Los gobernadores de provincias con perfil agropecuario celebraron hoy la baja de retenciones al campo anunciada por el presidente Javier Milei en el acto de apertura de La Rural. Si bien reconocieron que la medida representa un alivio para el sector agropecuario, volvieron a pedir por su eliminación. Otros dirigentes de la oposición, en tanto, relativizaron el impacto del alivio fiscal.

“Celebro y acompaño la decisión del presidente Javier Milei y del gobierno nacional de bajar las retenciones al campo. Es una medida que veníamos planteando desde las provincias productivas y que impacta de forma directa en el desarrollo, la inversión y la generación de empleo en Entre Ríos y en todo el país”, compartió en sus redes sociales el gobernador Rogelio Frigerio.

En la misma línea se expresó su par santafesino, Maximiliano Pullaro, quien, además, ratificó su demanda por una eliminación total del impuesto. “El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado. Como gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional, quiero destacar la baja de retenciones que hoy dispuso el presidente Javier Milei, esperando que este sea el inicio del camino hacia la eliminación total de las mismas”, expresó en X.

En la publicación, el mandatario provincial también se comprometió a complementar este alivio fiscal con facilidades para acceder a créditos y una fuerte inversión en infraestructura vial y energética que permitan “agregar más potencia a la industria y bajar sus costos”. Actualmente en Santa Fe, el campo está exento del pago de Ingresos Brutos.

La misma política se aplica en la provincia de Córdoba, cuyo gobernador, Martín Llaryora, también celebró la decisión de la administración libertaria. “El gobierno nacional acaba de anunciar una baja parcial de las retenciones al campo. Sin abandonar nuestro reclamo de la eliminación definitiva y total de las retenciones, es un paso en el sentido correcto que valoramos”, dijo.

Y agregó: “En Córdoba, (la baja) se suma a la política de Ingresos Brutos cero que pagan los productos del campo y a la decisión de dedicar el 98% de la recaudación de impuestos inmobiliario rural a inversiones en infraestructura y servicios para este sector”.

En tanto, su antecesor y excandidato presidencial Juan Schiaretti mostró más reparos y relativizó el anuncio de este mediodía. “Más allá del paso adelante que significa el compromiso del Gobierno nacional de que esta baja será permanente y no sufrirá alteraciones, la realidad es que la situación para el campo solo vuelve al escenario anterior a la suba del 1 de julio pasado”, sostuvo.

El 26 de junio, a través del decreto 439/2025, la administración libertaria había dispuesto una suba de las retenciones para la soja (del 26% al 33%), el girasol (del 5,5% al 7%) y el maíz y el sorgo (del 9,5% al 12%, para ambos). Ahora, el gobierno dio marcha atrás con dicho aumento y sumó nuevas bajas como en el caso de la carne aviar y vacuna (del 6,75% al 5%).

En redes sociales, además, Schiaretti volvió a pedir por la eliminación de las retenciones al agro, a las que considera una “expropiación a la producción y el trabajo”. “Esa será la única manera de sacarle la pata de encima al campo”, concluyó.

De manera similar, se manifestó el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que acusó al gobierno de utilizar las alícuotas para condicionar las liquidaciones del sector.

“El presidente Milei anunció hoy una baja de retenciones, pero no es más que el retorno al esquema que rigió hasta el 30 de junio. En los hechos, durante meses se impuso una fecha de vencimiento para presionar al campo a que liquide los dólares antes de julio. Este mes las retenciones subieron, y ahora simplemente vuelven al nivel de junio”, cuestionó.

Según escribió en su cuenta de X, lo anunciado en La Rural no es más que un “parche”. “No es una baja real. Es una maniobra por decreto que, igualmente mantiene la incertidumbre y castiga al sector más dinámico de nuestra economía”, dijo. “El campo no necesita presiones ni parches. Necesita previsibilidad, estabilidad y un Estado que deje de verlo como fuente permanente de recursos fiscales”.

Por su lado, Nicolás del Caño, candidato a legislador bonaerense por la tercera sección electoral, apuntó contra la gestión libertaria por el alivio fiscal al campo. “Lo invito a Milei a que camine un par de cuadras por Lanús a ver si alguien aplaude que le baje las retenciones a los dueños de la tierra y vete un aumento para los jubilados, para el Hospital Garrahan y el colectivo de la discapacidad”, reclamó en una recorrida por Lanús.

Además, calificó al gobierno de “casta” por la reducción impositiva al campo. “Es fácil conseguir aplaudidores cuando sólo se rodea de los más ricos de la Argentina. Más casta no se consigue”, sentenció.

En octubre del año pasado, a través de una contratación directa por exclusividad, Leonardo Scatturice obtuvo con su empresa OPC Tech la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional. Por ese negocio, el Gobierno le pagará US$78.650.000.

accedió al expediente de contratación completo en el que, entre otras condiciones, se revela que el mantenimiento anterior, contratado en 2021, se había hecho por licitación y por un monto menor.

Entre 2017 a 2018, Educ.ar adquirió e instaló el equipamiento de redes locales Cisco Meraki en más de 40.000 escuelas de gestión estatal a nivel nacional para el Plan Nacional de Conectividad Escolar.

