Los bloques de diputados de Pro y de la Unión Cívica Radical (UCR), dos espacios que suelen cooperar con Javier Milei, anticiparon sus reparos frente al cambio que introdujo el Gobierno en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo y que fue incluido a última hora en el proyecto de reforma laboral que logró la media sanción en el Senado.

Los legisladores aliados admitieron que todavía evalúan el sentido de su voto en particular y que ya acercaron sus objeciones al oficialismo respecto del polémico artículo 44, del capítulo VII, que modifica el pago de licencias.

La iniciativa impulsada por Milei fue aprobada en la Cámara alta durante la madrugada del jueves, con el apoyo de los diez senadores radicales y los tres de Pro. En las filas de LLA esperan acelerar su tratamiento en Diputados para conseguir la sanción de la ley antes del 1 de marzo, cuando el Presidente encabezará la apertura de sesiones ordinarias.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, confirmó a que buscan “revisar” el controvertido cambio en el régimen de licencias porque “se podrían reducir los niveles de protección que hoy existen”. Consultado por el respaldo a ese artículo, señaló: “Vamos a ver. Estamos evaluando cambiarlo. Lo hacemos a favor de la ley, no en contra”. En caso de que se introduzcan modificaciones durante el debate en Diputados, el texto deberá volver al Senado, lo que alterará los planes de LLA.

El texto establece que en caso de enfermedades o accidentes ajenos a la tarea laboral, el trabajador ya no percibiría automáticamente el 100% del salario, como estipula la legislación vigente. La reforma indica que percibiría el 75% si el problema no derivara de una actividad voluntaria y consciente sobre el riesgo, y el 50% si así lo hiciera.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del proyecto de reforma laboral, lo graficó así: si la enfermedad “sobrevino”, el empleador pagará el 75%; si el “se lastimó jugando al fútbol”, abonará el 50%.

La diputada de Pro Florencia De Sensi se mostró especialmente crítica con el cambio. “¿Cómo puede ser que si alguien está enfermo de cáncer le cubras hasta el 75%? Nos parece una barbaridad. Dios no quisiera que yo tenga un familiar enfermo de cáncer que tenga que ir a laburar porque en el trabajo le van a descontar el sueldo. Me parece una ridiculez”, afirmó De Sensi, cercana a Ritondo, en diálogo con .

Sostuvo además que los doce diputados del bloque del macrismo comparten la preocupación y que lo están trabajando con Ritondo. No descartan votar a favor del proyecto en general y rechazar el artículo 44 durante el debate en particular. Si el apartado cayera en la votación específica, la iniciativa debería volver al Senado con modificaciones, lo que complicaría la intención del Gobierno de sancionar la modernización laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero.

De Sensi dijo que Pro también analiza impulsar una modificación más adelante y cuestionó la velocidad del tratamiento parlamentario. “No sé si el Gobierno, más allá del Pro, va a contar con los votos en un caso como este”, advirtió.

La diputada ratificó que Pro rechaza la eliminación de la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, que figuraba en la versión original. “Ganó el lobby de los bancos”, lanzó. En la misma línea, Ritondo planteó: “No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario. Vamos a insistir en que exista libertad de elección y competencia real”.

En líneas generales, Pro apoya, por proximidad ideológica, la mayoría de los proyectos impulsados por el Gobierno. Sin embargo, desde el partido de Macri ya habían anticipado a que su alianza con Milei “no es incondicional”. En concreto, acompañarían las reformas que impulse el oficialismo que consideren convenientes para el país, pero se pronunciarían en contra de los temas en los que no estuvieran de acuerdo.

En tanto, desde el bloque de la UCR, otro de los sectores aliados a la Casa Rosada, señalaron a que el “único artículo” que les “hace ruido” es el referido a las licencias. Aunque rechazan lo que llaman la “industria de certificados truchos” –el “abuso” de licencias–, admiten que siguen discutiendo el impacto concreto y judicial del cambio.

La bancada de la UCR cuenta con seis diputados dispuestos a votar a favor de la reforma laboral. La titular del bloque, Pamela Verasay, informó a que acompañarán el proyecto, especialmente en lo referido al contrato de trabajo, el sindicalismo y los convenios colectivos de trabajo.

El análisis que activó el bloque radical sobre el cambio en el régimen de licencias continuará durante el fin de semana largo y se concentrará tanto en la efectividad de la medida como en su posible judicialización, advertida por abogados laboralistas. En paralelo, los referentes de la bancada de la UCR aseguran que ya transmitieron “comentarios al Ejecutivo”. “Pone en riesgo todos los otros avances”, alertaron.

Y plantearon que, además de casos “morbosos” como el cáncer, también debería abordarse el problema de los certificados falsos.

