El Gobierno avanza en la definición de un paquete de reformas sobre propiedad privada que apunta a reducir la intervención estatal y dar mayores garantías a los inversores. El Ejecutivo enviará los proyectos a la Cámara de Diputados, aunque reconoce que no hay un borrador definitivo por el momento.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció que abarcará cambios en las leyes de expropiaciones, de tierras rurales, del régimen de manejo del fuego y los esquemas de regularización dominial, en línea con la lógica de desregulación que impulsaron desde el inicio de la gestión.

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En la Casa Rosada aseguran que uno de los ejes centrales será endurecer las condiciones para expropiar. La intención es restringir la definición de utilidad pública y reforzar el principio de indemnización previa, con el objetivo de limitar la discrecionalidad del Estado. “La idea es que expropiar sea realmente excepcional”, admiten en Nación.

Otro de los puntos clave es la modificación o eventual eliminación de la ley de tierras rurales. Se trata de una iniciativa que ya había sido incluida en el DNU 70/2023, que directamente proponía derogar la norma vigente para eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo busca ahora retomar ese camino por vía legislativa, con el foco puesto en atraer inversiones en sectores como el agro, la energía y la minería.

En el Gobierno reconocen que evalúan avanzar sobre el régimen de manejo del fuego para flexibilizar las restricciones del uso del suelo en zonas afectadas por incendios. La normativa vigente prohíbe durante hasta 60 años en bosques y 30 en otras zonas cualquier cambio de uso del suelo, subdivisión o desarrollo inmobiliario, incluso cuando el fuego no haya sido intencional.

En el Ejecutivo estudian flexibilizar este esquema con el argumento de reducir trabas productivas y darle más garantías a los inversores. El paquete también incluye una revisión del régimen de integración socio-urbana de barrios populares. “La idea es reducir la capacidad expropiatoria”, agregan.

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La ley vigente declara de interés público la urbanización de los asentamientos registrados en el RENABAP y habilita al Estado, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a impulsar expropiaciones de tierras para regularizar la tenencia. Además, establece la suspensión de desalojos y un esquema de financiamiento específico para estos procesos.

En la Casa Rosada buscan restringir el rol expropiatorio del Estado, priorizar acuerdos voluntarios con propietarios, acotar la suspensión de desalojos y revisar mecanismos como la transferencia obligatoria de inmuebles a fideicomisos públicos o la prohibición de comercialización posterior. También evalúan ampliar la participación del sector privado en los procesos de urbanización y regularización dominal.

Gobierno, propiedad privada, expropiacion

La mañana transcurría con normalidad en el anexo de la Cámara de Diputados hasta que de repente se encendieron todas las alertas.

Un joven, con aspecto de repartidor, ingresaba y pasaba por el escáner un paquete que cuando el personal de seguridad miró la pantalla todo salió de la monotonía habitual. El custodio del anexo no lo podía creer y rápidamente dio la voz de alarma. En la pantalla se veía, envuelto en su caja, un rifle ingresando al Anexo del Congreso de la Nación.

Rápidamente se acercaron los custodios y el repartidor quedó demorado. Se activaba el protocolo de seguridad mientras los hombres y mujeres de seguridad se hacían del paquete que en su interior tenía un arma y en su exterior el nombre a quien estaba dirigido: Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque del Pro.

Con la misma inmediatez con la que se movieron para hacerse del paquete, la seguridad llamó al despacho del diputado oriundo de Trenque Lauquen quien, al enterarse, se acercó al ingreso del edificio. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, explicó Sánchez Wrba a los periodistas acreditados, e hizo referencia a que todo fue un mal entendido. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, dijo el legislador que supo formar parte del equipo de Federico Pinedo.

Una vez esclarecido el hecho, el diputado tomó el paquete y se dirigió a las cocheras del anexo para depositarlo en el baúl de su vehículo.

La repercusión que generó el hecho en redes sociales, y que ralentizó el ingreso al edificio, hizo que el legislador bonaerense señalara que “es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, en referencia a un posteo en X del también diputado Esteban Paulón que hizo referencia al hecho sin nombrar al diputado amarillo.

