ECONOMIA
El costo oculto que paga el Gobierno para contener al dólar: ya hay señales de freno en el crédito
Si de algo se ha jactado el ministro de economía, Luis Toto Caputo, es de que bajo su gestión «los bancos volvieron a trabajar de bancos». En otras palabras, que la masa de dinero depositada por los ahorristas empezaba a canalizarse al crédito y no a estacionarse en la renta fácil de los pasivos del Banco Central o bonos del Tesoro. Según Caputo, el mérito era del superávit fiscal: como ya el sector público no necesitaba un flujo continuo de pesos para financiar sus gastos corrientes, entonces se había generado la posibilidad de que el crédito al consumo y a las empresas volviera a crecer.
Sin embargo, los analistas del mercado están viendo un posible punto de inflexión. A pesar de que las cuentas fiscales siguen dando superávit, el crédito empieza a sentir un freno. En parte por una saturación del mercado -algo que se refleja en la suba de los índices de morosidad de las familias- pero en parte, también, por la propia política económica, que induce a una gran suba de tasas de interés.
Lo ocurrido en los últimos días es una prueba contundente de que, ante una turbulencia imprevista, el gobierno ha elegido qué objetivos priorizar y cuáles sacrificar. La inflación es el principal argumento electoral de Javier Milei -como quedó en evidencia por la euforia con que se celebró el IPC de 1,6% de junio-. Y, aunque no se lo admita en público, también quedó en claro que la estabilidad cambiaria es otro objetivo innegociable.
Prueba de ello es la contundente intervención del Banco Central en el mercado de futuros, donde llegó a poner contratos por hasta u$s2.700 millones en una sola jornada, con el objetivo de desinflar expectativas de una disparada del dólar. Por más que el discurso oficial del gobierno sostenga que la inflación es causada por el exceso de pesos y niega que exista el fenómeno del «pass through» -el contagio del dólar a los precios-, lo cierto es que, en la práctica, se ha comportado de la manera tradicional. Es decir, recurriendo al dólar como ancla, en un mercado donde las empresas remarcan sus listas de precios ante el menor atisbo devaluatorio.
Es un tema que ha motivado comentarios irónicos por parte de los analistas. Por ejemplo, Javier Okseniuk, de la consultora LCG, publicó un informe muy crítico sobre la política monetaria oficial y, alterando la frase de cabecera de Milei, escribió: «Para el Gobierno, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno cambiario».
La variable de ajuste
Si no se puede resignar ni la desinflación, ni la estabilidad cambiaria, ni el recorte del gasto ni la recaudación tributaria, alguna variable de ajuste tiene que quedar para el caso de que ocurra un shock imprevisto o que el público se ponga a la defensiva por la típica incertidumbre pre-electoral.
Y esa variable han sido las tasas de interés, que subieron a niveles difícilmente justificables -una tasa efectiva de 47% anual en una economía que prevé una inflación de 20% para los próximos 12 meses-. Semejante diferencial es típico de los momentos en que se desploma la demanda de pesos por la expectativa de una devaluación.
Lo mismo se refleja en las tasas de los bonos CER -que ajustan como la inflación- que está en un llamativo nivel de 14% anual.
En el mercado se debate sobre si estos niveles de tasa serán apenas temporales -hasta que se disipe el temor generado por el «shock de liquidez» tras el desarme de las LEFI- o si será la tónica de los próximos meses.
En todo caso, la consecuencia de tasas muy altas y de menor liquidez bancaria es el de un empeoramiento en las condiciones para el crédito. En aras de llegar a las elecciones sin turbulencia financiera, el gobierno está dispuesto a sacrificar, como variable de ajuste, lo que consideraba uno de sus principales logros.
Para peor, esta situación se da en el marco de una serie de defaults privados, que hacen temer por una nueva ola de incumplimientos ante la imposibilidad que encuentran las empresas de «rollear» sus vencimientos a una tasa aceptable.
¿Un punto de inflexión?
