Las jubilaciones y pensiones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán a partir de octubre, impulsadas por la actualización mensual que fija la ley de movilidad y la inflación del trimestre anterior. Con la suba confirmada y la posible continuidad del bono mensual, millones de beneficiarios verán modificados sus ingresos.

A partir de octubre, el haber mínimo para jubilados y pensionados se actualizará a $326.298,38, según informó ANSES. El valor máximo para jubilaciones se ubicará en $2.195.679,22, en línea con la reciente publicación de las resoluciones oficiales. Si se ratifica el pago del bono mensual de $70.000, el ingreso mínimo total podría alcanzar $396.298,38, lo que representa un respiro financiero para los sectores más vulnerables.

El bono funciona como un complemento, de modo que quienes no lleguen a este monto recibirán un suplemento por la diferencia. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $331.039, mientras que la pensión por invalidez laboral ascenderá a $228.409. La Prestación Básica Universal (PBU) se incrementará a $149.266,62. Los valores se mantendrán sujetos a ajustes según la evolución de la inflación y eventuales bonos extraordinarios.

La base imponible para aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será de $109.897,23 como mínimo y $3.571.608,54 como máximo.

La actualización de las jubilaciones y otras asignaciones responde a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el cálculo de octubre se tomó el dato oficial de agosto, que registró una inflación del 1,88%. Esta cifra determina la magnitud del aumento, replicando el criterio de movilidad vigente a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

Este esquema de actualización busca evitar rezagos extremos frente al avance de los precios, aunque su impacto en el poder adquisitivo resulta insuficiente para recuperar la pérdida acumulada en años previos. El ingreso mínimo más bono continúa lejos de los picos históricos, mostrando una brecha relevante frente al valor de referencia de dieciséis años atrás.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumentará en octubre, con un nuevo valor de $117.252 por cada menor de 18 años. La asignación por hijo con discapacidad subirá a $381.790. De estos montos, el 80% se paga mensualmente y el 20% se liquida al completar la documentación anual, de acuerdo con ANSES.

Para trabajadores registrados, monotributistas y quienes perciben asignaciones familiares, el monto varía según el tramo salarial y la zona. En la zona general, la asignación por hijo parte de $58.631, mientras que en regiones diferenciales como la Patagonia puede ascender hasta $ 126.425. La asignación por hijo con discapacidad para familias de menores ingresos se ubicará en $190.902.

La prestación por desempleo y la ayuda escolar anual también verán incrementados sus valores, con nuevos topes de $58.631 y $42.039, respectivamente, y montos mayores para las zonas diferenciales.

El límite de ingresos para acceder a las asignaciones familiares quedó fijado en $2.403.613 mensuales por integrante del grupo familiar. Si algún miembro supera este tope, el grupo entero pierde el beneficio.

Advierten sobre «incumplimiento de normativas». Podrían dictar la conciliación obligatoria. El gremio reclama mejoras salariales y laborales

29/09/2025 – 06:44hs

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó, para la media mañana de este lunes, a asambleas en los 21 aeropuertos del país, advirtiendo que «la seguridad de todos los vuelos está amenazada, ya que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) incumple auditoría internacional y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino». La decisión gremial generará, en principio, demora en los vuelos y no se descarta que también se registren cancelaciones.

Anoche, las secretarías de Trabajo y de Transporte tomaron conocimiento de la protesta gremial, por lo que podrían decidir la conciliación obligatoria para evitar la escalada del conflicto y los inconvenientes a los pasajeros. Desde la ANAC, en tanto, no emitieron un comunicado para fijar su posición respecto a la denuncia, aunque desmintieron que no se cumplan con las normativas de seguridad.

ATE advierte sobre riesgos en el sistema aéreo

Según ATE, «la ANAC no está realizando las auditorías internacionales, generando un preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos». Al respecto, el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «todos los vuelos están amenazados» y reveló que «hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del gobierno».

Explicó que «son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema», en relación a la alerta roja emitida hace pocas semanas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

El dirigente indicó que «el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios» y reclamó la «reapertura de la paritaria sectorial para empezar a revertir la crisis, ya que se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo».

Reclamos salariales y laborales. ¿Dictan la conciliación?

Aguiar planteó que «con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere» y estimó que «si se calcula desde diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45 por ciento, agregando que el Ejecutivo «incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica».

Las demandas de ATE son «un urgente incremento salarial; pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados; aumento del «Módulo ANAC» en un 20 por ciento; implementación del pago «Suplemento de Zona»; suba del «Adicional Función Aeronáutica Crítica»; pago de «Adicional Función Aeronáutica» al Personal Administrativo; pago de «Título» al Personal Operativo; cambio en la escala del «Suplemento de Densidad de Tráfico»; creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales y pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores».

Conocida la decisión de la medida de fuerza, en la Casa Rosada se activaron las alarmas para intervenir en el conflicto. Funcionarios del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mantuvieron contactos con sus pares de la secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero para evitar el crecimiento del conflicto. Se descarta que durante este lunes se dicte la conciliación obligatoria, que ordena la suspensión de las protestas y retomar la paritaria de la actividad.

Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.

Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.

Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.

Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.

En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.

Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.

El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.