Desde la presidencia de la Cámara hicieron referencia al rápido accionar de la seguridad pero le bajaron el tono al hecho señalando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

Hace alrededor de dos semanas atrás sucedió un hecho similar pero en el ingreso del Senado. En la previa a la última sesión ingresaban los senadores al Palacio Legislativo y uno de ellos se quedó en la puerta conversando. Para acelerar los tiempos, le entregó su mochila a una asesor que ingresó y la pasó por el escáner.

En ese momento, y luego de que pasara la mochila, la seguridad del Senado la retuvo frente a la mirada de la asesora que no entendía el por qué y hacía referencia a que era propiedad del legislador Eduardo Wado de Pedro, del bloque Justicialista.

Enterado de lo que sucedía “Wado” apuró el paso e ingresó al Palacio y fue junto al hombre de seguridad que sostenía su mochila. “Tiene un elemento que no puede pasar”, le dijo frente a la atónita de mirada del mercedino.

Cuando abre la mochila, el gesto de preocupación cambió por una sonrisa: se había olvidado un cuchillo de asado en el interior de la mochila. La tensa situación cambió a risas y el senador prometió salames quintero de Mercedes para agradecerle al hombre de seguridad que ya para ese entonces también sonreía.

El Gobierno nacional quiere recuperar el pulso de la agenda, por eso apura el envío de los proyectos de ley que anunció el presidente de la Nación el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.

Mientras termina el armado de las comisiones tanto en el Senado como en Diputados, desde la Casa Rosada hicieron saber a las autoridades del Congreso —particularmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem— que mañana, viernes 20 de marzo, sería la fecha para que lleguen los proyectos al Palacio Legislativo.

La duda que persiste es si el Ejecutivo va a enviar de a uno o un paquete de proyectos de ley con el fin de copar el debate y no dejar espacio para que la oposición juegue los propios.

Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por la relación entre sus gastos y sus ingresos—, el comienzo será por un proyecto de ley de “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y por un paquete de leyes sobre “la propiedad privada”. En esto se encuentra: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

“En medio de esto, otros dos proyectos que están ingresados a espera del debate son la ley de glaciares, que tiene fijada una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo en donde ya hay más de 60.000 inscriptos”; junto a las leyes que proponen una modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Estas últimas dos son leyes que aprobó el Congreso durante 2025 en cuatro oportunidades —una vez en cada cámara y, luego del veto presidencial, fueron ratificadas por ambas cámaras— y que el Ejecutivo viene incumpliendo.

En el caso de la modificación del Código Penal, había sido anunciada para ser tratada en extraordinarias, pero finalmente fue dejada para el período de ordinarias. Aunque se espera el texto para poder establecer el detalle de la misma, trascendió que busca incrementar las penas y sumar nuevas figuras delictivas o caracterizaciones de los mismos, como por ejemplo la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, con un tratamiento similar a los de lesa humanidad.

En lo que se refiere a la propiedad privada, el proyecto endurecería las penas para la toma de tierras, modificaría la ley de expropiaciones y la ley de fuegos. En este último caso, se modificarían los presupuestos mínimos de protección ambiental contra incendios forestales y rurales, pero principalmente se eliminaría la prohibición de cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 a 60 años para evitar incendios intencionados y desarrollos inmobiliarios/agropecuarios.

“Establece que el presupuesto sólo se ajusta si se supera el 14,3% en el acumulado del IPC, y un fondo de sólo $80.000 millones para hospitales escuela”.

En el caso de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo propone cambiar el modo en que se ajustan los presupuestos y se discuten los salarios de los docentes y no docentes. El nuevo proyecto propone una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos (marzo, julio, septiembre), es decir, que no cubre la pérdida salarial ni ajusta trimestralmente por inflación como la norma aprobada.

En el caso de la ley de discapacidad, el Gobierno no dio detalles, pero aseguró que la modificación busca que compatibilice con el equilibrio fiscal, lo que para los sectores que esperan que se aplique la norma que fue aprobada por el Congreso significa que se llevará adelante un nuevo ajuste en el costo de las prestaciones.

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