En medio de grandes expectativas sobre posibles anuncios para el campo, el presidente Javier Milei dirá presente hoy en la inauguración oficial de la 137° Exposición Rural en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el barrio porteño de Palermo. El mandatario estará acompañado por ministros del Gabinete nacional y hablará bajo la mirada atenta de productores y referentes del sector. El acto comenzará a las 11.

La presencia del Ejecutivo nacional en la exposición intensifica el debate sobre la eliminación del impuesto a las exportaciones de los productos agropecuarios. El futuro de las retenciones, un tributo que históricamente fue motivo de conflictos entre el campo y el Estado, será lo más esperado por el campo en el discurso del jefe de Estado. La semana pasada, Milei mantuvo un encuentro con la Mesa de Enlace, en el que reiteró que las retenciones están “en la mira” del Poder Ejecutivo.

El presidente reconoció que la situación fiscal actual limita la posibilidad de avanzar con rapidez en la reducción de alícuotas, pero ratificó su compromiso de que este será el próximo impuesto que buscará disminuir para el sector productivo. Según relató Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria, el jefe de Estado aseguró que la próxima rebaja será “definitiva y no transitoria como ha sido hasta ahora”. Por su parte, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, confirmó que ese compromiso fue el mensaje que se llevó la Mesa de Enlace tras la reunión.

En los días previos al evento de hoy, circularon versiones sobre la posibilidad de que el Banco Central habilite la suscripción de Bopreal, títulos en dólares emitidos por la autoridad monetaria, para los productores agropecuarios que hayan pagado retenciones en los últimos años.

El antecedente inmediato de una rebaja temporal de retenciones para soja y maíz, vigente desde fines de enero hasta el último día de junio, alimentó la esperanza de una extensión de la medida.

No obstante, el Gobierno decidió restablecer las alícuotas a 33% para los granos de soja y 12% para maíz, mientras que el trigo y la cebada mantuvieron un esquema reducido hasta marzo de 2026. Esta decisión reavivó el reclamo de los productores, que consideran que la presión fiscal sobre los granos constituye el principal obstáculo para el desarrollo del sector.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que el aporte del agro en divisas para 2025 alcanzará los USD 32.070 millones, una cifra levemente superior a la de 2024 gracias a un mayor volumen exportado, que compensaría la caída de los precios internacionales.

El informe de la entidad detalla que durante el primer semestre del año ingresaron USD 18.100 millones, equivalentes al 56% del total proyectado, una proporción superior al promedio de los primeros semestres de los últimos 15 años.

Los presentes en el acto de hoy

Al jefe de Estado lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, como así también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Aunque en la SRA confirmaron la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la titular del Senado aún no oficializó su lugar en el palco. El que sí estará presente será el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Fuentes oficiales aclararon que las invitaciones se realizaron como se hizo el año pasado, cuando Milei estuvo en primera fila al lado del titular de la entidad madre del campo, Nicolás Pino, el jefe de gobierno y la titular del Senado. Fue la última vez que se los vio a los tres juntos sonrientes, cuando todavía el vínculo político no había escalado al punto que está hoy. En el último Tedeum por el 25 de Mayo, el primer mandatario esquivó el saludo de ambos.

Si bien en el Gobierno aclararon que son invitaciones que se envían por protocolo, en esta oportunidad ocurrirá en un momento especial: el presidente volvió a cargar contra la vicepresidente, durante el discurso del 10 de julio en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires como así también el último 22 de julio en la Derecha Fest, un evento libertario celebrado en la ciudad de Córdoba.

“La primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía… y vaya que de esto los populistas saben, ¿o caso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones… Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos», afirmó el presidente, sin nombrar a Villarruel.

El acto comenzará con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y luego arribará el Presidente al predio de Plaza Italia. Después se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino para dar lugar al discurso de Nicolás Pino, titular de la SRA que, a su vez, antecederá a la palabra de Milei. Finalizadas las intervenciones, se realizará el tradicional desfile de los grandes campeones y la exhibición de maquinaria agrícola.

Desde la organización del evento, se confirmó además la presencia de ministros, gobernadores, legisladores, miembros del Poder Judicial y del cuerpo diplomático.

Pino abrirá la jornada con un extenso discurso en el que repasará los compromisos asumidos por el jefe de Estado respecto a la eliminación del impuesto a las exportaciones de los productos agropecuarios.

Además, el dirigente dedicará un tramo a elogiar las distintas producciones, desde la agricultura y la ganadería hasta las economías regionales, y abordará la reciente reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), solicitando que la entidad continúe aportando conocimiento científico y una gestión eficiente al campo.

“Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, expresó el senador Juan Carlos Romero el pasado 26 de junio, durante la última visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La declaración del legislador salteño, aliado del oficialismo, expone la tensión institucional que rodea el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno y la parálisis de la comisión bicameral encargada de su seguimiento.

En este contexto, el Ejecutivo acelera su plan de privatización de empresas públicas, una estrategia que responde tanto a la escasez de dólares prevista para el segundo semestre como al aumento de las importaciones y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno decidió avanzar con rapidez en la venta de activos estatales, amparado en la autorización ya otorgada por el Congreso de la Nación. Y esto quedó establecido esta última semana con las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial en donde habilitó los procesos de venta de activos.

