POLITICA
El Gobierno bonaerense aportó chats y videos sobre la conducta de los policías suspendidos

El gobierno bonaerense, que encabeza Axel Kicillof, aportó a la Justicia una serie de chats y videos relacionados con la supuesta conspiración política de policías de la provincia de Buenos Aires para apoyar la candidatura del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, candidato por La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre próximo.
En esos chats, que fueron aportados al expediente del fiscal Álvaro Garganta, se identifica a un grupo de WhatsApp denominado The Rockets, en el que Bondarenko se dirige sus integrantes.
“Buenas noches queridos amigos! Hace una rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, mil gracias por estar. Cada palabra q mencioné fue el claro reflejo de lo q me trasmitieron y de lo q somos ” buenos policías”, dice Bondarenko en el chat grupal. Y añade: “Este es un largo camino, camino q recién comienza. Es un camino donde podemos reescribir la historia de nuestra policía y sobre todos de la seguridad!“.
En otro mensaje, dice: “Buenos días a todos! Hoy Maximiliano Bondarenko está yendo al Ministerio de seguridad de Nación a ver a Patricia Bullrich por el proyecto de seguridad para la provincia. Encarezco a todos, que avancen con sus trabajos y consignas en función de los pedidos y requisitorias que se desprendan de la charla. Hay que asignarle un tema a Eduardo Borja para su desarrollo o en su defecto incorporarlo a un grupo formado, misma situación Ezequiel y Pedro. Gallito compartiles el plan bienvenidos los nuevos, nos vemos a mi regreso… por favor aprovechemos esta oportunidad”.
Los mensajes, según el gobierno bonaerense, dan a entender que hay una actividad organizada de trabajo político protagonizado por los policías, lo que está vedado por la ley de la policía bonaerense. Para el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, en cambio, se trata de espionaje ilegal. De hecho, el organismo presentó una denuncia en la Justicia de La Plata por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.
Para el gobierno bonaerense se trata de una violación del artículo 202 inciso e y g de la ley 13.982, que regula a la fuerza de la provincia de Buenos Aires y fue lo que motivó el sumario administrativo.
Además se le aportó al fiscal unos videos que muestran el contenido de dos computadoras que fueron secuestradas. En esas máquinas hay papelería con el Logo de la La Libertad Avanza, de un león, que es símbolo del partido de Javier Milei, y hasta un protector de pantalla partidario, lo que contraría las normas policiales.
Además, se ven archivos identificados con nombres del partido del gobierno y pedidos de acceso a la información pública escritos en hoja membretada con el logo de La Libertad Avanza, dirigidos a la Municipalidad de Florencio Varela para saber cantidad de efectivos, de patrulleros y otros recursos policiales. Los videos registran que los archivos se filmaron el 22 de julio pasado.
Fuentes del gobierno bonaerense dijeron a que el fiscal Garganta impulsó la investigación a partir de esta evidencia para precisar si más allá de una violación administrativa hay delitos.
Los chats tuvieron lugar luego de un asado que se realizó la semana pasada en la casa de un ladero de Maximiliano Bondarenko, en Florencio Varela. Allí vive un ahijado de Bondarenko, cuyo padre es comisario de la Policía Ecológica, la dependencia donde están la mayor parte de los uniformados suspendidos.
El gobierno nacional contratacó y presentó a su vez una denuncia contra las autoridades bonaerenses por lo que consdieran que se trató de una persecución ideológica y de un caso de espionaje ilegal, por la difusión de los chats.
En esa denuncia se menciona que el asado reunió a algunos de los policías invetsigados y tuvo lugar en la casa del Comisario Mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, Jefe de la División Policía Ecológica, que es padrino de uno de sus hijos.
“De ese grupo de amigos son los 24 oficiales que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha puesto inmediatamente en disponibilidad, quitándole sus armas oficiales y sus credenciales en un acto humillante realizado frente a sus compañeros, para discriminarlos ideológicamente”, señala la denuncia del ministerio que comanda Patricia Bullrich.
Los policías sumariados al quedar “desafectados” cobran el 50 por ciento de su salario y están bajo investigación administrativa.
En 90 días debe resolverse el sumario administrativo y determinar si se los pasa a disponibilidad preventiva.
supuesta conspiración política de policías,una denuncia en la Justicia de La Plata,Policía Bonaerense,Conforme a,,Los salarios militares. La línea de pobreza, la nueva hipótesis de conflicto en los cuarteles,,Choque con los fiscales. El Gobierno postergó por 3 meses la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal,,Filtración de chats. Bullrich denuncia espionaje ilegal tras la purga policial que ordenó Kicillof y salpica a Bondarenko,Policía Bonaerense,,Por vínculos con un candidato de Milei. Kicillof habló sobre los 24 policías bonaerenses desplazados,,»Se reunían con Bondarenko». Alonso acusó a los policías desplazados de conspirar y querer intervenir la Bonaerense para quedarse con puestos claves,,»Persecución política». Bullrich apuntó contra Kicillof por el cesanteo de 24 policías de la Bonaerense
POLITICA
Venezuela: liberaron a más de 30 presos de El Rodeo I, pero no hay novedades de Nahuel Gallo

Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, tras la promulgación de una histórica ley de amnistía en Venezuela. Los beneficiarios salieron del penal con la cabeza rapada y camisas blancas al grito de “¡somos libres!”, siendo recibidos por familiares que aguardaban en las inmediaciones.
Según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión para el cumplimiento de la norma, el proceso ya benefició a 2021 personas con medidas cautelares y a 177 detenidos que recuperaron su libertad plena.
Pese al avance de las excarcelaciones, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa recluido en El Rodeo I y mantiene una huelga de hambre. Su pareja, María Alexandra Gómez, confirmó a TN que hasta el momento no recibió noticias sobre su situación.
María Gómez, esposa de Nahuel Gallo
El efectivo argentino exige la visita de la Cruz Roja y asistencia consular como condiciones para levantar la medida de fuerza, en un contexto donde el proceso de liberaciones, según los allegados, avanza “a cuentagotas”.
La Ley de Amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La norma busca transitar hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, aunque expertos dudan de su alcance real, ya que militares acusados de actividades terroristas podrían quedar excluidos.
No obstante, algunos de los liberados este lunes pertenecen al ámbito militar, como el cadete Javier Rivas, quien denunció haber sufrido “tortura, golpes, maltrato físico” durante su detención.

Hasta la mañana del lunes, la ONG Foro Penal contabilizó 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que 1500 presos políticos solicitaron formalmente su libertad a través de este instrumento legal.
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POLITICA
El Gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en los medios públicos

El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.
Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.
La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.
Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.
Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.
En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.
“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.
“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.
El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.
El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.
Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.
Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.
Cecilia Devanna,Medios y política,Conforme a,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Reforma laboral. Desafíos para una ley multipropósito,,Solo en Off. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago,Medios y política,,Lo compraría un aliado de Trump. Terremoto político y mediático en Italia: se venden La Repubblica y La Stampa, dos de los principales diarios opositores,,“Salón de la Vergüenza”. Trump ya tiene su Fake, 7,8… en la web oficial de la Casa Blanca,,»Me pasó de todo». Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
POLITICA
El Gobierno avanza en un modelo de auditoría para fortalecer los “modelos de control internos”

En el marco de una estrategia de modernización estatal, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Alejandro Díaz, impulsa un cambio en los controles internos del Estado y consolida la certificación de calidad en nuevas Unidades de Auditoría Interna. Este proceso toma relevancia en una coyuntura donde la profesionalización y la transparencia en la gestión pública son demandas centrales de la ciudadanía. También en momentos en que varios hechos de corrupción, como en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo mortal, dejaron expuestos fallas en las unida de control interno.
Recientemente, el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y el titular de la SIGEN, firmaron el Acta Compromiso para implementar el Referencial IRAM N° 13 en la Unidad de Auditoría Interna de esa Secretaría. El mismo día, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, suscribió un acuerdo semejante, integrando a la institución en el esquema de gestión de calidad promovido por la sindicatura. Según información de la SIGEN, estas iniciativas buscan profesionalizar la auditoría interna y establecer procesos evaluables conforme a estándares reconocidos.
El Referencial IRAM N° 13 es un documento normativo que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad específico para las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del Sector Público Nacional. Esta referencia fue desarrollada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) junto con la Sindicatura General de la Nación.

“Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”, expresó Díaz durante la firma.
También señaló que profesionalizar la auditoría interna y someter los procesos a evaluación permanente permite construir un Estado que aprende, corrige y mejora. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, sostuvo.
Con estas adhesiones, cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2025, estas dos últimas firmaron sus correspondientes Actas Compromiso. Además, se están formalizando acuerdos con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Operadora Ferroviaria S.A. y el Ministerio de Capital Humano.
En diálogo con Infobae, Díaz ya había opinado que la corrupción trasciende lo administrativo y financiero, considerándola “un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y ‘mata’”. El funcionario evocó la propuesta de Sandra Pettovello, quien dijo que se trata de “un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”.
Este sistema consiste en relevar los objetivos del Ministerio y establecer indicadores para controles durante el proceso, no solo al finalizar. “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios”, detalló Díaz.
En ese sentido, Díaz agregó que uno de los ejes principales de la sindicatura es participar en el proceso de ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, enfatizó el titular de SIGEN.
En palabras de Díaz, “hacer los deberes” significa actualizar procesos, transparentar circuitos, documentar decisiones, establecer indicadores y someterse a auditorías externas. En ese sentido, señaló que este enfoque “estructural” resulta fundamental para el ingreso de Argentina a la OCDE, ya que la organización promueve políticas públicas sustentadas en evidencia, integridad y buenas prácticas.
Para Díaz, el desafío de la calidad excede lo técnico y exige un cambio cultural. “La corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa toda la sociedad. Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente”.
Desde SIGEN, la política de certificación se plantea como herramienta para fortalecer la gestión pública a partir de controles robustos, procesos claros y trazables, y una cultura orientada a los resultados. Ampliar la aplicación de normas de calidad responde a una decisión política: medir, evaluar y mejorar la gestión pública con estándares objetivos, trazables y verificables.
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