POLITICA
El Gobierno acelera las privatizaciones sin control del Congreso y crece la tensión institucional

El Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con su plan de privatizaciones, pero lo hace sin una supervisión efectiva por parte del Congreso. A más de medio año de haber asumido, la comisión bicameral encargada de controlar el proceso de venta de empresas estatales sigue sin constituirse, generando un clima de tensión institucional y alimentando las críticas de la oposición y hasta de algunos aliados del oficialismo.
La demora quedó en evidencia durante la última visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Senado. En esa ocasión, el senador Juan Carlos Romero —habitualmente alineado con el oficialismo— fue directo: “Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. El bloque oficialista está pidiendo no constituirla por temor a que el Congreso funcione plenamente”. La frase dejó expuesta la incomodidad puertas adentro del oficialismo frente al creciente hermetismo con el que se maneja el proceso privatizador.
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En paralelo, el Ejecutivo publicó esta semana en el Boletín Oficial las primeras resoluciones que habilitan el inicio de los procesos de venta para empresas como Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. También están en carpeta otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica y Trenes Argentinos. El objetivo es licitarlas antes de que termine 2025.
Detrás de esta aceleración hay dos razones clave: la necesidad de conseguir dólares frescos para evitar un cuello de botella en el segundo semestre y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La estrategia está liderada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo el mando de Diego Chaher, quien aseguró que “todas están en un grado de avance”, aunque el llamado a licitación recién se concretaría hacia fin de año.
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Sin embargo, el problema político está en otro lado. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la Ley 23.696, no fue constituida ni eligió autoridades, lo que la deja completamente inoperativa. La Cámara de Diputados ya designó a sus representantes, pero el Senado, bajo la conducción de Victoria Villarruel, aún no hizo lo propio.
Desde Unión por la Patria (UP), denuncian una maniobra dilatoria. “Villarruel y Menem son los que tienen que poner en marcha esto. Mientras tanto, el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”, disparó un senador del bloque. Germán Martínez, jefe del bloque de UP en Diputados, también elevó una nota formal pidiendo su conformación, pero no obtuvo respuesta.
Por ahora, los únicos senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Faltan dos por UP. En Diputados, los nombres ya definidos incluyen a Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni y Florencia Carignano (UP).
Las críticas no vienen solo del kirchnerismo. El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) también cuestionó la falta de transparencia en el proceso de privatización de AySA. “No puede ser. En la fallida licitación de la hidrovía se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Pero ahora no. Todo a medida”, escribió en su cuenta de X, junto a una nota que mencionaba a empresarios cercanos al oficialismo.
Mientras tanto, en el Congreso crece la presión para que se conforme la comisión bicameral y se garantice una mínima institucionalidad en un proceso que afectará servicios estratégicos y miles de empleos. En la oposición aseguran que buscarán reactivar el debate después del receso de invierno, pero en el oficialismo apuestan a dilatar los tiempos para evitar trabas legislativas a su hoja de ruta.
Todo se definirá en las próximas semanas, cuando el Congreso vuelva a sesionar y la discusión sobre las privatizaciones vuelva al centro de la escena. Por ahora, el Gobierno pisa el acelerador sin freno parlamentario.
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POLITICA
Siete diputados libertarios viajaron a China y visitaron el Partido Comunista