Las cifras empiezan a dar cuenta de un cambio de humor en el mercado. En junio, los préstamos del sector bancario tuvieron un crecimiento mensual real de 2,6%, lo cual implica una ralentización respecto de los meses anteriores, cuando el crecimiento venía a una velocidad de 3,9%.
Son cifras que lucen pequeñas en comparación con las de hace un año, cuando el financiamiento a las empresas crecía de volumen a un ritmo de 17% real mensual, mientras que el consumo subía a una velocidad de 10% real. Claro que en aquel momento había razones de peso para que se viera semejante crecimiento: en primer lugar, que se estaba en recuperación de un escenario previo de muy bajo crédito; y en segundo lugar, que había una agresiva política oficial de baja de las tasas de interés.
Ahora, ya hay indicios de un punto de inflexión. Un informe de Julián Muntane para la consultora Di Stefano señala que, desde julio, los préstamos por tarjeta están cayendo a un ritmo de 7,1% mensual, mientras que también disminuyen los depósitos, aunque a un ritmo menor, de 1,4%.
«Por lo tanto, está comenzando un doloroso proceso de cancelación de deudas caras, que en su momento se tomaron a mansalva y sin conciencia. La primera mitad del 2025 puede decirse que no hubo emisión primaria, pero sí emisión secundaria, que es la que se da a través de la creación de dinero ‘de la nada’ a través de los bancos, prestando dinero proveniente de depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro», señala el reporte.
Y la percepción que predomina en el mercado es que esa tendencia se profundizará en los próximos meses. «Posiblemente el gobierno apunte a menores tasas reales hacia adelante, para impulsar crédito y actividad económica, pero que no querría ver, al menos hasta las elecciones, una baja muy significativa», observa un informe de la gestora de fondos SBS.
Medidas que restan liquidez
Por lo pronto, las últimas medidas de política económica refuerzan esa percepción de un freno al crédito. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, justificó medidas que obligarán a los bancos a «un manejo más eficiente de su liquidez», una frase que implica que se fomentará la alocación de pesos en títulos de corto plazo, y que no habrá ayuda del BCRA en forma de colocaciones «overnight» -ni pases pasivos ni las LEFI que pagaban intereses diariamente-.
Y ahí aparece una de las críticas que en el mercado se le hace al gobierno. Tras el levantamiento del cepo, el Banco Central no sólo anunció la muerte de esos pases pasivos, sino que, además, se dejó de ofrecer los llamados «pases activos» -préstamos de efectivo a los bancos en caso de necesidad-. En teoría, esa medida se enmarcaba en la política deliberada de retirar liquidez de la plaza para controlar la inflación y, además, para inducir al uso de los «dólares del colchón».
Pero hubo efectos colaterales: al perder la asistencia de su «prestamista de última instancia», el gerente del banco no puede arriesgarse a tener poco efectivo en caja, porque si ocurre un imprevisto no puede responder ante sus clientes. Y eso lleva a que en el sistema se empezó a juntar liquidez «por las dudas».
Es decir, al revés de lo que argumentaba el gobierno, no toda la captación de depósitos estaba destinada a la expansión del crédito, sino a una previsión por retiros. En la medida en que se consolide un proceso de disminución de depósitos, esa necesidad de liquidez a la mano será más grande. Y en situaciones así sufre el crédito, porque más pesos van a colocaciones financieras de corto plazo.
¿Quién detiene al spread?
En esa misma línea se inscribe el aumento de los encajes para las billeteras electrónicas. Es cierto que, como dice Bausili, había un trato desigual a estas entidades y a los bancos, que permitía que las «fintech» tuvieran el atractivo de remunerar a sus usuarios con tasas promedio de 25% anual.
Ahora, al tener que alojar más liquidez obligatoriamente en encajes, esas financieras tendrán que retirar pesos de los fondos de money market. Estos fondos manejan un volumen de $39 billones, y se estima que más de un 10% de ese monto corresponde a los depósitos de las billeteras virtuales.
