ECONOMIA
El laberinto de Milei: el campo espera baja de retenciones pero la situación fiscal no le da margen
Uno de los mayores riesgos de todo gobernante es generar expectativas que luego no pueda cumplir. Y esa máxima se aplica a lo que está ocurriendo por estas horas: se dejó crecer tanto la versión sobre una eliminación de retenciones al campo, que si finalmente Javier Milei anuncia apenas un alivio parcial, corre el riesgo de que se le transforme en un boomerang político.
«Será de los discursos que al otro día estará en la tapa de los diarios», graficó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al referirse a la ponencia de Milei en la Exposición Rural de Palermo. Antes, el ministro de economía, Luis Toto Caputo, había estado reunido con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, a quien le aseguró que habrá mejoras para el sector.
El ministro dijo que no quería «spoilear» los anuncios del presidente, pero que el objetivo de eliminar las retenciones a la exportación «que tanto daño han hecho al campo» siguen siendo uno de los objetivos centrales del gobierno. Antes, en las redes sociales, el propio Caputo había repasado un listado de medidas para mejorar la situación del campo y pidió «confianza y paciencia» para ver la eliminación de retenciones.
La expectativa se contagió al mercado financiero, donde los contratos futuros de soja y maíz experimentaron una marcada suba en los últimos días. Esa evolución fue a contramano de los precios del mercado internacional que se reflejan en los paneles de la bolsa de Chicago. Y los expertos del sector afirman que la mejora en el precio está considerando implícitamente una mejor ecuación para el productor, por un alivio en las retenciones.
El problema es que los más escépticos creen que los anuncios se limitarán a la exportación de carne, mientras que la mejora para los granos sería marginal. Si esa fuera finalmente la situación, los anuncios dejarían gusto a poco, y chocarían contra el clima de malestar reinante en el campo, que se refleja, por ejemplo, en el pedido de productores para una eliminación total de las retenciones.
Por otra parte, supondría un costo político para Milei que aprovecharían algunos de sus críticos, empezando por gobernadores provinciales como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Martín Llaryora, de Córdoba y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, que están presionando por un cambio de sistema tributario y acusan al presidente de «sostener un modelo de país porteñocéntrico».
Paradójicamente, Milei sólo se salvaría de las críticas de Axel Kicillof, quien siempre ha sido un defensor de las retenciones al agro.
Malhumor en el campo
Milei festejó en las redes sociales la noticia de que bajaron las tasas de interés por la venta de dólares que hicieron bancos y empresas necesitadas de liquidez en pesos. Y espera un alivio en la cuenta corriente, gracias a que, después de los u$s3.700 millones recibidos en junio por las exportaciones agrícolas, julio terminará con un ingreso aun más alto, que los expertos estiman superior a los u$s4.000 millones.
Pero, en notorio contraste con el optimismo que muestra el gobierno, en el campo hay una alerta sobre la disminución de rentabilidad de los productores.
Al respecto, fue muy comentado un informe de CREA, que estima la viabilidad de cultivar soja en función del nivel de retenciones. La conclusión es que, al actual nivel de 33%, apenas un 20% de la superficie agrícola lograría un margen positivo, mientras que con el 26% que rigió en el primer semestre, esa mejora se extiende al 61%. Pero el dato clave que llevan como bandera los productores es que, con retenciones cero, entonces prácticamente toda la superficie podría ser cultivada de manera rentable.
Mientras tanto, las muestras de inquietud no cesan. Desde julio, cuando las retenciones volvieron a su nivel máximo, también hubo una suba del dólar. A primera vista, podría parecer que un dólar más alto compensa por lo que se pierde con las retenciones, pero los expertos alegan que tienen un alto componente de costos dolarizados, como los fertilizantes, semillas, insumos, maquinarias y fletes, que se rigen por valor dólar.