En pleno receso legislativo, una comitiva de siete diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) y uno de Pro viajaron a China entre el 8 y el 14 de enero. Según la diputada Juliana Santillán, que encabezó el grupo, los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China. El objetivo del viaje, informaron los participantes, fue fortalecer el intercambio comercial con el país asiático.
Santillan tiene a su cargo el Grupo de Amistad Parlamentaria (GAP) con China. Desde su despacho se coordinó la visita y se gestionó el itinerario.
Fueron parte de la comitiva los legisladores libertarios Fernanda Araujo, Mariano Campero, Emmanuel Bianchetti, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y Cecilia Ibáñez. También Martín Ardohain, de Pro.
Según informaron, se reunieron con empresas chinas con el objetivo de profundizar el intercambio comercial. Sobre todo en materia de exportación de productos argentinos como carne, pollo y granos. “Esto es muy importante. Va a incidir en la balanza comercial”, señaló un integrante de la comitiva.
La polémica se dio en torno a cómo se había financiado el viaje. Mientras que se acusó a la Cámara de Diputados de costear los pasajes y la estadía en China de los legisladores, en el despacho de Martín Menem lo negaron con contundencia y aseguraron que fue “una invitación”.
“La gestión fue secreta porque hubo muchas operaciones y para no generar ninguna rispidez entre países”, explicó uno de los diputados viajeros.
Es que Javier Milei sostiene un vínculo muy fluido con los Estados Unidos de Donald Trump, quien lo asistió con fondos cuando el tipo de cambio local amenazaba con dispararse, antes de las elecciones nacionales. Estados Unidos mira con recelo los acercamientos de China a la región.
Noticia en desarrollo
receso legislativo,pic.twitter.com/AKGoDLsiLs,January 15, 2026,Conforme a
POLITICA
El Gobierno estudia un reclamo de los gobernadores para avanzar en las negociaciones por la reforma laboral

Después de un corto período de descanso, la cúpula del Gobierno de Javier Milei retomó por estos días la actividad política con la finalidad principal de poder conseguir los votos para aprobar la reforma laboral.
En ese contexto es que se enmarcan las primeras reuniones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con diferentes gobernadores de la oposición dialoguista, a los fines de recabar las demandas de las provincias y devolver una contrapropuesta que satisfaga a las partes y permita la aprobación en ambas cámaras del Congreso.
El funcionario libertario viajó esta mañana a la provincia de Mendoza a reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Más tarde partirá rumbo a San Juan, donde lo espera el mandatario Marcelo Orrego. Ambos tienen una visión positiva del proyecto de ley que impulsan desde la Casa Rosada, pero tienen consideraciones particulares sobre ciertos artículos y pedidos propios de sus provincias que condicionan sus votos.
En su recepción a Santilli, Cornejo le va a hacer saber a Santilli que tiene diferencias respecto de uno de los puntos impositivos que hacen a la reforma laboral. Este es un reclamo común con más de seis gobernadores que pudo contactar Infobae.
Es que el proyecto que envió el oficialismo al Senado propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente.

¿En qué impacta esto a las arcas provinciales? En que la baja de la alícuota impacta en una menor recaudación de ese impuesto, el cual es coparticipable. En caso de prosperar, redundaría en una reducción del monto total que luego se reparte entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un cálculo que recibieron diversos mandatarios calcula que el beneficio fiscal se concentra en solo 144 grandes empresas e implica un 0,3% del PIB.
Así como otras provincias, Mendoza le pedirá al Gobierno que costee al menos temporalmente esa rebaja y posponer el costo impositivo para el 2027. “Vamos a ver la posibilidad de que se posponga, que se haga cargo el Gobierno Nacional de la rebaja impositiva solo en el año 2026 y que se pase para el 2027 o 2028″, indicó una fuente provincial al tanto de las conversaciones.
Todo lo que tenga que ver con asuntos con implicancia fiscal hace que merme la influencia que puede tener la Mesa Política, que se reunirá mañana en Casa Rosada para evaluar las opciones a proponerle al Ministerio de Economía y al mismísimo Presidente, que se involucra en todos los asuntos que refieran a la planificación económica.
El cónclave que se dará mañana estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y asistirán la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que hace de enlace político y técnico entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Por las circunstancias y la relevancia del caso, el dato clave es que quien estará mañana será el ministro de Economía, Luis Caputo.
Y es que dos fuentes que integran esa mesa chica confesaron a Infobae que están pensando en proponer algún tipo de compensación o alivio a las provincias para que puedan apoyar el proyecto de reforma laboral. “Se va a trabajar en algo parecido a eso. Mañana vamos a definir”, afirmó uno de ellos.
Un informe reciente de la consultora Politikon Chaco indicó que los recursos nacionales de coparticipación cayeron 0,2% durante el tercer trimestre del 2025, llegando a totalizar unos $36 billones.