El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

El control parlamentario de estas privatizaciones depende de la comisión bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696), un órgano que lleva años sin funcionar. Desde la estatización de las empresas públicas, la comisión perdió sentido operativo y, pese a los reclamos de la oposición y la voluntad declarada del gobierno de Javier Milei de avanzar con las privatizaciones, sigue sin estar activa.

En diciembre del año pasado, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación de la comisión. En una nota fechada el 30 de diciembre, Martínez instó a Menem a avanzar con las bicamerales que cuentan con resolución de presidencia, pero que aún no se han constituido, entre ellas la de privatizaciones. Martínez declaró a Infobae: “No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades”.

Según la web de la comisión, solo resta que la presidencia del Senado designe a los legisladores de la Cámara Alta en representación de Unión por la Patria. Desde el bloque que lidera José Mayans aseguran que “hace tiempo” enviaron los nombres de los senadores que ocuparán ese rol, pero aún no fueron nombrados por Villarruel.

Hasta el momento, los senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Unidad Federal), mientras que permanecen vacantes dos lugares para UP. Por la Cámara de Diputados, los representantes son Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni (UP) y Florencia Carignano (UP). La comisión aún no eligió autoridades, un paso que debe concretarse en la primera reunión para que pueda comenzar a operar.

El reclamo por la conformación de la comisión no proviene únicamente de los bloques kirchneristas. El propio senador Romero, identificado con el oficialismo, insistió en la necesidad de ponerla en marcha. Desde los bloques opositores, la responsabilidad se atribuye a los presidentes de ambas cámaras. Un senador de UP afirmó: “Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”.

La función de la comisión no consiste en garantizar ni controlar el resultado de las privatizaciones, pero sí representa un canal institucional para que el Congreso reciba información relevante. Los legisladores pueden solicitar datos sobre los oferentes y el cumplimiento de los contratos, y la comisión puede emitir dictámenes no vinculantes que permiten al Parlamento tomar conocimiento de los actos administrativos relacionados con las privatizaciones.

Esto toma relevancia desde el momento en el que desde varios bloques empezaron a criticar los primeros movimientos.

Desde el bloque de UP en diputados surgieron las primeras críticas. La legisladora Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de declaración en donde señala que Aysa “es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas”.

El proyecto, junto a su colega Sabrina Selva y el acompañamiento de una treintena de diputados del bloque, rechaza los decretos de privatización de Aysa “por la contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100″.

Pero no solo el bloque K criticó la decisión de vender el 90% del paquete accionario. El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, también se mostró disconforme con el proceso. “No puede ser. En la direccionada y fallida licitación de la hidrovia, se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Seguramente esto sólo se trate de otro error, como $Libra y las valijas de la aduana”, escribió en su cuenta de X con una foto de un artículo de LPO cuyo título es “La empresa de agua de Israel asociada con Filiberti y Sielecki, los elegidos de Milei para quedarse con AySA”.

“Lo relevante acá no es de dónde sea la empresa, sino que cuando conviene direccionar una licitación prohibiendo empresas estatales extranjeras lo hacen (hidrovía) y cuando conviene no hacerlo no lo hacen (Aysa). Todo a medida”, se explayó el diputado de EF.

En la oposición quieren que sea rápido, en el oficialismo buscarán dilatarlo. La presión política sobre la conformación de la comisión bicameral se reactivará tras el receso de invierno, cuando los legisladores enfrenten el avance del Ejecutivo en las autorizaciones para privatizar Aysa, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.

El debate por la eliminación de las retenciones volvió a trabarse en el Congreso, a pesar de los múltiples proyectos presentados y el reclamo unificado del sector agropecuario. La Libertad Avanza y Unión por la Patria evitaron firmar dictámenes clave en la Comisión de Agricultura, lo que impidió que las iniciativas llegaran al recinto.

La eliminación de las retenciones —o impuesto a las exportaciones— de los productos agropecuarios atravesó este año al Parlamento nacional. Incluso fue motivo de numerosas reuniones sobre distintas iniciativas en la Comisión de Agricultura de Diputados, presidida por el radical Atilio Benedetti. UxP y LLA coincidieron en no firmar los dictámenes necesarios para llevar la discusión al recinto.

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Este sábado por la mañana Javier Milei inaugurará la Exposición Rural, en Palermo. El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró en el predio ferial con el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y con otros referentes de la Mesa de Enlace.

Caputo no adelantó públicamente los anuncios que hará el Presidente, pero se descuenta que estarán referidos al principal reclamo del campo a la Casa Rosada: la eliminación de las retenciones. “El sector agropecuario va a quedar satisfecho con lo que se va a anunciar, sobre todo porque ven el esfuerzo que hace el Gobierno”, declaró el funcionario.

Atilio Benedetti -acompañado por los diputados radicales Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Karina Banfi, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Lisandro Nieri y otros-, se reunió esta semana en Palermo con Nicolás Pino.