Desde Pro y UCR subrayaron que la discusión responde a una cuestión de “sentido común” y de “realidad concreta”, y no a un cuestionamiento “romántico” ni compasivo hacia los trabajadores.

Un testigo de identidad reservada declaró durante cuatro días en la fiscalía de Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y aportó detalles sobre cómo funcionaban los negocios de Miguel Calvete, uno de los procesados de la semana pasada en esta causa por asociación ilícita, fraude y sobornos.

Fuentes del caso relataron que la declaración de esta persona -que fue hace semanas, pero se había mantenido en reserva, en un legajo que no integra el expediente principal- es parte de la prueba que sirvió de base para los procesamientos dictados la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello contra el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, Calvete y otros 17 acusados, y que el testigo dio pistas para analizar registros de transacciones sobre los que trabajan los investigadores, que están convencidos de que el caso tiene interrogantes por resolver que podrían demostrar que la maniobra fue aún mayor: que hubo otros hechos delictivos y otros responsables aún no identificados. En palabras del juez, hay elementos para creer que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en lo detectado hasta ahora.

¿Cómo sigue la investigación? Por un lado, la fiscalía está analizando lo obtenido en allanamientos a ortopedias que les vendieron insumos a la Andis y que -según surge de comunicaciones telefónicas- tenían lazos con Calvete, informaron fuentes de la causa. En el fallo de los procesamientos, Casanello alude a una serie de ortopedias cuando dice que Calvete “habría obtenido pagos de terceras empresas por su actuación como intermediario con el organismo”. Es un rubro en el que se está explorando.

Además, está pendiente el capítulo del presunto lavado de dinero obtenido de la Andis: el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y el Ministerio Público, con intervención de la procuraduría especializada en delitos económicos (Procelac), está detrás de otros posibles hechos de lavado.

También se sigue investigando a la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que por el momento quedó fuera del reparto de responsabilidades que plantearon juez y fiscal. Los investigadores quieren ver qué encuentran cuando accedan a todo el contenido de los servidores de la droguería –hay un peritaje previsto para el mes próximo- y todavía intentan abrir el teléfono Samsung de Emmanuel Kovalivker, que era uno de los directivos de la Suizo Argentina, aunque quien estaba al frente era su hermano Jonathan, que entregó un teléfono que “estaba vacío”, relataron fuentes oficiales. Además, los investigadores pretenden hacerse de los correos corporativos de los altos ejecutivos de la compañía. Como la empresa no entregó las claves, están pidiendo la información a la prestadora del servicio en Estados Unidos, pero es un tipo de solicitud que lleva tiempo y rara vez da resultado.

Los Kovalivker tuvieron un rol central en las primeras horas de la investigación, cuando a pedido del fiscal Picardi se allanaron sus domicilios y se les secuestraron sus teléfonos. En el fallo de los procesamientos, que no los incluyen, Casanello hizo alusión a Sebastián Nuner Uner, a quien describió como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina con “marcada influencia en el grupo” que habría hecho negocios a costa de la Andis.

Según Casanello, Nuner Uner sería “el Helvético” nombrado en un chat de audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete (ambos procesados en esta causa). Se trata del mensaje, desconocido hasta esta semana, que parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). En esa comunicación, Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado” (apodo con el que llamaban a Spagnuolo). Dice que ya le informó de sus temores “al Helvético” que ese mismo día “se lo iba a informar a Rioja”.

Casanello tuvo a su cargo esta causa hasta el miércoles pasado como juez suplente del juzgado donde está radicado el expediente, el federal 11, vacante desde la muerte de Claudio Bonadio. El miércoles, la Cámara Federal sorteó al nuevo subrogante: Ariel Lijo, a quien el Gobierno había propuesto para integrar la Corte Suprema, que todavía no asumió el caso porque vuelve esta semana de vacaciones. Fue reemplazado jueves y viernes pasado por María Servini. El primer interrogante es si Lijo mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.

Cuando llegue a Comodoro Py, Lijo se encontrará en la causa con una orden de la Cámara Federal para investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en el Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso. Las defensas reclaman que la supuesta adulteración de esos audios arrastre todo el expediente y el caso se declare nulo. El primero en plantearlo fue Martín Magram, en abogado de los Kovalivker. No le fue bien con Casanello, que esta semana volvió a rechazarle ese planteo sin peritar los audios, pero el abogado apeló ante la Cámara, donde es posible que su suerte sea otra. Esta semana, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, el tribunal hizo lugar a un viejo reclamo de Spagnuolo, le anuló un fallo a Casanello y le recriminó que no había cumplido con la instrucción que le habían dado de que rastreara el “origen y veracidad” de aquellos audios. El reproche fue un día después de los procesamientos, que también deberán ser revisados por la Cámara.