¿Cómo reaccionarán los pequeños ahorristas? Es difícil suponer que utilicen las alternativas más sofisticadas, como los bonos del Tesoro. Por lo que sólo hay dos opciones: o se resignan a un premio menor por sus depósitos, o directamente cancelan para refugiarse en dólares.
En todo caso, lo que se está previendo es una mayor distancia entre las tasas que los bancos les cobran a los tomadores de crédito y la que pagan a los ahorristas -el «spread de tasa», en la jerga financiera-.
Los créditos para el consumo pueden llegar a niveles de 160% de costo financiero total, mientras la remuneración de plazos fijos para los ahorristas llega, en los depósitos más largos, al 30% efectivo anual.
En el sector corporativo las tasas son menores, pero aun así muy por encima de la inflación prevista. El rubro agrícola, por ejemplo, que suele obtener mejores tasas por su condición de exportador, se puede obtener crédito al 50%, pero sigue siendo un monto que los productores ven como caro, dada la disminución de sus márgenes de rentabilidad.
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ECONOMIA
Qué son los “salarios dinámicos” que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboral y cómo afectarían a las paritarias
La discusión sobre el modelo laboral argentino sumó un nuevo capítulo con la presentación de modificaciones orientadas a los convenios colectivos y el esquema de salarios de convenio. En el contexto del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,Julio Cordero, brindó precisiones sobre el giro que promueve el Gobierno en materia de relaciones laborales y negociación salarial.
El concepto remite a la posibilidad de habilitar “salarios dinámicos”, una idea que implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. En la visión oficial, la estructura tradicional mantiene los salarios de convenio como mínimos garantizados, pero con esto busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios.
Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia. De esta manera, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados y, en cambio, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.
Actualmente, los salarios básicos que resultan de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el Gobierno pretende que las partes involucradas flexibilicen los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación concreta de cada sector o firma.
La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo y para que el esquema de ajustes sea más flexible y realista.
El anuncio se produce mientras distintas entidades empresarias y cámaras patronales reclaman la revisión de las condiciones laborales y de los criterios de determinación salarial. Las reformas propuestas buscarían modificar el “uso rígido” de los salarios de convenio y adecuarlos a los ciclos económicos, permitiendo “actualizaciones dinámicas”, según los vaivenes de la actividad.
Los detalles conocidos hasta el momento muestran que la Secretaría de Trabajo impulsa un modelo donde los convenios colectivos definen rangos y pautas para cada sector, pero establecen montos máximos que las empresas no deben superar. Esto invierte un principio histórico del derecho laboral argentino, donde el convenio actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.
La figura de los “salarios dinámicos” implica que el valor convencional sirve como punto de referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno. El Gobierno plantea que este mecanismo permitiría adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva, promoviendo la sustentabilidad del empleo formal.
El foco oficial en la productividad marca otro de los cambios que introduce el proyecto. La Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector, para evitar que los aumentos funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad.
La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios. Los gremios, por su parte, podrían insistir en condiciones superadoras, pero sin la obligación de que ese acuerdo se traslade automáticamente a todo el universo de trabajadores representados.
Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos. El Gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.
El debate sobre esta reforma se da en un momento de tensión paritaria y con reclamos de actualización inflacionaria en múltiples sectores. Dirigentes sindicales consideraron que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” constituye una pérdida de garantías para los empleados, al tiempo que consultoras y analistas evalúan el impacto que podría tener la medida sobre la masa salarial registrada.
El secretario de Trabajo detalló que el proyecto no implica eliminar la negociación colectiva, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno económico. Según Yasín, el objetivo central radica en evitar que la referencia salarial actúe como un elemento distorsivo para las empresas pequeñas o que arrastran dificultades financieras.
La propuesta de “salarios dinámicos” contiene además un apartado destinado a promover la competitividad, incentivando la mejora permanente de las condiciones productivas. De aprobarse la reforma, el paradigma del salario mínimo negociado cambiaría de manera sustancial para los sindicatos, que históricamente lograron que el valor de convenio funcionara como punto de partida de cualquier negociación posterior.