“Intercambiamos opiniones y coincidimos en la necesidad de liberar impositivamente al sector para que despliegue todo el potencial que tiene el campo. Y que tiene una contracara: a pesar del desarrollo tecnológico y la incorporación de genética, la producción del país sigue estancada”, consideró Benedetti ante TN.

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Respecto al debate sobre las retenciones, explicó: “Lo trabajamos con mucha seriedad en la comisión, con reuniones informativas donde, con claridad, se demostró qué zonas quedan excluidas ante la gravedad de los impuestos, que en el caso de la soja es prácticamente confiscatorio: actualmente le saca al productor un tercio de su valor, el 33%“.

“No logramos en la comisión las mayorías necesarias para poder avanzar -agregó Benedetti-, más allá de que existió un proyecto de mínima, que significaba sostener el techo vigente de retenciones hasta el pasado 30 de junio. También había otro proyecto más trabajado, que establecía una disminución gradual hasta su eliminación en un plazo cuidado de 60 meses, es decir, cinco años”.

Los proyectos siguen vigentes pero necesitan consensos. El presidente de la Comisión de Agricultura recordó que en la última reunión convocada para dictaminar, la suma de los diputados de LLA y de UxP presentes en el encuentro decidió no firmar ningún proyecto, lo que imposibilitó alcanzar un dictamen.

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Por su parte, Luis Picat, radical libertario enrolado en el bloque Liga del Interior, reconoció que no hay una discusión concreta luego del fracaso al intentar conseguir las firmas necesarias. “Queremos que se bajen las retenciones. Hablamos con el Ejecutivo y con la Mesa de Enlace sobre lo distorsivo que son estos impuestos”, señaló el legislador, en diálogo con TN.

“Estoy con muchas expectativas por los posibles anuncios presidenciales de la baja de retenciones en la exportación de carne, y esperando el mismo beneficio para otros productos”, concluyó Picat.

Los derechos de exportación de la carne ya se redujeron del 9% al 6,75%. Se especula con que, en La Rural, Milei anuncaría su eliminación, para estimular las exportaciones.

Los proyectos en debate

El diputado Roberto Mirabella, del monobloque Defendamos Santa Fe, presentó un proyecto con el objetivo de eliminar de forma inmediata todos los derechos de exportación que rigen actualmente sobre los productos agropecuarios y sus derivados. Las retenciones se derogarán a partir del 1º de enero de 2025, al igual que el artículo 755 del Código Aduanero, que otorga atribuciones al Poder Ejecutivo.

“Las retenciones son un impuesto injusto que castiga a las provincias productoras como la nuestra, mientras financian al Gobierno central con recursos de libre disponibilidad”, dijo Mirabella semanas atrás.

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Desde el PRO, el diputado Luciano Laspina, acompañado por varios legisladores de su espacio, presentó una iniciativa de baja de retenciones con la intención de “eliminar la inequidad tributaria sufrida por el campo argentino a lo largo de la historia”. “Con distintos pretextos, gobiernos de todo signo y origen aplican fuertes impuestos a las exportaciones agropecuarias que operan como una confiscación del esfuerzo y el trabajo del campo argentino”, argumentó.

Por su parte, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó una iniciativa con el objetivo de “establecer un plan quinquenal de reducción progresiva de los Derechos a la Exportación agrícola, hasta su eliminación definitiva. A los efectos de amortiguar el impacto fiscal de la medida, establézcase un mecanismo de otorgamiento de créditos fiscales que permitan a los productores utilizarlos para aplicarlos a inversiones de producción y/o a la cancelación de tributos nacionales”.

Desde Córdoba, Carlos Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal —que responde al gobernador Martín Llaryora— también presentó un proyecto sobre este tema, afirmando que “a los productores les cambian las reglas de juego, no les dejan tener un horizonte de previsibilidad. El campo es el verdadero proveedor de dólares sustentables, y lo podría ser aún más si se le sacara el pie de encima con las retenciones”.

El fracaso del debate en el recinto

El 2 de julio, el bloque Democracia para Siempre impulsó una sesión especial para discutir varias iniciativas y forzar a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, a tratar proyectos como el financiamiento de las universidades nacionales, del Hospital Garrahan y, a pedido de varios bloques, la eliminación de las retenciones.

Pero se produjo un interminable cruce reglamentario entre LLA y UxP sobre el futuro de la comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda Libra. Y en medio de un escándalo, la sesión se cayó y el tema de las retenciones volvió a quedar pendiente.

Fue entonces cuando Carlos Gutiérrez denunció un nuevo acuerdo en la Cámara Baja entre ambos sectores políticos antagónicos. “Qué casualidad que se lograron los emplazamientos para Financiamiento Universitario y emergencia del Garrahan, y no se logran para Retenciones”, posteó en su cuenta de X.

“Una vez más, el kirchnerismo y el Gobierno se ponen de acuerdo y son funcionales para perjudicar a todo el interés federal. Lo denuncié antes de que se ejecutara: el oficialismo y UP iban a pudrir la sesión para evitar que se tratara el emplazamiento de retenciones. Lo mismo hicieron en la comisión de Agricultura”, señaló furioso Gutiérrez tras la caída de la sesión.

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