Según José Antonio Alvarez, uno de los principales «influencers» entre los productores, con los actuales niveles de rentabilidad no se están reponiendo ni la mitad de los nutrientes consumidos ni se reemplaza la maquinaria ya obsoleta. «Nadie invierte si tres cuartas partes de la inversión no queda en casa», sintetiza.
Clima de default
De hecho, el estado de ánimo pesimista ya es visible desde fines del año pasado, cuando comenzaron a hacerse públicos los primeros casos de default en el sector, incluyendo nombres reconocidos, como Los Grobo y Bioceres.
En su mayoría, eran empresas que arrastraban deudas desde el gobierno anterior, y que habían sido tomadas en un entorno macro completamente diferente, en el que el mercado mostraba apetito por títulos que dieran cobertura ante el riesgo devaluatorio. Esto implicaba deuda nominada en dólares o en pesos con cláusula dólar linked. En muchos casos, la elevada inflación terminaba licuando las tasas para las empresas emisoras.
Los expertos en las finanzas agrícolas dijeron entonces que el 2025 podría ser un año signado por los quebrantos en el campo. Desde los bancos, hay analistas que creen que los «pufos» podrían llegar a u$s3.000 millones.
El gobierno dio a entender que no habría «salvatajes» estatales y que el problema era de los gerentes financieros que en vez de «hedgear» -es decir, cubrir los riesgos de descalces de tasas y monedas recurriendo a otros instrumentos, apostaron a una devaluación que resolviera el problema. Su argumento era que, al desaparecer la brecha cambiaria que caracterizó al gobierno peronista, toda la estrategia financiera debía ser pensada con otra lógica.
Lo cierto es que hay empresas con dificultades para «rollear» sus vencimientos, y las alzas de tasas de interés de las últimas semanas empeoraron un panorama que ya venía complicado.
«Esta suba de tasas, de no estabilizarse pronto, impactará en las tasas bancarias, tanto activas como pasivas, incorporando un ingrediente adicional que podría significar un lastre para el despegue de la actividad económica», advierte el último informe de la consultora LCG.
El rubro agrícola suele ser de los que consiguen mejores tasas en comparación con segmentos pymes o industrias con ventas al mercado doméstico. Se puede obtener crédito al 50%, pero sigue siendo un monto que los productores ven como caro, dada la disminución de sus márgenes de rentabilidad.
¿Empeoran los precios?
Los números de la balanza comercial son contundentes sobre la tendencia bajista de los precios. En junio, a pesar de que el volumen de producción del campo fue mejor que el del año pasado y que la cuestión impositiva apuró los embarques, la venta de productos primarios tuvo una mejora marginal de 2,6%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario -el principal rubro de exportación- se mantuvieron estancadas. La explicación está en la reducción de precio de 1,9% interanual que sufrieron los granos.
Para peor, los expertos ven la posibilidad de una caída del precio que le queda a los productores locales, por un ajuste que se espera en el mercado de futuros.
«De comenzar los precios locales a copiar a los internacionales, pasarían a resultar negativos los márgenes de trigo y maíz 23/24, mientras los de soja quedarían muy ajustados», advirtió un informe de Marianela de Emilio, de Agroeducación.
«Significa que 38% del trigo, 70% del maíz y 75% de la soja argentina 23/24, están expuestos a bajas de precios, que recorten dramáticamente los márgenes agrícolas, haciendo desaparecer la renta potencial que hoy podría lograrse tomando los precios actuales», sostiene la experta, que reitera su recomendación habitual de asegurar precios con instrumentos financieros. Sin embargo, los productores mantienen su clásica postura conservadora, y en los últimos días ya se notó un drástico bajón en el ritmo de liquidaciones.
Esto lleva a pensar que, como sucede en estas situaciones -y, sobre todo, en contextos de año electoral-, será difícil que la exportación mantenga su ritmo, a no ser que haya un alivio impositivo o un cambio en la regulación cambiaria que le permita a los productores hacerse de las divisas sin pasar obligatoriamente por el Banco Central.
