POLITICA
El Gobierno acelera las privatizaciones sin control del Congreso y crece la tensión institucional
El Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con su plan de privatizaciones, pero lo hace sin una supervisión efectiva por parte del Congreso. A más de medio año de haber asumido, la comisión bicameral encargada de controlar el proceso de venta de empresas estatales sigue sin constituirse, generando un clima de tensión institucional y alimentando las críticas de la oposición y hasta de algunos aliados del oficialismo.
La demora quedó en evidencia durante la última visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Senado. En esa ocasión, el senador Juan Carlos Romero —habitualmente alineado con el oficialismo— fue directo: “Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. El bloque oficialista está pidiendo no constituirla por temor a que el Congreso funcione plenamente”. La frase dejó expuesta la incomodidad puertas adentro del oficialismo frente al creciente hermetismo con el que se maneja el proceso privatizador.
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En paralelo, el Ejecutivo publicó esta semana en el Boletín Oficial las primeras resoluciones que habilitan el inicio de los procesos de venta para empresas como Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. También están en carpeta otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica y Trenes Argentinos. El objetivo es licitarlas antes de que termine 2025.
Detrás de esta aceleración hay dos razones clave: la necesidad de conseguir dólares frescos para evitar un cuello de botella en el segundo semestre y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La estrategia está liderada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo el mando de Diego Chaher, quien aseguró que “todas están en un grado de avance”, aunque el llamado a licitación recién se concretaría hacia fin de año.
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Sin embargo, el problema político está en otro lado. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la Ley 23.696, no fue constituida ni eligió autoridades, lo que la deja completamente inoperativa. La Cámara de Diputados ya designó a sus representantes, pero el Senado, bajo la conducción de Victoria Villarruel, aún no hizo lo propio.
Desde Unión por la Patria (UP), denuncian una maniobra dilatoria. “Villarruel y Menem son los que tienen que poner en marcha esto. Mientras tanto, el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”, disparó un senador del bloque. Germán Martínez, jefe del bloque de UP en Diputados, también elevó una nota formal pidiendo su conformación, pero no obtuvo respuesta.
Por ahora, los únicos senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Faltan dos por UP. En Diputados, los nombres ya definidos incluyen a Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni y Florencia Carignano (UP).
Las críticas no vienen solo del kirchnerismo. El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) también cuestionó la falta de transparencia en el proceso de privatización de AySA. “No puede ser. En la fallida licitación de la hidrovía se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Pero ahora no. Todo a medida”, escribió en su cuenta de X, junto a una nota que mencionaba a empresarios cercanos al oficialismo.
Mientras tanto, en el Congreso crece la presión para que se conforme la comisión bicameral y se garantice una mínima institucionalidad en un proceso que afectará servicios estratégicos y miles de empleos. En la oposición aseguran que buscarán reactivar el debate después del receso de invierno, pero en el oficialismo apuestan a dilatar los tiempos para evitar trabas legislativas a su hoja de ruta.
Todo se definirá en las próximas semanas, cuando el Congreso vuelva a sesionar y la discusión sobre las privatizaciones vuelva al centro de la escena. Por ahora, el Gobierno pisa el acelerador sin freno parlamentario.
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El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al período anual 2024. La cifra, expuesta ante la Oficina Anticorrupción, representa un incremento patrimonial superior al 60% en comparación con el inicio del mismo período, cuando sus activos ascendían a $125.640.891,45. El documento oficial detalla que el mandatario no incorporó nuevos inmuebles o vehículos durante el último año.
El grueso del patrimonio del Presidente se compone de un inmueble, dos vehículos, depósitos bancarios y dinero en efectivo. En su declaración, Javier Milei no informó poseer acciones de empresas ni participación en sociedades. Tampoco declaró bienes en el exterior.
El detalle de los activos informados al cierre del período es el siguiente:
La declaración jurada muestra una evolución patrimonial de $80.405.484,03 durante el período. El documento detalla que el total de ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas, netos de gastos, fue de $92.157.396,22.
