El oficialismo ajusta la reforma de la ley de glaciares con un doble objetivo: evitar sobresaltos con sus aliados en el recinto y reducir el riesgo de futuros cuestionamientos judiciales. Aunque el texto se terminó de revisar hoy, el Gobierno apuesta a aprobarlo este jueves en el Senado, junto a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

En paralelo, el kirchnerismo cuestionó que el nuevo articulado se ajuste sin que una parte la oposición conozca la versión final que llegará al recinto. Lo mismo objetaron durante el tratamiento de la reforma laboral, cuyo texto definitivo conocieron tres horas antes de la sesión.

De la reunión a puertas cerradas realizada esta tarde en el Senado participaron referentes de la UCR, Pro, bloques provinciales y el oficialismo. Recibieron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, acompañada por parte de su equipo, y al secretario de Minería, Luis Lucero, quienes detallaron los aspectos técnicos de la reforma.

El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene asegurados todos los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Los más optimistas cuentan que solo cinco de 10 acompañarán.

De los tres integrantes de Pro, solo está garantizado el aval de la chubutense Andrea Cristina. Tampoco está definido qué harán Alejandra Vigo (Córdoba) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes), aunque según supo estarían más inclinados hacia el rechazo.

Aun así, el oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final. Los dos misioneros aliados a Carlos Rovira, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón votarían a favor.

También Carolina Moisés (Jujuy), ahora vicepresidenta tercera de la Cámara alta por un acuerdo con Patricia Bullrich, y Guillermo Andrada (Catamarca), recientemente alejados del bloque justicialista, votarían a favor.

En el peronismo que conduce José Mayans no descartan fugas. Allí conviven senadores de provincias cordilleranas -como los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca)- que podrían respaldar los cambios, atentos al impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos.

Con una porción de Pro y el radicalismo en duda, será decisivo el acompañamiento de parte del PJ para apuntalar la reforma.

Es un dato político relevante después de que el Gobierno les arrebatara la vicepresidencia de la Cámara y se la diera a Moisés, la díscola enemistada con Cristina Kirchner.

Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.

La reforma de la ley de glaciares es una pieza clave dentro de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Forma parte de los compromisos asumidos con gobernadores que respaldaron la agenda de extraordinarias, donde también avanzaron la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.

La iniciativa es impulsada especialmente por mandatarios de provincias cordilleranas –Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca)- que, en conjunto, reúnen 13 diputados y cinco senadores. Para esos distritos, una redefinición del área protegida podría habilitar nuevas inversiones y aumentar los ingresos vinculados a la minería.

El proyecto otorga además mayor autonomía a las provincias para identificar qué áreas constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico. Sus evaluaciones de impacto ambiental pasarían a tener un peso determinante para autorizar o rechazar emprendimientos.

En términos operativos, el Inventario Nacional de Glaciares seguiría siendo una consulta obligatoria, pero las provincias podrían solicitar la incorporación o eliminación de áreas protegidas con argumentación técnica.

Finalmente, el texto establece que actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos solo quedarían prohibidas cuando puedan alterar “de modo relevante” la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. También habilita excepciones para tareas de rescate, investigaciones científicas de bajo impacto y deportes no motorizados, que no requerirían estudios de impacto ambiental previos.