La cruel realidad fiscal
El problema está en que, para el gobierno, hay una disyuntiva sobre qué objetivo priorizar. Si se eliminan o reducen drásticamente las retenciones, eso le mejorará su imagen política y además favorecerá el ingreso de divisas.
Pero claro, habrá un costo de corto plazo que será imposible de disimular: las retenciones a la exportación significan en este momento un 7,5% del total del ingreso tributario. Es una suma demasiado alta como para resignar, sobre todo si se tiene en cuenta que Milei ya cumplió su promesa de eliminar el impuesto PAIS, que el año pasado había sido un puntal de la recaudación tributaria.
El último mes, la caja de ARCA registró una mejora real de 2,4% interanual, una variación modesta si se tiene en cuenta que en el arranque del año se venía creciendo a un ritmo de 7% real contra el 2024.
Expresado en términos del PBI, las retenciones al agro podrían rondar un 1% -más de u$s6.000 millones-, una suma demasiado grande como para resignar justo en un contexto en el que Milei ve peligrar sus finanzas. El presidente vetará una reforma jubilatoria y una transferencia de fondos a las provincias por alegar que ponen en riesgo su meta de terminar el año con un superávit fiscal de 1,6%. Casualmente, ese monto equivale al costo fiscal que, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría el paquete de reformas que quiere impulsar la oposición.
No hay forma de eliminar las retenciones sin que, al mismo tiempo, se busque una compensación con la suba de otros impuestos, algo para lo cual no parece haber margen político. Lo mismo ocurre con una eventual profundización de la «motosierra» en plena campaña electoral.
En definitiva, Milei tiene que elegir en una disyuntiva poco agradable, y todo indica que no va a sacrificar la caja fiscal, a la que considera el pilar de su gestión. A no ser, claro, que juegue su futuro político al mantra liberal de que, con una baja de impuestos, se dará tal impulso a la producción que hará crecer la recaudación.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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ECONOMIA
Cuánta plata hay que ganar por mes para pertenecer al 10% de la población más rica de Argentina
Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.
Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica
En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.
Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.
Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.
Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre
En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».
Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.
El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.
Los datos de la UCA revelan cuánto necesita ganar un hogar para ubicarse en cada nivel social
El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal
En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.
El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Estabilización e interrogantes hacia adelante
En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.
El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.
Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.
De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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ECONOMIA
Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones
La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Según el gobierno provincial, esta transacción financiera tiene como propósitos principales la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.
De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.
El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales:
- Un primer pago del 33,33% en el año 2031.
- Un segundo pago del 33,33% en el año 2032.
- Un pago final del 33,34% en el año 2033.
En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar. Esta cifra representa una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) en comparación con el margen convalidado por el mercado en la última emisión internacional de la provincia, realizada en el año 2017.
La colocación no funciona de forma aislada, sino que forma parte de un proceso de administración de pasivos que incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado definitivo de esta propuesta de canje se dará a conocer el próximo 27 de febrero.
Desde el punto de vista técnico, la emisión internacional apunta a reemplazar el título actual por uno con plazos más extensos. Paralelamente, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar obligaciones denominadas en pesos. Estos pasivos en moneda nacional se caracterizan por tener un costo financiero más alto y cronogramas de vencimiento de corto plazo, lo que generaba una presión constante sobre la caja provincial.
La implementación de esta estrategia financiera modifica el perfil de vencimientos globales de Entre Ríos. Al sustituir deuda de corto plazo y alto costo por un instrumento a largo plazo en dólares con tasas fijas, se busca una estructura de pagos más equilibrada en el tiempo.
El reordenamiento de estos compromisos financieros tiene como fin directo liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración busca reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.
Con esta colocación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones subnacionales que han buscado aprovechar las condiciones del mercado financiero para reprogramar sus pasivos y aliviar la carga sobre sus tesorerías, en un contexto donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se mantiene como el eje de la política económica provincial.
Desde el inicio de gestión del gobierno de Milei, ya colocaron deuda en los mercados internacionales Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De hecho, el martes pasado ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central un total de USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre.
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