Este monto se compone principalmente de dos fuentes. Por un lado, un ingreso neto de $52.124.097,65 proveniente de la “Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio”. Por otro lado, un ingreso neto de $47.572.412,35 en concepto de “Renta del Trabajo Personal”. En el apartado de gastos, la declaración consigna “Gastos Personales – En IG Monto Consumido” por un total de $43.391.712,88.
El documento presentado a la Oficina Anticorrupción deja constancia en sus secciones siete y ocho que el presidente Milei no posee deudas ni al inicio ni al cierre del período informado. Todos los bienes declarados figuran con origen de fondos en “INGRESOS PROPIOS” y con una titularidad del 100%.
En la sección de datos personales, Javier Milei figura con estado civil soltero y con fecha de ingreso a la Administración Pública Nacional (APN) el 10 de diciembre de 2023. El único cargo electivo que se postula en la declaración es el de “Presidente de la Nación”.
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La reciente autorización del Gobierno nacional para la privatización total de AySA generó la reacción de la oposición en el Senado. El bloque de Unión por la Patria avanzó con dos iniciativas legislativas firmadas por el senador Eduardo “Wado” de Pedro que buscan frenar cualquier intento de transferencia de la empresa al sector privado. La preocupación en torno a la protección del acceso al agua como un derecho humano y la preservación del modelo público de gestión aparecen entre los argumentos principales de los proyectos.
El proyecto S‑1287/25, presentado por De Pedro, propone declarar el servicio a cargo de AySA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en línea con el artículo 75 de la Constitución Nacional, y prohíbe de manera explícita cualquier modalidad de privatización, concesión, cesión de capital o tercerización de la gestión de la firma. El texto exige además que cualquier modificación en el objetivo de la empresa, su composición accionaria o la enajenación de activos esenciales requiera aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios, reforzando barreras jurídicas frente a embates privatizadores.
Paralelamente, el proyecto de declaración S‑1288/25 manifiesta “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” ante los decretos presidenciales de privatización, al tiempo que remarca que tales medidas implican “un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”. En la misma línea, condena tanto el eventual traspaso al sector privado como la interrupción del servicio por falta de pago. Los documentos llevan las firmas de otros legisladores del espacio, entre los que figuran María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Cristina López y José Emilio Neder.
Ambas iniciativas surgen como respuesta al anuncio oficial de la Casa Rosada, a través de los decretos 493 y 494/25, que permiten la enajenación de AySA a fin de avanzar en un cambio de rumbo en la administración del recurso hídrico. Ante ello, gran parte de la oposición expresó alarma sobre el impacto en la tarifa, la calidad de los servicios y el alcance de la red, que actualmente llega a una cobertura del 85% en agua potable y 70% en cloacas, según datos oficiales difundidos por el equipo del senador.
Al fundamentar la presentación de sus iniciativas, Wado de Pedro destacó la naturaleza esencial y estratégica de los servicios de AySA. “El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó. Asimismo, el senador subrayó la función de la compañía estatal como “salud pública y desarrollo para millones de familias” y recordó los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de acceso universal al agua y saneamiento. “Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”, sostuvo De Pedro.
Las estadísticas esgrimidas durante la presentación de los proyectos subrayan el contraste observado durante los períodos de gestión privada y estatal. Desde la estatización, la inversión ejecutada en obras para ampliar la cobertura fue veinte veces superior a la registrada durante la administración privada, con la construcción de nueve plantas depuradoras, la gran potabilizadora de Tigre y cientos de expansiones de la red, resaltó de Pedro. Según datos de AySA divulgados por los legisladores, más de 4,5 millones de personas accedieron de manera inédita al agua potable y 3,6 millones a la red cloacal. En materia de calidad de servicio, los cortes se redujeron en un 57% y su duración bajó en un 72% desde la intervención del Estado.