Scatturice es un empresario con vínculos en el mundo de la inteligencia, de estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo. Está radicado en Estados Unidos, donde construyó nexos con el trumpismo. Este año compró la mayoría accionaria de la aerolínea lowcost Flybondi. Es, además, el dueño del avión que en febrero pasado aterrizó en Aeroparque con una pasajera, Laura Belén Arrieta, y desató una polémica porque la Aduana dejó pasar el equipaje sin controles.

Para el 16 de noviembre de 2021, Educ.ar realizó la primera renovación de 209.828 licencias de Cisco Meraki, mediante un proceso licitatorio adjudicado a Distecna SA, una de las representantes de Cisco en la Argentina, por US$16.864.496. Esta renovación se estructuró de forma escalonada (50% por 3 años, 25% por 2 años, 25% por 1 año). Se establecía para todas las licencias una fecha de vencimiento común: el 16 de noviembre de 2024. Ahí yace parte de la diferencia de precio, aunque, si se toma como referencia el valor anual que se desprende del total abonado, renovar el 100% por tres años hubiera tenido un costo proporcional cercano a US$22.482.661.

En julio de 2024, se dispuso la intervención de Educ.ar. Se designó a Eduardo Roberto González (que duró en el cargo hasta el 31 de octubre). En agosto, OCP Tech S.A. presentó una propuesta para la renovación de 223.828 licencias por 3 años, por un valor de US$78.650.000. Luego, Cisco Systems Argentina S.A. envió una carta certificando a OCP Tech S.A. como el único canal de reventa autorizado en la Argentina. La carta explica que Cisco no tiene establecimiento permanente para ventas directas en el país, y destaca la certificación GOLD de OCP Tech S.A. y su experiencia previa en el proyecto.

Sin embargo, hubo por lo menos dos presupuestos (de las empresas Dinatech S.A. y DTE S.A.) integrados al expediente. Pese a ello, porque la oferta de OCP Tech habría sido más económica, avanzaron con una contratación directa por exclusividad.

En la carpeta que circuló por las distintas dependencias públicas, no se integró para la evaluación de todos los funcionarios los presupuestos de las competidoras. En el caso de Dinatech S.A., no se subieron los documentos proporcionados con el monto total específico ni los precios unitarios de la propuesta económica. En el de DTE SA, se manifestaron los precios unitarios, que efectivamente resultaron más caros que los de OPC. Sin embargo, lo que no se explica es por qué, habiendo solicitado presupuestos a distintas compañías, no se entró en una licitación pública que permita que reajusten sus precios.

En septiembre, la Secretaría de Educación firmó un convenio de colaboración con la empresa estatal para la renovación de licencias. Allí se estableció una cláusula de confidencialidad, por la cual quedó prohibida “la divulgación, ya sea en forma oral o escrita, a persona humana o jurídica, pública o privada, de la información que surja de las acciones derivadas del presente”.

Educ.ar elaboró un informe clave que detalló argumentos técnicos, operativos y económicos para la renovación con Cisco Meraki y contra un cambio de tecnología, incluyendo la inversión en el sistema preexistente, que le costó al Estado US$227,8 millones, la dependencia crítica de los dispositivos Cisco Meraki de sus licencias, volviéndolos inoperativos (“off line”) sin ellas, generando un “apagón masivo”, y confirmando a OCP Tech S.A. como la “única opción viable y eficiente” para asegurar la continuidad del servicio sin incurrir en mayores costos ni interrupciones, dada su condición de único revendedor autorizado.

La UTN ratificó la no viabilidad de un cambio de proveedor, argumentando que implicaría una inversión considerable en nuevos equipos, reconfiguración, adquisición de software adicional, riesgos de interrupciones del servicio y una prolongada curva de aprendizaje para el personal. Concluyó que mantener al proveedor actual era la opción más viable y eficiente para evitar estos costos y riesgos, asegurando la continuidad operativa sin transiciones complejas y costosas. Esta es una validación crucial de la decisión de no cambiar de tecnología.

No es el único contrato de OPC con el Estado. La empresa de Scatturice figura en más de 260 procesos administrativos con el Estado nacional, según registros oficiales, en carácter de proveedor, contratista o representante legal de distintas sociedades.

El Plan Nacional de Conectividad Escolar, lanzado como parte del programa “Aprender Conectados” para garantizar wifi para el 100% de los alumnos en más de 50.000 establecimientos educativos públicos. Según informacion de Cisco, actualmente se registran 18.700 redes activas y más de 148.000 dispositivos conectados a través del dashboard de Cisco Meraki, la plataforma centralizada desde donde se monitorea el funcionamiento del sistema.

El objetivo del programa es permitir que todos los niveles educativos —inicial, primario, secundario y formación docente— cuenten con conectividad permanente, que sea gestionada, escalable y segura. Educar S.E. administra este proceso a través del Centro Integral de Monitoreo de Tecnología Educativa (CIMTE), desde donde se diagnostican fallas, se emiten alertas y se coordinan soluciones técnicas, incluso a distancia.

Según la información provista por la empresa, el sistema permite realizar desde pruebas de conectividad hasta reseteos remotos y diagnósticos automatizados, lo que reduce los costos operativos y permite dar soporte técnico sin necesidad de intervenir físicamente en cada escuela.