En la actual coyuntura se reconoce un escenario de fuerte dispersión salarial y falta de coordinación entre las distintas ramas y territorios. Esto llevó a que ciertos sectores mantuvieran negociaciones paralelas independientemente de lo que establecen los convenios marco.
Analistas advierten que uno de los desafíos centrales estará en la coordinación para evitar una mayor brecha entre actividades o regiones. El factor regional cobra relevancia porque la dinámica productiva y las condiciones de empleo evolucionan de forma dispar a lo largo del país. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo considera viable la descentralización como método para lograr una mayor adaptación.
Las cámaras empresariales manifestaron respaldo a la idea, afirmando que la negociación salarial sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis o recesión, donde no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. El sector empresarial sostiene que la dispersión y flexibilidad de los salarios logra una alineación más directa con la productividad y las necesidades de generación de empleo.
Organizaciones sindicales expresaron reparos por el riesgo de debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de ciertas condiciones laborales. Desde los gremios sostienen que los convenios han actuado históricamente como resguardo efectivo frente a la inestabilidad y que limitar el “piso” abre la puerta a mayores desigualdades.
El debate sobre los salarios dinámicos continúa abierto y forma parte central de la agenda de reforma laboral que promueve el Gobierno. La iniciativa busca modificar los elementos tradicionales del régimen negociador argentino, con una argumentación centrada en la adaptación, flexibilidad, productividad y competitividad empresarial.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
El fondo Burford, principal beneficiario del litigio por YPF, sugirió a la Argentina iniciar negociaciones para resolver la demanda millonaria
22/10/2025 – 18:01hs
A pocos días de una audiencia judicial clave en Nueva York, el fondo Burford recomendó a la Argentina sentarse a negociar en el juicio por la expropiación de YPF. El principal beneficiario de la causa se pronunció para revisar el estado del proceso, que podría extenderse hasta 2027.
La condena asciende a u$s16.000 millones. El reclamo llega antes de la instancia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Burford señaló que el caso YPF sigue rodeado de marcada incertidumbre y «riesgos sustanciales». Estos incluyen futuras actuaciones en tribunales de Estados Unidos y el exterior, apelaciones y procedimientos de ejecución. Advirtió que el proceso «conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total».
El fondo británico envió una señal para abrir el diálogo con el Gobierno. Afirmó que «las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias». Aclaró que, si existen conversaciones para un acuerdo, «no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión».
Juicio por YPF: detalles de la audiencia crucial en Nueva York
La audiencia prevista para el 29 de octubre será un momento determinante en la apelación principal. La Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a abonar u$s16.000 millones a los fondos que compraron el juicio a los accionistas minoritarios de YPF, expropiada en 2012. Ese día, Argentina tendrá media hora para exponer sus argumentos contra el fallo de primera instancia de septiembre de 2023.
Esta apelación es fundamental para el gobierno argentino, ya que solicita la anulación de la condena y cuestiona el monto fijado por la jueza Loretta Preska. Los demandantes disponen de diez minutos para su apelación, y otros diez para la apelación cruzada condicional de YPF. Burford apeló la decisión de la jueza Preska de excluir a YPF del juicio hace dos años.
El jueves se anunciará el panel de tres jueces que integrará el tribunal. El bufete británico estimó que la resolución podría demorar entre varios meses y hasta un año. Destacó que «no hay plazos fijos para la publicación de los fallos», lo que prolonga la expectativa sobre el desenlace del caso.
Ejecuciones y el llamado a negociar
Mientras la apelación avanza, la Argentina enfrenta múltiples procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo. Estos trámites se desarrollan tanto en Estados Unidos como en otros países.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ya declaró que el fallo es ejecutable desde enero de 2024, añadiendo presión. Además, ordenó a la Argentina entregar documentos vinculados a YPF, el Banco Central de la República Argentina, Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales.
El fondo Burford instó a la Argentina a considerar la negociación para evitar un pago sustancial y la prolongación de un litigio con importantes riesgos y costos.
