En la polémica de los médicos recién recibidos que supuestamente compraron exámenes para ingresar a las residencias, el Gobierno eligió, primero, tomar medidas paliativas para descubrir a los estudiantes infractores, pero finalmente decidió iniciar, también, una investigación interna para detectar responsabilidades en el Estado por la presunta filtración de las preguntas. También presentarán una denuncia penal, con el mismo objetivo. En paralelo, apuntaron contra la Ciudad de Buenos Aires por la toma del examen, pero en la sede de Uspallata se deslindaron de cualquier culpa.

Hasta ayer, como era de esperarse, el Gobierno no había hecho un mea culpa por la venta de los exámenes, ni había iniciado una búsqueda de responsables en las filas propias. En cambio, desde que se conocieron las denuncias por medio de información periodística, el martes, el ministro Mario Lugones ordenó anunciar que los estudiantes con las mejores notas tendrían que rendir nuevamente.

En un principio no se inició una investigación interna para detectar el origen de las irregularidades, y la oposición empezó a reaccionar. Por caso, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, le pidió al Ejecutivo que presente evidencias sobre estos incumplimientos.

Anoche, fuentes oficiales informaron a este medio que ayer se inició una auditoría para encontrar a los trasgresores, sean de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o del propio ministerio. También, que presentarán una denuncia pena la semana que viene, cuyos detalles se preparan pero todavía no se informaron.

El objetivo de la auditoría será detectar si hubo una filtración del examen, es decir, de las preguntas. “El sumario interno es para ver si la filtración salió desde acá”, dijeron fuentes oficiales. Eso mismo le pedirán que investigue a la Justicia. “La UBA nos envió la carta que recibieron los médicos que rindieron, donde hablaban de supuesta compra de preguntas. Necesitamos que la Justicia determine eso”, agregaron.

No investigarán el proceso de la toma del examen, a pesar de que también fue cuestionado. De hecho, en la Nación se deslindaron de cualquier culpa en ese terreno, y dijeron que esa instancia le correspondía a la Ciudad.

“Si no se hizo lo suficiente, o se miró para otro lado, no nos corresponde. No sabemos si la Ciudad tenía camaras, y no se sabe si se puede hacer algo, porque quizá se pueda ver que una persona fue cinco veces al baño, pero eso no constituye un delito”, dijeron. En la sede del gobierno porteño negaron rotundamente el señalamiento: “CABA sólo presta el Parque Roca, el resto le corresponde a la Nación”, sostuvieron.

Por ahora, mientras se inicia la investigación, tomaron medidas para detectar a los responsables entre los estudiantes de las supuestas compras de exámenes. El Gobierno ordenó que 268 médicos -es decir, todos aquellos que sacaron entre 86 y 100 puntos- se van a tener que presentar a dar un nuevo examen. Y el día que lo hagan, tendrán que justificar la nota promedio que obtuvieron al final de su carrera, que se comparará con la del examen de residencias.

Las medidas inmediatas de Lugones generaron una fuerte reacción de rechazo de los estudiantes que sacaron notas dentro de ese rango, al punto de que un grupo, indignado, se reunió para protestar en la puerta de la Facultad de Medicina, ayer por la mañana, contra la obligación de repetir el examen nuevamente. Eran principalmente aspirantes de la UBA que obtuvieron los mayores puntajes – varios, con diploma de honor- y expresaron su rechazo a rendir nuevamente. El Gobierno se vio obligado a salir a explicar.

Lo hizo a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que usó la segunda transmisión de su programa oficial “fake,7, 8″: adelantó cómo será la evaluación y aseguró que el objetivo es “hacer justicia” frente a posibles fraudes. Según dijo, para calmar las aguas en una relación complicada contra los médicos, el nuevo examen de residencias será oral y se respetará la nota original a quienes aprueben. Pero hasta anoche los profesionales seguían manifestando su indignación.

Por lo pronto, sin denuncias formales, ni de oficio, ante la Justicia, desde la oposición, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, le pidió al Ejecutivo que presente evidencias sobre estas irregularidades.

Por lo pronto, el Gobierno unificó posiciones en torno al caso. Después de meses de tensiones y días de cruces y silencios sugestivos, las partes del oficialismo se encolumnaron detrás de un enemigo en común designado: los estudiantes extranjeros.

Milei marcó el rumbo al replicar, con los habituales insultos, el video de un debate en la señal TN entre un médico argentino y uno ecuatoriano. “Estallido dentro de los pobres cerebros wokes domésticos. La situación de los exámenes que se sospechan adulterados son parte del parásito mental “equidad, diversidad e inclusión” y es divertido ver cómo les dinamita al nacionalismo berreta de cotillón… Fin”, tuiteó el Presidente de la Nación.

Después se sumaron los libertarios de Las Fuerzas del Cielo, también en redes. Muchos de ellos se habían mantenido casi sin opinar desde el sábado de cierre de listas, o se habían dedicado a la interna. Intervinieron de lleno y con la habitual virulencia en el tema controversial que calza con sus premisas sobre los estudiantes extranjeros en el país.

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