La baja a 0% de las retenciones a los granos, derivados y carnes no tendrá el impacto alcista en precios al consumidor que muchos anticipaban.

Habitualmente, cuando a un sector le bajan fuerte las retenciones, se vuelve más competitivo para vender al exterior y, por lo tanto, suben los valores de esos productos en el mercado local. Sucede lo mismo cuando sube la cotización del dólar; todos los productos exportables también tienen un alza en el mercado local. En este caso, el efecto fue prácticamente nulo. ¿Qué factores explican esta excepción?

Por varias razones, repasan los analistas. En el caso del trigo, que tiene una incidencia directa en el precio de la harina y, consecuentemente, en todos los productos farináceos (pan, pastas, galletitas), la baja del tipo de cambio producida a partir de la medida anunciada el lunes sumado al anuncio del apoyo financiero de los Estados Unidos, compensó la mejora en el precio que se esperaba surja de la eliminación del 9,5% de retención.

El director ejecutivo de la Federacion de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, precisó a Infobae que aunque imaginaban que el costo del trigo oscilaría entre $300.000 y $320.000 una vez anunciada la quita de retenciones, “la diferencia del tipo de cambio hizo que la medida no se sintiera en el precio pizarra”. Con un valor hasta el viernes entre $270.000 y $280.000 (que representaban USD 186), al cierre de ayer cotizaba a 265.000 pesos.

“Como sector estamos rotundamente en contra de cualquier impuesto que sea distorsivo que no fomente la producción, como son las retenciones. En este caso, pensábamos que iba a haber distosrión de precios pero hasta ahora no se dio producto de que el tipo de cambio atemperó el valor de pizarra”, explicó el directivo.

Por lo tanto, no se ve por ahora incrementado el precio que deben pagar los molinos para producir. De todos modos, los precios a las panaderías (bolsa de harina de 25 kilos) y al consumidor están muy contenidos por la caída del consumo a raíz del menor poder adquisitivo.

Según Cifarelli, el trigo en un año aumentó 15% y la variación de la harina no llega al 10%. “Ni el trigo ni la harina acompañaron la inflación”, destacó, al remarcar que están atrasados.

A su vez, el analista de granos Gustavo López, de la consultora Agritrend, coincidió en que “no habrá ninguna incidencia”, ya que los precios en pesos se mantuvieron, o cayeron, por la baja del dólar. En el caso del maíz, por ejemplo, de $274.500 que valía la tonelada antes de la medida, que implicaba USD 183 a $1.500, ahora cotiza a USD 184, que con el valor del dólar hoy representan 248.000 pesos.

“En el caso de la soja, puede tener alguna incidencia porque entre 4 y 4,5 millones de toneladas van a consumos internos. Ahí recibía USD 300 por tonelada y ahora USD 336, pero en términos de pesos, antes era $450.000 y hoy es lo mismo. No creo que tenga ningún tipo de impacto”, aseguró el analista.

“La carne seguramente va a aumentar antes del aumento de precios estacional que se da mediados de noviembre/ diciembre. Esto, seguramente, va a generar aumento en el mostrador por falta de oferta”, se animó a arriesgar el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio Cárnico (Ciccra), Miguel Schiariti, ni bien se conoció la noticia de que las carnes también tendrían retenciones 0% hasta fines de octubre.

Schiariti sostuvo que el productor podría beneficiarse durante los 45 días que dure la medida y que los exportadores lograrían ventas exitosas, aunque aclaró que por ahora esto no sucedió. Además, advirtió que al consumidor le costará aceptar el eventual aumento de precios y que será difícil el cobro de lo ya vendido.

Fuentes del sector frigorífico exportador agrupadas en el consorcio ABC destacaron las dificultades para implementar la medida en la cadena cárnica, ya que no pueden liquidar a los tres días las divisas de una operación tras su oficialización.

Un empresario explicó que la industria frigorífica no cuenta con la misma capacidad financiera ni acceso al crédito que las cerealeras.

El sector avícola también reconoció las complicaciones, aunque intentará aprovechar la oportunidad. Una fuente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) detalló: “No es un formato habitual de exportación. Liquidar el 90% de la operación en 72 horas lo complica bastante; el adelanto es del 30%, pero el 70% restante llega al enviar la mercadería contra documentación”.

Dicha fuente explicó que en los volúmenes que exporta hoy el sector, el beneficio va a ser mínimo. “Nosotros exportamos y ganamos plata en el volumen, con el tipo de cambio actual, hay que mantener los mercados. En agosto exportamos USD 27 millones. El objetivo es poder aprovechar la oportunidad lo mejor posible, pero no tiene mucho sentido”, precisó.

En cuanto a los precios en góndola, agregó que están estables; incluso, repasó la baja de 1,6% del pollo entero en agosto, según el Indec.

