POLITICA
El Congreso envió al Poder Ejecutivo las leyes sancionadas en la sesión autoconvocada del Senado
El Congreso comunicó hoy al Poder Ejecutivo las tres leyes sancionadas en la sesión autoconvocada del Senado del pasado 10 de julio, iniciativas que el presidente Javier Milei prometió vetar aún antes de que fueran tratadas por las Cámara de Diputados.
El proceso se demoró once días, la mayoría de los cuales el expediente permaneció demorado hasta esta mañana en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en respuesta a un pedido del Gobierno para que el trámite legislativo se retrasara todo lo posible.
Se trata de las leyes que otorgan un incremento excepcional del 7% en las jubilaciones (Ley 27791), que prorroga por dos años la moratoria previsional que venció en marzo último (27792) y la declaración de emergencia en materia de asistencia pública a las personas con discapacidad (27793).
Ahora, la pelota está en el campo del Poder Ejecutivo, que deberá decidir el camino a seguir. Milei anticipó que las iba a vetar, pero el Gobierno también anunció que pensaba judicializar la sesión del Senado por considerarla inválida, ya que se concretó sin que mediara una convocatoria oficial de la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La comunicación al Poder Ejecutivo se demoró once días como consecuencia de la demora de ambas cámaras en agilizar el trámite legislativo que corresponde ante la sanción de una ley y que contempla la firma de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias antes de que el Senado, que además es la que le pone el número a las normas, pueda enviarlas al Gobierno.
La vicepresidenta remitió a Diputados las tres leyes el martes de la semana pasada.
Menem devolvió los expedientes recién en la mañana de este lunes, tras lo cual el Senado procedió a comunicárselo al Poder Ejecutivo.
Las leyes fueron sancionadas el jueves 10 de julio pasado en una sesión tan inédita como polémica, ya que fue celebrada a partir de una autoconvocatoria de los senadores impulsada por el kirchnerismo, pero también avalada por la mayoría de los gobernadores provinciales, enfrentados con la Casa Rosada ante la negativa de la administración libertaria a brindarles recursos.
De hecho, en la sesión también se aprobaron dos proyectos impulsados por los mandatarios que buscan coparticipar recursos que las provincias consideran propios y que, sostienen, el Poder Ejecutivo les viene retaceando con el objetivo de cumplir con su política de superávit fiscal.
Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional y de lo recaudado por diversos fondos fiduciarios con asignación específica, como obras para vialidad y para subsidiar el transporte, entre otros. Las iniciativas fueron giradas a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La dura derrota legislativa del Gobierno se completó con la insistencia del Senado en la ley, vetada por Milei, que declara la emergencia en Bahía Blanca y otras localidades aledañas, destinando $200.000 millones para obras de recuperación de las zonas afectadas por la inundación de marzo último. En este caso, para que la norma quede firme la Cámara baja debería revalidarla con el apoyo de los dos tercios de los presentes.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
Docentes, paro docente, Axel Kicillof
POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
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La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA para todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas también se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.
La legisladora brindó declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación donde expuso su rechazo a la medida. La querella de ARCA había convocado a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.
Ante la consulta periodística sobre la decisión de la AFA de suspender las fechas del torneo debido a las citaciones judiciales de Tapia y de Pablo Toviggino, mencionado en la causa, Bullrich fue tajante. Consideró que “parar el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la justicia es confundir la institución con sus conductas”. Subrayó que la medida es “ridícula” y desligó la situación personal de los directivos de los intereses de los clubes y los hinchas.
La senadora remarcó la importancia de no “mezclar” los problemas judiciales individuales con el funcionamiento de una entidad de alcance nacional.
Por otro lado, Bullrich describió el actual funcionamiento del Senado como un espacio de debates extendidos y diferencias internas, incluso dentro de los bloques que apoyan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, explicó la legisladora.
Aclaró que, a diferencia de etapas previas, no existe homogeneidad ni disciplina absoluta, sino discusiones y abstenciones puntuales en artículos específicos. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, señaló en referencia a las sesiones recientes.
La Cámara alta y el rol del kirchnerismo
Consultada sobre el impacto de la nueva composición política, Bullrich contrastó el momento actual con la era kirchnerista. “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra. La ley laboral van a hacer dos paros”, afirmó. Sostuvo que la oposición no busca dar gobernabilidad al Gobierno y que el funcionamiento previo era “a su ritmo”.
La senadora indicó que el Senado ahora actúa “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.
Bullrich detalló que esta semana el Senado va a tratar proyectos claves para la agenda nacional. Entre ellos mencionó la votación sobre Mercosur, iniciativas vinculadas a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.
La senadora enfatizó que estos temas forman parte de una agenda que el oficialismo impulsa para acompañar la gestión actual y brindar respuestas a demandas sociales y económicas.
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