La propuesta llega en un momento crucial, a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que definirá el futuro de la causa.
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ECONOMIA
La venta de propiedades con crédito en CABA fue récord en septiembre, a pesar de la suba de tasas
La cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó un nuevo récord en septiembre gracias a un notable incremento interanual. Ese mes, se oficializaron 6.998 operaciones, lo que marcó un alza del 35,7% respecto al mismo mes del año anterior, según cifras difundidas por el Colegio de Escribanos porteño.
El informe relevó que el monto total de las transacciones llegó a $1.162.355 millones y representó un aumento del 139,8% en términos nominales durante los doce meses previos. El valor promedio de cada acto de compraventa se ubicó en $166.098.185, que equivalen a USD 116.608 al tipo de cambio oficial vigente. Este registro mostró un salto cercano al 76,7% año contra año en pesos, mientras que la cotización en dólares trepó 23,7% en idéntico período.
Comparando los datos de septiembre con el mes previo, se observaron 9,9% más operaciones (se contabilizaron 6.370 escrituras durante agosto de 2025). Este comportamiento confirma una persistente tendencia expansiva en el rubro inmobiliario de la ciudad.
Dentro del universo de actos realizados en septiembre, 1.486 escrituras se concretaron mediante hipoteca, una modalidad que exhibió un crecimiento del 110,8% en comparación con septiembre del año anterior. Tomando en cuenta los primeros nueve meses de 2025, la cantidad acumulada de operaciones formalizadas con hipoteca llegó a 10.827 transacciones, lo que implicó un salto extraordinario de 449,5% frente a igual lapso de 2024.
La presidenta de la institución, Magdalena Tato, evaluó el escenario con optimismo: “Septiembre fue un gran mes contra todos los pronósticos de cierta desaceleración inmobiliaria: fue el tercer mejor septiembre de toda la serie histórica y la mejor performance hipotecaria con este nuevo ciclo de créditos, alcanzando casi 1.500 operaciones en bancos”. Asimismo, Tato señaló que “por quinto año consecutivo hay subas interanuales y eso es un dato positivo que obliga a elevar la vara año a año. Por eso el desafío es trabajar articuladamente con todos los actores y organismos para generar todos los estímulos posibles”.
Fuentes de la entidad sumaron información al respecto. De las casi 50.000 operaciones realizadas en los primeros nueve meses del año, más de 10.000 fueron con hipoteca, es decir, poco más del 20%. “Falta mucho para agrandar esa torta, pero 1.486 operaciones con crédito hizo que septiembre fuera el mes más alto de esta vuelta hipotecaria, aunque todavía estamos lejos del boom de las UVA de Macri que llegaron en un mes a 2300″, dijeron las fuentes, quienes agregaron que “esta semana hay que concretar la mayor cantidad de operaciones posibles debido al temor a lo que suceda con el dólar”.
El reporte sostiene que la variación positiva detectada en el acumulado anual evidencia cinco años consecutivos de crecimiento en la cantidad de escrituras en CABA. En ese sentido, la coyuntura superó proyecciones de desaceleración que varios analistas del sector habían anticipado para el cierre del tercer trimestre del año debido al fuerte aumento de tasas de interés que se produjo en ese período.
Un análisis detallado del informe permite identificar varias tendencias estructurales que explican este fenómeno. El significativo aumento de operaciones con hipoteca responde a nuevas líneas crediticias que diferentes bancos privados y estatales pusieron a disposición desde principios de año. El impulso de estos productos permitió a un porcentaje más amplio de compradores acceder a financiamiento, diversificando el perfil de los adquirentes y generando mayor dinamismo en el sector.
La suba notable en el monto total involucrado respondió, en parte, a la revaluación de las propiedades urbanas durante los últimos meses, así como a operaciones de compra-venta de alto valor en barrios con fuerte demanda residencial y comercial. Además, la dolarización parcial de algunos segmentos del mercado impactó en la conformación de los montos finales expresados en moneda local.
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