“Con la baja del tipo de cambio, todo esto puede ser neutralizado, pero la eliminación de retenciones es claro que presiona un poco los precios internos. De todas maneras, hay que tener en cuenta que no toda la rebaja de retenciones necesariamente se traduce en mayor precio al productor interno, entonces, ahí hay un tema”, manifestó el economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina.

El economista agregó que “hay que ver más adelante dónde se estabiliza el tipo de cambio y si efectivamente está la presión de recomposición del precio interno, del maíz, trigo y carne, que son los que más pueden impactar en el precio final al consumidor”.

El traspaso de los activos de Carrefour en la Argentina entró en fase decisiva y, a muy poco de trascender el perfil de los interesados en los locales del grupo francés, ahora quedó confirmado quiénes son los candidatos que pasaron el primer corte y definirán la operación.

Se trata de Francisco De Narváez, a través de su controlado grupo GDN; Coto, la multinacional chilena Cencosud y el fondo norteamericano Klaff Realty. En cambio, Newsan, el fondo de inversión Sophia Capital y el grupo peruano Intercorp integran la nómina de competidores que ya no tomarán parte de la siguiente etapa del proceso. Ahora, el Deutsche Bank, a cargo de las negociaciones, compartirá con los finalistas los números comerciales y financieros de Carrefour en la etapa de «due diligence» preestablecida.

Al mismo tiempo, se espera que en las próximas horas arribe al país, proveniente de Brasil, Pablo Lorenzo, máximo responsable de la empresa gala para esta parte del mundo. Lorenzo supo tener a su cargo la operación de Carrefour en la Argentina.

Respecto de los candidatos, a los nombres que ya se venían barajando se sumó con mucho envión la chilena Cencosud, que entró casi en el último tramo de la primera negociación y apuesta al conocimiento que ya posee del mercado argentino a partir de su control de las cadenas Jumbo y Disco.

Cencosud va por los activos de Carrefour

En línea con eso, medios trasandinos afirman que Cencosud dispondría de una luz de ventaja respecto de sus competidores en tanto la firma chilena ya adquirió la operación de Carrefour en Colombia hace algo más de 5 años. Desde entonces, ambas compañías mantienen un diálogo por demás fluido.

«Un interrogante que se abre es cómo podría ser analizada una eventual compra de Carrefour Argentina por parte de las autoridades de Defensa de la Competencia. Además, una eventual adquisición le permitiría a Cencosud compensar la pérdida de la operación del Jumbo de Palermo, local que saldrá a remate en las próximas semanas», indicaron plataformas periodísticas de ese país.

En cuanto al perfil del resto de los candidatos a quedarse con la estructura de Carrefour en el país, Alfredo Coto mantiene activo un equipo de trabajo liderado por su hijo Germán y, según trascendió, continúa el vínculo con la consultora S+R Gestión de Fernando Cinalli. Además, el grupo cuenta con asesoramiento de Isela Costantini, con pasado en General Motors y Aerolíneas Argentinas.

Al parecer, la intención de Coto es aprovechar la estructura de cercanía que mantiene Carrefour Express para pisar fuerte sobre todo en las ciudades del interior del país.

Por su parte, De Narváez, actual dueño de Changomás, en un primer momento buscó diferenciarse de Coto a partir de la propuesta económica que acercó a los representantes de Carrefour.

En una primera instancia, el empresario se animó a proponer un pago cercano a los u$s2.000 millones, pero ese monto luego se redujo a la mitad en tanto los mismos negociadores de De Narváez plantearon que el escenario de consumo en supermercados viene cayendo fuerte y la perspectiva es de mayores complicaciones en el mediano plazo.

Por el lado de Klaff Realty, vale resaltar que el grupo es propietario de Tienda Inglesa en Uruguay. La empresa tiene una amplia experiencia en el sector de los supermercados en Estados Unidos y llegó a Latinoamérica en 2016.

«La cadena uruguaya cuenta con cerca de 100 sucursales (entre tiendas propias, los supermercados Red Expres y farmacias), unos 4.000 trabajadores y una facturación anual estimada en u$s750 millones», detalla, respecto de Tienda Inglesa, su controlante. Klaff Realty busca la manera de dar el salto en uno de los principales mercados de la región y no se descarta que, de desembarcar en Argentina, luego dirija su atención a Chile y otros países de la periferia.

Venta de Carrefour: tiempos y condiciones

Hasta el momento se sabe que las propuestas rondan entre los u$s1.500 millones y los u$s900 millones, mientras que los ejecutivos de la cadena francesa tienen intenciones de recibir no menos de u$s2.000 millones por las 700 sucursales que opera Carrefour en el país a través de varios formatos.

Al mismo tiempo, Carrefour fijó aspectos contractuales que siguen siendo un tema de discusión con los interesados que se mantienen en carrera por los comercios de la cadena gala.

Por ejemplo, los nuevos dueños de sus híper y supermercados no podrán utilizar la marca en la Argentina y, además, deberán afrontar los eventuales juicios laborales derivados del cambio de manos.