Aunque la Casa Rosada estudia ceder en estas negociaciones con una medida de alivio temporal para las provincias, Milei y su equipo más cercano consideran que Nación ya realizó el ajuste necesario para asegurarse el déficit cero, el pilar más importante de todo el programa económico que tiene hoy en día el oficialismo. “Ese objetivo no se va a mover y todo lo que hagamos va a ser respetando el superávit que tenemos hoy en día”, marcó una fuente inobjetable.
Lo que repiten en los despachos oficiales es que ahora es el turno de que las provincias se ajusten. “Ellos repiten que ya no pueden ajustarse más. Es porque todavía no purgaron curros que tienen”, repiten. En el oficialismo buscarán que el torniquete económico siga posándose con otras medidas indirectas sobre las provincias.
Se trata de un juego complicado para ambas partes. A pesar de haber incrementado sustancialmente la cantidad de bancas que tienen en ambas cámaras, La Libertad Avanza sigue dependiendo de los votos que tienen los gobernadores: sean en bloques o monobloques provinciales o con sus bancas que están insertas en espacios más grandes (como es el caso de la UCR, Provincias Unidas o votos puntuales dentro de Unión por la Patria), pero que no se mueven por adhesión partidaria, sino por las negociaciones que el respectivo gobernador tiene con la Nación. Asimismo, la mayoría de las provincias se encuentran en un punto de extrema sensibilidad de caja, por lo que también buscan colaborar con el Gobierno para tener transferencias (directas o indirectas) adicionales.
Por caso, Cornejo pedirá esta mañana por la reanudación de tres rutas nacionales que están inconclusas en la Provincia: los tramos de la Ruta 40 Mendoza/San Juan y Mendoza/Neuquén y los mantenimientos sobre la Ruta Internacional 7 que sirve de corredor hacia Chile. Más tarde, Orrego se enfocará en pedirle al Gobierno que se trate cuanto antes la Ley de Glaciares, la cual tiene una gran implicancia en aquellos territorios donde la minería es una actividad de peso.
POLITICA
La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas

El juez federal Luis Armella abrió un nuevo capítulo en la causa que revisa la actividad de la financiera Sur Finanzas, en el que investiga transferencias con criptomonedas por parte de la firma de Ariel Vallejo, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Fuentes judiciales indicaron que las medidas tramitan bajo reserva, pero dijeron que incluyen informes patrimoniales y pedidos a organismos internacionales.
Por estas horas, en la causa se revisa todo el material recabado en los operativos. Esta semana, el juez ordenó analizar el contenido de 14 celulares de los celulares secuestrados, sobre los cuales ya se hizo una extracción forense, incluido el de Vallejo.
De toda la documentación que la Justicia tiene entre sus manos, llamó la atención de los investigadores información relativa a una transferencia en particular, realizada en criptomonedas, mediante la cual se ejecutó la venta de un jugador de fútbol al exterior. La paga de esa operación no entró al país. Así lo informaron a fuentes del caso, que no revelaron de qué jugador se trata.
Ahora, los investigadores buscan establecer si existieron otros contratos celebrados bajo esta modalidad y determinar posibles irregularidades en el manejo del dinero. “Se está intentando chequear si la operatoria se replicó en otros casos”, explicó una fuente del caso.
La causa se inició por operaciones realizadas con la financiera por el club Banfield, pero se fue ensanchando hasta abarcar una veintena de instituciones deportivas ligadas a la financiera y también a la AFA.
En agosto de 2022, Banfield se convirtió en el primer club del fútbol argentino en ejecutar una operación con activos digitales como moneda de pago cuando le vendió al Sao Paulo de Brasil a Giuliano Galoppo, hoy en River. La operación se realizó a través de la plataforma mexicana Bitso y con el activo USD Coin (USDC), que corre aparejado al dólar.
Celulares
Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez dispuso analizar el contenido de 14 de los celulares secuestrados hasta el momento.
El análisis, en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es “global”, dijeron las fuentes; es decir, no se llevará a cabo ningún filtrado con palabras clave.
Entre los aparatos se encuentra el del propio Vallejo, que lo entregó voluntariamente, junto con su clave.
En paralelo a este expediente, se tramita el que se abrió con la denuncia del Gobierno por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000 millones. Esta otra causa tramita en el juzgado de Federico Villena, por decisión de la Cámara.
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