POLITICA
Causa Vialidad: la Justicia descubrió que Lázaro Báez recaudó más de $172 millones con sus alquileres y busca recuperar el dinero
Entre 2020 y 2025, Lázaro Báez facturó $172 millones al alquilar inmuebles que en buena medida estaban cautelados por la Justicia. La información puso en alerta al fiscal Diego Luciani que en el marco de la causa Vialidad busca recuperar para el Estado unos $684.000 millones es decir, un equivalente al daño que se le generó al Estado al asignar fondos para obras que no se terminaron.
Pero a la eventual subasta de bienes, se le podría sumar la incautación de toda la ganancia que Báez obtuvo al alquiler estas propiedades durante lo últimos cinco años. Se trata de un mecanismo no sencillo porque parte de ese dinero podría estar en manos de Noemí Insaurralde, pareja de Báez, que tiene un poder para administrar sus bienes.
Uno de los contratos más llamativos es el del sobrino de Néstor Kirchner, Claudio Ángel Kirchner, actual director de Recursos Físicos y Logística en el Gobierno de Santa Cruz y exempleado de Gotti Hermanos, una de las constructoras involucradas en el entramado de corrupción.
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Según pudo saber TN, entre 2020 y 2025, Claudio Kirchner le pagó $5.506.000 a Báez por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos. Solo en 2025, abonó $2.430.000.
Lázaro Báez recaudó más de $172 millones con sus alquileres y la Justicia analiza si puede recuperar el dinero
Báez había declarado que en 2024 facturaba unos $800.000 por mes. Pero el listado del fiscal Luciani muestra que mintió: en realidad, durante ese año y los anteriores, sus ingresos por alquileres embargados superaron ampliamente esa cifra.
Entre los inquilinos de sus propiedades aparece también la concesionaria Automotores Yepun SA, que en 2025 le pagó $3.388.000, a pesar de que el inmueble está embargado. Otro nombre en el registro es Mao Lian Juan, quien abonó $4.556.080 ese mismo año.
Estos datos alimentan la estrategia del Tribunal Oral Federal N.º 2, que dio un plazo de diez días hábiles para que Cristina Kirchner, Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad devuelvan los $684.990 millones que, según peritos de la Corte, se desviaron a través del direccionamiento de obra pública. La facturación oculta de Báez suma argumentos para ejecutar sus bienes, ampliando el alcance del embargo.
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El empresario patagónico fue condenado por las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K, que ahora fueron unificadas en una pena de 15 años de prisión. Para los jueces del Tribunal Oral Federal 4, el daño al orden económico y financiero fue “de magnitud”, al igual que el “rol superlativo” de Báez en la concreción del plan delictivo que, según el fallo, incluyó el uso de sociedades pantalla y estructuras offshore para canalizar fondos de origen ilícito.
En paralelo, la fiscalía detectó movimientos recientes vinculados a Claudia Insaurralde, pareja del empresario. Desde 2020, ella tiene poder para actuar en su nombre en cuestiones comerciales y administrativas. La sospecha es que pudo haber operado como testaferro o traspasado bienes a terceros para evitar embargos.
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Las maniobras de Báez, aún bajo el radar judicial, exponen una zona gris que el Ministerio Público Fiscal intenta cerrar: evitar que condenados por corrupción sigan usufructuando bienes mal habidos.
La Justicia ya ordenó al Banco Nación abrir una cuenta para que los fondos recuperados sean depositados y dictó embargos preventivos ampliados para asegurar el pago. Ahora, también podría apuntar a los $172 millones que Báez facturó sin interrupción, incluso tras su detención.
Lázaro Baez, Vialidad, corrupción K
El Ministerio de Justicia de la Nación comunicó este viernes que se posterga la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta noviembre. Estaba prevista para el 11 de agosto.
En medio de la tensión con el Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la falta de recursos para la implementación de ese sistema, el área a cargo de Mariano Cúneo Libarona aseguró que se “resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.
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“Esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos, y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se verificó en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata”, explicaron en un comunicado emitido por el Ministerio.
El Gobierno aseguró que “las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década” y que, “desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional».
El nuevo sistema comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires desde el próximo 10 de noviembre, mientras que el cronograma establecido para las demás jurisdicciones se mantendrá sin modificaciones.
Los cruces entre Cúneo Libarona y Casal
El Procurador General, Eduardo Casal, le pidió en reiteradas oportunidades al Gobierno que suspenda la implementación del sistema acusatorio por “carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional”.
El jefe de los fiscales mantuvo varios idas y vueltas con el Cúneo Libarona, quién días atrás aseguró que no se suspendería la implementación, ya que “con el esfuerzo de todos la nueva ley rige ya en 12 provincias y, al finalizar 2025, el proceso de implementación estará en curso en la mayoría de los distritos federales del país, lo cual comprenderá 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
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Cúneo Libarona destacó también que desde el Ministerio se impulsó la instalación de nuevas infraestructuras, se capacitó a los operadores judiciales y se incorporó tecnología de vanguardia, computadoras, equipos de investigación, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema.