Conocidos los nombres que definirán la compulsa, se espera que las ofertas finales ocurran en el transcurso del mes de noviembre.

El Poder Ejecutivo presentó las bases del Presupuesto para el Congreso Nacional correspondiente a 2026, con un enfoque en la contención del gasto político y la austeridad. El equipo económico aguarda que la política de ahorro promovida por la administración de Javier Milei continúe y se refleje en el ámbito legislativo el próximo año, en respuesta al reclamo social por una reducción de los costos estatales.

El análisis de las planillas oficiales de los presupuestos por jurisdicciones, considerando el período de 2022 a 2026, muestra que el Poder Legislativo Nacional prevé un gasto total para el próximo año de $674.013 millones entre partidas corrientes y de capital.

Este monto contempla los sueldos y necesidades operativas de los empleados directos de cada senador y diputado, los colaboradores de los distintos bloques, el personal de las comisiones, direcciones, secretarías y áreas administrativas. El presupuesto significa un aumento nominal del 9,8%, pero, si se deduce la inflación proyectada del 14,1%, se traduce en una contracción real del 3,8 por ciento.

Actualmente, el Congreso de la Nación emplea a 14.402 personas, que brindan servicios a 72 senadores -tres por cada provincia: dos por la mayoría y uno por la minoría- y 257 diputados, elegidos en representación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 2026, se proyecta un recorte de 948 empleados, lo que representa una disminución del 6,6% en la cantidad de agentes legislativos.

En cuanto a los gastos corrientes, la partida asignada es de $589.498 millones, con un incremento nominal del 12,3%. Sin embargo, si se descuenta la inflación proyectada, la reducción real sería del 1,6%. Este ajuste, junto con la reducción de la planta, permitiría que la masa salarial tenga un incremento promedio en el poder adquisitivo de 10,9 por ciento.

La Cámara alta, bajo la presidencia de Victoria Villarruel, cuenta con 5.018 empleados distribuidos en cargos permanentes, transitorios y contratados, y se mantendría sin variaciones respecto a la dotación del año previo.

El presupuesto asignado al Senado será de $180.475 millones, lo que implica un aumento nominal del 11%. El promedio mensual, contemplando aguinaldo, se ubica en $2.827.896 por agente. A valores ajustados por inflación, esto representa una caída real de 2,7% en la asignación individual. En comparación con la gestión previa de Alberto Fernández, la estructura de personal permanece estable, aunque se registra un ajuste real de 2,9% en los fondos destinados a la administración.

Por su parte, la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, recibirá una asignación de $218.103 millones. Este monto refleja un incremento nominal del 10,9%, pero un descenso de 2,8% en términos reales.

La reducción de la planta será más notoria: el personal para 2026 se prevé en 4.557 empleados, 627 menos que en el presente año. Esto deriva en un aumento del 10,5% en el poder adquisitivo del salario promedio, que alcanzaría los $3.681.623 mensuales por puesto.

El resto del presupuesto corresponde a las dependencias técnicas y de servicios del Congreso, como Asistencia Bibliográfica (1.244 empleados), Imprenta (509), Dirección de Ayuda Social (788), Procuración Penitenciaria (280), Defensa de los Derechos del Ciudadano (544), Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (60), Oficina de Presupuesto de la Nación (25) y Defensoría de los Niños y Adolescentes (359 cargos).

En conjunto, estas áreas recibirán $186.920 millones en 2026, lo que significa una suba nominal de 15,3% y un avance real de 1%. El recorte en las dotaciones administrativas será de 321 personas, pero la asignación por empleado crecerá 9,4% en términos de poder adquisitivo.

Según los datos oficiales, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei y hasta el presupuesto proyectado para 2026, el monto total de las partidas asignadas al Congreso se mantuvo prácticamente estable en términos reales, con un alza marginal del 0,2%. Sin embargo, el gasto por empleado, debido a la reducción en la planta, tuvo un aumento del 9,2 por ciento.

Esta política presupuestaria refleja la voluntad del Ejecutivo de mantener una administración racional en el ámbito legislativo, evitando el crecimiento real de las asignaciones globales y otorgando mejoras puntuales en el ingreso de los agentes activos como resultado de la reducción de la planta.

Según consignó Infobae: “El ajuste en el Congreso forma parte del compromiso gubernamental de racionalizar los recursos públicos y de responder a la demanda social de menor gasto político”.

Así, el foco del ajuste se observa no solo en los números generales, sino en la composición del empleo legislativo y en la distribución interna de los recursos, que tendrán como eje el sostenimiento de las funciones esenciales, el cumplimiento de las obligaciones institucionales y la prioridad en el uso eficiente de los fondos públicos.

Javier Milei viene enfatizando su intención de continuar la política de reducción del gasto estatal, alineando todas las áreas del Gobierno, incluidas las legislativas, al reclamo ciudadano de austeridad y eficiencia administrativa, medida que impactará en la estructura y dinámica interna del Congreso Nacional durante el próximo año.