmó. Reveló también que junto al mandatario escribe un libro de teoría económica.
El Plan Nuclear Argentino, según sus palabras, incluye la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de las centrales existentes, el impulso a la minería de uranio y la creación de YPF Nuclear. El economista detalló que el proyecto es una política de Estado para recuperar la soberanía energética y potenciar el desarrollo científico-tecnológico del país.
Según fuentes cercanas a presidencia, su suerte comenzó a definirse en marzo, tras un polémico discurso ante inversores internacionales en el Iefa Latam Forum. En esa ocasión, Reidel afirmó en inglés que “Argentina tiene enormes ventajas y un problema: que está poblada por argentinos”. La frase, de tono irónico, no fue perdonada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A pesar de las disculpas públicas posteriores del funcionario, su situación al frente del consejo de asesores se volvió insostenible sin el aval de “El Jefe”, como el Presidente llama a su hermana. Voces del universo libertario sostienen que miembros del entorno presidencial le pidieron la renuncia en varias oportunidades, un paso que Reidel postergó hasta la semana pasada.
Días después de aquel episodio, Reidel se refirió al tema en sus redes. “Ya aclaré y me disculpé (…) Di un discurso breve sobre los problemas para atraer inversiones a la Argentina. Inestabilidad macro y la falta de credibilidad de los argentinos por haber sistemáticamente violado contratos de todo tipo”, escribió. Y agregó: “Las amenazas de muerte me parecieron un tanto extremas”.
Demian Reidel continuará como presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), cargo que aceptó en abril de este año. La compañía es una pieza clave del sistema energético nacional, ya que opera y mantiene las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Estas plantas aportan cerca del siete por ciento de la energía eléctrica de todo el país.
Al asumir en la empresa, un comunicado oficial destacó su visión estratégica para convertir a la Argentina en una “potencia energética a nivel mundial”. En mayo, Reidel participó de una gira oficial por Francia, donde presentó los lineamientos del PNA, un proyecto de su autoría que busca expandir la generación eléctrica con fuentes limpias y estables.
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En el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un grupo de embajadores en Argentina expresaron de manera conjunta su respaldo a la nación ucraniana. El mensaje resaltó un compromiso unificado con la libertad, la soberanía y “una paz digna para el pueblo ucraniano”, reafirmando la cohesión diplomática de las potencias occidentales frente a la persistencia del conflicto.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos medió en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de una campaña de paz que lleva un año impulsando la administración de Donald Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, viene frustrando los avances.
Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.
De acuerdo consignó AP, y según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el documento, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.
El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.
Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.
Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia son 14.999, aunque se afirma que probablemente se trate de una estima ción a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.
La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU. El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.
A su vez, 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.
Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
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POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
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