El núcleo del debate está puesto en el control accionario de la compañía, que de acuerdo a los proyectos presentados por el kirchnerismo deberá mantenerse en un 90% en poder del Estado nacional, con el 10% restante reservado a los trabajadores de la empresa. Para evitar proyectos de tercerización futura, el texto introduce la obligación de una mayoría calificada en el Congreso para cualquier modificación sustancial.
El Gobierno nacional, días atrás, dispuso la venta total de AySA con la condición de que el 51% quede en manos de un único grupo privado.
Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y saneamiento cloacal a veintisiete partidos de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubriendo a más de 14 millones de habitantes.
POLITICA
Bianco defendió las candidaturas testimoniales: “Lo que hemos hecho es poner a los candidatos más competitivos”
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, justificó la inclusión de candidatos testimoniales en las listas bonaerenses de Fuerza Patria. Indicó que las utilizaron porque buscan tener en la oferta electoral del 7 de septiembre “a los candidatos más competitivos” para “ganar la elección”, a la que consideró “absolutamente clave”.
“Las testimoniales son algo que ha sucedido muchísimas veces en la historia de la política argentina y, además, están previstas por la ley, no están impedidas por la ley. Lo que hemos hecho, sencillamente, es poner a los candidatos más competitivos porque queremos ganar esta elección. Se ha hecho mil veces, plantear algunas candidaturas testimoniales, y lo hemos hecho de frente a la gente”, afirmó Bianco este lunes por la mañana, en una conferencia de prensa que brindó junto a los ministros provinciales Augusto Costa (Producción) y Javier Rodríguez (Asuntos Agrarios).
En las listas de Fuerza Patria figuran intendentes que son candidatos, además de funcionarios provinciales que encabezan nóminas, como Verónica Magario (vicegobernadora) o Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura). También utilizaron el mismo criterio las alianzas Somos Buenos Aires (cuatro jefes comunales son postulantes) y la Alianza La Libertad Avanza (tiene dos intendentes candidatos).
Para Bianco, la inclusión de candidatos testimoniales, se enmarca en la decisión de “poner a los mejores” para limitar “la motosierra” del presidente Javier Milei.
“Lo que hemos definido en el marco de nuestra fuerza política es poner a los mejores candidatos para esta elección, porque consideramos que es una elección absolutamente clave. Tenemos que evitar, en esta elección, que siga ingresando la motosierra en la provincia de Buenos Aires, porque ya ingresó: cuando denunciamos las mil obras paradas o los $11,1 billones que se les recortaron de fondos a la provincia de Buenos Aires, significa que el ajuste ya está perjudicando muchísimo a los bonaerenses”, remarcó el ministro, mano derecha del gobernador Axel Kicillof.
Entre los intendentes peronistas que asumieron mandatos en 2023 y se postulan a cargos legislativos bonaerenses están Mario Ishii (José C. Paz, candidato a senador por la primera sección electoral), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas, candidato a concejal), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz, candidato a diputado por la segunda sección), Mayra Mendoza (Quilmes, se postula a diputada por la tercera sección), Mariano Cascallares (Almirante Brown, candidato a diputado por la tercera sección), Jorge Ferraresi (Avellaneda, encabeza la lista de concejales), Juan José Mussi (Berazategui, candidato a concejal), Fabián Cagliardi (Berisso, también candidato a concejal), Mario Secco (Ensenada, lidera la nómina de ediles), Andrés Watson (Florencio Varela, candidato a concejal), Fernando Espinoza (La Matanza, postulante a concejal), Germán Lago (Alberti, candidato a senador por la cuarta sección), Pablo Zurro (Pehuajó, candidato a concejal), Esteban Alejandro Acerbo (Daireaux, candidato a diputado por la sexta sección), César Marini (Benito Juárez, que se postula a concejal), Marcos Pisano (Bolívar, candidato a senador por la séptima).
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