“Estamos convencidos de que todos contribuimos a la mejor reforma de estructura general planteada en la justicia federal, al menos en los últimos veinte años”, subrayó el Ministro en otro tramo de la respuesta enviada a Casal, a la que tuvo acceso TN.
Sobre las reiteradas críticas de Casal por la falta de recursos, Cúneo Libarona aseguró que “indudablemente enfrentamos un contexto de austeridad y responsabilidad fiscal”, por lo que “resulta prioritario» seguir las directivas del presidente Javier Milei, “en cuanto a los principios de tutela del equilibrio fiscal, del gasto público y orden presupuestario”.
El ministro añadió que “no existe mejor capacitación que la práctica judicial. Tenemos jueces, fiscales y defensores muy idóneos, y trabajadores plenamente capaces que estudian y abordan el nuevo sistema».
Sobre los riesgos mencionados por Casal, Cúneo aseguró que “no cabe duda que todo proceso de cambio importa riesgos y genera desafíos. Pero, la experiencia judicial y de la implementación indica que en todos los distritos en los que existía la misma preocupación el nuevo sistema se ha implementado con éxito y eficacia”.
“Está claro que los obstáculos y resistencias han sido superados y tenemos la firme y absoluta convicción que la implementación del nuevo sistema constituye un cambio de gran relevancia para mejorar la Justicia, fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y moderna”, concluyó.
Comodoro Py, Mariano Cuneo Libarona, Ministerio Público Fiscal
En otro rapto de furia contra la prensa, el presidente Javier Milei hizo blanco de su enojo en el Grupo Clarín y le advirtió que no permitirá quedarse con el control de Telefónica, cuya compra por parte de Telecom, que pertenece al grupo, está suspendida de manera preventiva por la Secretaría de Industria y Comercio.
“Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres. Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA. ¿Están extorsionando? Fin”, escribió Milei en sus redes sociales.
Lo que provocó el malestar presidencial fue la tapa del diario Clarín de ayer, en la que apareció el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con un título que decía: “El campo, un dolor de cabeza para Caputo”. Se espera que hoy, en su visita al predio de Palermo, el Presidente anuncie una mejora impositiva para el sector.
El mes pasado, después de que la Secretaría de Industria y Comercio suspendiera de manera preventiva la compra de Telefónica por parte de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió hoy un informe objetando la operación.
La CNDC informó que identificó “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general”.
Según el comunicado de la comisión, la operación implica la eliminación de uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional “altamente concentrado” entre solo dos jugadores: Telecom, con una participación estimada del 58%, y AMX (Claro), con el 42%.
En marzo, el Gobierno había suspendido la operación de manera preventiva. “La medida se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”, aclaró el Gobierno mediante un comunicado oficial.
La medida del Gobierno se dio luego de que se anunciara que la filial argentina de Telefónica se había vendido por US$1245 millones a Telecom.
El anuncio de la operación derivó rápidamente en una advertencia del Enacom que emitió un comunicado con el que aseguró que el marco regulatorio impide la conformación de oligopolios. Es que la operativa, ahora suspendida de forma preventiva, cambia el mapa de las telecomunicaciones.
suspendida de manera preventiva,https://t.co/ghKoAARxRY,July 25, 2025,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Sospecha de fraude. Qué dijo Milei sobre los residentes médicos que se habrían copiado en el examen de ingreso,,Los salarios militares. La línea de pobreza, la nueva hipótesis de conflicto en los cuarteles
POLITICA
Patricia Bullrich denunció por “persecución ideológica” a Axel Kicillof tras el despido de 24 policías
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunció formalmente al gobierno de Axel Kicillof ante la fiscalía general de La Plata. Según Bullrich, los 24 policías cesanteados fueron cesados por su respaldo político a Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza, lo cual configura una “persecución ideológica” sin justificación legal.
“La única causa sería su apoyo político”, sostuvo la ministra al denunciar “pura persecución política”.
La denuncia también incluye una acusación grave de espionaje ilegal. Según fuentes oficiales, se filtraron fragmentos de chats privados entre Bondarenko y los agentes sin intervención judicial ni entrega voluntaria de los dispositivos. Bullrich requirió investigar cómo se accedió a esa información confidencial sin autorización legal.
El candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia
Bullrich no escatimó críticas hacia Kicillof: lo calificó de “inútil” y advirtió que mientras el gobernador no sanciona a grupos violentos que atacaron medios o figuras públicas, sí cesantea a quienes “ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos”. La funcionaria remarcó: “El gobernador toma partido: siempre a favor de delincuentes…”.
Desde el Ministerio de Seguridad provincia, se defendió la decisión judicial: argumentan que una denuncia anónima advirtió sobre confabulaciones internas o uso de recursos del Estado para respaldar a Bondarenko. Se descubrieron audios, mensajes de WhatsApp y documentos internos que habrían configurado una maniobra para influir en la estructura de la fuerza policial.
La denuncia llega en un momento de tensión preelectoral en la Provincia de Buenos Aires, donde Bondarenko compite en la Tercera Sección Electoral –un distrito clave– y la institucionalidad policial está en el centro del debate.
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Axel Kicillof,Maximiliano Bondarenko,Patricia bullrich,Policía
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